La renuncia de Medina Mora a la Suprema Corte ya alcanzó al...

La renuncia de Medina Mora a la Suprema Corte ya alcanzó al expresidente Felipe Calderón, quien fue exhibido por ejercer presión en el Poder Judicial ante dos de los casos penales más significativos registrados en su administración

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Como era de esperarse, la renuncia de Eduardo Medina Mora como magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tardó en tener repercusiones, comenzando por las declaraciones del magistrado presidente Arturo Zaldívar, quien, ante las críticas acerca de una supuesta intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador en el caso que involucra al referido exministro, señaló que quien sí metía las manos en los asuntos judiciales era el ahora expresidente Felipe Calderón Hinojosa en sus aciagos días de mandato. El exmandatario no tardó en responderle para negar el señalamiento, pero afirmando que existió chantaje en la salida del que también fuera exprocurador general de la República. Si bien la renuncia de Medina Mora le quita un pesado lastre al Poder Judicial -debido a que el también exembajador de México en Estados Unidos fue uno de los principales eslabones entre las mafias criminales y los Gobiernos federales panistas y priista de los tiempos de la democracia-, los titulares de ambos Poderes continúan actuando, con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, contra quienes han provocado un gran daño a la justicia en el país al ponerse del lado de la corrupción  la criminalidad. Se trata sin duda de una estrategia que genera malestar en aquellos que buscan el menor de los pretextos para denostar el trabajo de las actuales autoridades, pero sin duda es más que necesaria y se espera que en el corto plazo la sociedad pueda ver los resultados. Al final no se trata de una ‘cacería de brujas’, sino de ‘limpiar la casa’, pues, como menciona el ministro Zaldívar, hay mucha más gente honesta que corrupta en el Poder Judicial; un Poder Judicial donde Medina Mora fue una de las manzanas más podridas que ha padecido en su historia el sector de la Justicia y su larga historia de complicidades políticas, y donde Zaldívar cuenta con uno de los mejores expedientes profesionales. Calderón parece obligado a defender las turbiedades de Medina Mora, porque Medina Mora fue el mayor custodio en su tiempo de las turbiedades del régimen calderonista, como lo fue, en sus días de ministro de la Corte, de las de Peña Nieto. Pero ambos, Calderón y Peña, como Fox, en lugar de soltar la lengua bajo el peso de sus compromisos con el exministro señalado de vínculos con el ‘narco’ y de lavado de dinero, debían de mantener un perfil bajo y poner de una buena vez por todas sus delictivas barbas a remojar.

Javier Ramírez

No se puede negar que la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia generó muchas críticas hacia el Gobierno federal, muchas de ellas en el sentido de que las autoridades, judiciales y hacendarias, lo presionaron para dejar el cargo a cambio de no congelar sus cuentas bancarias.

Por ello, el magistrado presidente, Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea, rechazó en una entrevista que exista una intromisión por parte del actual Poder Ejecutivo en la Suprema Corte. Sin embargo, confirmó que sí la hubo durante el sexenio del entonces presidente panista Felipe Calderón, en dos casos que involucraron de manera directa al entonces procurador general de la República Medina Mora y de manera indirecta a la entonces primera dama, Margarita Zavala: el de la aprehensión de la francesa Florence Cassez y el de la muerte de menores en el incendio de la Guardería ABC, en Sonora, respectivamente.

Reveladora entrevista

El pasado 8 de los corrientes, el ministro presidente Arturo Zaldívar participó en un programa de televisión emitido por el Canal 11, en el que fue cuestionado acerca de si existe o no intromisión del Poder Ejecutivo en el actuar del Judicial. El magistrado lo rechazó, reiterando que el presidente Andrés Manuel ha sido respetuoso de la independencia de la Suprema Corte, algo que no se tuvo con el ahora exmandatario Felipe Calderón, quien, aseguró, sin entrar en detalles, amenazó y presionó al Poder Judicial en general, y a él en lo particular (para que modificara su resolución en torno al incendio de la guardería).

Detalló que la intromisión del expresidente fue en los casos de la francesa Florence Cassez y la Guardería ABC.  “Todo mundo sabía que hubo presiones, todo mundo las conocía, todo mundo las comentaba”, aseveró.

