Mediante el chantaje, funcionarios del Registro Agrario Nacional pretenden quitarles a los...

Mediante el chantaje, funcionarios del Registro Agrario Nacional pretenden quitarles a los ejidatarios de Solferino casi 600 hectáreas que formarían parte de un complejo turístico estimado en más de 160 millones de pesos

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Uno de los últimos Municipios del Estado en ser explotado en aras del ‘desarrollo turístico’ ha sido Lázaro Cárdenas, pues durante décadas los principales consorcios hoteleros, en su mayoría españoles, centraron su imperio en Cancún y la Riviera Maya. Sin embargo, el paraíso natural de exótica fauna, arena blanca y agua cristalinas que aún existe en Lázaro Cárdenas, nunca ha pasado inadvertido para las autoridades en turno, quienes desde el año 2000 han promocionado al sitio e intervenido en los núcleos ejidales para orillarlos a vender las tierras a inversionistas ávidos de convertir la zona en una especie de ‘Dubái mexicano’. El proyecto denominado La Ensenada, del empresario yucateco dueño de Bepensa, Fernando Ponce García, ha sido el más conocido, pero hay muchos más en espera de arrancar, principalmente en Yum Balam, donde empresarios canadienses han puesto el ojo. Sin embargo, ni ellos ni los ejidatarios de Solferino contaban con la ambición de los propios funcionarios federales, comenzando por el comisionado especial del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo, Juan Carlos Muñoz Escalante, quienes intentan quedarse con una rebanada del pastel.

Emmanuel Martínez

La venta de tierras ejidales es un millonario negocio que ha hecho, de lo que fuera una conquista social en favor de los campesinos, una mina de oro de muchos cacicazgos rurales que, mediante asociaciones y tratos particulares con empresarios y gobernantes, transforman las tierras de cultivo en otras con diversos usos de alta plusvalía, como el inmobiliario y el turístico, cuyos excesos suelen destruir la sustentabilidad medioambiental y urbana.

Eso se sabe. Y ha sido una práctica corriente que funcionarios corruptos de todos los niveles de ese entorno de decisiones quieran obtener también ganancias millonarias, fraguando complicidades o extorsionando a ejidatarios y empresarios para tomar su rebanada del pastel.

Así se han destruido centros urbanos y ámbitos naturales del más alto potencial económico, mientras la rapiña y la incompetencia pública impiden que los dividendos de la renta privada de esos negocios se convierta en financiamiento fiscal a la medida de la demanda social, y que sea más bien todos lo contrario: caos turístico, urbano y humano, y sostenida degradación del medio natural y cultural.

Quintana Roo es tierra pródiga para el despojo y la depredación. La inseguridad jurídica es de las peores del país.

Con tierras de muy alto valor para la explotación turística, y que durante las décadas de los setenta y ochenta fueron repartidas a campesinos y emprendedores que vinieron a probar fortuna desde diversas partes del país, las tentaciones de estos actos especulativos y criminales están a la orden del día.

Uno más de tantos ejemplos es el de un pequeño Ejido del Municipio de Lázaro Cárdenas, cuya riqueza de playas de arena blanca y su cercanía con la isla de Holbox le valió colocarse en la mira de inversionistas extranjeros. Sin embargo, todo el proceso de compra y venta de las tierras (disfrazado por medio de un fideicomiso, ya que la ley prohíbe hacerlo de otra manera) se encuentra estancado, en tanto un funcionario del Registro Agrario Nacional (RAN) quiere la tercera parte de esas ganancias.

Los ejidatarios afectados ya han presentado su denuncia y hasta ahora nadie les ha hecho caso. Porque el dinero que se mueve es demasiado; y lejos de resolverse la querella, cada vez más personas quieren su parte.

El pedazo del pastel

En julio de 2017, un grupo de inversionistas canadienses puso sus ojos en la paradisiaca zona de Yum Balam, en el Municipio de Lázaro Cárdenas, para construir un complejo turístico. Luego de considerar varios lugares, terminaron por elegir mil 80 hectáreas del Ejido Solferino, justo en la costa continental frente a Holbox.

