Por Rafael Martínez Cristo

Dos países. Dos homicidios de similar naturaleza y magnitud. Ambos salvajes, escalofriantes, y dos sentencias radicalmente desproporcionadas entre sí.
El primer caso data del 24 de junio de 1993 y se registró en Houston, Texas. José Ernesto Medellín, acompañado de otros pandilleros, a sus 18 años viola y asesina a dos mujeres adolescentes de 14 y 16. Quince años más tarde, Medellín es sentenciado a la pena de muerte y termina su vida con una inyección letal. Uno de sus acompañantes ya había cumplido esa pena y otro espera un castigo similar, ambos de su misma generación. Dos más fueron condenados a muerte también pero se cambió la sentencia por cadena perpetua por tener 17 años, y uno más fue sentenciado a 40 años de prisión por tener sólo 14. A pesar de las objetivas evidencias de culpabilidad, el proceso hacia la ejecución de los condenados a muerte fue muy largo y dio entrada a todas las apelaciones de la defensa, en la virtud de que al aplicarse una sanción tan definitiva todas las pruebas salen sobrando. En el caso, la evidencia fue contundente y la decisión del jurado fue tan unánime y absoluta como la de la opinión pública de la comunidad.
El segundo caso es del 2 de agosto de 2008, Región 521, Cancún, Quintana Roo. Cuatro menores de edad ultiman a dos homosexuales en su domicilio. Pretendían robarlos y los matan a sangre fría. La penalidad máxima según el Sistema de Justicia para Adolescentes es de 10 años y la mínima de cuatro. Dos de los presuntos “infractores” están prófugos, mientras que sus cómplices se encuentran confesos.

Ambos homicidios generaron el más alto repudio en las localidades donde fueron cometidos. Se exigió justicia por parte de la población. Pero ¿cuál es la “justicia más justa”? O bien, ¿cuál debe ser el castigo apropiado para quienes cometen un delito de tal magnitud? ¿Acaso el de la extrema ley del ojo por ojo y diente por diente?, ¿o el de la extrema benevolencia con menores de edad que, según nuestra ley, no saben lo que hacen?

Los “menores infractores”

“El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige”, dice un proverbio bíblico. Y es que en los últimos años ha aumentado la delincuencia juvenil de Quintana Roo en un porcentaje alarmante. Niños y adolescentes entre 12 y 17 años tienen ya antecedentes penales.
Lo que resulta impresionante es que los delitos van desde el robo y el homicidio hasta el secuestro. Aunque muchos de estos niños y adolescentes son utilizados por adultos; son muy útiles por ejemplo para la venta de drogas y como gatilleros; el nuevo sistema legal, que les procura un breve y leve confinamiento, quizá quiera obrar en favor de ellos, pero lo hace más en el de sus criminales empleadores.
La mayoría ha tenido problemas en el núcleo familiar; han sido víctimas de violencia doméstica, han sufrido problemas de desempleo, han desertado de la escuela, han tenido acceso a sustancias adictivas desde una edad muy temprana, han vivido a la intemperie, a la deriva, en el hambre, en la indigencia total.

“Instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él”, dice otro de los proverbios bíblicos. Prevenir antes que reprimir sería la mejor manera de atender adecuadamente el problema de la delincuencia en jóvenes, afirman los estudiosos del tema.
En México es notoria la influencia que ha tenido la suscripción de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, particularmente en relación con la reforma de 1999 al Artículo Cuarto constitucional y la expedición de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en abril de 2000, donde se destaca el interés de la UNICEF en que los países firmantes realicen las medidas necesarias para atender adecuadamente esta problemática.
Reformar el Artículo 18 de nuestra Constitución requiere del consenso de las entidades federativas, a efecto de que se establezca, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema de justicia penal donde se garanticen los derechos que la propia Carta Magna establece para todo individuo, así como los derechos específicos que tienen los adolescentes como personas en pleno desarrollo.

Ésa es su lógica, una justicia basada en la edad, ya que se trata de personas mayores de 12 años y menores de 18, haciendo una exclusión expresa de los menores de 12, a quienes se les exenta de toda responsabilidad penal, por lo que únicamente podrían ser sujetos de rehabilitación y asistencia.