Mencionó que el caso de la francesa fue uno de los más controvertidos en los que le tocó ser ponente, pero que pese a que era prácticamente una ‘herejía’ presumir que se había violado el ‘debido proceso’ en ese caso, presentó un proyecto que establecía la liberación de Cassez (proyecto en el que coincidió, en su calidad de ministra entonces y con un voto decisivo en el Pleno, la hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pese a que todas las evidencias indicaban que la francesa era culpable de tortura y secuestro –como lo habían determinado y sentenciado jueces y magistrados de todas las instancias jurisdiccionales previas-, y de que el fallo se sustentaba sólo en los errores de procedimiento de la autoridad policial y ministerial –porque se montó un circo mediático después de la aprehensión de la banda de la francesa, y no se notificó a tiempo a la oficina consular de su país durante su presentación ante el Ministerio Público-, y se saltaba la grave envergadura de las pruebas, el dolo del delito cometido y el resarcimiento de las víctimas probadas, y premiaba, en cambio, con la absolución irrevocable, a una criminal del más alto y peligroso perfil, algo que indignaba, así mismo, a un importante sector de la opinión pública; el fallo de libertad, ciertamente, parecía de un formalismo legal insultante y escandaloso, y nada justo comparado con la magnitud de los hechos juzgados).

Acerca de la renuncia de Medina Mora, comentó que se trató de un asunto personal, sobre el cual no emitiría ningún comentario, y que le gustaría que la vacante que éste dejó fuese ocupada por una mujer, para poder garantizar la paridad de género en la Suprema Corte.

Horas más tarde, en conferencia de prensa, ahondó en la acusación a Calderón, recordando que en ese entonces acudió ante los presidentes de la Suprema Corte –primero Guillermo Ortiz Mayagoitia y luego Juan Silva Meza-, para informarles de esas ‘irregularidades’ provenientes del Gobierno federal, ejercidas por el presidente a través de su secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont.

Mencionó que si en aquel tiempo no informó de ellas a la sociedad como lo hace ahora, fue porque antepuso la ética de la responsabilidad, debido a que ese tipo de cuestiones habrían ocasionado una crisis institucional.

Por otro lado, anunció la suspensión de un magistrado federal de la Ciudad de México, a quien se le habían detectado irregularidades en sus finanzas. Y aprovechó para reiterar que no volverá a haber intocables en el Poder Judicial de la Federación, puesto que se están tomando las medidas para acabar con los actos de corrupción y de nepotismo entre jueces y magistrados. Aseveró que es la primera vez que algo así se lleva a cabo en el Poder Judicial, pero que sin caer en la ‘cacería de brujas’ se logrará acabar con las prácticas indebidas e indignas para el pueblo de México.

El caso Cassez

Fue en 2005 cuando en un noticiario de Televisa se emitieron imágenes de la presunta liberación de tres personas secuestradas y la detención de sus captores en un rancho ubicado en la carretera México-Cuernavaca. Una de las personas aprehendidas era Florence Cassez, una francesa que había ingreso al país dos años antes en calidad de turista y tuvo una relación con el jefe de una violenta banda de secuestradores.

Al año, el Gobierno federal aceptó que dichas imágenes se habían tratado de una recreación de los hechos, y que la francesa y su pareja habían sido detenidos un día antes. Sin embargo, la Procuraduría General de la República, en ese entonces encabezada por Eduardo Medina Mora, continuó con el proceso y en 2008 un juez sentenció a 96 años de cárcel a la mujer.

Durante cuatro años, el Gobierno francés de Nicolas Sarkozy –hoy bajo proceso por corrupción en Francia- solicitó al Gobierno de Calderón la extraditación de la mujer, sin resultados, hasta que en 2012, gracias a un proyecto presentado por el ministro Arturo Zaldívar que evidenciaba la violación al ‘debido proceso’ de la francesa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ordenó su inmediata liberación. El voto a favor de la entonces ministra Olga Sánchez Cordero fue decisivo para que días después la francesa saliera libre y abandonara el país.

