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El Insabi inició con el pie izquierdo pero dice Andrés Manuel que heredará el mejor sistema de salud de todos los tiempos

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Foto: Animal Político
CIUDAD DE MÉXICO, 15ENERO2020.- Trabajadores del ex Seguro Popular, ahora Insabi, se manifestaron en las afueras de Palacio Nacional, y exigen diálogo con las autoridades del sector Salud. FOTO: VICTORIA VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM

Una de las muchas medidas anticorrupción que tomó la administración de Andrés Manuel López Obrador en su primer año de Gobierno fue cortar de tajo el llamado ‘huachicoleo’ de medicamentos. De acuerdo con lo manifestado por el presidente a mediados del año pasado, el Gobierno de Enrique Peña Nieto gastó en 2018 alrededor de 90 mil millones de pesos en la compra de medicinas y materiales de curación a tres empresas que acaparaban todas las ventas, ofreciéndolas hasta tres veces más caras que su costo real. Pero al igual que sucedió con la operación que recortó el robo de combustibles, la acción fue tan poco planeada que durante un tiempo el abastecimiento de las medicinas sufrió un fuerte golpe que afectó a gran parte de hospitales y centros de salud. Los recortes presupuestarios tampoco fueron de mucha ayuda. Las quejas por parte de los derechohabientes no se hicieron esperar y el Gobierno federal terminó adquiriendo algunos de los fármacos más urgentes -como los necesarios para atender el cáncer- en Francia. Para enfrentar este problema y mejorar los servicios de salud públicos, en noviembre pasado el Senado de la República aprobó la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en sustitución del Seguro Popular, para poder ofrecer, por medio de la Federación y ya no de los Estados, servicio universal, gratuito e igualitario a la población. Sin embargo, al ponerse en marcha en el primer día de este año, las denuncias acerca de cobros en los hospitales que tienen el nuevo esquema comenzaron a tomar fuerza. Al cabo de dos semanas el problema no ha hecho más que crecer, exhibiendo una nula coordinación entre las mismas autoridades federales, lo que ha provocado que algunos gobernadores -todos ellos de la oposición- rechacen la entrada del Insabi en sus Estados, manteniéndose aún con el Seguro Popular, aunque preparando una contrapropuesta que solucione las actuales contradicciones que hay en el nuevo programa de salud que aspira a ser de primer mundo. López Obrador, empero, ha prometido que en el curso de este año se subsanarán muchas de las insuficiencias del sistema, algunas de las cuales, ha referido, proceden de ‘diferencias de criterio’ entre las autoridades del sector. Ha ofrecido, asimismo, que dejará una institucionalidad de salud mejor a la de todos los tiempos: integral, de cobertura universal, gratuita, de calidad –en todos los niveles de atención de los pacientes y para todos los grupos de población que la demanden-. Y ha advertido que los Gobiernos locales que no respalden el Insabi tampoco recibirán los financiamientos que obtenían por el Seguro Popular.

Javier Ramírez

La premisa del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no es nada sencilla: otorgar atención médica –en todos los niveles- y medicinas gratuitas para todos los hospitales que conforman el sector salud mexicano y para todos los sectores de población que las demanden. Pero ponerla en marcha ha resultado un dolor de cabeza para las autoridades debido a que la atención en los centros de salud no sólo sigue teniendo un costo, sino que de hecho en algunos casos el mismo ha aumentado. El presidente dice que México tiene la capacidad para poder ofrecer un servicio parecido al de los países europeos, pero los funcionarios lo contradicen asegurando que es algo que se tiene que costear, y al final quienes están pagando los platos rotos son los enfermos. Y de paso, cientos de personas que trabajaban para el Seguro Popular han perdido su empleo, sin recibir su respectivo finiquito o información sobre la tan anunciada recontratación.

El fin del Seguro Popular

Creado en 2003 por el Gobierno de Vicente Fox, el denominado Seguro Popular buscaba, por medio del aseguramiento público en salud, brindar atención médica gratuita a la población carente de seguridad social. Su operación combinaba el financiamiento federal con la provisión descentralizada de los sistemas de salud de cada Estado.

La población rápidamente lo aceptó como uno de los mejores programas emprendidos por aquel ya lejano ‘Gobierno del cambio’, gracias a que con él podían recibir intervenciones y tratamientos de alto costo prácticamente de forma gratuita, por lo que fue adoptado por las siguientes administraciones federales sin cambios relevantes.

Hasta el año pasado, el Seguro Popular había amparado a 53.5 millones de personas, de las cuales casi 30 millones eran las más pobres, entre ellas 13 millones de indígenas. Asimismo, cubría 65 tipos de intervenciones en hospitales de especialidades y daba tratamientos a enfermedades graves y caras, como cáncer, VIH, hepatitis y otras más.

Según estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre 2008 y 2018 la carencia en el acceso a servicios de salud disminuyó de 38.4% a 16.2% de los hogares del país, al pasar de 42.8 a 20.2 millones de personas con esta carencia.

Sin embargo, no estuvo exento de polémicas, principalmente las que involucraban presuntos malos manejos de los recursos por parte de los Gobiernos estatales y denuncias por mala atención.

Por esas razones, el presidente Andrés Manuel aseguró que el Seguro Popular “ni era seguro ni era popular”, pues no se garantizaba el derecho a la salud de todos. Y así, ideó reemplazarlo con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), orientado –en principio- al 60 por ciento de la población, que no cuenta con seguro social.

