Democracia fallida: violencia y regresión
Si por lo menos pareciera que unas elecciones ofrecen la posibilidad de cambiar algunas cosas que andan muy mal en la vida de un pueblo, se justificaría la agitación que se ameniza en torno de los procesos electorales y el gasto en ellos no sería un derroche. Pero si sólo cambian en su beneficio la suerte de los candidatos ganadores, eso quiere decir que las cosas que andan mal se pondrán peor y que el ruido y los recursos de la democracia no sólo son cada vez menos legítimos, sino que a lo mejor resultan hasta reprobables de afrentosos y ofensivos que son.
Ya empiezan a girar en la opinión pública los nombres de algunos posibles candidatos que podrían contender en los procesos federales de 2009 para renovar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y apenas se empieza a ver lo que tienen los partidos para competir, se confirma el hecho de que las buenas noticias seguirán siendo ensueños de los más optimistas, impotencia de los más informados, y un mundo desconocido de las generaciones que apenas vienen detrás.
La reforma constitucional del año pasado y las disposiciones reglamentarias a que dio lugar en el nuevo Código Federal de Instituciones Políticas y Procesos Electorales, el Cofipe, enmendó algunas imperfecciones que permitieron el fomento de grandes negocios de poder con insignificantes partidos de pacotilla que se asumían como representaciones de las minorías populares en el concierto democrático de la pluralidad. De esas franquicias se agarraba una población flotante de aventureros que derivaba de un partido a otro, en un tráfico descarado de intereses estimulado por el libertinaje de las coyunturas electorales, el facilismo de las condiciones de asociación, y el reparto consecuente de candidaturas, sufragios y posiciones según las conveniencias de los jefes de las negociaciones. La ley determinó acabar con esas transas y que los partiditos justifiquen por cuenta propia y con su cosecha particular de sufragios, sin que sus socios eventuales les pasen de los suyos para ello, el financiamiento que en realidad merecen, los tiempos de radio y televisión a los que tienen derecho, y las posiciones de representación ciudadana que les corresponden. Los partiditos se inconformaron y apelaron, pero la Suprema Corte los puso en su lugar. Hoy esos partiditos, que antes eran codiciados por los saltimbanquis de la democracia, andan a la caza de posibles candidatos de ocasión que les garanticen por lo menos el registro para seguir medrando. El oportunismo encuentra siempre modo de darle vuelta a las restricciones, es uno de los grandes huecos de la realidad cuando los liderazgos necesarios tanta falta hacen y tan desaparecidos están.
El país, mientras tanto, se quema bajo el fuego cruzado de las mafias y el gobierno, y en la entidad se esparce el crimen de todo tipo, desde el que tiene que ver con el apetito voraz por la plusvalía inmobiliaria entre las élites públicas y empresariales –y que involucra predios estratégicos de propiedad nacional, social y privada-, hasta el de pervertidos infantes drogadictos y homicidas que se reproducen como las incontables periferias sin ley donde crecen a la deriva, entre el hambre y la violencia, entre el odio consanguíneo y el olvido institucional. ¿Quién diablos puede creer que de los nombres que se pasean por las plazas públicas haya alguno que le venga bien al país y a la entidad –las elecciones serán federales, los diputados serán representantes populares del país entero- para sanearlos un poco del sórdido y resignado ambiente de descomposición y muerte que se respira?
En tiempos electorales no muy lejanos, cuando en el país se alardeaba de su magnífica transformación democrática y sus virtudes civilistas –todo fincado en la derrota presidencial del PRI, cuyo réquiem celebraban los coros de la emancipación en la izquierda y en la derecha sin saber que sus modos de hacer política habían sido contaminados por la genética viciada y autoritaria del PRI, y a la hora de gobernar serían mucho más incompetentes y novatas que ese bicho que abominaban-, un puñado de partidos fundados por grupúsculos mendaces, como queda dicho, algunos verdaderas mafias familiares y bandas delictivas formadas en torno de patriarcas y padrinos para saquear el erario, se constituyeron como minorías partidistas y secuestraron para sí la versión de una nueva era pluralista de incluyente diversidad ideológica.
