Candidatos ricos, policías en paro

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Candidatos ricos, policías en paro

Las campañas en torno al voto andan por ahí. Pero son más muertos de los que se habla en estos días, que de soluciones para evitarlos.

No hay manera de mejorar los pobres salarios de los policías locales, cuando el derroche de la propaganda electoral es progresivo.

La droga cunde en los paraísos turísticos del Caribe mexicano, al tiempo que se festina el éxito turístico.

La marginalidad y el crimen se desbordan al paso de las grandes inversiones inmobiliarias.

Y los candidatos pasan con sus ambiciones desbocadas y los cuentos chinos de una demagogia rupestre y circular, levitando sobre las nieblas de una realidad invisible cuya sangre no los salpica ni los conmueve.

Agentes ministeriales y personal de la Fiscalía del Estado se desmovilizan en protesta por las malas condiciones laborales. Los cuerpos de seguridad pública de los Municipios no están mejor. La cualidad profesional de unos y otros es de las peor calificadas del país (y las del resto del país, son de las peores del mundo).

Las principales ciudades se expanden como la peste sobre peligrosos arrabales sin orden y sin ley, mientras candidatos y autoridades alientan la inmigración indigente –a cambio de simpatías y sufragios para sus partidos- con promesas de urbanización de asentamientos irregulares que acaban siendo pobreríos violentos e insalubres.

Y el ruido de la propaganda, financiado con miles de millones de pesos –en la más costosa e improductiva de las democracias del planeta, con el voto más caro de todas ellas, aun sin contar el financiamiento negro que se sustrae de los erarios para comprarlo a los electores más pobres o a los más inescrupulosos-, pasa bordeando los problemas mayores de un entorno inviable y con periodo de caducidad, mientras los candidatos siguen hablando de ocurrencias sin fondo, de nimiedades turísticas, de ‘pueblos mágicos’, de equidad de género, de mejoramientos deportivos, de gestiones insulsas, de legislaciones estériles, y de fatuidades que advierten que el cambio venidero tras el uno de julio será el de la inercia del mismo desbarrancadero.

No se necesitan cuentas y cifras de gran rigor aritmético y estadístico. Pero es sabido que si el presupuesto de la institucionalidad electoral en el país es de más de 25 mil millones de pesos, y el que se destina a los partidos y a los candidatos independientes es del orden de los siete mil millones, eso hace la friolera de mucho más de treinta mil millones; y que, como lo estiman algunos estudios especializados, la corrupción mexicana, que es también de las más depredadoras del orbe, suele elevar esa cifras tres veces más, mediante las desviaciones y los saqueos que hacen todos los Gobiernos del país, de los recursos que deben administrar en nombre de los ciudadanos, para hacer ganar a toda costa a sus partidos y a sus particulares candidatos, lo que hace de cada periodo electoral el más caro de la historia: del orden de los treinta y tantos mil millones de pesos legales, los comicios que vienen, y de bastante más de cien mil millones en total, consignando los recursos adicionales ilícitos con que ya estarán fondeando los gobernantes a sus partidos y a los candidatos de su interés.

El incremento presupuestario en doce años –o dos sexenios presidenciales- ha sido de más del cincuenta por ciento. Y hacer estimaciones sobre el deterioro de la vida democrática de México en ese periodo, entre la Presidencia del panista Felipe Calderón y la del priista Enrique Peña Nieto, no parece difícil: la inversión democrática es la de gastarse el patrimonio nacional haciendo más vistoso e infalible el desfiladero.

Las ciudades turísticas más rentables, cual las del Caribe mexicano, son ahora las más invivibles e inseguras de su historia. La miseria y las aberraciones de todo tipo–ambientales, culturales, urbanas y humanas- se esparcen por sus periferias al ritmo del crecimiento de la inversión en elecciones, del endeudamiento público, del déficit fiscal, de la deficiencia de servicios básicos, y de las plagas incontenibles del vicio, la violencia y la degradación generacional, donde la entidad caribe se distingue rompiendo siempre todos los récords de la nación y de buena parte del mundo.

Los consejeros y los magistrados electorales de la cúpula federal cobran cientos de miles de pesos cada mes, y decenas de miles, los funcionarios de la jerarquía inferior.

Las leyes políticas y electorales, como todas las reformas del tipo del año 2000 a la fecha, son unos mamarrachos en gran medida ininteligibles, inaplicables y susceptibles de toda suerte de inventos, interpretaciones, confusiones, y sentencias arbitrarias y discrecionales.

