Eduardo Medina Mora, un enclave de la corrupción criminal panista y priista...

Eduardo Medina Mora, un enclave de la corrupción criminal panista y priista de los tiempos de la democracia y un clavo ardiendo en la cruz de Peña Nieto, está al borde del precipicio

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No muchos pueden presumir lo que Eduardo Medina Mora consiguió en los últimos 20 años por medio del servilismo, la corrupción y la sumisión ante las mafias más poderosas del país. Con sólo tres años de ejercer la abogacía y con cargos insignificantes como el de asesor del Consejo Nacional Agropecuario e integrante del Consejo Coordinador Empresarial, ingresó a las filas del Gobierno de Vicente Fox en el año 2000 como director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), donde pasó sin pena ni gloria, hasta que en 2006, en la administración de Felipe Calderón, sacó a relucir sus aptitudes para la ilicitud al protagonizar, como procurador general de la República, dos de los casos más vergonzosos de la Justicia mexicana. Primero, en 2008, interrumpió una investigación periodística sobre funcionarios federales que trabajaban para el Cártel del Pacífico y puso en marcha la llamada ‘Operación limpieza’ que detuvo a varios funcionarios de la entonces SIEDO. Luego, al año siguiente, ordenó la aprehensión de decenas de alcaldes y jefes policiacos en Michoacán, acusándolos de vínculos con el ‘narco’. Ambas operaciones, en su momento presumidas por Calderón, culminaron meses después con la liberación de todos los presuntos involucrados por falta de pruebas, si bien la primera de ellas en realidad no fue más que un teatro hecho para evitar las investigaciones de la DEA y proteger a los funcionarios coludidos con el crimen organizado. Pero el escándalo público no fue un fracaso personal; casi de inmediato lo premiaron mandándolo como representante de México en Londres y luego como embajador en Estados Unidos. Y en marzo de 2015, el entonces presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha su jugada maestra: con el fin de ‘blindarse’ ante las posibles investigaciones que se abrirían en su contra apenas dejara el cargo, propuso a Medina Mora para suplir al ministro Sergio Valls en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, aprovechando el contubernio del PRI con el PAN y el PRD en el Congreso de la Unión, y sin importar su nula experiencia como juez, Medina Mora se convirtió en ministro. Y como se había pronosticado, un mes antes de que Peña dejara el cargo, Medina Mora otorgó a la Consejería Jurídica de la Presidencia un amparo que impedía a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua investigar o girar cualquier orden en contra del entonces mandatario o su gabinete. Todo indicaba que Medina Mora pasaría sus 15 años como magistrado sin mayores contratiempos; sin embargo, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya había comenzado una serie de acciones para cerrar el paso de la corrupción en todos los niveles. Así, con la ayuda de la secretaria de Gobernación, la exministra Olga Sánchez Cordero, una de las juristas más experimentadas y honestas del país, entabló una buena sinergia con el ministro presidente Arturo Zaldívar, quien coincidió con el jefe del Ejecutivo en que debe existir cero tolerancia contra las conductas indebidas en el Poder Judicial. De este modo comenzaron a darse varios cambios, comenzando con el levantamiento de la suspensión que impedía a la Fiscalía de Chihuahua investigar a Peña y a quienes fueron miembros su gabinete, así como una ‘limpia’ de jueces corruptos en Jalisco, con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyas investigaciones, en conjunto con autoridades estadounidenses e inglesas, orillaron a que Medina Mora presentara su renuncia, en un hecho histórico en el país. Y una vez que esta sea aceptada por el presidente y el Congreso, Medina Mora estaría a un paso de ser detenido por haber recibido de manera ilícita millones de dólares en sus cuentas en los últimos dos años.

Javier Ramírez

Este 3 de octubre, el ministro favorito de Enrique Peña Nieto y de varios criminales de su entorno político, Eduardo Medina Mora –a quien el ahora expresidente impuso en el Poder Judicial con la complicidad parlamentaria del PRI, el PAN el PRD-, entregó su renuncia al magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, en lo que constituye un hecho inédito en el país.

