2016, año de alternancia y de millonarios desvíos en Quintana Roo

2016, año de alternancia y de millonarios desvíos en Quintana Roo

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El 2016 fue un año clave en Quintana Roo: la entidad dejó de ser gobernada por el PRI después de 86 años. Sin embargo, la alternancia no evitó que las millonarias irregularidades en el uso de los recursos siguieran, pues ese mismo año —bajo gobiernos de diferentes partidos— se gastaron más de 2 mil millones de pesos sin que hasta el 16 de julio de 2018 se compruebe su destino.

De acuerdo con el ranking ¿Fuiste Tú?, se trató del cuarto posible desvío más grande de recursos federales por parte de una dependencia, de acuerdo con la revisión de la cuenta pública 2016 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Ese año, en que la ASF señaló el millonario posible desvío, hubo transición en el Gobierno estatal, por lo que hay dos funcionarios de diferentes Gobiernos implicados, y con señalamientos de presuntos actos de corrupción, ajenos a la revisión de la cuenta pública de ese año.

Por un lado está Alejandro Marrufo Roldán, quien quedó como encargado de despacho de la Sefiplan tras la salida – en marzo de 2015 – de Juan Pablo Guillermo Molina, señalado por presuntos actos de corrupción en su gestión durante el mandato del exgobernador priista Roberto Borge, preso desde 2017 por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

Marrufo fue encargado de despacho de la tesorería durante los primeros nueve meses de 2016, año en que la auditoría detectó la desaparición de recursos de partidas federales.

Tras el cambio de Gobierno, Marrufo dejó el cargo y Juan Melquiades Vergara Fernández asumió como titular de la secretaría con el actual gobierno de coalición (PAN-PRD), encabezado por Carlos Joaquín González.

Melquiades Vergara, sin embargo, fue detenido por la PGR, en febrero pasado, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se detención se debió a una denuncia del Sistema de Administración Tributaria (SAT) en 2015, que señaló el uso de 13 empresas fantasma, por parte del funcionario, para expedir facturas de operaciones inexistentes y triangular recursos, aparentando sueldos derivados de una relación laboral.

Según la PGR, este esquema de retención de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por concepto de honorarios asimilados a salarios le generó al funcionario una ganancia ilegal de casi 50 millones de pesos.

Cuatro días después fue liberado pese a que un juez lo vinculó a proceso y concedió un plazo de seis meses para el cierre de la investigación. También dictó como medida cautelar una fianza de 4 millones de pesos y medidas precautorias, como no salir del país.

Reforma reveló en febrero pasado una grabación telefónica donde Melquiades reconoció nexos con las campañas electorales de los panistas Rafael Moreno Valle y Antonio Gali, en Puebla, de donde es originario.

Aunque Melquiades Vergara, militante del PRD, logró la precandidatura para una diputación federal por el Distrito 03 en el pasado proceso electoral, tuvo que declinar el 11 de febrero pasado, debido a motivos “personales y familiares”.

Las irregularidades

De acuerdo con observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante 2016, el gobierno de Quintana Roo distribuyó de manera poco eficiente y opaca los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas, concretamente desde la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado (Sefiplan).

Debido a que este ramo federal no tiene un objetivo concreto, el gobierno estatal lo utilizó sin aportar información. Para muestra un ejemplo: casi mil 719 millones de pesos que desaparecieron no tenían asignación presupuestal ni se pudo acreditar su destino.

La auditoría detalló que aunque el gobierno estatal recibió la mayoría de estos recursos en ocho cuentas bancarias, utilizó 30 para hacer las transferencias a los municipios, por lo que no hubo una cuenta específica, y esto restó transparencia a la distribución.

Otro monto de casi 146 millones de pesos se administró de manera errónea, según la ASF, pues se utilizó para pagar compensaciones mayores a las establecidas para personal de base, de confianza, de seguridad pública, así como para honorarios de todas las dependencias estatales.

La ASF también revisó 93 convenios de servicios que se adjudicaron en 2016 de manera directa (sin competencia entre licitantes). Este modo de contratación solo debe darse en casos de urgencia o cuando solo exista un proveedor del servicio, de acuerdo con la Ley de Adquisiciones.

Sin embargo, en la mayoría de los convenios (73) el gobierno de Quintana Roo no justificó este modo de contratación, ni presentó las condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad y servicio. Incluso no formalizó los servicios mediante un contrato, según la ASF.

¿Para qué podría servir el dinero posiblemente desviado?

Aunque las Participaciones Federales no están destinadas a un fin en específico, con esos 2 mil 062 millones de pesos no comprobados se pudo haber alimentado a todos los quintanarroenses en pobreza extrema por un año y medio, según la estimación del costo de la canasta básica del Coneval, de acuerdo con estimaciones del ranking ¿Fuiste Tú?

Incluso se pudo haber contratado a 7,641 policías por tres años en el estado. Esto equivale a aumentar casi tres veces  el número de policías por cada mil familias en Quintana Roo, de acuerdo a datos de población y ocupación del INEGI.

Con información de Animapolitico.com

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