Asesta la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda su primer golpe en...

Asesta la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda su primer golpe en contra de magistrados y jueces corruptos, y el Consejo de la Judicatura, con una nueva y prestigiosa Presidencia, decide hacer ‘limpia’ en el Poder Judicial

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Desde el principio de su historia y hasta antes del advenimiento de la democracia electoral en México, el Poder Judicial siempre fue una entelequia como alternativa soberana de justicia y un apéndice del poder político. Pero no faltó quien creyera que la democracia haría realidad la autonomía constitucional de dicha institucionalidad. En el tren de la democracia, sin embargo, no llegó la cultura de la legalidad y de la ética pública y de la civilidad y la reeducación ciudadana. Y así, la corrupción se democratizó, en efecto, en una pluralidad partidista y una alternancia representativa y gobernante que en muchos casos –por los pleitos y las alianzas turbias por el poder- resultó más nociva que el autoritarismo. No sólo no mejoró la calidad de vida del país sino que empeoró, con más corrupción, y por tanto más pobreza e inseguridad. Y el Poder Judicial, si bien dejó de ser rehén del poder político, se convirtió en su cómplice. Las jerarquías devinieron en investiduras del más alto ingreso global. Los salarios y las prestaciones de las élites burocráticas se emparejaron y en algunos casos superaron a las del ‘primer mundo’. Y los grandes negocios entre los jefes de los Poderes republicanos –y de los nuevos organismos autónomos anticorrupción, ideados para legitimar la corrupción, que al mismo tiempo fue suprimida del texto constitucional como delito grave- fueron el pan de cada día de la era democrática mexicana. Se institucionalizó la simulación democrática y se sistematizaron las componendas y las conveniencias de las llamadas ‘burocracias doradas’, y como nunca en su historia y de manera legal, se cometieron los mayores atropellos contra la nación. Y en ese contexto de excesos, las quejas sobre el actuar de varios jueces y magistrados no han hecho más que acumularse, porque en lugar de hacer justicia, los representantes del Poder Judicial están empeñados en evitar que muchos criminales, principalmente los llamados de ‘cuello blanco’, pisen la cárcel o sean despojados de su riqueza mal habida. Así, constantemente se da a conocer que tal o cual juez terminó por amparar o absolver a exfuncionarios o políticos corruptos, o favoreció con alguna resolución a empresarios que han amasado fortunas incurriendo en prácticas ilegales. Tanto el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como varios gobernadores, se han pronunciado por una revisión del desempeño de jueces y magistrados, a lo que el nuevo titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar -el ministro menos contaminado por la mala fama de la mayoría de sus compañeros del anterior Pleno-, ha enfatizado que no habrá tolerancia para quienes manchen la función judicial. Sin violentar la división de Poderes, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público inició una serie de investigaciones en el Estado de Jalisco, donde el gobernador Enrique Alfaro ha denunciado en diversas ocasiones la corrupción de jueces y magistrados, y finalmente ha logrado congelar las cuentas bancarias de tres de ellos por presuntas irregularidades en sus finanzas personales.

Javier Ramírez

A principios de mayo pasado, el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, planteó al presidente Andrés Manuel López Obrador integrar una mesa de trabajo para analizar el desempeño de magistrados y jueces que han incurrido en diversas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. El jefe de la Nación apoyó la demanda, asegurando que es una prioridad del Estado mexicano impedir que las organizaciones delictivas se apoderen o secuestren a las instituciones, y adelantó que daría a conocer los nombres de los jueces que estuvieran implicados con el crimen organizado.

En respuesta, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea –quien supliera en el cargo a Luis María Aguilar, defensor de los privilegios y los negocios convenidos con el poder político en la gestión presidencial pasada- expresó que el Poder Judicial ya había iniciado investigaciones y procesos de disciplina contra impartidores de justicia que incurrieron en actos irregulares, particularmente en Jalisco. Aunque no dio datos específicos, aseguró que varios, incluso, habían sido ya destituidos.

(Zaldívar está tipificado como un profesional del Derecho intachable y de amplio prestigio personal, y ganó la Presidencia de la Suprema Corte contra la oposición inicial de sus colegas beneficiarios de la corrupción peñista y con la simpatía y el apoyo de López Obrador para operar un cambio radical en el viciado sector de la Justicia.)

Hoy, tres jueces de Jalisco han interpuesto amparos en contra de una medida de la Unidad de Inteligencia Financiera que ha congelado sus cuentas ante la presunción de haber recibido dinero de procedencia ilícita.

