La advertencia de Trump de catalogar a los cárteles de la droga...

La advertencia de Trump de catalogar a los cárteles de la droga como terroristas, sea o no sólo un intento de aumentar su popularidad, encendió alarmas en un Gobierno mexicano empecinado en no combatir al narco con toda la fuerza del Estado

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Desde que Andrés Manuel López Obrador alcanzó la Presidencia hace ya un año, el mandatario estadounidense Donald Trump redujo significativamente su discurso de amenazas hacia México, en parte gracias a un buen trabajo diplomático por parte de ambos Gobiernos. Sin embargo, sucesos ocurridos en las últimas semanas en el lado mexicano que involucraron al crimen organizado han sido detonantes de una de las advertencias más agresivas que haya tenido Trump: los cárteles de la droga mexicanos podrían ser considerados como organizaciones terroristas para el Gobierno estadounidense. De inmediato varias voces se alzaron en contra, indignadas, asegurando que tal acción permitiría iniciar operaciones militares de Estados Unidos en suelo mexicano. Si bien no se puede descartar alguna acción directa, debido a que existen leyes en EU que lo permiten, en realidad la designación tiene que ver más con atacar las finanzas de los criminales. El Gobierno estadounidense ya ha colocado a otros grupos internacionales en esa lista, como sucedió este mismo año con la Guardia Revolucionaria de Irán, pero hasta el momento ningún comando ha emprendido acciones frontales contra él mismo. Es muy probable, también, que tal declaración nunca se llegue a dar y no sea más que otra bravata clásica de Trump. Sin embargo, es cierto que el conteo de muertos -sobre todo el de inocentes- ya no puede seguir aumentando y se requieren acciones frontales por parte del Gobierno de López Obrador para combatir a los cárteles que han hecho del terror una de sus principales armas, incluso en lugares que hasta hace no mucho parecían estar exentos del narcotráfico, como la misma capital del país, sede de los tres Poderes de la Unión.

Javier Ramírez

Dos casos que involucraron al narcotráfico llamaron poderosamente la atención del Gobierno estadounidense: el asedio, en octubre pasado, a la ciudad de Culiacán por parte del Cártel de Sinaloa tras la detención (y posterior liberación) de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, y la masacre, a principios de noviembre, de la familia LeBarón, en Chihuahua, a manos de presuntos sicarios de la organización delictiva ‘La Línea’.

Pero mientras en el primero de los casos, el Gobierno de Trump apoyó las acciones pacifistas de su contraparte mexicana para evitar un derramamiento de sangre, en el segundo, al verse afectada una familia con ciudadanía estadounidense, varios senadores de esa nación clamaron por justicia. A unas horas de ocurrido el ataque, el presidente Trump afirmó que “es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, libre una guerra contra los cárteles de la droga y los borre de la faz de la tierra”.

El presidente Andrés Manuel agradeció el apoyo, pero reiteró que la seguridad en su territorio corresponde únicamente al Gobierno de México.

Mientras tanto, la familia agraviada con la muerte de tres mujeres y seis niños anunció que solicitaría a Estados Unidos clasificar como terroristas a los narcotraficantes.

Responde Trump

El pasado 26 de noviembre, el presidente Donald Trump informó en entrevista que su administración llevaba cerca de tres meses trabajando para designar a los cárteles mexicanos de la droga como terroristas, por su papel en el tráfico de drogas y personas.

La respuesta del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, fue tajante: “México no admitirá nunca acción alguna que signifique violación a su soberanía nacional”.

Aseveró que la postura del Gobierno mexicano ya había sido transmitida a Estados Unidos, pero que mantenía su resolución de hacer frente a la delincuencia organizada con base en la cooperación y el respeto mutuo.

El canciller preveía la posibilidad de esa declaración, cuando un día antes mencionó que la misma “tendría un impacto jurídico internacional”, debido a que la legislación estadounidense permite a su armada actuar de manera directa fuera de su territorio, cuando se declara a un grupo como terrorista, algo que, afirmó, México no permitiría.