La civilidad democrática conquistada no era tan cierta. En todo caso era tan convencional como en otros Estados modernos de estructura similar que mejoraban sus elecciones y sus mecanismos de representación. De hecho el propio PRI fue un promotor de las reformas políticas que contribuyeron a relevarlo del poder presidencial, pero esa remoción fue más festinada en el país como una gesta triunfal de todos los sectores de la oposición, que incluso en otros que llegaban a la democracia procedentes de largas y crueles dictaduras y que hoy tienen niveles de vida económica e institucional muy superiores a México. De hecho cuando todos ellos vivían bajo el despotismo y la represión sangrienta México era un ejemplo de paz social, de internacionalismo y de institucionalidad. Claro, no era el reino de la ética pública; la corrupción estaba en todos los ámbitos de la sociedad y del poder. Pero hoy sabemos que la corrupción no era privativa del PRI, como señalaban las banderas de lucha de la oposición para desplazarlo del poder, sino que estaba en la idiosincrasia de todos los tiempos y es identidad de todos los partidos y de todos los sectores de la vida pública nacional. Y cuando muchos pueblos del vecindario hemisférico, sin embargo, se asfixiaban bajo el primitivismo totalitario y en otras regiones del mundo Oriente y Occidente se disputaban el dominio global en la Guerra Fría y el racismo era la marca de la casa de las mayores democracias, como la estadounidense, y gobernaba el apartheid en África como gobernaban los fanatismos el Medio y el Lejano Oriente y el comunismo silenciaba con cárcel los países de la Cortina de Hierro, cuando eso, México era un país envidiable, con todas sus imperfecciones de origen y sus instituciones sociales de la demagogia revolucionaria; una demagogia que se vino a pique con su sistema de partido único, cuando las condiciones económicas globalizadas exigieron cambios internos que la corrupción institucional fue incapaz de controlar y cuyas crisis precipitaron al país hacia el neoliberalismo y la alternancia en el poder.
El problema es que esa demagogia sólo fue suplantada por otra, la del cambio, y que en el cambio México perdió lo que alguna vez tuvo de bueno, lo que otros muchos le envidiaban, como el desarrollo social, la estabilidad y el protagonismo internacional, sin haber erradicado la corrupción, la influencia de los poderes fácticos ni las causas esenciales de la pobreza y la desigualdad; sin haber propiciado la competitividad pública como base del crecimiento económico, ni la educación como sustento crítico de la verdadera transformación idiosincrática y cultural del país, de la verdadera evolución civilizatoria, de la verdadera consolidación del poder institucional del Estado en reemplazo de aquel sistema que entronizó, con el régimen revolucionario –patriarcal y benefactor-, los liderazgos personales.
México no renovó sus policías, sus cuerpos civiles de seguridad, sus ministerios públicos, sus instancias judiciales más vinculadas con el delito. En el triunfalismo del cambio se privilegiaron los asuntos políticos, la renovación gerencial de las burocracias, las agendas de la administración mediante pretenciosos métodos modernizadores. Se dejó intacto lo esencial: la educación y la seguridad. El cambio fue un asunto de personal y de discurso; de fachada. En lugar de acotamiento a sus facultades presidenciales, el Ejecutivo se convirtió en rehén de una variopinta comunidad de intereses. Los poderes fácticos más perniciosos que se habían incubado en el PRI pero que le servían y se sometían de manera incondicional a él -como los de la televisión privada, el magisterio y otros poderosísimos sindicatos y fuerzas económicas y políticas, como los grupos partidistas mismos, que se mueven en función de equilibrios propios- fueron liberados y se impusieron al nuevo poder presidencial.
El hampa se convirtió en un poder fáctico más. No sólo el hampa de Elba Esther Gordillo ni mafias institucionalizadas parecidas, sino la del narco, la del crimen organizado en general, la que se mata contra policías y militares y les causa numerosas bajas, la que patrulla en los territorios que domina como la fuerza armada que manda ahí, la que se impone por el terror y cambia los patrones de comportamiento de regiones enteras que se someten a su ley porque saben que la del Estado no les garantiza su seguridad; el crimen que obliga al Ejército a poner sus trincheras en la calle, a reemplazar en ellas al poder civil porque sus instituciones están tomadas, porque las mafias las han carcomido, porque merced a ello el Estado mexicano está en la cuerda floja de pertenecer a lo que la ONU denomina como “Estados fallidos”, Estados insolventes, Estados ilegítimos y sin capacidad de gobernar, Estados cada vez más inexistentes.
