Borge Angulo en México, al amparo de una magnánima reforma penal legislada...

Borge Angulo en México, al amparo de una magnánima reforma penal legislada a la medida de criminales como él

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Como no hay plazo que no se cumpla, y pese a sus intentos para evitarlo, finalmente el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, regresó al país al autorizarse su extradición este 4 de enero. Ahora deberá enfrentar a la Justicia mexicana, que lo acusa de ser presunto responsable de cuatro delitos, incluyendo un daño patrimonial contra la entidad por 900 millones 99 mil 418 pesos, por la adquisición y venta de 22 predios, varios de ellos propiedad de la reserva territorial estatal, por medio de diversos colaboradores y prestanombres que los adquirieron a precios mucho menores a los estipulados. De esta manera, Borge se une a la lista de exgobernadores puestos tras las rejas en México, donde las recientes reformas penales y la desclasificación de delitos graves a partir de ellas obra en su favor merced a la contradicción –integralmente bien planificada y legislada en favor de los más poderosos criminales- entre el idealismo humanitarista y demagogo con que han sido concebidas y la fallida institucionalidad acusadora que debe cumplir con cada vez más arduas exigencias probatorias en favor de los intereses sociales que representa y tiene la obligación de defender. De acuerdo con el nuevo sistema penal, los peores delitos de Borge no son graves y el resarcimiento de los daños, en todo caso, será por defraudaciones y hurtos probados infinitamente menores a los descomunales e incuantificables delitos cometidos por él y su banda de depredadores durante el Gobierno que la institucionalidad democrática, el electorado cómplice y sus padrinos políticos –entre ellos el exgobernador Félix González Canto y el presidente Enrique Peña Nieto, cuya campaña presidencial contribuyó a financiar con parte de lo que se robó- le permitieron ejercer. La politizada y muy mediatizada y formalista Justicia mexicana será magnánima con el criminal exgobernador cozumeleño, y lo que pueda devolver del inmenso patrimonio robado y de la rentabilidad que le prodigue no será sino una burla más, de las tantas de la historia de la corrupción que define a los hombres del poder en México como los más grandes saqueadores y enemigos de su país y del interés público en el mundo entero.

Borge Angulo en México, al amparo de una magnánima reforma penal legislada a la medida de criminales como él

Javier Ramírez y Salvador Montenegro

La carrera política del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, es inexistente (si por trayectoria entendemos no sólo el paso circunstancial por algunos cargos públicos sino el mérito de obtenerlos y el legado en ellos).

La llamada ‘nueva generación’ a la que pertenece es la de los más devastadores mozalbetes de la vida pública llegados al poder de la mano del más rotundo fracaso democrático mundial que ha sido la emergencia del pluralismo mexicano, una catástrofe peor que la del autoritarismo neoliberal precedente, y donde la política fue el instrumento de la voracidad más libertina de los actores públicos de ocasión de entonces, que en la tierra de nadie del llamado cambio democrático y por descerebrados e incompetentes que fueran, tuvieron la suerte de poder usufructuarla en su favor convirtiendo las administraciones públicas en patrimonios privados, y donde los gobernantes en turno podían heredar el poder a sus súbditos más incondicionales y rapaces, como hizo Joaquín Hendricks en Quintana Roo con Félix González Canto y éste con Roberto Borge Angulo, una caricatura moderna de Calígula que llegó a sentirse emperador y hoy es un presidiario víctima de las veleidades de la política y no de las urgencias democráticas de la Justicia.

Durante su paso por la gubernatura, Borge Angulo se encargó de reciclar a los colaboradores de su ‘mentor’ -por así decirlo: el padrino que lo eligió a su imagen y semejanza, pero reeditado y empeorado-, el saliente gobernador de entonces, Félix González Canto, con lo que garantizó la continuidad del triunfalista grupo de la ‘nueva generación’, cuyo objetivo esencial en el ejercicio del poder –sin programa ni proyecto de ningún tipo- era robar a toda mano, sin reparar en la bancarrota y la inviabilidad a que condenarían al Estado.

Su sexenio tenía que caracterizarse por la frivolidad, la inmovilidad, el derroche y el financiamiento grotesco de proyectos políticos ofensivos y ridículos, a la medida de las dimensiones políticas del líder y modelo de sus idolatrías, Enrique Peña Nieto, que no dudó en promoverlo, junto con el ahora también reo veracruzano Javier Duarte, como ejemplo del ‘nuevo PRI’, ese nuevo PRI del que Peña es el mejor ejemplo y del que tantos mexicanos hoy día esperan corra la misma suerte presidiaria de los exgobernadores juveniles de su especie porque desde el supremo poder de la nación ha contribuido a hacer del país una patética piltrafa moral así tratado en todo el mundo.

