Chile y México: cuando las instituciones hacen la diferencia

(Porque no es lo mismo un estado de crisis que un Estado en crisis.)

Este miércoles 11 de marzo habría de asumir como presidente de Chile el magnate Sebastián Piñera, un líder con más de 20 años de militancia en el Partido Renovación Nacional, un clásico de la derecha en la república andina.

La mandataria saliente, la doctora Michelle Bachelet, una dirigente de izquierda forjada  en la lucha contra la dictadura, le hereda un enorme reto, en medio del desastre nacional provocado por el violento sismo del 27 de febrero, uno de los más poderosos de la historia. Le entrega una gestión impecable, con una popularidad de las más altas del mundo, refrendada en sus últimos días por una reacción inmediata y enérgica de su gobierno, a la medida de las vastas dimensiones de la crisis provocada por el terremoto (aunque se cuestione el presunto equívoco sobre la alerta de tsunami; los errores en torno a la seguridad ocurren en todas partes; Obama ya tiene la experiencia del último atentado terrorista fallido).

Le deja, Bachelet a Piñera, una continuidad ejemplar de mandatos que fueron de la democracia cristiana al socialismo, dentro de la alianza de partidos de tendencia moderada definida como la Concertación, que condujo a las fuerzas sociales a la derrota final del despotismo y suplió el régimen de las bayonetas por un Estado de instituciones cada vez más fuertes y respetables, precursoras de una dinámica competitiva y un crecimiento económico emergente de los más sólidos del mundo.

Piñera recibe de Bachelet, en nombre de ella y de los gobernantes que la precedieron, un legado histórico, ilustrativo en el mundo entero, de que la transformación de las naciones latinoamericanas ya no sólo es deseable sino posible; que la civilidad y la evolución política, que parecían quimeras coloniales –sobre todo en la noche infinita de la represión, la clandestinidad y las heridas abiertas del encono-, son realizables en la cultura de los pueblos como formaciones genéticas de un nuevo ser social, de una idiosincrasia soberana y constructiva capaz de una ética cifrada en los principios del bien público como remitente del bien privado, donde la corrupción ya no es el factor del porvenir, sino la ley y los valores universales de la educación.

Bachelet entrega un Estado democrático en perfecto funcionamiento, donde la izquierda y la derecha, con sus modalidades electorales intermedias, son opciones ideológicas y ópticas de desarrollo a la medida de las tendencias y las preferencias del mercado del sufragio, pero cuyo interés primario no es la ganancia partidista sobre la apuesta de la guerra sucia para el derrumbe a toda costa de los opositores, sino la faena por el mejor proyecto y el liderazgo que garantice la estabilidad, el bienestar de la convivencia y la evolución.

Bachelet entrega un Estado nacional en buen estado de conciencia de sus fuerzas políticas y ciudadanas, donde se sabe bien a bien cuál es el precio de las libertades, lo que cuesta perderlas, lo que queda de las disputas, de las intransigencias irreductibles, de los enfrentamientos facciosos, de las trampas y las traiciones, de las alianzas espurias, de los pleitos de perros y las argucias sectarias para ganarlo todo sin ceder nada, y sin que importe otra cosa que el poder del grupo de pertenencia en la eventual y efímera coyuntura del poder.

Ellos saben, los chilenos, lo que se muere cuando el Estado sucumbe; cuando se viene abajo apurado por las grietas de la demagogia y el trabajo de zapa de los picapedreros del oportunismo y los integristas del todo o nada. Saben lo que derruyen los fariseos que venden las buenas causas y crucifican los buenos dirigentes populares. Saben a ciencia cierta que en los extremos sólo existen los abismos, y que les ha costado sangre y generaciones enteras y decenas de años perdidos en las tinieblas de la incertidumbre y el miedo salir de nuevo a la superficie. Por eso han podido ir de la derecha a la izquierda y tornar a la derecha cuidando los equilibrios, los márgenes del debate, y exigiendo a sus partidos liderazgos prudentes y respeto a sus diferencias. Y por eso la presidenta Bachelet, después de cinco años de sortear las rudas aguas del supremo poder del Estado y mantener intacta su imagen de mandataria intachable y eficaz, lejos de la altanería y de las veleidades discursivas y populistas en que suelen envolverse los gobernantes, puede entregar el cargo sin asomo de frustración, y sin reprochar a los electores que hayan optado por una alternativa tan distinta a sus convicciones ideológicas personales y a la línea política de la Concertación de Partidos por la Democracia que la llevó a ella a la Presidencia; una alianza que, durante 20 años de gobierno, tras poner fin a la dictadura, entregó tan buenas cuentas a los chilenos. Y por eso mismo el presidente electo, y presidente constitucional desde este jueves 11 de marzo, Sebastián Piñera, brindó todo su respaldo a las decisiones tomadas por el régimen de su predecesora para enfrentar la catástrofe provocada por el descomunal terremoto -un choque tectónico que si bien hizo temblar la tierra y convirtió en escombros muchos edificios, puentes y esperanzas, también puso en evidencia una vez más la sólida sustentación del Estado chileno.

