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César Duarte, otro exgobernador del PRI a punto de ir al ‘bote’ por crímenes similares a los de sus excolegas presos de Veracruz y Quintana Roo

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El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, estaría a punto de seguir los pasos penales de los exmandatarios presos de Veracruz y Quintana Roo, Javier Duarte y Roberto Borge, dos de los más conspicuos representantes generacionales del PRI de la era de la democracia, el ‘nuevo PRI’, cuyo líder mayor y ejemplo a seguir de todos ellos ha sido el exgobernador mexiquense y presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien de ganar Andrés Manuel López Obrador la próxima sucesión presidencial podría formarse también en la fila de esos delincuentes tricolores que tanto han contribuido a destruir el país, como el exgobernador tamaulipeco, Tomás Yarrington, detenido actualmente en Italia bajo cargos en Estados Unidos de nexos con el ‘narco’ y lavado de dinero (por los cuales también se investiga en Estados Unidos al sucesor priista de Yarrington en Tamaulipas, Eugenio Hernández –otro de la ‘nueva generación’ y el ‘nuevo PRI’-, y al sucesor de Hernández, Egidio Torre), del mismo modo que Duarte y Borge están en cárceles de Guatemala y Panamá, respectivamente, acusados en México de astronómicos desfalcos contra los patrimonios públicos que ‘administraron’. El paso criminal de César Duarte por la gubernatura de Chihuahua es el mismo modus operandi de sus iguales mencionados: benefició a amigos y familiares a quienes designó en puestos clave para atracar la administración pública y enriquecerse hasta la demencia, y para desviar recursos destinados a financiar a sus particulares candidatos a todos los ‘puestos de elección popular’ –como se les dice- dentro del PRI, su partido; un partido que, por otra parte, desde su dirigencia nacional y en un vano intento por sacudirse un poco la imagen de corrupto que en los últimos años se ha ganado a pulso más que nunca, ahora les da la espalda y expulsa a los exmandatarios procesados, como acaso le dé también la espalda a Peña Nieto, lo expulse y lo crucifique asimismo en el calvario de todos los grandes priistas ladrones que han traicionado a su partido, si éste pierde las presidenciales. Todos los exgobernantes presos y los que andan con el ‘Jesús en la boca’ pensando que pueden ser los presidiarios venideros, estarían hoy disfrutando la gran vida en cualquiera de los paraísos para potentados del mundo, si al amparo de la protección y del ejemplo presidenciales no hubiesen rebasado, con la colaboración de sus más incondicionales y cómplices colaboradores, todos los límites de la impudicia política y del saqueo público, ni hubieran apostado todo a que con las toneladas de recursos malversados del erario que dejaron en bancarrota y las porciones salariales que robaron a los trabajadores iban a lograr que los candidatos de pacotilla a sucederlos en el Gobierno ganaran las elecciones y mantuvieran el mismo tren de latrocinios y crímenes legado por ellos y para el eterno beneficio de sólo ellos y los suyos; y si no hubiesen sido, además de tan cleptómanos y ruines, tan mentalmente lerdos y enanos para no darse cuenta de que el envilecimiento extremo del poder harta y aturde hasta a los pueblos más abúlicos e inermes, y que en esa lógica y al cabo de tanta insolencia y tanto libertinaje a costa de la desgracia de los demás, los votos en su contra -a través de sus candidatos- terminarían siendo más que los comprados con los desfalcos presupuestarios, y que hasta muchos votantes pagados terminarían, cada vez más, sufragando en contra suya porque finalmente entenderían que votar por ellos era votar para que siguieran robando y empobreciendo a los que vendían su voto en tres o cuatro pesos. Y si bien es cierto que casi todos los políticos presos no van presos porque se haga justicia sino porque otros políticos lo deciden para curarse en salud o porque hacen falta culpables para la causa eventual de la purificación política y partidista, lo cierto es que a la opinión pública y a sectores importantes del electorado les gusta que los rufianes del poder, mientras más cínicos y arrogantes son y más intocables se sienten, más miserables se vean cuando los aprehenden y más paguen parte de sus culpas tras las rejas (aunque sea sólo una parte, porque a menos que sean acusados por ‘narcos’ en los Estados Unidos, cualquiera sabe que en México robar al Estado es un delito menor, por más que se le robe casi completamente, y que con las reformas penales de nueva generación los más beneficiados son los peores delincuentes, es decir los políticos). Pero por lo pronto parece que la mesa está puesta para que otro exgobernador, otro Duarte, sea detenido, y sólo faltaría que el PRI determine el escenario político más propicio para que la caída de éste, uno más de sus ejemplares de la ‘nueva generación’ y el ‘nuevo PRI’, se convierta, como el veracruzano y el quintanarroense para la causa del triunfo urgente en el Estado de México, en un nuevo bono electoral. Si ocurre, habrá que ver dónde es que lo utilizan, porque además este Duarte pesa más, por menos robusto que en lo físico sea, que los otros dos pobres diablos que penan tras las rejas en Centroamérica.

Javier Ramírez

La carrera política de César Horacio Duarte Jáquez, oriundo de Hidalgo del Parral, Chihuahua, comenzó poco después de salir de la universidad en 1977, cuando ocupó cargos en diversos grupos afines al Partido Revolucionario Institucional que lo fueron impulsando hasta convertirse en secretario general y presidente del Comité Municipal del tricolor en su ciudad de origen. Desde ahí llegó a ser diputado federal en 1997 y diputado federal electo en dos ocasiones: en el 2000  y en el 2006. Fue en su último periodo cuando la bancada del PRI lo eligió como presidente de la Cámara en el tercer año de ejercicio de la Legislatura. Tras concluir el cargo, manifestó su interés en convertirse en candidato a la gubernatura de Chihuahua.