En México se festinó demasiado el triunfo de la democracia y no era para tanto. Muchas otras sociedades se democratizaron sin hacer tanto alboroto (el mundo gira, la Inquisición también dejó de existir un día). Y en realidad en México la democracia ha quedado a deber acaso más, cuando su camino a ella era menos sinuoso y cuesta arriba que el de otras naciones que lo han rebasado por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo, en términos de crecimiento económico, de modernización jurídica e institucional, de convivencia política, de gobernabilidad, de desarrollo educativo y social, de calidad de vida y competitividad democrática. Los principales países petroleros de Latinoamérica, Venezuela y Brasil, no tenían una mejor industria que la mexicana, cuyo sector ahora está en una crisis terminal, y al gobierno lo único que se le ocurre es meter en él la inversión privada -luego de cuatro sexenios de un modelo privatizador que ha entregado al capital extranjero y nacional buena parte de los bienes del Estado, y que ha producido con ello la mayor pobreza y la mayor desigualdad de la historia; que ha dilapidado los enormes recursos generados por Pemex, y que ha empujado a la empresa, una de las cinco más grandes y rentables del mundo que fue, por el camino de la quiebra, que es el de la incompetencia fiscal y administrativa de los gobiernos neoliberales, tanto los del fin de la Revolución como los producidos por el cambio, tanto los del PRI como los del PAN.
Países que llegaron a la democracia desde las cavernas de regímenes castrenses como Chile y Brasil crecen con relativa estabilidad y modernizan sus sistemas educativo y judicial, y otro como ellos, Argentina, que además fue golpeado por el hambre y la insolvencia heredadas del neoliberalismo radical de Menem, hoy es la economía donde mejor se desenvuelve la inversión extranjera. Y mientras Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Venezuela rebasan a México por la izquierda, Colombia se descolombianiza por la derecha y reduce los saldos rojos y la magnitud del terror impuesto durante mucho años por la guerrilla, las organizaciones paramilitares y el narco (claro, con la asistencia de Washington, que está ahí donde su seguridad lo impone). La democracia le ha servido a Colombia para alejarse del Estado fallido que estaba siendo. La democracia está convirtiendo a México en ese Estado fallido que Colombia lucha por dejar de ser (los pobres modos, los libertinos, los irresponsables modos de ejercer la ocasión de la democracia; de creer que las elecciones cierran el ciclo de la democracia; de no entender de ninguna manera que sin la conciencia crítica suficiente sobre las transformaciones esenciales que un pueblo requiere, la ocasión de la democracia puede ser el punto de sus peores retrocesos).
¿Para qué ganar el poder si lo único que se quiere es ganar el poder, si no hay nada más allá del sentido hedonista de ganar el poder, si no se tiene un liderazgo de la magnitud de los problemas que debe enfrentar, ni una estrategia de la misma medida ni una estatura y una competencia y una capacidad de decisión que puedan ser reconocidas y respetadas por los ciudadanos, por sus representantes y por quienes deben acatar y cumplir las decisiones de quien tiene el poder?
En México reinan la confusión y el desaliento producto de la falta de liderazgo y de la incompetencia gubernativa. Se declaró una guerra contra las mafias sin una noción estratégica del terreno, de las fuerzas enemigas, de las alternativas para enfrentarlo, de sus flancos, de las consecuencias de una derrota. No se revisaron los arsenales de la ley, la aptitud de los efectivos en los cuerpos de seguridad, sus mecanismos de coordinación y sus líneas de mando, su calidad moral, etcétera. Se fue a la guerra improvisando, con la corrupción metida hasta los más altos mandos de la toma de decisiones, con el enemigo adentro, sin reservas ni logística de inteligencia para contrarrestarlo, sin un instrumental bien organizado para diagnosticar la operación de sus redes financieras y de suministro de armas. Se fue a la guerra sin un programa bien definido de cooperación internacional ni de alianzas políticas internas que fortificaran al Estado, pero sobre todo se fue a la guerra sin un comandante en jefe que concentrara en su liderazgo toda la confianza, la seguridad, la lealtad y la legitimidad de un verdadero mariscal al frente de todas las instituciones de un Estado.
