Al diablo con las instituciones

Al diablo con las instituciones

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Se recorta el gasto federal para reducir el déficit fiscal. Pero el déficit fiscal no supone excesos en el gasto de inversión para más obra pública necesaria y más empleo. Supone, sí, caída en los ingresos petroleros cuando bajan los hidrocarburos -porque el país es productor de petróleo- o subida en los egresos por compra de gasolinas caras cuando suben los hidrocarburos -porque el país es importador de las gasolinas que no refina siendo productor de crudo-. Pero el déficit fiscal supone, sobre todo, endeudamiento cíclico -deuda contratada para pagar deuda que en buena medida es malversada en obra pública de mala calidad, prescindible o convertida en detergente para lavar dinero-: recursos robados o malgastados que incrementan la demanda creciente de obras y servicios que se dejan de hacer y cuya demanda justifica el mayor endeudamiento, que a su vez supone mayores robos y malversaciones, mayor deuda y mayor demanda de obras y servicios públicos. Si a eso se añade que el financiamiento lícito de partidos e instituciones electorales y anticorrupción no sirve para impedir que de las elecciones salgan liderazgos y gobernantes corruptos que siguen robando al Estado y endeudando y quebrando las administraciones públicas, resulta que los recortes impuestos por el Ejecutivo federal no sirven ni para equilibrar los presupuestos, ni para incrementar el gasto de inversión, ni para combatir la pobreza con mayor gasto social, ni para maldita la cosa.

¿Para qué recortar los gastos gubernamentales de operación si lo que se roban los presidentes de la República, los municipales y los gobernadores como Borge -que además de lo que hay, como decimos, se roban lo que sus Gobiernos piden prestado para resanar los huecos presupuestarios de lo que se roban y que es con lo que deberían hacer obra pública y proyectos de desarrollo social, con lo cual el desfalco es redondo, progresivo e irremediable: Borge, por ejemplo, legó una deuda de 22 mil millones de pesos y desfalcó algo similar, igual que hizo Félix González Canto, en términos proporcionales, quien lo legó a él-, para qué recortar los gastos de operación, decimos, si eso que se roban supera por mucho lo que se recorta?

Parece un juego estúpido. Es un juego estúpido. Es el juego perverso de la democracia que se juega en México. Pretendemos engañamos con las instituciones “autónomas” y ‘ciudadanas’ más numerosas y costosas del mundo, sólo para saber que en el Estado nacional ahora se roba con democrática legitimidad y sólo se castiga a los que roban si hay una razón política para hacerlo.

De modo que si López Obrador ganara la Presidencia de la República en el 2018 (es la alternativa pendiente: los candidatos perfilados del PRI y el PAN son lo mismo que hay y lo que ha habido), debería tomar en cuenta ciertas iniciativas posibles, más allá de la supresión de los financiamientos onerosos de la administración pública y sus funcionarios. Y entre esas iniciativas a considerar cabría, en primer término, la de suprimir las instituciones electorales y anticorrupción, cuyo financiamiento es infinitamente inferior al endeudamiento y el saqueo provocados por los gobernantes más corruptos de toda la jerarquía del poder político, pero sin que las autoridades de esas instituciones (electorales, anticorrupción, de fiscalización, de acceso a la información pública, de auditoría, etcétera) hayan tomado nunca cartas en el asunto; ¿para qué sirven entonces esas burocracias masivas donde se pagan sueldos y sobresueldos de clase mundial?; pues si con ellas no se reducen ni los saqueos ni los endeudamientos públicos ni los déficits fiscales, quiere decir que sus propios presupuestos para mejorar las cosas no hacen sino empeorarlas. Son parte de los grandes males de la corrupción nacional, no de sus soluciones. ¡Pues entonces al diablo con todas esas instituciones!

Por ejemplo.

Porque si no ha de haber corrección moral y ética entre los Gobiernos, los partidos y las Legislaturas, que se evite entonces el tiradero en burocracias electorales, anticorrupción y fiscalización que sólo habrán de seguir reproduciendo el modelo de la pudrición política en la pudrición de esas burocracias falsamente ‘autónomas’ y ‘ciudadanizadas’, y más bien de sobra politizadas en su génesis y en su confección partidista y legislativa.

Lo que procede es olvidarse de la farsa ideológica de los partidos y de la tontería de que con más leyes e instituciones habría de adecentarse la lucha por el poder, la política y la vida nacional.

Proceden los liderazgos naturales y la eficacia de las representaciones populares.

Procede votar por lo distinto y presionar sobre la eliminación de la partidocracia en las legislaciones y las representaciones institucionales.

Procede que el Gobierno federal se depure, que Hacienda no perdone la corrupción fiscal, y que la Procuraduría General de la República persiga en primer lugar a los delincuentes del poder público y haga que paguen a fondo y de manera ejemplar sus fechorías.

Procede que ningún Gobierno financie campañas electorales y que los gobernantes que lo hagan vayan a la cárcel y devuelvan el dinero que se robaron.