Por medio de la figura del fideicomiso, les fueron ofrecidos a los ejidatarios más de 160 millones de pesos por esas tierras. Casi de inmediato, ellos accedieron, iniciando el proceso de regularizar 2 mil 10 hectáreas de uso común del Ejido, a través del cambio de régimen a pleno dominio.

Luego de casi un año cumpliendo el proceso establecido en la Ley Agraria y disposiciones legales y reglamentarias correspondientes, el 2 de marzo de 2018, Reyna Sosa Castillo, registradora integral adscrita a la Delegación en Quintana Roo del Registro Agrario Nacional, dio su visto bueno declarando que sólo hacía falta la entrega de certificados de dominio pleno.

Y fue entonces cuando comenzó el calvario de los ejidatarios. El recién designado comisionado especial del RAN en Chetumal, Juan Carlos Muñoz Escalante, se negó a iniciar el proceso de la regularización de más de mil 475 lotes ejidales, pertenecientes a los 238 integrantes del Ejido.

“Primero nos dijo que forzosamente teníamos que contratar los servicios del gestor que nos indicara para la titulación de los terrenos; sin embargo, nos estaba cobrando cinco veces más el precio normal, por lo que rechazamos”, dice Asencio Uicab, uno de los ejidatarios involucrados.

Al menos así fue hasta que, en mayo pasado, Muñoz Escalante se enteró de la millonaria oferta que les habían hecho los canadienses a los ejidatarios por sus tierras. Y entonces su objetivo fue diferente.

La contraoferta

“Nos reunió un día para presentarnos a una persona que jamás habíamos visto, y que según la información que solicitamos no trabajaba en la dependencia federal: un tal Carlos Cámara, a quien debíamos entregar forzosamente el 30 por ciento de nuestras tierras ejidales que buscábamos regularizar, casi 600 hectáreas”.

De inmediato, los ejidatarios alzaron la voz. En respuesta, les dijeron que la donación no sería gratis: por cada metro cuadrado les pagarían el ridículo precio de 5 pesos por metro cuadrado, o casi 3 millones por esos predios.

“Nos negamos, y desde entonces nos han cerrado el paso a la regularización de nuestras tierras. Incluso nos enteramos que le fueron a decir a los canadienses que, sin ellos, el RAN se iba a encargar de quitarles las tierras si se las llegábamos a vender, por lo que los inversionistas nos afirmaron que si no se resolvía este tema antes de que concluyera este año, iban a buscar otros lugares”.

Desesperados, el 18 de agosto pasado presentaron ante la Contraloría Interna del Registro Agrario Nacional, en la Ciudad de México, una denuncia en contra de Juan Carlos Muñoz Escalante, por presuntos actos de corrupción en agravio del Ejido Solferino.

Sin embargo, nunca tuvieron respuesta por parte de las autoridades federales. Una comitiva de ellos, junto con sus abogados, viajaron en tres ocasiones desde entonces sin recibir información sobre los avances de la investigación.

Por tal motivo, los días 28 y 29 de octubre decidieron dar un paso más y presentar otras dos denuncias: una ante la Fiscalía General de la República, por el delito de extorsión, y otra ante la Secretaría de la Función Pública, por responsabilidad administrativa.

“Esperamos que ahora sí nos hagan caso. Eso sí, cuando se enteraron que ya habíamos iniciado acciones legales en contra de ellos, mandaron a Cámara a reunirse con nosotros para llegar a un nuevo acuerdo”, dice Uicab.

De acuerdo con la información que proporcionó a Estosdías, durante la próxima semana se llevaría a cabo una reunión entre esa persona y los ejidatarios en un restaurante de Cancún.

Los ejidatarios adelantan su postura: no van a ceder para conseguir los títulos de su propiedad con algún tipo de condicionante. El negocio es de ellos, y solo de ellos, dicen, y no van a repartir el pastel con funcionarios corruptos.

Este semanario intentó contactar a Muñoz Escalante, pero durante las tres visitas que se hicieron a su oficina, su asistente aseguró que estaba fuera de la ciudad de Chetumal, por cuestiones de trabajo.

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