Hoy las dimisiones en lo principales frentes contra el crimen organizado son reveladoras de la desarticulación y de los titubeos que privan justo en la hora más crítica de la contienda. ¿Quién es en realidad José Luis Santiago Vasconcelos? Si era tan eficaz como el supremo jefe anticrimen, ¿por qué lo relevaron cuando el fuego se recrudecía más que nunca? Si no lo era, ¿por qué dirigió las operaciones tanto tiempo, y por qué el teatro de esas operaciones se expandió tanto hasta parecer que quedaba fuera de todo control posible? ¿Cuánto todo ese poder concentrado en Santiago Vasconcelos, para integrar expedientes y hacer consignaciones a discreción, para moverse en los medios a su albedrío, para presionar gobiernos, para filtrar información, para intimidar, para negociar con el hampa, para brindar protección legal a cambio de declaraciones o delaciones, para hacer de su causas asuntos personales y negociarlas con la justicia americana, por ejemplo, cuánto de ese poder delegado en él por el presidente de la República era necesario?, ¿cuánto ha sido delegado por desconocimiento e incapacidad presidencial para ejercerlo?, ¿cuánto se ha complicado la guerra contra el narco por culpa suya?, ¿de qué lado en realdad ha venido jugando?
En los viejos tiempos del presidencialismo, el hampa policiaca estaba institucionalizada y respondía a las decisiones del poder vertical. Los capos de la seguridad no se mandaban solos. Y eran muy eficaces, por primitivos que fueran sus métodos de trabajo. La gente les temía, le temía al Ejército, a todos los aparatos represivos del Estado. Pero no se confundía con ellos y sabía que sus arbitrariedades tenían un límite, que ese límite era el que el poder político les fijara, y que su prioridad era el orden, la erradicación del mínimo germen de inestabilidad.
En los tiempos del contagio revolucionario, el anticomunismo se convirtió en una fiebre de persecuciones que derivó en la matanza estudiantil del 68 y en la guerra sucia que le siguió. El poder se tornó muy sensible a cualquier brote de insurgencia. Veía moros con tranchete y se ensañaba contra lo que pareciera. Eran los fantasmas de la contradicción del Estado revolucionario, que había nacido en el asesinato de los líderes campesinos del movimiento armado de 1910 y en el despojo de sus banderas de justicia social por los vencedores, quienes las instalaron en el nuevo discurso y las pervirtieron en demagogia. Rebelarse contra el Estado revolucionario era acusar su esencia, su simulación, su institucionalidad como mascarada de un rapto, de una traición ideológica. Toda inconformidad, fuera del omnipresente corporativismo, olía a sedición. La corrupción policial era generalizada e intimidante, pero estaba bajo control. Su cometido era contra las insurrecciones; y el hampa no oficial, la organizada y la común y corriente, le tenían verdadero pavor. Las policías administraban la delincuencia, sus territorios, sus posibilidades de expansión. Los excesos producían disturbios, mala imagen para un gobierno del pueblo, riesgos de inestabilidad, y se pagaban a menudo muy caro. Los verdugos se convertían entonces en mansos corderos prestos al degüello, lo sabían y lo asumían sin chistar. Se les mandaba a la “congeladora” política, al desempleo temporal. Luego llegaba al poder un grupo político de allegados que les hacía justicia, los rescataba y los reciclaba en el ejercicio de la criminalidad oficial.
Era El Sistema, se autorregulaba, no había quien pudiera con él. Javier García Paniagua, aspirante presidencial perdedor con De la Madrid, hijo de quien fuera secretario de la Defensa Nacional cuando los sucesos sangrientos de Tlatelolco, Marcelino García Barragán, y curtido en las faenas de la seguridad nacional de su tiempo, sostenía que en los pueblos debían siempre hacerse ver dos o tres elementos del Ejército porque eso inducía al mismo tiempo un cierto y necesario grado de seguridad y temor entre los sectores que debían experimentarlos.
Hoy el Ejército está en las calles y todos los sectores tienen miedo. Hoy las policías son más corruptas y están más fuera de control que nunca. Hoy los delincuentes comunes y corrientes sólo temen a las mafias y los pistoleros sólo respetan a sus jefes. El PRI fue echado del poder presidencial y mandado a morder el polvo como tercera fuerza política, donde esperaría su pronta e inexorable extinción, por el estado de cosas a que condenó al país durante su larga y oscura noche de poder, dirían los optimistas de la nueva era. Hoy sus adversarios se desintegran, los de la derecha recurren a sus métodos y a los cuadros más corruptos que lo abandonaron en la hora de la alternancia para gobernar, y los de la izquierda se tunden entre ellos y acaban con su partido -cuando más presencia electoral había conquistado, cuando había estado a punto de tomar la Presidencia de la República y se había convertido en la segunda fuerza política nacional- auxiliados por el caudillismo que se trajeron del PRI. Hoy los tricolores ocupan con habilidad los espacios parlamentarios que ceden sus opositores, son ya la primera fuerza en las entidades federativas y se preparan para recuperar la mayoría en la Cámara baja del Congreso de la Unión. Tal es el saldo más representativo de la democracia. La alternativa opositora no sólo no ha sabido qué hacer con la realidad mexicana, sino que la de la derecha la ha empeorado y la de la izquierda se ha vencido sola. Y el PRI vuelve por sus fueros para dominar la escena pública, porque el fracaso y la frustración democrática han dejado sin opciones al electorado, que parece preferir su retorno a la seguridad del origen.