Proceden liderazgos fuertes elegidos con buenos y civilizados criterios en las urnas, y que el supremo poder presidencial ponga el ejemplo de la calidad de la gestión ética del Estado y dé los primeros grandes palos penales sin más nada que la consignación de las sobradas evidencias de corrupción que dejan los corruptos, y la exigencia de que en el Poder Judicial federal y en los estatales se cumpla esa encomienda o los funcionarios judiciales paguen también sus incompetencias y sus complicidades con el delito como deben hacerlo todos los políticos y funcionarios de la jerarquía del Estado nacional.

¿Una utopía?

No: una democracia mediana y relativamente funcional, donde el pragmatismo de la legalidad y un liderazgo sin cola que le pisen se imponga con fuerza y sin concesiones de arriba hacia abajo en el poder del Estado. Ha pasado en Ecuador y en Bolivia, con mandatos eficientes y con calidad moral que han transformado los paradigmas del liderazgo político sin doctrinas ideológicas, con relativa decencia, con congruencia y sentido de la legitimidad popular y la rentabilidad social del mandato representativo.

Conviene revisar el fenómeno de la corrupción pública de manera integral. Porque nos ocupamos sólo de lo que nuestra incivilidad y nuestra incultura nos advierten, y dejamos de lado lo que no sabemos ni nos ocupamos de saber. Acusamos de todo a la corrupción política, por ejemplo, pero no observamos el cáncer absoluto del vasto y decisivo Poder Judicial en todos sus órdenes republicanos, cuando en ese ámbito anidan algunas de las peores especies de la degradación.

Claro: la corrupción política, administrativa, legislativa y judicial, son cada cual intolerables, pero asociadas unas con otras, o todas juntas, son el patético México de hoy.

La violencia y la inseguridad tan soberanas y rampantes no son sólo culpa de las complicidades y las ineficiencias de los Gobiernos, ni sólo de las Legislaturas y de todas ellas juntas. La reincidencia criminal es en buena medida culpa de los jueces: de su miedo, de su incapacidad o de su negocio con los criminales. Y algunos acuerdos internacionales suscritos por México en favor de la defensa del “debido proceso” y los derechos humanos, no son sino coartadas demagogas y simuladoras en favor del poder del crimen y en contra de los derechos de sus víctimas inocentes. Preguntémonos, si no, por qué tantos sicarios del más alto perfil y con cuentas múltiples de los más atroces crímenes, son reaprehendidos una y otra vez incrementando esas cuentas y esas crueldades hasta el infinito, como tanto se sabe en Cancún y Playa del Carmen, y tanto dan cuenta las ‘notas rojas’ que pasan desapercibidas en el paisaje cotidiano del terror. El sistema judicial es un agujero sin fondo de corrupción delictiva e incompetencia institucional irremediables, que torna imposible la sanción de los peores delitos y el impedimento de su repetición, de su multiplicación, de su reparación y de la reincidencia de los criminales en ellos, del mismo modo que la ruina del sistema judicial y sus nexos con la penitenciaria y la legislativa hacen imposible la reinserción social de los delincuentes presos y readaptables, así como la garantía de que sean apenas excepcionales las consignaciones y la sentencias equívocas o dolosas donde ‘pagan justos por pecadores’, o donde los procesados inocentes terminan en los presidios, como las universidades del crimen que son, convertidos en perfectos criminales, o en esclavos de los jefes de las mafias que controlan esos presidios y que a menudo convierten en sus cuarteles, sus hoteles y sus mercados de venta de seguridad y drogas.

México no tiene –porque su calidad escolar y su consecuente cultura de la ley son de las peores del mundo- las instituciones de Justicia de las democracias educadas y funcionales con las cuales suscribe compromisos en favor de las garantías primarias y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. No hay, como decimos, un sistema penitenciario, ni procesos de readaptación social, ni autoridades policiales y ministeriales, capaces de responder a los escrúpulos normativos del “debido proceso”, y las autoridades responsables del orden judicial, en cambio, que pueden ser competentes y honorables, son apenas las insignificantes excepciones que no hacen sino confirmar la regla de la corrupción omnímoda que como en los países más atrasados, caóticos y antidemocráticos del orbe, son fuente esencial de criminalidad e impunidad, no de remedio de la encrucijada; son el problema estructural, no la solución de nada. Y es en ese contexto que las reformas modernizadoras del Poder Judicial, ante la penuria de las instituciones de su entorno y la mala calidad profesional y moral de sus representantes, se convierten en la mejor condición para delinquir y en la cobertura legal más a la medida de la sociedad del crimen entre las autoridades -policiales, ministeriales, penales y penitenciarias- y los delincuentes más poderosos y peligrosos. Porque una legislación ideal, sobre una institucionalidad y una autoridad corrompidas e inoperantes, es el arma de destrucción masiva más letal de todo sistema de Justicia. Es demagogia y retórica constitucionalista, el más artero instrumento de los grupos de poder –entre ellos los del ‘narco’ y la extorsión- en México. Y sí: es conveniente mandar al diablo todas las instituciones sustentadas en tan destructiva y retórica entelequia.

SM

estosdias@gmail.com

 

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