Ahora le toca enfrentar acusaciones penales por lavado de dinero, como parte de las investigaciones realizadas tanto por el Gobierno del Reino Unido como por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda mexicana que dirige Santiago Nieto Castillo. El resultado de las mismas podría deshilar de una vez por todas la inmensa madeja de la corrupción que durante los sexenios de la democracia –la alternancia en el poder, la pluralidad representativa y esas grandes ‘conquistas populares’- se tejió en las administraciones federales y permeó como nunca las locales, y poner tras las rejas a importantes personajes que han convertido la vida pública en un garito particular, entre ellos el mismo Peña Nieto, a quien su emisario en la Corte protegiera (se sabía culpable de conductas delictivas) la salida del poder mediante la gestión de un amparo del máximo tribunal.

Las simulaciones

Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, nacido en la Ciudad de México en enero de 1957, se graduó como licenciado en Derecho en 1980 por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero no ejerció la carrera sino hasta 1987 y por un lapso de sólo tres años, cuando conformó un despacho de abogados. Desde 1990 y hasta 1999 fungió como asesor jurídico e integrante de la Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional Agropecuario, mientras que de 1996 a 2000 fue miembro del Consejo Coordinador Empresarial.

Fue en el año 2000 cuando Vicente Fox lo invitó a formar parte de su equipo y lo designó director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), cargo que dejó en 2005 para convertirse en secretario de Seguridad Pública, tras la muerte de Ramón Martín Huerta. Finalizado el periodo de Fox, fue rescatado por Felipe Calderón, quien lo propuso como su primer procurador general de la República en 2006.

Y fue en el periodo calderonista cuando Medina Mora demostró como nunca que no tenía empacho en ser identificado como un simulador de alto registro criminal. Tenía los mejores amigos y los mejores cómplices y jefes en la mafia política del PRI y del PAN de la era de la democracia. Lo que no tenía era una carrera y mucho menos un expediente de prestigio -de eficiencia y rectitud- en el sector judicial, lo que tampoco le haría falta, en ese entorno de alta corrupción en el que operaba, para alcanzar a fin de cuentas la meta de lo que tantos profesionales de la Justicia ambicionan para culminar sus exitosas carreras: ser ministro de la Corte. Tenía sobrados méritos de servilismo y aptitud para cumplir con las demandas ilícitas de los grupos de poder de su pertenencia.

De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, en octubre de 2008, el periódico El Universal publicaría una investigación sobre los presuntos nexos de Miguel Colorado González y Fernando Rivera Hernández –coordinador y director general adjunto, respectivamente, de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)-, con el Cártel del Pacífico.

Antes de que el texto saliera a la luz, Riva Palacio buscó que la PGR diera su opinión al respecto. Medina Mora no se comunicó con él, pero sí llamó al director general del periódico, Juan Francisco Ealy Ortiz, para pedirle que postergara durante un mes la publicación del mismo y le entregaran las investigaciones.

Medina Mora y la entonces titular de la SIEDO (hoy SEIDO, por un ajuste en la denominación: Subsecretaría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada), Maricela Morales, usaron las investigaciones periodísticas para poner en marcha la llamada ‘Operación limpieza’, que implicó la detención de al menos 25 funcionarios y exfuncionarios de la referida dependencia y el despido de Riva Palacio de El Universal.

Pero la agencia estadounidense antidrogas, la DEA, tenía la mira puesta en ese grupo de funcionarios de la fiscalía mexicana; les seguía los pasos –lo mismo que a otros de la Interpol y de la Policía Federal; entre los exfuncionarios ministeriales estaba al representante mexicano en la oficina europea de la ONU contra las drogas y extitular de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, perteneciente al equipo de Mariano Herrán Salvatti y José Luis Santiago Vasconcelos, ya finados; ambos antecesores, mentores y exjefes de Ramírez Mandujano; el primero pasaría por la cárcel de máxima seguridad donde estuvo confinado Ramírez Mandujano, en Nayarit, y al segundo acaso lo haya salvado de ella el avionazo en que se mató con su entonces presidenciable jefe, Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación y amigo entrañable del entonces presidente Calderón-.