Estosdías ha publicado, empero, múltiples casos de niños de esa edad y aun menores, que cometen actos de extrema violencia porque son sabedores de que la ley los ampara. En uno de ellos el detenido, de 12 años, amenazó a la autoridad con denunciarla ante Derechos Humanos si no era liberado de inmediato, y claro, fue dejado libre de inmediato. En otro, el niño, de la misma edad, violaba con frecuencia a su hermanita de ocho años, parapléjica, y cuando a la madre se le ocurrió llevarlo al Ministerio Público porque no sabía qué hacer con él no se lo aceptaron porque ahí no sabían tampoco qué hacer con ese tipo de asuntos. A la Delegación de la PGR en Chetumal llevaron en otra ocasión a otro niño que al parecer vendía cocaína porque la llevaba con él en pequeñas dosis, las llamadas “grapas”, y sin más ni más lo pusieron de nueva cuenta en la calle.
En esa lógica de ficción legal, que no ha hecho más que recrudecer el crimen, la impunidad y el desamparo, además de verse las diferencias de las edades penales en los estados se crearon instituciones, tribunales y autoridades según esto especializadas y previamente establecidas, tanto para la procuración como para la impartición de la justicia penal, obligando a las autoridades a la debida actuación de conformidad con el interés superior y la protección integral de los adolescentes.

Quintana Roo se unió a la nueva legislación, donde se evita internar a un menor de edad en los penales para no exponerlos a la sobrepoblación, falta de espacios, venta de droga, corrupción y todos los problemas que significan lo contrario a una verdadera readaptación social. Es decir, se entiende que en los penales de adultos la rehabilitación social es inexistente y entonces se crean centros de internamiento especiales para menores, lo cual es el cuento de nunca acabar en un país con una lógica legislativa tan chata como el mexicano, porque ¿quién dice que el sistema de justicia para adolescentes, a diferencia del otro, si va a recuperar a los criminales de menor edad?
Un adolescente de 16 años, con una vida disoluta, dedicado al vicio y delincuente activo, ¿merece una ley indulgente, un trato especial como se le brinda en México? O bien, ¿cómo se observará la garantía del debido proceso legal en todos los procedimientos seguidos a los adolescentes para que tengan como fin la reintegración social y familiar? ¿A qué familia es que los van a reintegrar cuando es de lo que carecen, o donde acumulan el ejemplo, la necesidad o el resentimiento para agredir? Habría que revisar nuevamente la legislación al respecto.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Carlos Sosa Huerta, acepta como totalmente desproporcionada la pena impuesta al asesino de dos mujeres en Cancún, pero aclara que no puede opinar al respecto dado que la nueva ley de justicia para adolescentes sale totalmente de su jurisdicción desde hace apenas un año.
Indica que mientras en Estados Unidos se penalizó con la muerte y con cadena perpetua a los jóvenes violadores y asesinos, en el caso de Quintana Roo la máxima sanción será el internamiento de un máximo de 10 años y un mínimo de cuatro, dada la gravedad del delito.
Entrevistado por este semanario destaca que no puede emitir juicio alguno al no conocer el expediente, ya que éste es realizado por un agencia del Ministerio Público especializada para casos de menores y turnado a un juzgado de iguales características y de orden federal.