La derrota

Sin embargo, la inconformidad y la protesta generalizada contra sus excesos y demenciales despropósitos de poder, continuadores de una degradación política, económica y moral iniciada con Hendricks, ocasionaron que en 2016 el candidato a la gubernatura de su partido y del grupo cozumeleño de su pertenencia, Mauricio Góngora Escalante, fuera aplastado por el también exedil de Solidaridad y exsubsecretario de Turismo federal, Carlos Joaquín González, quien había sido postulado por la coalición PAN-PRD luego de que Borge le impidiera competir por el Revolucionario Institucional.

Antes de dejar el cargo, Borge intentó ‘blindarse’ con la ayuda del Congreso local mediante la imposición de diversos funcionarios que se encargarían de borrar sus imborrables huellas de saqueador implacable que se creyó su propio cuento de líder invicto e infalible de cuatrero electoral. Sin embargo, no contó con que el PAN y el PRD serían mayoría en una nueva Legislatura que iría llamando a cuentas a todos sus cómplices y excolaboradores, vistos como acérrimos enemigos gracias al inmoderado desprecio y a la enfermiza beligerancia con que Borge y sus aliados trataron siempre al actual gobernador y a sus seguidores.

De esta manera, prosperaron varías denuncias presentadas por la asociación civil Somos Tus Ojos Quintana Roo y por el Gobierno panista-perredista por la adquisición de 10 mil hectáreas propiedad del Estado a un precio ridículo -con la ayuda de diferentes prestanombres y funcionarios públicos de su administración-, así como por la compra de terrenos en Cancún y Cozumel en beneficio de su familia y personas cercanas, y el lavado de grandes sumas de dinero mediante la empresa Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe, conocida también como Barcos Caribe.

Pero el golpe mayor vino del Gobierno federal, que necesitaba cartas para jugar en la estratégica elección del Estado de México y requería delincuentes políticos propicios y a la mano con quienes lavarse las manos de su propio desprestigio, y condenó entre ellos a dos que habían financiado con sus vulgares atracos a sus respectivas entidades –el quintanarroense Borge y el veracruzano Duarte de Ochoa-, la carrera presidencial del exgobernador mexiquense que ahora no tenía más remedio que venderlos como carne de justicia con propósitos electorales, y, en el caso de Borge, el 12 de junio de 2016 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que luego de cinco auditorías realizadas al gobierno borgista se detectaron desvíos y manejo inadecuado de recursos en su último año por 55 millones 757 mil 280 pesos, afectando principalmente al Sector Salud. De igual manera, en agosto de ese mismo año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reveló que al menos 25 empresas fantasmas realizaron obras o servicios para el Gobierno estatal entre 2011 y 2016.

Tras la denuncia del gobernador Carlos Joaquín por la venta de terrenos propiedad del Estado, la Procuraduría General de la República aseguró en febrero del año pasado 25 predios en Quintana Roo vinculados a Borge, que habían sido vendidos a precios de barata contra su valor comercial. El 31 de mayo de ese año, el Juzgado de Distrito Especializado en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en el Estado de México, liberó finalmente una orden de aprehensión en su contra por desvío y lavado de dinero, siendo boletinado a la Interpol para su búsqueda internacional.

La detención

Desde que dejó el cargo, Borge se había dedicado a viajar a Florida, Cuba y Bahamas, acompañado de su amante, la exdiputada federal Gabriela Medrano Galindo. Durante meses su actividad pasó inadvertida, hasta que las investigaciones de la PGR identificaron a diversos colaboradores, entre éstos Gabriela Medrano, que lo apoyaban en la logística de traslados mediante la compra de diversos boletos de avión, así como de la renta de departamentos y habitaciones de hotel en diferentes ciudades. De esta manera, finalmente se logró su aprehensión en Panamá el 4 de junio de 2017, cuando se disponía a abordar un avión que lo llevaría a Europa. Dos días después, el Gobierno de Panamá dio por legal su detención y ordenó que fuera llevado a una prisión. Para el 15 de septiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país había concedido su extradición a México.

