La industria del secuestro y la extorsión comienza a cobrar la factura en Quintana Roo. Se calcula que al menos 200 empresarios han sido víctimas de las mafias dedicadas a eso y a cobrar derechos de piso y venta de protección. Cada mes se registran entre 10 y 12 casos, sin contar los que no salen a la luz pública. La inconsistencia de las leyes, la inoperancia de las instituciones y la corrupción de las autoridades de seguridad en todos los niveles de gobierno, patrocinan la bonanza criminal. Policías, ministerios públicos y juzgados se mantienen coludidos con la delincuencia organizada o existen en la inercia de la ineficacia y la irresponsabilidad; no hay una verdadera representación social dedicada a procurar justicia. Los poquísimos delincuentes detenidos son liberados por consignaciones erráticas, por complicidad, por amenazas o porque la letra de la ley es una aberración legislativa. La enorme dosis de impunidad, que estimula la empresa de la violencia y el terror, seguirá creciendo porque su fuente fundamental es el Estado mismo, su ilegitimidad y su consistente deterioro. En el analfabetismo y la indigencia que produce; en la pobreza legal, la incompetencia burocrática y la corrupción pública, se explica la creciente delincuencia juvenil y el exitoso criadero de sicarios y reclutas para la mafia.
LA INDUSTRIA DEL SECUESTRO,
COMO NUNCA EN EL ESTADO
Es un modus vivendi que se propaga con entera naturalidad. Primero las mafias de fuera adiestraron a palos a malandrines locales para que les trabajaran a ellas. Ahora cualquier policía o expolicía de bicicleta se roba un vehículo de lujo y se hace narco y secuestrador. Todos se dicen "zetas" porque los Zetas inventaron la receta del narcotráfico mezclado con la extorsión, y degradaron el negocio. Por eso hasta sus expatrones del cártel del Golfo quieren acabar con ellos. Pero ahora vaya usted a saber si algunos de los secuestradores que operan en la entidad son en realidad narcos o matarifes del montón. El caso es que la plaga se desperdiga y hace su agosto con la complicidad, activa o pasiva, de los representantes de la ley. Hoy día se secuestra o se extorsiona a empresarios muy ricos, chuecos o derechos, y a puesteros de cochinita. Unos secuestradores trabajan para los capos y otros sólo porque ¿por qué no? Y mientras la Ley de Justicia para Adolecentes sigue premiando homicidas y estimulando los contingentes juveniles de las mafias.