Ayotzinapa 43 y la tapadera oficial

Ayotzinapa 43 y la tapadera oficial

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La semana pasada se celebró en Lima, capital del Perú, el 163 período extraordinario de Sesiones de la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

                Muchos temas apremian los Derechos Fundamentales de los mexicanos, pero las cuestiones que destacaron en estas Sesionesfueron tres: los DDHH de las personas LGBTI, la situación en materia de justicia y combate a la impunidad.

                Y el seguimiento de las medidas cautelares que lleva a cabo la CIDH en el caso de los 43  normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.

              Roberto Campa Cifrián, subsecretario de DDHH de la Secretaría de Gobernación, ha tenido que dar la cara delante de las demás naciones para ofrecer la información actualizada y las “acciones que van a atender adecuadamente los desafíos en la materia”.

                ¿“Acciones que van a atender adecuadamente los desafíos”?Enorme cinismo que retrata al gobierno mexicano como el principal sospechoso de encubrimiento de este delito, después de casi 3 años de los sucesos.

                En dichas Sesiones participaron  27 organizaciones civiles y la delegación mexicana las cuales revisaron los tres puntos anteriormente citados que conforman realidades ominosas que padece México y que no se deben relegar ante el tumulto de leyes que no se aplican o suavizan penas.

                Los participantes por Méxicofueron la SEDENA, la PGR, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

                En la palabrería sin sentido y de costumbre, la SEGOB señaló a través de un comunicado que “México subraya una vez más su determinación para fortalecer las acciones y capacidades para una efectiva promoción y protección de los Derechos Humanos en el país,…”.

                Retórica que esconde responsabilidades, ineficiencia, desinterés. Y ante la falta de avances en el caso de Ayotzinapa 43, la CIDH mostró su preocupación.

Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo del Mecanismo para dar seguimiento a este caso, hizo un señalamiento severo: “No hay persona alguna en esta causa que esté siendo procesada bajo el tipo delictivo de desaparición forzada, desde diciembre de 2015 no hay ninguna nueva acusación”.

                Integrantes de este Mecanismo realizaron la segunda visita a México, entre el 19 y 21 de marzo pasado, para reunirse con familiares de los 43 jóvenes maestros y con autoridades. En este mismo mes la CIDH realizó una audiencia en Washington, en la que Campa Cifrián aseguró que “no se ha consolidado otra hipótesis distinta”.

La hipótesis a la que se refiere Campa Cifrián es aquella vergonzosa “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam: “Fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río. En ese orden. Esa es la verdad histórica de los hechos, que debe tener validez jurídica ante los órganos jurisdiccionales”.

                 Esta suposiciónya fue desmentida por el Grupo de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH desde que presentó sus conclusiones en marzo de 2016 por lo que recomendó abrir nuevas indagatorias. La CIDH ha reiterado que la difusión de esta hipótesis provoca una distancia frente a las víctimas y sus familiares y pone en riesgo la búsqueda de la verdad y la justicia.

                Y para seguir presionando al gobierno mexicano a cerrar este caso, la relatora de la CIDH para México, Esmeralda Arosamena, dijo que se acordó con la fiscalía general un cronograma que será cumplido en los próximos 6 meses para revisar los pendientes del caso.

                ¿Y cuáles son estos pendientes?

                Son dos, y son graves para la responsabilidad del Gobierno.

                En primer lugar está la necesidad de examinar “los indicios de involucramiento de miembros de la fuerza de seguridad del Estado”. Por otro lado, “hay que profundizar en la participación que tuvieron las autoridades de los distintos niveles de Gobierno”, aseguró Paulo Abrão.

                El gobierno mexicano cae en el descrédito internacional ya que, inmutable, no ha dado la celeridad necesaria para “alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo en las diferentes líneas de investigación señalas por el GIEI”.

                ¿Por qué no se han seguido nuevas líneas de investigación?

               ¿Por qué todavía no se sabe quiénes son el ‘Caminante’ y el ‘Patrón’, personajes citados muchas veces por diversas personas involucradas en los hechos?

          ¿Por qué no se ha investigado aún a 2 policías federales que fueron individualizados como presuntos responsables de encubrir los hechos?

         ¿Por qué no sabe de la posible conexión entre el caso y el traslado de estupefacientes hacia Estados Unidos?

                Estas y otras muchas cuestiones deberá responder el Gobierno de Peña.

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