Exponen corrupción de jueces

Fue a finales del pasado mes de abril cuando el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, emanado del partido Movimiento Ciudadano, solicitó a la Fiscalías federal y estatal que se investigara a los jueces, agentes del Ministerio Públicos y policías que permitieron que un líder criminal local quedara en libertad horas después de haber sido detenido tras un ataque contra un jefe policiaco que costó la vida de un de un escolta suyo.

En aquella ocasión, aseveró que “el Gobierno del Estado, las Policías y el Ejército Mexicano, no podemos solos. Si los delincuentes que detenemos todos los días son liberados como si nada por el Poder Judicial, nunca vamos a acabar, y los pretextos siempre son minucias, detalles. Siempre hay un pretexto, siempre, siempre, hay una explicación. El mensaje es contundente de mi parte. Yo no voy a ser omiso”.

El criminal al que hacía referencia era Alexis N, alias “El Chofo”, presunto jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación en Lagos de Moreno, y quien meses antes había sido dejado en libertad por una mala redacción y errores en el reporte de un perito, y porque sólo había sido consignado por robo en grado de tentativa; y como ‘no hubo testigos y no se encontraron pruebas directas’, fue dejado en libertad.

Unos días después, luego de que en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) planteó al presidente Andrés Manuel la urgencia de investigar a los jueces corruptos, el mandatario jalisciense se reunió en la Ciudad de México con el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, a quienes presentó evidencia de las presuntas redes de corrupción entre jueces y magistrados de su entidad.

Apoyan AMLO y Zaldívar investigaciones

Por su parte, el presidente Andrés Manuel informó que ya había hablado con las autoridades del Poder Judicial para que atendieran las negligencias en el comportamiento de jueces y magistrados que actúan como cómplices del crimen organizado, aclarando que no sólo se trata de jueces federales sino también estatales.

Expresó que es necesario conformar un frente común para no permitir la impunidad, pues “si hay un presunto delincuente”, éste no debe tener la posibilidad de ser liberado “utilizando como pretexto que está mal integrada la averiguación”.

Se trata también, dijo, de un asunto de criterio, pues si bien un abogado ortodoxo podría decir “usted no sabe nada de leyes”, no es cosa nada más de leyes, sino de sentido común, “que es el menos común de los sentidos”.

Reiteró que de manera respetuosa se pediría al Poder Judicial, considerando que es un Poder independiente, que atendiera este caso, “porque sí hay hechos muy reprobables”.

Al respecto, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, refirió que en el Poder Judicial federal existe ahora la política de cero tolerancia contra la corrupción y conductas indebidas como abusos sexuales y violencia de género, y prueba de ello era que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal había resuelto destituir e inhabilitar por 10 años a un juez federal de Zapopan, Jalisco, por hostigamiento sexual y laboral.

Explicó que así como se trabaja en Jalisco, “en todo el país estamos llevando una revisión; y cuando tenemos indicios, información de que pudiera haber actos de corrupción o actos indebidos, procedemos de inmediato a iniciar los procedimientos correspondientes”.

Primer golpe

El 8 de agosto, casi tres meses después de que el tema se pusiera en la mesa y se suscribiera un convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado de Jalisco y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público -dirigida por Santiago Nieto Castillo-, ésta congeló las cuentas de los magistrados jaliscienses Alberto Barba Gómez, Armando García Estrada y Celso Rodríguez González, los dos primeros del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y el tercero del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Aunque no se revelaron los montos económicos que les habrían sido ‘congelados’, se presume que esta dependencia federal detectó distintos bienes en posesión de los juzgadores que no se corresponden con sus ingresos lícitos.

Contra Barba Gómez están pendientes cinco juicios políticos, además de que el Congreso local ha intentado destituirlo e inhabilitarlo por denuncias presentadas por el gobernador Enrique Alfaro y el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus.

Por su parte, García Estrada, además de ser acusado de nepotismo por ingresar a su sobrina en el Tribunal de lo Administrativo, es señalado por otorgar permisos a empresarios locales para la instalación de gasolineras, casinos y espectaculares que no cumplieron con las disposiciones municipales o estatales.

Finalmente, Rodríguez González habría incurrido en presuntas irregularidades cuando fungió como presidente del Tribunal de Justicia local, en el sexenio 2007-2012, cuando se edificó la Ciudad Judicial, una obra en la que se señalaron gastos inflados y otras corruptelas.

Los tres interpusieron amparos contra la medida asumida por la Unida de Inteligencia, los cuales aún no han sido resueltos.

De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Hacienda, otros jueces y magistrados de Jalisco están siendo investigados y se espera que en las próximas semanas también se proceda contra ellos.

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