Los hechos, en Texas

José Ernesto Medellín Rojas

En Huntsville, Texas, hace apenas unos días, una inyección letal puso fin a 15 años de que José Ernesto Medellín Rojas merodeara la muerte. A sus 18 años fue acusado y encontrado culpable, en 1994, de haber violado, mutilado y asesinado a dos adolescentes un año antes en Houston, Texas.
Tres de los participantes del asesinato fueron condenados a muerte, otros dos fueron sentenciados a cadena perpetua y el hermano de José Medellín, Venancio, de 14 años, recibió una condena de 40 luego de colaborar con las autoridades en la resolución del crimen.
Las jóvenes fueron atacadas cuando regresaban a la casa de una de ellas y decidieron tomar un atajo a través de un parque a lo largo de unas vías del tren, donde estaba el grupo bebiendo cerveza para celebrar la iniciación de un nuevo miembro de la banda.
Las evidencias mostraron que las adolescentes fueron violadas múltiples veces por los pandilleros, golpeadas y pateadas antes de ser estranguladas con un cinto y con las cuerdas del tenis de una de ellas.
Sus cuerpos fueron descubiertos cuatro días después, descompuestos y momificados, bajo un calor de 40 grados centígrados. La policía dio con los restos y detuvo a los homicidas el mismo día.
Andy Kahan, director de la Oficina para Víctimas de Crimen de la alcaldía de Houston, dijo que el homicidio de las adolescentes ha sido uno de los crímenes más horrendos que ha visto durante sus casi 20 años representando a familiares de las víctimas en esa ciudad. "Fue como un festín de fieras salvajes", enfatizó Kahan.
La muerte de Medellín fue la séptima de un ciudadano mexicano desde 1976, cuando esta misma Corte restableció la pena capital.
El caso "Medellín contra Texas" captó reflectores luego que el presidente George W. Bush ordenó a Texas acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para revisar el proceso, pues cuando fue detenido, no se proporcionó al reo asesoría consular, como establece la Convención de Viena de 1963. En la misma situación están otros 50 mexicanos condenados a muerte.
Más tarde, Bush hizo otro llamado a suspender la ejecución hasta conocer el resultado de una nueva audiencia, petición a la que se sumaron los abogados de Medellín y él mismo. Todo fue en vano. La Junta de Perdones y Libertades Condicionales de Texas se pronunció siete a cero contra una suspensión.
De acuerdo con las estadísticas que los propios estadounidenses realizan, el índice delictivo subió 11 por ciento en Texas hace dos años, aun cuando en este estado se realiza la pena de muerte como condena. Sin embargo en otros estados donde no se permite, el índice delictivo se sostuvo o bien tuvo un ligero descenso.
No se sabe, desde luego, si es que gracias a la pena capital el índice delictivo de Texas no se ha elevado por encima de ese 11 por ciento o si hay estados menos criminales donde no se aplica la pena de muerte justo porque la criminalidad es baja. Lo que sí se sabe es que la pena de muerte está uncida a la historia penal de los Estados Unidos, y que dicha superpotencia lo es también en el aspecto criminal: es campeona de asesinatos violentos ilegales, así como de ejecuciones políticas y genocidios de Estado. La pena de muerte tiene una dimensión de castigo contra los delitos de cierta naturaleza, no sólo de inhibidor ejemplar de las peores tendencias delictivas.

El caso de Cancún

Cuatro integrantes de la pandilla “Wide Side” (supuestamente de clase económico-social no tan baja) de la Región 99 acordaron realizar una fiesta homosexual en la casa de una pareja gay ubicada en Villas Quintana Roo.
Uno de los menores –cuyos nombres no pueden ser publicados- decidió llevar un puñal escondido, con el objeto de someter a las víctimas del atraco, de nombre César López Castillo y Ricardo Humberto Santos Gil (cuyos santo y seña si pueden ser revelados, del mismo modo que la grotesca escena del crimen, con sus cuerpos desnudos, sangrantes y acuchillados, a toda plana y a todo color, así es de sensible la justicia, para festín del morbo del respetable público lector).
De acuerdo con las versiones, en el preámbulo de las relaciones sexuales, el menor que llevaba el cuchillo lo sacó de entre sus ropas y accidentalmente se le cayó, lo que llamó la atención de uno de los propietarios de la vivienda. Acto seguido el menor tomó el arma y degolló a su víctima para después arremeter contra su pareja. Los cuatro menores enloquecieron como hienas y se hartaron de muerte.
Se afirma que vecinos del lugar dieron aviso a la policía y minutos después se presentó al lugar una patrulla, cuyos tripulantes no observaron desmán alguno y partieron del lugar, mientras los victimarios permanecían adentro del domicilio esperando el momento para huir.
La Policía Judicial del Estado (PJE) confirmó la detención de dos menores como presuntos responsables del asesinato, quienes reconocieron su crimen, dijeron ser integrantes de la pandilla “Wide Side” de la Región 99 y además delataron a otros dos sujetos también menores que participaron en el acto.

El director de la Policía Judicial del Estado, Luis Felipe Ortiz Seca, explicó que los menores responden a los nombres de JERM (a) “El Poco Pelo” y SAP (a) “Silito”, ambos de 14 años, mismos que confesaron cómo mataron  a César López Castillo y Ricardo Humberto Santos Gil, cuyos cuerpos fueron encontrados la tarde del pasado sábado en el interior de una vivienda de la Región 521.
Del mismo modo, el jefe policial informó que ya cuentan con la información necesaria para la captura de los otros presuntos asesinos, que de igual forma son menores de edad (16 años), quienes junto a los ya detenidos planearon inicialmente robar a sus víctimas tras la conclusión de una fiesta en la cual habían acordado tener relaciones sexuales.
Los dos menores de 14 años aceptaron su participación. Narraron que ellos “se encontraban en una fiesta con 10 y 15 personas más, y que en la misma los hoy occisos los invitaron a que sostuvieran relaciones sexuales, a lo cual inicialmente se negaron y por lo cual incluso se retiraron de la fiesta junto a todos los invitados.
Sin embargo, minutos después regresaron a la casa de sus víctimas, mismas que les abrieron la puerta, pero con la intención de robarles, pues incluso ya iban hasta preparados con un cuchillo cada quien”.
El director de la PJE prosiguió narrando los hechos y explicó que al estar dentro de la casa los cuatro presuntos asesinos acuerdan tener relaciones, dos con César y dos con Ricardo.
Uno de los que estaban con César dice que éste estaba con ambos cuando repentinamente uno le cortó el cuello; ante esto comenzó a pedir ayuda a su amigo, que estaba en la otra recámara teniendo sexo con los otros dos y es por ello que se queda embadurnada toda la pared de sangre. Cuando sale Ricardo en su ayuda, éste es sorprendido por la espalda por los otros dos y es por ello que ambos cuerpos quedan en una misma recámara, donde fueron rematados por sus agresores.