Y menudearon entonces las conjeturas periodísticas y las opiniones especializadas, en el sentido de que la llamada ‘Operación limpieza’ no era más que una maniobra improvisada por Medina Mora y el Gobierno mexicano para impedir la intromisión de la DEA en los inocultables nexos de un importante sector de funcionarios del más alto nivel con algunos de los más significativos jefes del ‘narco’.

La DEA quería, se dijo, a colaboradores del ‘narco’, como Ramírez Mandujano, en calidad de testigos protegidos de la fiscalía estadounidense, y por eso la PGR prefirió nombrarlos ella misma como testigos protegidos propios.

El Cártel del Pacífico se había dividido –ente los grupos del Chapo Guzmán y los Beltrán Leva-, del mismo modo que el del Golfo –entre Los Zetas y lo que ya era-, y ésas y otras escisiones significaron fracturas entre sus corrompidos aliados de los Poderes públicos –gobernantes locales, legisladores, funcionarios judiciales y policiales, y militares incluidos-; una atomización generalizada en los ámbitos del crimen organizado, de la seguridad y la jurisdiccionalidad, que descontroló como nunca la violencia y ensangrentó al país, en una hora de la democracia en que el país también estaba más fraccionado que nunca por la emergencia de las ambiciones pluripartidistas en Gobiernos, Legislaturas, tribunales y demás espacios de representación del Estado nacional, donde las mafias operaban para corromper a cuanta autoridad necesitaban, y donde había más autoridades que nunca dispuestas a corromperse en ese gran desgarriate mexicano.

Y como ocurriría posteriormente con las aprehensiones realizadas en 2009 de varios alcaldes y jefes policiacos en Michoacán –el llamado ‘Michoacanazo’-, los presuntos implicados fueron liberados al ‘no encontrarse pruebas’ que los involucraran con la delincuencia organizada.

La PGR priista de Peña, al mando de Jesús Murillo Karam, retiró los cargos de los presos de la ‘Operación limpieza’ apenas se inició su administración, y todos salieron inocentes y libres como el viento.

Y lo que hubiera sido un sonoro yerro en las consignaciones ministeriales en su contra, se tradujo en un éxito rutilante en la carrera política, diplomática y judicial de Medina Mora: su nuevo jefe, ahora priista, lo hizo nada menos que embajador en Washington –tras que el anterior, panista, lo había hecho representante en Londres- y más tarde ministro de la Corte. Y Medina Mora carecía de toda experiencia diplomática y de todo expediente judicial.

Y por eso ahora es pieza fundamental en las pesquisas contra Peña Nieto y contra otros aliados fundamentales de su grupo delictivo – priistas y panistas-, donde nunca se pensó que la impunidad dejara de ser una suerte vitalicia.

Designado por Peña

Medina Mora renunció al cargo de procurador en septiembre de 2009, pero en noviembre de ese mismo año el presidente Calderón lo designó embajador de México en el Reino Unido, cargo que desempeñó hasta 2013, cuando de inmediato fue enviado –por Peña- a Estados Unidos para ser el jefe de la diplomacia mexicana en la misión más importante del mundo.

Para 2015, las vastas evidencias y las irrefutables acusaciones de corrupción en el Gobierno de Enrique Peña Nieto eran cosas de todos los días, con escándalos y conflicto de interés como el de la llamada ‘casa blanca’, la licitación amañada de las obras del tren rápido DF-Querétaro (ambos con la participación del empresario preferido de Peña desde la gubernatura del Estado de México, Juan Amando Hinojosa, del Grupo Higa), el de Odebrecht –por ese entonces a punto de estallar- y varios más que involucraban tanto al entonces presidente como a sus más cercanos colaboradores, entre ellos Luis Videgaray Caso y Miguel Ángel Osorio Chong, y gobernadores como César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge –además de exgobernadores criminales como Tomás Yarrington, al que más tarde se sumaría su sucesor Eugenio Hernández, ambos socios de los Zetas- por lo que el jefe de Ejecutivo federal comenzó a planear su salvación ante el posible advenimiento de una mala suerte que al fin terminaría enseñando los colmillos en las elecciones federales del año siguiente.

