Antonio León, una oportunidad para el sistema de Justicia en Quintana Roo

Antonio León, una oportunidad para el sistema de Justicia en Quintana Roo

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Antonio León es un abogado pero también un hombre vinculado a la creación cultural. Ha incursionado de hecho en la narrativa (es autor del libro de relatos “Carne de cañón”, de 2006) y es un apasionado y un conocedor de las artes plásticas, en cuyo entorno ha cultivado relaciones con artistas, críticos y promotores de la producción estética, y es poseedor de obras significativas de algunos pintores importantes.

Es, pues, un letrado, en términos jurídicos y humanísticos, y hay sobrados antecedentes de ello en su tan prestigiosa como discreta y ya larga trayectoria personal y profesional, por contraste con las nulas evidencias que pudieran desacreditarlo.

Es un especialista en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio; en realidad la reforma judicial en cuestión ha ocupado buena parte de su formación y de su actividad en el sector de la Justicia, y en tal sentido el nuevo magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado es un innovador y un juez reputado y debidamente ilustrado en una materia por demás compleja dentro del proceso integral e inaugural de transformación constitucional y modernización procesal de todo el sistema de Justicia.

Mandatos gubernamentales han ido y venido, y administraciones del Poder Judicial del Estado han prestigiado o desprestigiado su encomienda y han fortalecido o debilitado su institucionalidad, y Antonio León ha preservado su integridad dentro del Tribunal al margen de las veleidades del poder político, y sus bienes personales nunca han excedido el valor de sus ingresos como servidor público.

No es un personaje de la política; el ejercicio de sus derechos ciudadanos y la inclinación de sus vocaciones ideológicas y de sus lealtades e intereses personales pertenecen al ámbito de su privacidad. Y lo que menos debería contar y servir dentro del tan sensible aparato judicial son las eventualidades de la extroversión y el protagonismo.

La consistencia, la continuidad, la serenidad, la ejemplaridad, la moderación, la firmeza, y el bagaje jurídico y cultural, tienen que ser las expresiones que destaquen las virtudes del buen proceder en el mandato supremo de la administración de la Justicia.

Antonio León no se ha caracterizado nunca por sus desplantes, por la búsqueda de reflectores mediáticos, y menos por el escándalo de traficar con la ley. Lo que sí es, es un impecable tejedor de relaciones, de acuerdos, de encuentros y convergencias. Se le dan el buen trato y la concertación. Y puede ser, en sí mismo, una magnífica oportunidad para que la Justicia se haga sentir hoy día, cuando la inseguridad apremia y los debates en torno de las nuevas reformas penales refieren tantas inconsistencias y debilidades en favor de los delincuentes.

Se requiere una mayor divulgación de las ventajas del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, pero sobre todo del ejercicio de esas ventajas en la realidad social e institucional del Estado, asediado por la violencia y por tantas muestras de impunidad.

Antonio León fue elegido por unanimidad. Y la justicia de esa decisión puede ser la mejor contra las debilidades que tanto se han padecido en el sector de la Justicia en Quintana Roo.

Antonio León, una oportunidad para el sistema de Justicia en Quintana Roo

Armando Galera

José Antonio León Ruiz fue electo por unanimidad como nuevo magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo.

Su designación abrió una nueva etapa en la historia del Poder Judicial y en sus relaciones con los demás poderes. Primero, porque parece romper el esquema de subordinación al Poder Ejecutivo –que, por lo demás, era priista y autocrático, y consideraba los tribunales como dependencias de su poder y su partido-, uno de los temas más espinosos para la institución, pues se ha considerado que los exgobernadores han impuesto siempre sus intereses en el Tribunal Superior de Justicia, y al politizarlo han degradado su necesaria independencia y jerarquía republicana en favor de la parcialidad y de la impunidad, y en contra de la neutralidad y la objetividad constitucionalistas con que deben regularse los deberes y los derechos de la sociedad.

Antonio León no fue candidato del gobernador Carlos Joaquín, pero tampoco es un personaje improvisado ni mal visto por él desde la autonomía del Poder Ejecutivo. Tiene una larga trayectoria de formación y de servicio en el Poder Judicial local, por lo que su arribo a la Presidencia ofrece expectativas de amplia soberanía de gestión respecto al gobernador, al Legislativo y los demás órganos reguladores independientes del Estado, así como un nuevo rumbo para el sistema de Justicia quintanarroense.

Claro que los retos que enfrenta no son pocos: Primero, debe trabajar en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, basado en el modelo de la probanza de las evidencias como principio de imputación sobre la presunción de inocencia (lo que suple el modelo inquisitorial, sentencioso y carcelario, como advertía el ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío, contra las críticas a la constitucionalidad aprobada por él y por la mayoría de sus colegas del Pleno, de la desgravación de delitos y delincuentes) lo que significa nada menos que una transformación de gran calado en todo el sistema de Justicia, una vez que pueda operarse con eficacia en todas las instituciones de la estructura penal; conquista que no se logrará sólo modificando leyes e invirtiendo millones de pesos en la construcción de la infraestructura necesaria, sino que requiere acciones intensivas en la capacitación de operadores, la reorganización institucional y el fortalecimiento de una cultura integral del ejercicio y el respeto a la ley.

La implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio es una oportunidad única para modernizar, actualizar, democratizar y humanizar los procesos institucionales de la Justicia, sobre los que pesan el mayor desconocimiento y la peor percepción de las mayorías.

Los pendientes del Tribunal Superior de Justicia

Uno de los principales retos del Poder Judicial es abrirse a la ciudadanía, dice el magistrado presidente.

Y es que a decir de Antonio León, la mayoría de la población desconoce el trabajo que realiza el Tribunal Superior de Justicia, al menos hasta que le toca enfrentar algún juicio.

El magistrado no está alejado de la realidad. De acuerdo con una encuesta realizada por Estosdías, 83 de cada 100 personas entrevistadas en Cancún y Chetumal, confunden las facultades del Tribunal Superior de Justicia, de la Fiscalía General del Estado y de las corporaciones policiacas, pensando que son la misma institución y que su labor se resume en detener y meter criminales a la cárcel.

“Este desconocimiento ocasiona que muchos caigan en las redes de los llamados ‘coyotes’, personas sin escrúpulos que ofrecen sus servicios a los usuarios para supuestamente agilizar sus trámites, o que algún juicio se resuelva a su favor, todo a cambio de algunos miles de pesos.

Pero todo es un engaño: estos ‘coyotes’ no tienen ninguna relación con el Tribunal Superior, y lo único que hacen es perjudicar al ciudadano, provocando que pierda dinero y en varios casos hasta el proceso judicial que seguían”.

De acuerdo con el funcionario, la mayoría de las inconformidades y quejas son consecuencia del trato que realizaron con este tipo de gente. Por eso se va a priorizar una campaña intensiva para informar y orientar a la población sobre la labor del Tribunal, para que la comunidad conozca los procedimientos y mecanismos legales que se siguen en todo juicio, así como los objetivos del nuevo Sistema Penal Acusatorio.

“Y, por supuesto, vamos a estar pendientes de que cada juez, defensor, mediador, y director de área, realice su trabajo de manera transparente, ágil, eficaz e imparcial; un reclamo ciudadano desde hace muchos años”, puntualiza.

“En resumen, vamos a tener un trabajo mucho más cercano con la sociedad. Por mi parte, puedo asegurar que voy a estar al alcance del ciudadano, porque entiendo perfectamente mi papel como funcionario al servicio suyo, de la sociedad quintanarroense. Éste será el nuevo rumbo del Poder Judicial de Quintana Roo”, enfatiza.

La relación con los otros Poderes

Uno de los aspectos que más ha sido cuestionado al Poder Judicial en su historia, es su subordinación a los intereses del gobernador en turno. No es un asunto menor, si se considera que la mayoría de los exgobernantes han buscado preservar sus negocios de poder y garantizar su impunidad con los favores de una autoridad y de una institucionalidad del sistema constitucional que están para impedir esos y otros actos de corrupción y de degradación de la investidura representativa.

Sin embargo, este esquema parece estar dejando de funcionar con la designación de Antonio León Ruiz como magistrado presidente, pues fue electo desde el interior mismo del Poder Judicial con el voto unánime de los 12 magistrados del Tribunal, quedando fuera los candidatos afines al actual mandatario estatal, lo que se ha interpretado como un mensaje de soberanía y equidad entre investiduras y responsabilidades republicanas.

Al respecto, el magistrado León Ruiz concuerda con que un Poder Judicial independiente es pieza fundamental para construir una democracia sana, pues asegura que no habrá intromisión de intereses políticos en la impartición de justicia, un hecho del que, por cierto, adoleció la anterior administración.

“Por supuesto, esto no significa que no trabajemos de manera coordinada con los demás Poderes del Estado. Incluso ya he tenido un acercamiento con el presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura, Eduardo Martínez Arcila, para ofrecer nuestro apoyo en la creación de las leyes y reformas en materia de administración de justicia.

Podemos decir que nosotros, los magistrados, jueces y todo el personal que trabaja en el Poder Judicial, somos los operadores del sistema de impartición de justicia. Por tanto, podemos ser un punto de apoyo para los legisladores locales en el sentido de aconsejarles: ‘este punto será complicado de aplicar’, ‘el sistema podrá funcionar mejor si se modifica esta ley’, etcétera. Creo que podremos ser de gran ayuda para el Poder Legislativo en este tema”.

Y es que José Antonio León considera que la legislación debe garantizar la correcta operación del Sistema de Justicia de Quintana Roo, para acabar con los ‘parches’ legislativos que aplicaban anteriores Legislaturas para paliar las deficiencias de la estructura judicial.

En cuanto a la relación con el Poder Ejecutivo, señala que será de respeto, pero con independencia.

“Después de todo, el acceso a la Justicia es un derecho fundamental muy particular, pues muchas veces funciona como una especie de protección para los ciudadanos ante cualquier acto de alguna autoridad. Es decir, representa la posibilidad de proteger a la población de las arbitrariedades que pudieran cometer los funcionarios”.