En la cresta inédita de la violencia, de la inseguridad, de la ruina institucional y de esas tendencias electorales regresivas –en el sentido de la búsqueda de una mayor garantía en el ejercicio del poder-, las encuestas son perturbadoras: se quiere la pena de muerte para criminales extremos, como los secuestradores homicidas, e incluso la castración para violadores. Se quiere la barbarie como reacción penal contra la barbarie, la venganza como justicia. No se repara en las imperfecciones de los procesos intermedios que pueden convertir en culpables a muchísimos inocentes. Si la ley de las instituciones no sirve, entonces debe recurrirse a la de las cavernas, a la del estado original.
Se trata del extravío de la conciencia crítica en la vorágine del miedo, la irracionalidad del contagio ante la incapacidad colectiva, la noción de la indefensión y de la insignificancia individual. De nada sirve la razón frente a la certeza de desvanecimiento y desaparición progresiva del Estado. Eso pasa en las grandes crisis, ha pasado en las grandes democracias occidentales. No es extraño que pase en México donde los valores de la calidad educativa han caído como nunca en la mala hora de la democracia, cuando los grandes poderes de facto del magisterio y de los monopolios televisivos operan a sus anchas en contra de la evolución, gracias al claudicante entreguismo de los liderazgos salidos de las elecciones. La educación es el instrumento de conciencia que separa al hombre de su estado original, que domestica sus instintos primarios, que hace la civilidad y la cultura, que salva a las sociedades del canibalismo y la autodestrucción. Si México no avanza en eso, entonces retrocede. Su democracia es la medida de su escolaridad. Su inseguridad es la medida de su democracia. No hay mucho que entender. Y el peor de los problemas es que tal parece que esa simpleza no se entiende. Nada.
Entre las élites de la vida pública hay sectores que urgen la reforma del Estado para fortalecer su capacidad institucional (su vida parlamentaria, su sistema legal, sus decisiones de gobierno, sus relaciones federadas, etcétera). No servirá de nada, empero, si los electores siguen sin ofertas políticas de relieve para hacerlas ganar en las urnas a la brevedad, antes de que el país sea sólo una humareda. Ofertas radicales –no extremistas, claro, ni mesiánicas-, visionarias, de liderazgos con presencia y capacidad de decisión. No se ven. Y para crecer tienen que hacerlo a contrapelo de los intereses de los grandes medios que dominan la escena pública ante una audiencia de tercero de primaria y descendiendo.
Hace falta, en efecto, una reforma del Estado. Pero se requieren liderazgos con mayor estatura y compromiso, y un ciudadano más crítico que pueda distinguirlos en medio de la basura del mundo del espectáculo y la atrofia informativa. Si no se tiene éxito contra el analfabetismo funcional, contra la indigencia anímica; si no se gana en el mejoramiento de la calidad educativa como una prioridad transformadora de la conciencia popular, para la democracia efectiva, para el sufragio necesario, para la legitimidad representativa que hace falta; si se pierde en eso el Estado seguirá siendo un pordiosero contra los peligros del porvenir (si es que no ha perecido en la intemperie del caos y el vecino de arriba no ha tomado cartas más definitivas en el asunto, como ocurre en los Estados fallidos donde peligran sus intereses).
Se puede ser optimista si se quiere, pero en torno de las crisis graves del país no ocurre como en la del fútbol, que se contrata un nuevo técnico y se confía todo a que produzca un milagro, y en el entretanto de que eso ocurra se goza la esperanza de que así será hasta que la realidad demuestra de nueva cuenta que el modo de ser de un pueblo, como el de una afición, cuando dependen de la milagrería están condenados al eterno fracaso. Si nada se hace, nada va a ocurrir.