Y así, en marzo de ese año propuso ante el Senado a Eduardo Medina Mora como nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución de Sergio Valls, quien cumplía su periodo. Al Senado, de mayoría priista, panista y perredista, no le interesó que éste no tuviera experiencia judicial y lo ratificó de inmediato.

Las críticas a Peña Nieto por la designación y las complicidades políticas que la secundaron, no se hicieron esperar, pero la jugada le arrojó resultados tres años después, cuando en octubre de 2018, un mes antes de dejar la Presidencia, Medina Mora promovió y consiguió un amparo a la Consejería Jurídica de la Presidencia para evitar que la Fiscalía General de Chihuahua lo investigara por haber protegido al exgobernador César Duarte y al exsecretario general del PRI de esa entidad, Alejandro Gutiérrez, ante los señalamientos y las acusaciones penales por los grandes desvíos del erario local a las cuentas personales del exgobernador y al financiamiento del partido y de las campañas del PRI.

Limpia en el Poder Judicial

Pero el Gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador no se quedaría de brazos cruzados. Decidido a eliminar la corrupción en todos los niveles de Gobierno, emprendió, con la ayuda y experiencia judicial de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte, un acercamiento respetuoso con el ministro presidente Arturo Zaldívar –antiguo colega suyo de intachable prestigio, como el de ella-, para enfocar acciones en contra de la corrupción de los jueces, federales o estatales, ante la ola de amparos y liberaciones aprobados en favor de los peores delincuentes.

Esta nueva relación, que no vulnera la división y la autonomía de los Poderes, comenzó a dar frutos a los pocos meses.

En junio, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, dirigida por Santiago Nieto Castillo, inició una investigación a las cuentas de Eduardo Medina Mora, luego de que la National Crime Agency del Gobierno del Reino Unido detectara que en los últimos dos años Medina Mora había recibido transferencias millonarias hechas desde México a sus cuentas, por dos millones 383 mil 526 libras esterlinas. Asimismo, el Departamento del Tesoro estadounidense documentó que el ministro recibió también en sus cuentas, entre 2016 y 2018, dos millones 130 mil dólares. Medina Mora se defendió diciendo que la información de esas transferencias había sido obtenida de manera ilegal.

Ese mismo mes, la Suprema Corte desechó el amparo que Medina Mora había otorgado para que las autoridades chihuahuenses no investigarán a Peña Nieto, lo que fue agradecido de inmediato por el gobernador de esa entidad, el panista Javier Corral, quien aseguró que llegarían hasta “el final de las investigaciones”. Esto también ayudó a que a pesar de la diferencia políticas de Corral con López Obrador se coincidiera en dicho propósito común.

Posteriormente, en agosto, Arturo Zaldívar dio su visto bueno a las acciones emprendidas por la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual congeló las cuentas de tres magistrados jaliscienses al detectar que tienen posesiones que no corresponden con sus ingresos. El magistrado presidente expresó que el Poder Judicial ya había iniciado investigaciones y procesos de disciplina contra impartidores de justicia que incurrieron en actos irregulares, particularmente en Jalisco.

No aguantó la presión

Finalmente, las acciones para limpiar de una vez por todas al Poder Judicial orillaron a Medina Mora a presentar su renuncia este 3 de octubre, con apenas cuatro de los 15 años que debía cumplir como ministro.

Sin embargo, antes de irse, no dejó pasar la oportunidad de evidenciar su catadura mercenaria, al conceder una suspensión provisional al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’, para que el Congreso de aquel Estado no lo sancione por haber utilizado a 572 empleados públicos con el fin de recabar firmas de apoyo a su candidatura presidencial en 2017, hasta que la Corte resuelva la demanda que éste presentó por el caso. Medina Mora se justificó diciendo que no se trataba de un tema electoral.

Cuestionado al día siguiente sobre el asunto de la renuncia del ministro peñista, el presidente Andrés Manuel López Obrador se limitó a decir que el mismo estaba en manos de la Fiscalía General de la República y que el ministro tendría que responder por las graves acusaciones en su contra, pero que no se podía culpar a nadie anticipado. “Nosotros hemos sido muy respetuosos y no nos involucramos en estos asuntos judiciales”, dijo.

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