Toda la comunidad de ‘ejecutivos’ de esas instituciones y las de transparencia y anticorrupción, tienen salarios de primer mundo, en uno que se hunde en el saqueo de los bienes públicos de sus liderazgos y sus gobernantes, y donde los policías estatales y municipales prefieren tratar con las bandas del ‘narco’ que esperar la buenaventura de un ingreso digno sobre la condición inexcusable de las aptitudes éticas y profesionales aprobadas bajo reglas de estricta competitividad.

Mientras los costos democráticos no produzcan representaciones públicas alternativas, la democracia mexicana seguirá siendo un fraude de beneficios exclusivos para las cúpulas políticas y sus grupos de interés.

Por eso hace falta un verdadero golpe de timón en el poder presidencial que sacuda ese árbol torcido. Pero si Andrés Manuel López Obrador alcanza ese mandato y no da ese manotazo republicano, el sistema democrático seguirá engordando con dinero público, y, las ramas torcidas del Estado, tirando frutos podridos que no pararán de pervertir el huerto de las instituciones.

Antes de la democracia, se malversaban las elecciones porque el partido autoritario controlaba su organización administrativa, su evaluación legislativa y su sanción judicial. Pero si la pluralidad y la alternancia fueron posibles luego, ¿por qué tuvieron que crearse instituciones autónomas, con masivas burocracias y presupuestos desmesurados, si a final de cuentas sus directivas iban a ser nombradas por los representantes de los partidos en las Legislaturas, donde siguen predominando las decisiones de los jefes de esas franquicias electorales y de los Gobiernos?

¿Para qué todo ese costoso y aparatoso sistema autónomo?; ¿no había ya pluralidad y alternancia suficientes en los Poderes de elección del Estado para gestionar comicios, y una autoridad judicial soberana para sancionarlos?

Y si ya se contaba con esa pluralidad y esa alternancia, ¿por qué más órganos autónomos –federales, estatales y municipales- para vigilar el comportamiento de los orgánicos?; ¿quién habría de vigilar el comportamiento de aquéllos si no éstos, los orgánicos?

¿No es, todo eso, una redundancia ridícula donde la corrupción idiosincrática y sistémica no reconoce autonomías ni formalismos constitucionales, ni se extermina por decreto?

Los candidatos no se comprometen con la realidad porque no la conocen, porque no les interesa, o porque no tienen liderazgo ni respuestas frente a sus problemas; son producto de las decisiones del estatus quo partidista y gubernamental, sobre una legislación constitucional amorfa, legislada en contubernio y de manera tramposa, y a la medida de ese estatus quo y de esa ilegítima estructura de poder.

Una reforma política y electoral útil debiera plantearse la transformación integral y radical de un sistema de elecciones que es cada vez más oneroso y fallido, que con más y más dinero y más partidos y candidatos produce Poderes públicos y realidades sociales cada día más decadentes e incorregibles: consejeros electorales y anticorrupción, y partidos y candidatos, ricos, por ejemplo, en el mismo Estado de policías estatales y municipales que prefieren ligarse con los criminales que liarse con ellos, porque no tienen modo de capacitarse y, a menudo, ni dónde caerse muertos.

Nada de eso está en el discurso ni en el propósito representativo de la mayoría de los candidatos (cuando toca la excepción de que articulan un discurso y tienen una propuesta verdadera). Y sí, tiene razón López Obrador en una cosa: En términos de financiamiento, sólo con suprimir los dispendios del sistema electoral podría mejorarse de manera sustantiva no sólo el aparato de seguridad pública, sino buena parte de los programas de desarrollo del país.

Ése es un pendiente histórico de esta democracia inviable. Ése, y que si no Peña, por lo menos Anaya, pise el bote, por petulante y criminal. Y que el chihuahuense César Duarte también entre a la cárcel, y Javier Duarte y Roberto Borge no salgan de ella, cual símiles suyos que son y Peña quiere liberar. Claro: enjaular a unos y mantener enjaulados a otros levantaría el coro de: ‘ya llegó –como Maduro- López, el represor’. Pero no hacerlo levantaría el coro de: ‘otro que llega para engañar’.

Ah: y tiene, el tabasqueño –si está enfermo como dicen- la obligación de no morirse. Si lo hace, levantaría el coro conspiranoico de: ‘otro que mata Salinas y su grupo de poder’.

P’a su mecha… qué democracia tan maloliente la nuestra, que mata a cualquiera, y a golpe de especulaciones, en la víspera.

SM

estosdias@gmail.com

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