Reacciones sociales

Empresarios de Cancún consideraron que si los menores que se encuentran detenidos acusados por el asesinato de la pareja de homosexuales son culpables, que se les aplique la pena máxima en el estado, que es de 30 años, para que quede como un precedente y que no por ser “infantes” se les proteja.
Pío Quinto Hernández, presidente local de la Cámara de la Industria de la Masa y la Tortilla, manifestó: “Es lamentable que muchachos tan jóvenes estén metidos en este asunto de la delincuencia”. Sin embargo, si son culpables de un hecho tan horrible como es el asesinato de dos personas con una saña bestial, se les debe de aplicar la ley al máximo, no estamos de acuerdo que por ser menores la ley los proteja y les den la penalidad mínima”.
Por ello, enfatizó que el juez deberá de tener un criterio fuerte en este caso, desde luego apegado a derecho y a las leyes, pero no puede permitir que estos chamacos salgan pronto de prisión.
“Si mataron a dos personas de una forma brutal, aun siendo niños -y creemos que esto lo aprendieron en la calle, con las pandillas, qué nos podemos esperar si les dictan como sentencia sólo unos años, sabiendo que las cárceles son una verdadera escuela del crimen”, expresó.
Del mismo modo, comentó: “Nos quejamos porque en Estados Unidos se ejecutó a un mexicano por violar y matar a unas menores, pero no decimos nada cuando acá los Derechos Humanos llegan a intervenir por los presuntos infractores y hasta los apoyan con el argumento de cuidar que no se violen sus garantías.

El hotelero Abelardo Vara Rivera comentó: “Este caso del asesinato de las dos personas en Villas Quintana Roo es el reflejo de una fuerte descomposición social que hay en Cancún, donde las drogas y el alcohol están de por medio”.
En Cancún el tema de la inseguridad y la violencia se ha convertido en parte de la vida cotidiana, y muchos empresarios y funcionarios prefieren ya no abundar en ello para evitar mayor daño a la sociedad y a la imagen turística.
Martha Rodríguez, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres de Empresa, dijo que es lamentable la forma en que la violencia se refleja en la juventud y considera que esto no es culpa de que las mujeres trabajen y dejen solos a sus hijos, sino de una serie de factores que causan la descomposición de la sociedad.
Los jóvenes, dijo, han sido capturados por la droga y todo ello viene a causa de falta de trabajo en la previsión familiar, social y gubernamental. Es urgente que se trabaje desde el interior de la familia, pero también desde la misma conformación de la sociedad para evitar casos como los registrados en Cancún.
La saña con la que se comete un crimen, dijeron por su parte otros empresarios, ya supera cualquier ficción. La crisis social que lleva a las familias a enfrentar escenarios de pánico y violencia puede revertirse, y ser esas mismas víctimas quienes ahora tomen la justicia por su cuenta. Cada vez, se reconoce, la voz para que se aplique la pena de muerte a los infractores y asesinos es mayor.
Roberto Díaz, presidente de la Asociación de Náuticos de Cancún, reconoció que a título personal podría apoyar esta medida, ya que la pena es muy baja y la impunidad mucha. Hay personas en el estado que han sido detenidas hasta 80 veces y siguen libres, lo que es realmente absurdo.
Por su parte, Alejandra Caballero, directora de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes de Cancún, consideró que si bien no es la respuesta la pena de muerte, reconoce que los índices de violencia en todo el país son preocupantes.
La pena de muerte, refirieron algunos de los empresarios, es sin duda la expresión de una sociedad desesperada ante la impunidad que prevalece. Si una persona le quita la vida a otra, lo “justo” sería que pagará con su vida, sea menor o no, pero para llegar a ello, primero se deberá confiar en un sistema de justicia, cuestión que no sucede.