Se pretendía iniciar una investigación contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal que orquestó el montaje televisivo, pero Medina Mora clasificó las pesquisas sobre el caso.

El caso ABC

El 5 de junio de 2009, un incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, dejó un saldo de 49 niños muertos y 106 lesionados. Los peritajes arrojaron que la falta de detectores de humo, extintores y salidas de emergencia fueron factores que impidieron salvar a los menores de la conflagración, ocasionada por el sobrecalentamiento del sistema de enfriamiento de una bodega de la Secretaría de Hacienda estatal, la cual estaba en el mismo edificio.

Sin embargo, luego de meses de investigación, sólo se registró la remoción o imputación penal de varios funcionarios menores. Sólo Delia Irene Botello, coordinadora de zona de las guarderías de esa ciudad fue encarcelada de 2011 a 2014, pues fue liberada por falta de pruebas.

Los padres de las víctimas realizaron manifestaciones y pidieron que fueran investigados varios involucrados, pero ninguna instancia federal o estatal llevó a juicio a los copropietarios de la guardería, varios de ellos familiares del entonces gobernador sonorense Eduardo Bours y de la esposa de Calderón, Margarita Zavala.

De nueva cuenta, Eduardo Medina Mora, en su papel de procurador general de la República, se dedicó a ‘blindar’ a los responsables del caso. El portal Animal Político recoge que el 2 de junio de 2009, en conferencia de prensa, éste aseveró que el suceso “no constituía delito grave”.

En septiembre pasado, el presidente Andrés Manuel se reunió con los padres de las víctimas y les dijo que la investigación fue reactivada el 22 de agosto.

Responde Calderón

Tras las declaraciones de Arturo Zaldívar, el exmandatario Felipe Calderón respondió en su cuenta de Twitter que su administración fue respetuosa de los otros Poderes, y rechazó que haya presionado o amenazado a la Suprema Corte de Justicia en los casos arriba mencionados.

“Mi Gobierno fue respetuoso de los otros Poderes. En los casos donde el Ejecutivo fue parte ante la SCJN, sus representantes expresaron los argumentos que a su juicio eran procedentes. Jamás (hubo) una presión indebida, mucho menos una amenaza, abierta o velada. Tan es así que el ministro presidente no señala en qué consisten las presiones que invoca, ni circunstancias de modo, tiempo y lugar. Es entendible que ya no se hable del tema porque no hay más que agregar. Lo verdaderamente grave es lo que está ocurriendo ahora mismo”, expresó.

El exmandatario recriminó a Zaldívar que no dijera algo sobre lo que él llamo “chantaje a un miembro de la Corte”, refiriéndose a que la renuncia de Medina Mora habría obedecido al bloqueo de sus cuentas bancarias. Indicó que las acusaciones, ciertas o falsas, fueron usadas para deponerlo.

En posterior entrevista radiofónica, afirmó que de ser ciertas las acusaciones, Zaldívar debió denunciar en su momento y no 10 años después. Mencionó que como presidente tuvo diálogo con Zaldívar sin presión alguna.

Posteriormente, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, explicó que el bloqueo y desbloqueo de cuentas sucede en todos los casos investigados por la dependencia a su cargo, en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, especialmente cuando se afectan derechos de trabajadores, accionistas o proveedores.

Otro juez suspendido

Durante su conferencia de prensa, Zaldívar mencionó que se había suspendido a un juez federal por inconsistencias en sus ingresos. Se trata de Jorge Arturo Camero Ocampo, integrante del Primer Circuito en la Ciudad de México.

De acuerdo con investigaciones, el año pasado Camero Ocampo adquirió una casa valorada en 17.8 millones de pesos en la Ciudad de México, la cual puso a nombre de sus hijos. La habría pagado de contado, pese a que sus ingresos anuales son de 2.5 millones de pesos.

El magistrado presidente mencionó que Camero Ocampo, quien había otorgado recursos legales contra el aeropuerto de Santa Lucía, encabezaba una red de corrupción dentro del Primer Circuito. Y si bien aseveró que se están tomando las medidas necesarias para acabar con la impunidad dentro del Poder Judicial, también se trabaja con intensidad para defender a los jueces y magistrados que hacen su labor adecuadamente.

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