Por Rafael Martínez Cristo

Rosario Ortiz Yeladaqui

Pese a que Quintana Roo es un estado donde existen sobrados indicios de la existencia de mafias de traficantes de indocumentados ―de cuyas operaciones los medios de comunicación locales han informado de manera pormenorizada durante meses―, la secretaria de Gobierno, Rosario Ortiz Yeladaqui, en entrevista con Estosdías aseguró que no existen denuncias ni evidencias en las instancias estatales en relación con este tipo de organizaciones, que lo que sí se sabe a ciencia cierta es que la autoridad migratoria no funciona bien en una entidad que es crítica por el alto tráfico de personas de todo el mundo que entran y salen de ella.

El 11 de junio pasado un comando armado rescató en Chiapas a 33 indocumentados que eran trasladados desde Chetumal hacia Tapachula. Los ilegales habían sido detenidos en Quintana Roo. Sobre este caso, Ricardo Pascoe Pierce, embajador de México en Cuba de 2000 a 2002, declaró que el rescate mostró que el exilio cubano de Miami opera en México, que los grupos de traficantes de personas ya se asociaron con el narco mexicano, y que existe alta corrupción de los funcionarios de Migración (Estosdías 052).

Los señalamientos del especialista y las evidencias periodísticas a propósito de las declaraciones de algunos involucrados en el traslado ilícito de extranjeros que fueron detenidos por la policía, no son suficientes, sin embargo, para que el Gobierno del Estado tenga una posición activa más allá del seguimiento de las investigaciones, como lo hace, puesto que éstas son de la competencia de la autoridad federal y son procesos en curso; procesos que desde luego le conciernen a los gobiernos locales en tanto tienen que ver con la realidad local, pero de los que deben informar al detalle a la opinión pública las instancias federales responsables. La funcionaria señala, empero, que lo que es evidente –aunque no conoce los pormenores de la situación interna de la delegación- es que el INM es vulnerable y que eso es un problema en un estado donde la seguridad fronteriza es fundamental.

Considera que las delegaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) se encuentran descuidadas. Pero dice, optimista, que las cosas mejorarán; que el Gobierno estatal trabaja de manera coordinada con el federal para hacer más eficientes los controles migratorios y la lucha contra el crimen, con el objetivo de no dañar la imagen turística y de traer orden y tranquilidad a la sociedad.

De acuerdo con lo declarado por Rosario Ortiz para Estosdías, la Secretaría de Gobierno no posee informes detallados sobre las condiciones en las que se encuentra la Delegación del INM en Quintana Roo ni sobre la situación de los cuerpos federales de seguridad que operan en el estado. El Gobierno estatal, dice,” es respetuoso de las decisiones del Gobierno federal”.

Pero refiere que ha estado en comunicación con la titular del INM, Cecilia Romero, y que ésta le ha informado que las investigaciones y desplazamientos de personal de la dependencia no sólo tienen lugar en el estado sino en todas las fronteras del país. 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por otra parte, clausuró ocho hoteles en Tulum. En ese municipio han surgido disputas relacionadas con la propiedad de la tierra. Rosario Ortiz argumenta que el Gobierno del Estado no se ha pronunciado al respecto porque ésos son problemas entre particulares y la Federación que deberán ser resueltos en los organismos correspondientes.

Y respecto a los señalamientos en contra del Gobierno estatal por los problemas relacionados con el veto presidencial a la aplicación del Programa de Desarrollo Urbano de Tulum, la secretaria señala que la Subdirección de Asuntos Jurídicos de su dependencia ya maneja el caso y se mantiene al tanto de lo que ocurre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 “Serán las autoridades municipales quienes respondan sobre el caso; el Gobierno estatal mantiene una estrecha colaboración con el Gobierno federal y cada uno responde en el ámbito de su competencia”, sentencia.

Estosdías platicó con la secretaria general de Gobierno. He aquí algunos aspectos de la entrevista:

El comando armado que rescató en Chiapas a 33 indocumentados cubanos que habían sido detenidos en Quintana Roo demuestra que hay una red de complicidad entre narcotraficantes, bandas de traficantes de indocumentados y autoridades migratorias. ¿Cómo califica la situación migratoria en el estado, en términos de la existencia y operación de estas mafias?

Mira, en principio te comento que no tenemos conocimiento de la existencia de mafias en el estado. No hay ningún sustento para que podamos decir que existen y operan. Lo que hay es ausencia de la autoridad para controlar perfectamente la entrada de los migrantes, aun cuando tenemos mucha afluencia de gente de todo el país y el mundo.

Lo que hay que hacer es trabajar de manera muy coordinada con el Gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), para que se desarrollen mejores mecanismos de control.

Lo que quiero decir es que no sólo es necesario registrar a los inmigrantes, sino elaborar un catálogo que contenga toda la información para que podamos conocer, cuando estén dentro de México, dónde viven, qué vienen a hacer, los números de teléfono, direcciones, amigos, etcétera; en fin, toda la información que nos ayude a elaborar un perfil completo. Lo que no tenemos ahora porque solamente son registradas las entradas de los que llegan a México.

¿De qué manera están trabajando con las autoridades federales?