14 mil soldados atajaron de inmediato el pillaje que se precipitó en oleadas sobre los despojos de la tragedia en la zona de la ciudad de Concepción, la más próxima al epicentro. El gobierno de la república impuso asimismo el toque de queda y la suspensión temporal de garantías. La presidenta Bachelet conocía muy bien las operaciones militares; fue ministra de la Defensa durante el régimen de Ricardo Lagos, a quien sucedió en el cargo y del cual fue también la primera ministra de Salud. De modo que el orden fue restituido a la brevedad en Concepción -y sentó el precedente en todo el territorio afectado por la contingencia para impedir que cundiera el caos- como la prioridad que es para que el Estado de derecho asegure el ejercicio de las iniciativas de salvamento, abasto, recuperación, reconstrucción y solución efectiva de la circunstancia.

El presidente electo llamó a la unidad nacional en torno a las decisiones del gobierno, y la mandataria convocó al país a resistir, a sumarse, a vencer la adversidad y a convertir la experiencia terrible de la hora en un renovado impulso de superación. El país no sólo no debía perder sus conquistas frente a la fatalidad; en los peores momentos debía demostrar, como ya lo había hecho en tantos otros días aciagos, que tenía arrestos de sobra para vencer y para seguir creciendo como estaba probado que sabía hacerlo.

Las ideologías, los partidos, la víspera del cambio de poderes, el contexto de la recuperación de la derecha y del hombre más rico del país al frente del gobierno, acotado por una soberanía parlamentaria de mayoría opositora, todo, pasaba a segundo plano y más allá: era lo de menos. La presidenta saliente –cuyo sector político pasaría a ser la oposición y la mayoría en el Congreso- tomaba las decisiones como si acabara de asumir el mandato, y el presidente entrante la secundaba como un colaborador de calidad a quien le preocupan los mismos males que enfrenta la nación. Casi en la puerta de salida la mandataria le sugiere anticipar los nombramientos de los intendentes en las zonas de desastre para apresurar su incorporación a las responsabilidades extraordinarias del momento, y el nuevo mandatario acepta ésas y otras recomendaciones urgentes e indispensables para el caso. La derecha y la izquierda se disuelven y se integran. El país es el que importa, la gente que lo habita. El Estado es más fuerte que nunca.

Mañana será otro día, las fuerzas políticas y los liderazgos de uno y otro flanco disentirán, la coherencia de veinte años de Concertación se resentirá bajo los poderosos intereses de los grupos económicos en el poder, los opositores se reagruparán desde el análisis de una derrota que quizá les parezca todavía desconcertante y observarán nuevos prospectos generacionales y nuevas rutas de competencia; capitalizarán su fuerza en el Congreso, la derecha se volverá más al centro o menos; todo eso y más será, si ha de ser, pero lo que es ahora, el Estado chileno es poderoso y ejemplar.

La fuerza moral de la Concertación rindió muy prodigiosos frutos, liderazgos sólidos, perfiles visionarios, fortalezas éticas, gobiernos sin sospecha, confianza ciudadana, crecimiento educativo, virtud institucional, vanguardismo económico y transición democrática tersa que derivó en éxito y referente global de la superación de un ámbito latinoamericano que parecía condenado a la corrupción, la intolerancia, la milagrería, la frivolidad y el fracaso.

El crecimiento económico chileno ha sido sostenido, con algún repliegue durante la crisis asiática que correspondió al periodo presidencial de Eduardo Frei, quien perdió las elecciones recientes en una segunda postulación. Pero en los días de bonanza que le tocaron y que también auspició la presidenta Michelle Bachelet (sí: las exportaciones, pero también el mercado interno, la competitividad y el buen financiamiento de la inversión pública, aunque también con un déficit fiscal importante), los fondos de reserva se incrementaron de manera considerable y la emergencia del sismo ha podido ser atendida con suficiencia y sin angosturas esenciales en materia de disponibilidad de recursos; de hecho hay acuerdo en que casi ningún otro país latinoamericano tenía la fortaleza de Chile para enfrentar una catástrofe de la magnitud que para su desgracia le tocó enfrentar justo a él. Los amplios y consistentes programas de infraestructura y vivienda permitieron que el impacto demoledor de un movimiento sísmico de 8.8 grados en la escala de Richter no fuese tan crítico como pudiese haber sido en condiciones materiales más desatendidas y menos favorables para los ciudadanos afectados.

