Medina Mora y la democracia criminal

Medina Mora y la democracia criminal

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Signos

Es el personaje de la gran historia.

Es el eslabón esencial de la cadena con que se han amarrado los más importantes cabos de la corrupción y la simulación en los más altos niveles del Estado mexicano de los tiempos de la democracia.

Es un actor central de los hechos y un símbolo interpretativo y un referente inequívoco de la vasta estafa operada por las más poderosas sociedades del crimen disfrazadas de empresas constructoras de la nueva república del derecho.

Es un operador y un instrumento de enlace entre las principales mafias cupulares del poder político de la pluralidad y la alternancia representativas, las de los grupos económicos más influyentes vinculados con ellas, y las de la industria del ‘narco’ –cuyos divisionismos y enfrentamientos atizados por los intereses de la diversidad partidista en todos los Poderes y ámbitos de la nación, derivaron en disputas por el sometimiento y el control de todas las autoridades de su interés en el país, que terminaron por convertir el territorio mexicano en uno de los más violentos e ingobernables del mundo-.

La renuncia –desde luego involuntaria- del controvertido y más incompetente e inescrupuloso ministro de la Suprema Corte a su cargo como tal –lo que en sí mismo era un suceso en ese entorno de letrados de los mejor pagados del mundo y en su mayoría también de los más indecorosos, mercenarios e improductivos-, además de ser un caso excepcional y sin precedentes en el ámbito de la Justicia, advierte del tenor de las decisiones y la nueva circunstancia del ejercicio del supremo mandato de Gobierno en México.

La naturaleza de las imputaciones contra el también exprocurador general de la República que precipitan su dimisión, si bien dan fe de acusaciones por delitos de la mayor envergadura criminal cometidos, denunciados e investigados dentro y fuera del país, también revelan que el nuevo Gobierno federal ha promovido el curso del procesamiento jurisdiccional de los mismos con el propósito de hacer saber que el ajuste de cuentas con la élite depredadora y causante de los mayores desfalcos patrimoniales, la mayor inseguridad y los más grandes atentados contra la paz social, las instituciones y el Estado de Derecho, es una promesa electoral y un compromiso que –por lo menos en lo esencial del combate a la inmoralidad pública- habrá de cumplirse en serio. Y para ello ha decidido elegir y sentar en el banquillo de los acusados a un personaje central en el sistema de la corrupción instaurado en la era de la democracia como un aparato de simulación retórica, donde el reformismo constitucionalista legitimó la delincuencia pública y su impunidad mediante la creación de masivos mecanismos burocráticos de transparencia y rendición de cuentas, inutilizados desde la víspera –con cero ‘peces gordos’ encarcelados gracias a la gestión de los mismos- mediante la confección legislativa de una estructura de Justicia donde los actos de corrupción fueron desclasificados, de manera estratégica, como delitos graves.

Medina Mora tenía cero experiencia diplomática y fue nombrado, no obstante, por el presidente Calderón, como embajador en el Reino Unido.

El nombramiento tuvo lugar después de dos de los más escandalosos procesos de consignación penal colectiva del ahora exministro, en su calidad de procurador general de la República, contra decenas de presuntos culpables de nexos con el ‘narco’ –la ‘Operación limpieza’ y el ‘Michoacanazo’- que terminaron con la exoneración, la declaración de inocencia y la excarcelación de todos los inculpados.

Luego, el sucesor de Calderón, el priista Peña Nieto, cuyo procurador retiró todos los cargos imputados a los detenidos por la ‘Operación limpieza’ para que salieran libres, lo nombró embajador nada menos que en los Estados Unidos y luego lo hizo su representante entre los ministros de la jerarquía judicial.

Porque como procurador general de la República que fue en el periodo presidencial del entonces panista Felipe Calderón, cual lo hemos reiterado aquí, Medina Mora montó uno de los más insultantes espectáculos de consignación de policías y fiscales antidrogas –entre ellos funcionarios del más alto nivel, como el extitular mismo de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y exrepresentante de México en la oficina antidrogas de la ONU en Europa, Noé Ramírez Mandujano- acusados de servir al ‘narco’ y señalados por la Justicia estadounidense como tales.

La llamada ‘Operación limpieza’ perpetrada por Medina Mora, fue una farsa de imputaciones equívocas y expedientes mal armados de manera dolosa, y sólo para aparentar justicia e impedir la intervención de la DEA en un caso que acabó en la exoneración de todos los inculpados y en el retiro de los cargos de parte de la PGR, apenas entrando el nuevo Gobierno, del priista Enrique Peña, y el nuevo procurador, Jesús Murillo Karam, cómplices del mandato panista saliente y del exprocurador; tan cómplices, que Peña hizo embajador en Washington al extitular de la PGR, y luego lo impuso como ministro de la Corte con la complicidad, también, de los panistas y los perredistas, que hicieron mayoría en el Congreso de la Unión, al lado de los priistas, para aprobar el nombramiento.

El cinismo de esa imposición presidencial, complementado con la burla parlamentaria y la complacencia de los ministros del Tribunal Constitucional de entonces, no tuvo límites ni la mínima dignidad protocolaria. Porque ¿cómo podía explicarse que un fiscal incapaz de procesar con éxito a tantos imputados como los de la ‘Operación limpieza’ –o como los del ‘Michoacanazo’- fuese propuesto como ministro por el mismo Gobierno que les retiró los cargos para que los dejaran libres? ¿Un fracasado fiscal y sin experiencia judicial merecía el derecho de ser elevado al supremo tribunal de impartición de justicia en el país?

Sobre tales fundamentos éticos y de servicio se fincaron las relaciones entre los Poderes del Estado nacional en los pasados sexenios de la democracia, la lucha por la transparencia y contra la delincuencia, y la defensa de la paz social y del sufragio ciudadano.

¿Podía ser respetable un sistema de Justicia con jueces tan ejemplares y de tan alta investidura moral e institucional como el ministro Medina Mora, hoy acusado de lavado de dinero por los Gobiernos de Gran Bretaña y Estados Unidos e investigado por las autoridades hacendarias mexicanas, y quien fuera impuesto en la Suprema Corte por un presidente con la finalidad única de que lo amparara contra los cargos criminales y el destino carcelario que veía venir apenas dejara la jefatura del Estado?

Medina Mora está hoy en el banquillo de los acusados, y con él todo el sistema legitimador de la corrupción y de la impunidad (órganos de transparencia y rendición de cuentas incluidos) ideado y operado por los jefes de los Poderes públicos y los grupos de poder y los liderazgos políticos que hicieron de la modernidad democrática y de la alternancia representativa, durante dieciocho años, el mayor de los negocios personales, el peor de los fraudes históricos, el Estado de Derecho más caótico y ruinoso, y una de las naciones más violentas, ingobernables y presas de los criminales en el mundo entero.

Medina Mora está ya en el banquillo de los acusados. Y debieran seguirle, por lo menos, quienes han sido sus cómplices y sus jefes más directos y de mayor jerarquía; es decir: los peores criminales del país.

SM

estosdias@gmail.com

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