Aprueban el Insabi

El pasado 15 de noviembre, el Senado de la República avaló la desaparición del Seguro Popular para dar paso al Insabi, lo que se logró gracias al apoyo del Morena y sus aliados, quienes obtuvieron 67 votos a favor, mientras que 22 del PAN votaron en contra y se registraron 14 abstenciones, principalmente de priistas.

En el dictamen, que se remitió al Diario Oficial de la Federación, se estableció que se trasferirían 40 mil millones de pesos del Fondo de Catástrofes al Insabi, lo que fue criticado por los legisladores de oposición, quienes objetaron que el nuevo modelo de salud se acerca más al venezolano que al canadiense, pues con el Insabi el sistema de financiamiento será federalizado.

Finalmente, el 29 de noviembre, el decreto fue publicado en el Diario Oficial, con lo que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de las leyes General de Salud y de los Institutos Nacionales de Salud, para dar paso a la creación del Insabi.

En dicho decreto se estableció que el Insabi tendría el objetivo de proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, así como impulsar, en coordinación con la Secretaría de Salud federal (Ssa) en su calidad de órgano rector, acciones orientadas a lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. En cuanto a la organización y administración de los servicios de salud, la nueva normatividad señala que se definirán criterios de regionalización y de escalonamiento de los servicios para lograr progresivamente la universalización del acceso a servicios de salud integrales.

Conflictos

En el primer día de este año se puso en marcha el Insabi en 13 Estados de la República que aceptaron adherirse al instituto. Para recibir consulta se dieron a conocer algunos requisitos, como no ser derechohabiente del IMSS o del ISSSTE, presentar alguna identificación oficial y encontrarse en territorio nacional. Además, se especificó que no habrá necesidad de inscribirse en algún padrón, como sí sucedía con el Seguro Popular.

Pero conforme pasaron los días, las quejas de los ciudadanos se fueron haciendo mayores, al asegurar que no se estaba respetando la atención gratuita y que el costo de la hospitalización había aumentado de 88 a casi 500 pesos por día.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel aseguró que el Insabí sí otorgará atención médica gratuita, sin solicitar cuotas de recuperación, en todas las clínicas y hospitales del país, al tiempo que con él se terminará con el ‘huachicoleo de medicamentos’, pues acusó que anteriormente los Gobiernos, en contubernio con empresarios y algunos dirigentes sindicales, desviaban recursos destinados a la compra y distribución de medicamentos.

Sin embargo, la Secretaría de Salud emitió un comunicado que contradecía lo dicho por el mandatario, al informar que la atención gratuita sólo se dará en los servicios médicos de primer y segundo de nivel de atención, es decir, en Centros de Salud, Centros de Salud con Servicios Ampliados (Cessa), unidades médicas de IMSS Bienestar, Unidades de Especialidades Médicas (Unemes) y en hospitales generales, rurales y comunitarios que ofrezcan servicios de primer nivel, pero no en los institutos nacionales de Salud y hospitales federales que brindan atención de muy alta especialidad, ya que de acuerdo con el Artículo 36 de la Ley General de Salud, éstos están sujetos a obtener cuotas de recuperación para la prestación de servicios de tercer nivel.

Por su parte, Marco Antonio García Ayala, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, señaló que ofrecer atención gratuita es un error de información del presidente López Obrador y su Gobierno, y pidió a su administración poner en marcha un programa nacional que detalle la manera en que opera el Insabi, así como iniciar reuniones con los gobernadores que están en contra del mismo para evitar pronunciamientos en contra del instituto.

Buscarán acuerdos

Tras la ola de quejas, ni el secretario federal de Salud, Jorge Alcocer Varela, ni el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar -quien por cierto no tiene experiencia previa en el Sector Salud al desempeñarse únicamente como administrador de varias zonas arqueológicas-, se pronunciaron al respecto. Sólo el presidente Andrés Manuel dio la cara para informar que será a más tardar el 1 de diciembre de este año cuando al menos el 50 por ciento de la población que no tiene seguro social podrá contar con servicios médicos y medicamentos de manera gratuita en todos los niveles.

“Pueden decir algunos que no se va a lograr, que es una utopía, pero el sueño se va a convertir en realidad y la utopía es lo que nos hace caminar a los ideales”, aseveró, expresando que se llegará a un acuerdo con respecto al tema de las cuotas de recuperación.

Mientras tanto quedan otros problemas por resolver, como es la creciente manifestación de exempleados del Seguro Popular, quienes aseguran que tanto los Estados como la Federación se están deslindado de sus casos, por lo que aún no saben si serán recontratados o finiquitados conforme a derecho.

Por su parte, 19 gobernadores, la mayoría panistas, siguen sin adherirse al Insabi debido a quejas por faltas de reglas de operación, además de que consideran que les restan responsabilidad para atender la salud de sus habitantes.

Encabezados por el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, los mandatarios de Guanajuato, Tamaulipas, Querétaro, Baja California Sur y Jalisco, pretenden presentar este próximo 20 de enero una propuesta al Gobierno federal para arreglar los supuestos fallos del Insabi, a sabiendas de que tienen hasta abril para tomar una decisión al respecto, además de que no están obligados a aceptar al Insabi en sus Estados.

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