Es cierto que el régimen de Piñera empieza contra el ataque de un fenómeno colosal de la naturaleza, pero también fortalecido con las armas institucionales y económicas de un Estado democrático construido sobre todo por el buen gobierno y el vigoroso liderazgo de sus opositores. No es el caso de México ni de Haití, por ejemplo, los únicos países latinoamericanos y del Caribe donde sus Estados en lugar de crecer con la democracia se han hundido.

Cuando el terremoto de la Ciudad de México en septiembre del 85, el gobierno fue puesto al margen y en entredicho por una sociedad civil, decidida y solidaria, que prefirió ocuparse por su cuenta y riesgo de las labores de auxilio y salvamento, ante el burocratismo y la inoperancia de las autoridades federales, de las que dependía también la administración capitalina. Y cuando el huracán Wilma destruyó el norte de Quintana Roo en octubre de 2005, la ingobernabilidad se apoderó de Cancún y las hordas de salteadores salieron en estampida de todas sus madrigueras a destrozar cuanto quedaba en pie a su paso y a saquear todo cuanto estuvo disponible en las sombras de la noche y a la luz de la impunidad absoluta; en la claridad del pasmo y la parálisis vergonzosa de las autoridades de todos los niveles, y en muchos casos de la complicidad de los policías con la chusma desquiciada que destrozaba y robaba en el éxtasis delirante de una libertad sin freno, donde no pocos agentes del orden se mimetizaron con la plebe depredadora y le metieron mano a todo lo que pudieron en esa fiebre de rapacidad impensable en un Estado moderno y en una ciudad civilizada acometidas por la desgracia.

No es casual que México sea el país más corrupto del continente después de Haití, aunque por su tamaño sea la economía número 13 del mundo. La falta de competitividad de esa economía enorme, empero, asociada sobre todo a los altos índices de corrupción y a los bajísimos estándares educativos del país, la ubica en el lugar número 57 del planeta.

Con depresión global y sin ella, la economía mexicana no ha dejado de retroceder en los tiempos de la democracia. Dicho retroceso es la medida de la calidad institucional del Estado, es la medida de la educación del país, es el valor de los liderazgos políticos en la hora de la alternancia. En Chile, la calamidad ha demostrado que el Estado funciona. En México, la violencia que destroza al país se produce en la corrupción y la inoperancia del Estado.

En circunstancias de declinación absoluta de las instituciones, como en el caso mexicano, se requieren con urgencia soluciones radicales, también mexicanas pero emergentes, del estilo de las que propone el alcalde panista Mauricio Fernández Garza, del municipio norteño de San Pedro Garza García, Nuevo León, para atajar el sangriento desbarajuste que está desintegrando al país.

Fuera de todo contexto partidista, en su demarcación sus soluciones funcionan, son populares, las instituciones se imponen, la anarquía delictiva mengua, la confianza ciudadana crece y participa con la autoridad de manera activa; de modo que si ese componente municipal de la soberanía republicana funciona, ¿por qué no hacer que funcione en el país entero y hacer que el Estado nacional se imponga? En los Signos que vienen enumeraremos aquí algunas líneas pragmáticas del liderazgo del alcalde Fernández Garza para enfrentar la crisis de la seguridad en el país.

En México el Estado no funciona, las leyes son frágiles o inexistentes donde más se necesitan, los legisladores trabajan para sus partidos y no para fortalecer las instituciones nacionales, su falta de compromiso y de criterio hace de los acuerdos diatribas interminables y monedas de cambio de conveniencias electoreras, lo urgente se traba y sólo queda espacio para la inercia o la improvisación.

Procede que quien resuelve mejor los problemas en ese estado de cosas sea quien tome las decisiones más altas, a fin de que se establezca un principio de orden sobre el cual pueda dinamizarse la nueva funcionalidad institucional del Estado.

No habrá acuerdos políticos de interés público para apagar el incendio de la violencia del narco. Queda el camino de las urnas pero falta la lucidez ciudadana para saber elegir en medio del desgarriate partidista y del estercolero de intereses facciosos en disputa. Como en Chile ahora, lo de menos son los partidos y los discursos de los alcornoques con ínfulas presidenciales. Lo que procede es que quien sabe imponerse a las mafias y sabe cómo cuidar la integridad de los ciudadanos en una comunidad, lo haga en el mayor espacio de poder posible. Porque sin seguridad, lo demás nomás no sirve.