“Nadie debe tener mayor acceso a la Justicia que otros, ni la Justicia puede ser utilizada para servir a los intereses de unos cuantos, ni siquiera si forman parte del Gobierno”.

Los retos del nuevo Sistema de Justicia Penal

El magistrado presidente no es un personaje improvisado y sin experiencia en materia de impartición de justicia, de historia constitucional y reformas judiciales y jurisdiccionales. Tiene una larga carrera en el Poder Judicial de Quintana Roo, y ha vivido muy de cerca los procesos de reforma y puesta en marcha del nuevo Sistema de Justicia Penal, basado en el modelo acusatorio (juicios orales, mecanismos alternativos de solución de controversias, el fortalecimiento de la presunción de inocencia y la reparación del daño como pilares de la procuración de justicia, entre otros temas).

En teoría, este esquema pretende garantizar una justicia expedita, transparente, eficiente y confiable, una de las principales deudas constitucionales y de garantías fundamentales de las autoridades en todo el país. De hecho, existen muchas dudas respecto a si este nuevo sistema representa una mejoría respecto del sistema tradicional y su lamentable desempeño.

“Primero tenemos que tener en cuenta que se trata de una transformación de gran calado a todo nuestro sistema de Justicia. Su implementación no se logrará únicamente modificando leyes e invirtiendo millones de pesos en la construcción de la infraestructura necesaria (salas de audiencia, modernización de laboratorios de análisis de pruebas, etcétera), sino que requiere acciones intensivas en capacitación de operadores y reorganización institucional”, advierte el magistrado.

“Independientemente de esto, la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal es una oportunidad única para transformar el proceso institucional que peor percepción tiene entre la ciudadanía.

Por supuesto que las instituciones no se transforman por decreto. Lo que no queremos es que llevemos a cabo una mera simulación, la cual, bajo nuevos nombres e instalaciones, continúe escondiendo las prácticas tradicionales que tienen al Estado de Derecho en Quintana Roo en su deplorable condición actual.

Tenemos mucho trabajo por hacer, no sólo dentro del Poder Judicial sino también explicando a la ciudadanía la nueva forma de impartir justicia. Ése va a ser nuestro principal reto, pues estamos hablando de cambiar toda una forma de pensar a la que fue acostumbrada una sociedad durante décadas”.

La transparencia, el gran pendiente

Desde que Carlos Joaquín llegó a la gubernatura del Estado, buena parte de la opinión pública se centró como nunca antes en el escrutinio pormenorizado de su Gobierno, desde las acciones de sus funcionarios, el presupuesto de las nóminas burocráticas, hasta los contratos con los proveedores. Todo ello debido a la propuesta de transparencia ofrecida por el titular de la nueva administración estatal, y por el combate a la corrupción que ofreció en su campaña política contra una de las herencias de corrupción y negocios del poder inédita en la historia del Estado; una herencia derivada de un modo de ejercer la gestión de Gobierno que había intentado cerrarle las vías de la política y del Derecho para acceder al mandato estatal, y cuya lucha y oferta de reparación de las ilegalidades y obstrucciones a la justicia le dieron finalmente la victoria electoral desde una alianza opositora.

Hoy día, el Poder Judicial también ha anunciado su apertura al escrutinio ciudadano en consonancia con esos propósitos pero desde su obligada y necesaria independencia constitucional. El magistrado presidente afirma que el Tribunal Superior de Justicia ya no puede permanecer indiferente al derecho de la gente a saber cómo se imparte justicia en la entidad.

“En el caso del Poder Judicial, la transparencia y la rendición de cuentas no deben centrarse sólo en asuntos administrativos, sino también en la actividad jurisdiccional, es decir en la forma en que se emiten las sentencias”.

Explica que si el ciudadano no sabe cómo se imparte justicia, no sólo se fomenta su desconfianza hacia el Poder Judicial, sino que se abren espacios para la corrupción y su complemento: la impunidad.

Muchos son los retos que enfrenta el Poder Judicial para garantizar la transparencia en el ejercicio de la Justicia. En primer lugar, no todas las sentencias son de fácil acceso, y sólo algunas son consideradas de “interés público”. Pero el principal obstáculo es el uso de un lenguaje especializado que rebasa la comprensión de las mayorías populares, “por lo que nuestra primera labor será el procurar una expresión sencilla en sus resoluciones, que permita a la sociedad no sólo conocer y entender el funcionamiento del Poder Judicial, sino también evaluar el tipo de justicia que está recibiendo.

Que la ciudadanía tenga acceso real al trabajo y los procesos relacionados con la impartición de justicia y la solución de conflictos, es esencial para el ejercicio real de la democracia, pero sobre todo para generar confianza.

Éstos son los retos que tenemos. Y digo tenemos, porque el Poder Judicial no sólo es el magistrado presidente, sino que está integrado por mis compañeros magistrados, jueces, directores, y todo el personal que labora en esta institución.

Por eso es importante reconocer el trabajo que realizamos todos en el Tribunal Superior de Justicia. Somos un equipo, juntos lograremos darle un nuevo rumbo a la impartición de justicia en Quintana Roo”, concluyó Antonio León.

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