El Departamento de Estado norteamericano emitió un informe en el que manifestó su intención de desmilitarizar la campaña contra el narco en México. El texto expone lo fallido de la estrategia de Felipe Calderón. También las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos han acusado una y otra vez que las Fuerza Armadas no están facultadas para llevar a cabo tareas policiales. Pero si se retira a las fuerzas armadas de las calles a quién se pone en su lugar, ¿a los cuerpos policiales, considerados los segundos más corruptos del mundo?

El Departamento de Estado presentó al Congreso su informe anual sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos. En el texto presentado se detalla la intención del gobierno de Estados Unidos de entregar a México centenares de millones de dólares en equipos y capacitación para agentes de policía, aduanas y seguridad, con el fin de desmilitarizar la lucha contra el narcotráfico.

Según el documento, para permitir el retorno de las fuerzas armadas “a sus deberes tradicionales” es necesario profesionalizar los cuerpos policíacos para asegurar su eficacia, pero sobre todo su incorruptibilidad, ya que las enormes ganancias de los cárteles de la droga –que oscilan entre 15 mil y 30 mil millones de dólares– permiten que el narcotráfico siga gozando de un gran poder para comprar funcionarios. Lo mismo hace en el aparato de justicia que en las procuradurías. Los cárteles tienen en nómina a un considerable “cuadro de oficiales sobornados”, que socavan el éxito de las operaciones en el país.

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