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El gobernador del Morena en Baja California, Jaime Bonilla Valdez, repite en el cargo esperando que la Suprema Corte no dé marcha atrás a la reforma local impugnada que amplió su mandato a cinco años

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Este 1 de noviembre, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sumó otra gubernatura a su historial, con la rendición de protesta de Jaime Bonilla como mandatario de Baja California, entidad en donde el pasado 2 de junio la coalición conformada por el Morena con los partidos del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y Transformemos, arrasó en las votaciones y obtuvo ‘carro completo’, demostrando por primera vez que el impulso generado entonces por la figura de Andrés Manuel López Obrador en el electorado no había disminuido a casi un año de su elección a la Presidencia de la República. Sin embargo, pronto ese logro se vería manchado por la polémica, pues los diputados locales salientes aprobaron modificar la Constitución del Estado para poder ampliar, de dos a cinco años, el mandato de Bonilla. De esta manera comenzó una serie de impugnaciones por parte de partidos políticos, empresarios y autoridades electorales, quienes consideran que la reforma se trató de un acto anticonstitucional. El nuevo gobernador asegura que respetará la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso, por lo que sería cuestión de tiempo para que finalmente se determine que su mandato concluirá el 30 de septiembre de 2021, y no el 1 de noviembre de 2024.

Javier Ramírez

Desde 1995, el Partido Acción Nacional gobernó el Estado de Baja California, pero el incremento en la violencia y polémicos casos que rodearon el mandato del gobernador Francisco Vega de Lamadrid terminaron colmando la paciencia de los ciudadanos, quienes el 2 de junio de este año apostaron por el candidato del Morena, Jaime Bonilla Valdez.

La victoria de la coalición fue tan aplastante, que desde luego varios interesados -tanto en el Morena como en el mismo PAN- buscaron la forma de aumentar el tiempo por el cual Bonilla se mantendría en el poder.

Así se inició una discusión a nivel nacional respecto de que los partidos modifican las leyes de los Estados en su propio beneficio, incluso simulando que se trata de una demanda ciudadana.

Elección

Este año sólo dos Estados celebraron comicios para elegir gobernador: en Puebla, de manera extraordinaria tras la muerte el año pasado de la mandataria Martha Ericka Alonso, y en Baja California, donde también se disputaría el Congreso local y varios Ayuntamientos.

Los candidatos a gobernador de Baja California fueron, por la alianza Morena-PVEM-PT-Transformemos, Jaime Bonilla Valdez; por el PAN, Óscar Vega Marín; por el PRD, Jaime Martínez Veloz; por Movimiento Ciudadano, Héctor Osuna Jaime; por el PRI, Enrique Acosta Fregoso; y por el Partido de Baja California, Ignacio Anaya Barriguete.

Bonilla Valdez ganó la elección al obtener casi 400 mil votos, consiguiendo el 50.38%, mientras que Vega Marín alcanzó 175,596, que representó el 23.14%. La participación fue de menos del 30%.

Modifican la Constitución

Con el argumento de que un periodo de Gobierno corto representaría un fuerte cargo para el erario, el diputado local del Morena, Víctor Manuel Morán, presentó el 9 de julio ante el Congreso de Baja California una iniciativa para reformar el artículo 8 de la Constitución local, con la finalidad de que Bonilla Valdez permaneciera como gobernador durante cinco años, y no sólo los dos por los que originalmente fue electo.

Luego de 21 votos a favor y sólo uno en contra, el Congreso local, de mayoría panista, aprobó la reforma.

De inmediato, la llamada ‘ley Bonilla’ fue tachada de anticonstitucional en buena parte de la opinión pública, incluso por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, por lo que el gobernador electo intentó desmarcarse del asunto indicando que no tenía nada que ver con la ampliación del mandato.

Las impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se hicieron esperar por parte de diversos partidos políticos, autoridades y empresarios locales, quienes reprocharon la manera en que modificaron las leyes.

En ese sentido, la Sala Superior del TEPJF declaró válida la constancia de mayoría del gobernador electo, pero determinó que la elección fue validada por un periodo de dos años y no de cinco.

Por su parte, la SCJN también rechazó que el Gobierno de Baja California publicara la ‘ley Bonilla’ por improcedente.

Consulta ciudadana

Ante las críticas, el presidente del Congreso local, Catalino Zavala, propuso poner a votación de la gente si se ampliaba o no los años de la gubernatura de Bonilla, asegurando que sería una forma de “darle legitimidad democrática” a la reforma que los diputados habían hecho.

Este ‘ejercicio democrático’ finalmente se realizó el domingo 13 de octubre, con la instalación de 250 casillas en los 17 distritos electorales de aquella entidad.

En el curso de la consulta salieron a relucir diversas denuncias sobre irregularidades, entre éstas que no se pedía la credencia de elector y que las preguntas estaban amañadas.

Varias encuestadoras informaron que la votación había sido tan baja, que en algunas casillas el número de boletas no superó las 20.

Pero la Comisión Especial para la Consulta Ciudadana informó al día siguiente que el 82.5% de los votos fue a favor de que Bonilla Valdez gobierne por cinco años.

Impugnan la ‘ley Bonilla’

Finalmente, el Gobierno del Estado publicó la reforma el 17 de octubre y ésta entró en vigor al día siguiente. De esta manera, los interesados tendrían 30 días naturales para presentar las impugnaciones que consideraran convenientes.

El Instituto Nacional Electoral presentó el pasado 30 de octubre una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, argumentando que el decreto publicado el 17 de octubre contraviene la Constitución federal, ya que pretende dar efecto retroactivo a una norma expedida con posterioridad a que se realizara el proceso electoral local en Baja California.

Ese mismo día, el ministro de la Suprema Corte, Fernando González, admitió a trámite una acción de inconstitucionalidad presentada por el Partido Baja California, el cual buscaba frenar la toma de protesta de Bonilla el 1 de noviembre.

Sin embargo, el magistrado negó conceder la suspensión al considerar que durante la gestión de Bonilla como gobernador nada impide que la SCJN analice la validez de la extensión de mandato. Indicó que la negativa no implica que la acción de inconstitucionalidad quede sin materia, ya que ésta aún continúa.

Rinde protesta        

A las 01:00 horas del 1 de noviembre, Jaime Bonilla rindió protesta como gobernador de Baja California para el periodo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2024, comprometiéndose a desempeñar “leal y patrióticamente el cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido”.

El presidente del Congreso, Catalino Zavala, aseguró que se trató de un momento histórico, debido a que en los últimos 30 años “se traicionaron las esperanzas de los ciudadanos”, quienes padecieron “los peores Gobiernos neoliberales.

La toma de protesta a Bonilla Valdez, dijo, simboliza la “transformación total del Estado, por las libertades, incluyente y democrático, un régimen por la paz, la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos”.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, atestiguó la ceremonia y señaló que sería la Suprema Corte de Justicia quien resolvería cuál será el periodo de Jaime Bonilla.

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