Días después del anuncio de la extradición, uno de sus abogados confirmó que fue trasladado de la cárcel El Renacer, a orillas del Canal de Panamá, a la sede principal de la Policía Nacional, debido a que la Cancillería de ese país consideró que existía riesgo de que se fugara.

Una vez ahí, Borge inició una huelga de hambre para protestar por las supuestas condiciones infrahumanas en las que estaba, así como por las presuntas violaciones a sus derechos. Su abogado, Arturo González Baso, aseguró que el exmandatario era “víctima de tortura psicológica”, al ser encerrado en una celda solitaria, esposado de pies y manos, además de que sólo podían verlo 45 minutos al día, como máximo. Por ello, dijo, presentaron ante la Suprema Corte un recurso legal para se verifiquen las condiciones de reclusión, pero no prosperó.

La extradición

El 29 de diciembre pasado, las autoridades panameñas confirmaron que el exmandatario sería extraditado a México el 4 de enero. La cancillería panameña, junto con personal de la Policía Nacional, coordinó su traslado hacia el hangar del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) en el aeropuerto de Tocumen.

Tras firmar el Acta de Entrega, el exgobernador quedó a disposición de funcionarios del Gobierno mexicano y la Procuraduría General de la República (PGR) para su traslado a bordo del avión Challenger, matrícula XB-NWD.

Según trascendió en los medios de ese país, Borge se molestó cuando los agentes le impidieron vestirse formalmente antes de viajar. Lo transportaron con pantalones cortos, una camiseta blanca y su chaleco antibalas, aunque luego sus abogados le proporcionarían unos pantalones de mezclilla y una camisa azul de manga larga.

También le entregaron las pertenencias que portaba al momento de su detención: tarjetas de crédito, gafas de sol, tarjeta del Price Mart, cajas de habanos, dinero en efectivo en dólares y euros, celulares y conectores del teléfono.

Pasado el mediodía, el avión llegó al hangar de la PGR en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde el exmandatario permaneció durante más de una hora para cumplir con los trámites consulares necesarios para ser puesto a disposición del juez de Control que ordenó su detención, Enrique Beltrán Sentés.

Posteriormente, fue trasladado desde el aeropuerto a Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, a bordo de una camioneta Suburban color blanco blindada y custodiada por agentes federales.

Al llegar, los elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR lo pusieron a disposición del juez de Control para que diera inicio la audiencia en la que se le informó sobre la acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita que se emitió en su contra.

Las acusaciones

La audiencia inicial del exgobernador inició a las 17:01 de ese mismo día en el penal de Neza-Bordo, donde el juez de Control José Artemio Zúñiga le leyó los cargos. Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso del exmandatario por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su modalidad de ocultar bienes procedentes de una actividad ilícita.

Sin embargo, aconsejado por sus abogados, Borge se reservó su derecho a declarar ante las imputaciones formuladas por la PGR por los delitos de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado.

Finalmente, la mañana del viernes 5 de enero, el juez de Control lo vinculó a proceso por su probable participación en calidad de coautor de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de ocultamiento de bienes, resultado de una actividad ilegal.

Además, determinó decretar la medida cautelar de prisión preventiva justificada por riesgo de fuga, por lo que el exmandatario estatal fue trasladado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Morelos.

Asimismo, el juez concedió un plazo de seis meses a la PGR para cerrar la investigación complementaria contra el exgobernador por el delito de lavado de dinero.

Las investigaciones

Mientras tanto, en Quintana Roo, el fiscal general del Estado, Miguel Ángel Pech Cen, reconoció la disposición de la PGR y de la Justicia federal para lograr ubicar, detener y extraditar al exgobernador, recordando que en el Estado tiene tres órdenes de aprehensión en su contra por aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado, por el que de manera inicial se le imputa un quebranto económico a las arcas, de tres mil 104 millones, 823 mil 279 pesos y 70 centavos.

Por ello, informó que fueron enviados al Centro del país un fiscal especial, un comandante de la Policía Ministerial y cuatro policías ministeriales de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, quienes se encargarán de dar puntual seguimiento a los trámites de los oficios de colaboración en la Procuraduría de la Ciudad de México y la Fiscalía General del Estado de México para estar en posibilidad de cumplir las tres órdenes de aprehensión contra Borge Angulo.

Vale recordar que el pasado 3 de enero fue detenida otra de las excolaboradoras y presuntas cómplices del exgobernador, Paula González Cetina, exdirectora general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), a quien se le acusa de desviar mil 56 millones de pesos de la paraestatal, por órdenes de Borge Angulo.

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