Ahorita nada más estamos coadyuvando con el INM cuando así nos lo pide. Pero tú sabes mejor que yo que ha habido ausencia de las autoridades migratorias, por los diferentes problemas que se han presentado.

Tuve la oportunidad de hablar con la comisionada de Migración, Cecilia Romero, y ella demostró mucho interés para fortalecer las acciones en materia migratoria en el estado. La comisionada confirmó que hay un proceso de investigación en contra de exfuncionarios del INM. Pero quiero comentarte que dejó en claro que las investigaciones no sólo son al personal que laboraba en esta frontera, es un proceso que se está llevando a cabo en todas las fronteras.

Esperemos que con la llegada del recién  nombrado delegado en Quintana Roo podamos trabajar en el orden que te digo se tiene que trabajar, y puedan ser fortalecidas las acciones en materia migratoria.

¿La Secretaría de Gobierno posee informes sobre la situación en que se encuentra el Instituto Nacional de Migración y las fuerzas federales de seguridad en el estado?

Realmente no. Son instancias federales sobre las que el Gobierno estatal es y será respetuoso. Insisto, el Gobierno del Estado es coadyuvante con el Gobierno federal para lo que disponga en cada una de sus instancias.

¿De qué manera trabaja la Secretaría Gobierno para hacer más eficiente el trabajo de las fuerzas de seguridad estatal, ya que no posee informes de los cuerpos federales?

Tenemos instrucciones del gobernador del estado para trabajar de manera coordinada con las fuerzas estatales de seguridad; y no solo con esos organismos sino con todas las secretarías del gabinete, de manera muy particular con las instituciones de seguridad, porque la preocupación del licenciado Félix González Canto es que la ciudadanía sienta la tranquilidad de que la fuerza pública está para apoyar.

El gobernador ha aprobado para este año importantes recursos para fortalecer el armamento y todo el equipo necesario para mejorar las acciones de las fuerzas de seguridad pública y su capacitación.

¿Qué riesgos hay para la sociedad y la economía del vertiginoso incremento de la inseguridad en Quintana Roo?

Quintana Roo no es la excepción con esta delincuencia que hoy tenemos. No se trata aquí de conformarnos. A lo largo del país hay toda una serie de crímenes y de un incremento de la delincuencia. En el caso específico de Quintana Roo no minimizamos el impacto de la alta migración y sus consecuencias, y si tomamos en cuenta la trascendencia del destino turístico, nos daremos cuenta que hay que poner las cosas en su justa dimensión: el Gobierno del Estado actúa en el ámbito de su competencia y trabajamos en lo que a nosotros nos compete.

La migración se ha puesto en un punto donde resulta preocupante para el estado; es el principal factor de problemas de alta complejidad. ¿Cuáles son las medidas que se toman?

Más bien diría que para el Gobierno estatal es una situación que debería enfrentar en coordinación con el Gobierno federal. En julio de este año hubo una reforma migratoria donde la inmigración ilegal ya no es considerada como delito, hay sanciones administrativas únicamente. Lo que las autoridades federales en la materia deben hacer es meter orden.

¿No cree que es peligroso que en México se despenalice la migración mientras en otros países la tendencia es incrementar las penas contra de los migrantes?

La verdad es que cada vez me siento más orgullosa de ser mexicana. México se ha caracterizado por ser un pueblo hospitalario y cálido, por eso en el concierto mundial tenemos un lugar muy importante. No tenemos por qué perseguir y acusar a los migrantes. Lo que tenemos que hacer es que nos visiten bajo reglas más estrictas de control, lo que no es lo mismo que restringir la entrada o criminalizar a los migrantes.

Si bien desde su perspectiva no se debe criminalizar a los migrantes, entonces ¿qué hay que hacer para disminuir todo el negocio que hay detrás de los migrantes?

Lo que pasa es que hay gente que viene a trabajar y otra que no sabemos a qué. Por eso lo que tenemos que hacer es analizar muy bien cuáles son los mecanismos de seguridad y control migratorio que debemos implementar. No podemos dar golpes fuertes en este asunto porque no se trata de eso.

Hay muchos señalamientos contra el Gobierno del Estado por el caso del proyecto Downtown Tulum, el veto al Programa de Desarrollo Urbano de ese municipio y la venta de terrenos por parte del Gobierno estatal porque se ponen en peligro los recursos naturales en esa zona. ¿Por qué no hay una respuesta enérgica del Gobierno del Estado?

Porque son diferencias entre particulares. Esos asuntos se han dado con propietarios de terrenos de Tulum en zonas muy atractivas y es un asunto de revisión del Gobierno federal hacia particulares. Lo que el Gobierno del Estado está cuidando es que los operativos que realizan los organismos federales no afecten el turismo.

Permíteme decirte que en el caso de la controversia que el Ejecutivo federal estableció con respecto al  Programa de Desarrollo Urbano de Tulum ya lo maneja la Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría. Toda la información que solicite la Suprema Corte de Justicia con respecto al caso será proporcionada en  tiempo y forma. Sin embargo, cabe aclarar que la mayor información sobre este caso deberá ser aportada por los municipios involucrados.