Mientras el crimen común se dispara en la entidad como en ninguna otra parte bajo el impulso de una inmigración incontenible y peligrosa, la seguridad pública estatal y municipal es un caos también incontrolable de policías no sólo incapaces frente al delito creciente que deben combatir, sino cuyo perfil es incompatible y contrario a las más elementales normas y exigencias de lo que debe ser un agente normal: apto para el oficio, sano, ágil y consciente de su deber. Auditorías y estudios especializados nos ponen frante a frente a una realidad escandalosa: el crimen y la inseguridad se despliegan sin fronteras favorecidos por inmejorables condiciones sociales e institucionales que lo permiten; un deterioro generalizado que no parece advertir, sin embargo, ninguna instancia pública en el estado. El único consuelo es que, acaso, con el trancazo de la crisis turística muchos delincuentes se vayan y otros tantos dejen de llegar, que la inmigración pare y la emigración crezca, que de algo sirva el mal, ya que los bienes no se ve que los procure nadie.