Señaló que pese a la violencia que ejercen los cárteles contra la población civil, seguirán siendo considerados como delincuencia organizada.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel, solamente comentó que México apoya la cooperación y no la intervención. También horas antes había rechazado de manera tajante la propuesta de la familia LeBaron. “No somos vendepatrias. Nuestros problemas los vamos a resolver los mexicanos. No queremos ninguna injerencia de ninguna potencia, de ninguna hegemonía, de ningún país extranjero”.

Criticó que, dentro de México, haya “voces y presiones” de la oposición conservadora que insistan en responder violencia con violencia y que deseen una intervención extranjera.

Reacciones

En el Senado de la República, la Comisión de Relaciones Exteriores, encabezada por el senador morenista Héctor Vasconcelos, rechazó cualquier intento de injerencia de los Estados Unidos en la política mexicana, pero otros, como el panista Damián Zepeda, pidió seriedad para analizar la propuesta estadounidense, al asegurar que Trump se refiere a aplicar las leyes Contra el Terrorismo y la Ley Patriota contra los narcotraficantes y no contra todo un país. De cualquier forma, dijo, se necesita combatir al crimen organizado de manera eficaz.

La postura del Gobierno mexicano incluso fue apoyada por el exlíder nacional y excandidato presidencial panista Diego Fernández de Cevallos, quien durante décadas ha sido fuerte opositor de López Obrador.

De acuerdo con el “Jefe” Diego, más allá de las diferencias políticas, los mexicanos se deben unir con el Gobierno mexicano para poder enfrentar las adversidades, si bien previó que la ‘intentona’ de Trump puede materializarse.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahora bajo la titularidad de Rosario Piedra Ibarra, señaló en un comunicado que el intento del Gobierno de Trump provoca “estigmatizaciones, discriminación, segregación de personas y grupos, propiciando xenofobia, rechazo y discursos de odio contra personas, afectando sus derechos fundamentales en razón de su nacionalidad, lo que puede traducirse en persecución, condena a priori y actos de difícil o imposible reparación, además de que se incumplen acuerdos y tratados bilaterales e internacionales”.

Agregó que las acciones unilaterales contra el terrorismo pueden ser muy perjudiciales, pues conllevan amenazas a la dignidad de las personas y afectan negativamente el establecimiento de la ley, atentando contra la gobernabilidad democrática de otros Estados.

Posibles consecuencias

Elevar a los cárteles de la droga al grado de grupos terroristas no es una idea nueva. En febrero pasado, dos legisladores republicanos enviaron una propuesta similar a la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Si bien no avanzó, el ataque contra la familia LeBarón provocó que se iniciara una petición para exigir una respuesta del Gobierno de Estados Unidos sobre el tema.

Estados Unidos tiene una larga lista de organizaciones criminales catalogadas como terroristas, las cuales han cometido matanzas y han aterrorizado a la población a nivel local o internacional. Entre ellas se encuentran: Al Qaeda, Hamás, Boko Haram, Patria Vasca y Libertad, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ku Klux Klan.

Cuando un grupo es catalogado como terrorista, el Gobierno de Estados Unidos puede aplicar dos leyes.

La primera de ellas es la Ley Pública, establecida por el presidente Bill Clinton en 1996, que otorga facultades al Gobierno estadounidense para intervenir militarmente cualquier país en el que crean que exista una amenaza para la seguridad nacional. Si esta se aplica, México no podría comprar armamento ni materiales militares a Estados Unidos, así como tampoco podría recibir préstamos internacionales.

La segunda, llamada Ley Patriota, promulgada por George Bush en 2001, permitiría a la administración de Trump sancionar económicamente a quienes apoyen a los cárteles, así como bloquear sus activos. Impediría, además, que cualquier integrante o cómplice de los cárteles ingrese legalmente a Estados Unidos y destinaría recursos a los departamentos de Defensa, Estado y de Seguridad Interior para incrementar la lucha contra dichos grupos.

Sin embargo, los expertos descartan prácticamente cualquier intento del Gobierno estadounidense de violar la soberanía y la territorialidad de México. Consideran que es más otro arrebato del presidente Trump, como ha sido su costumbre de criticar a los países del sur, pero que, en caso de sí se designara a los cárteles como terroristas, las acciones serían más bien políticas y, a lo mucho, de sanciones financieras y congelamiento de bienes de los grupos criminales.

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