El 28 de febrero de 2010, César Duarte fue nominado candidato a la gubernatura, luego de ser el único en registrarse para la contienda interna. El día de las elecciones derrotó al candidato del PAN Carlos Borruel y asumió la gubernatura en octubre de ese mismo año.

Durante su administración, Duarte designó a amigos y familiares en diversos cargos, la mayoría en instituciones educativas o como asesores, lo que le valió una fuerte crítica por su nepotismo. Además utilizó su cargo para comprar grandes extensiones de tierra a precios muy inferiores a su costo real, entre éstos una finca denominada El Saucito, de seis kilómetros cuadrados, en apenas 716 mil pesos. Los viajes al extranjero, utilizando aeronaves oficiales del Estado, también fueron frecuentes.

En septiembre de 2014, el abogado Jaime García Chávez denunció penalmente a César Duarte y al secretario de Hacienda de su Gobierno, Jaime Herrera, por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, y uso indebido de atribuciones y facultades, luego de que saliera a la luz un contrato de fideicomiso en Banorte constituido por el mandatario y su esposa y fondeado con recursos ilícitos, que sirvió como contrato de acciones de lo que sería el Banco Progreso Chihuahua, del cual Jaime Herrera sería accionista. De acuerdo con la denuncia, el Gobierno del Estado hizo una serie de depósitos millonarios para hacer parecer a la Unión de Crédito Progreso Chihuahua como banco.

Poco antes de terminar su periodo como gobernador, Duarte envío al Congreso local una iniciativa que incluía una nueva deuda por más de seis mil millones de pesos que se sumarían a los 43 mil millones ya existentes, así como un ‘paquete de impunidad’ que afectaría al Gobierno entrante del entonces gobernador electo Javier Corral Hurtado. La propuesta fue finalmente aprobada con 23 votos a favor y ocho en contra. De esta manera la deuda estatal se elevó a 55 mil millones de pesos y fue comprometida a ser saldada con los bonos generados por las próximas administraciones.

En entrevista para Milenio Televisión, días antes de concluir su mandato, César Duarte intentó salir al paso de las críticas por el ‘paquete de impunidad’           y acusó a diputados del PAN de cobrar ‘moches’ a los alcaldes, lo que, dijo, generó que su administración decidiera hacer reformas contra la corrupción. Concluyó asegurando que “de ninguna manera me van a ver en la cárcel”.

Luego de rendir protesta al cargo en octubre del año pasado, el nuevo gobernador panista Javier Corral anunció que emprendería una serie de investigaciones en contra de su antecesor, basándose en la entrega-recepción de las dependencias y la denuncia penal de Jaime García, además de “lo que fuera saliendo”.

Poco antes de terminar el año, un sector de ‘militantes distinguidos’ del PRI nacional solicitaron la expulsión del partido de los exgobernadores César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge, debido a las denuncias que había en su contra y que afectaban, decían sin rubor alguno, la ya de por sí mala imagen del Revolucionario Institucional.

Comienzan a caer sus cómplices

El 27 de marzo de este año, las investigaciones dieron sus primeros frutos. Las autoridades pusieron en marcha la llamada “Operación Justicia para Chihuahua” y en cuestión de horas lograron la detención de Javier Garfío Pacheco, Gerardo Villegas Madriles y Ricardo Yáñez, extitulares de las Secretarías estatales de Obras Públicas, de Hacienda y de Educación, respectivamente.

Javier Garfío está acusado por un quebranto de 328 millones de pesos relacionado con la venta de predios del Municipio Labor de Terrazas. Gerardo Villegas es inculpado por el desvío de recursos públicos por 250 millones de pesos mediante la simulación de contratación de bienes y servicios. Ricardo Yáñez es acusado del desvío de recursos públicos por 246 millones de pesos mediante la simulación de contratación de diversos servicios que nunca fueron prestados.

Ese mismo día el gobernador Javier Corral anunció que se había librado orden de aprehensión contra César Duarte, quien aparentemente había escapado a El Paso, Texas. Dos días después la Interpol emitió la llamada “Ficha Roja” para la localización y detención del exmandatario.

Poco después, el 7 de mayo pasado, fue detenido Antonio Tarín García -exdirector de Adquisiciones y uno de los principales operadores financieros de Duarte-, a quien meses antes se la había impedido rendir protesta como diputado local en suplencia del fallecido Carlos Hermosillo Arteaga. Se le acusa de peculado agravado por el desvío de 120 millones de pesos.

El 10 de junio las autoridades pusieron tras las rejas a Jesús Esparza Flores, exauditor del Estado, por haber manipulado el resultado de varias auditorías para encubrir al entonces mandatario.

El pasado 20 de junio fue aprehendido en la ciudad de Puebla el empresario Germaín Lezama Cervantes, otro cómplice de César Duarte. Según las autoridades, Lezama Cervantes, en su calidad de representante legal de la compañía Kepler Soluciones Integrales S. C., aportó la documentación para simular el procedimiento de contratación de servicios profesionales “Asesorías en la aplicación de mejora continua y transparencia de los procesos contables, financieros y administrativos”, bajo el número de contrato CH/ AD/ 098/15, firmado el 31 de julio de 2015, por un monto de 120 millones de pesos. En este movimiento participaron el exdirector de Administración, Gerardo Villegas, y el exdirector de Adquisiciones, Antonio Tarín.

Otros colaboradores de Duarte que han sido detenidos son Sergio Medina, extitular de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda estatal, por pagar 379 millones de pesos por la contratación de servicios que nunca fueron prestados, y Karla Areli Jurado, exdirectora de Administración de la Secretaría de Educación, quien está acusada de desviar 246 millones de pesos simulando la contratación de servicios profesionales para la dependencia.

El fraude a los trabajadores

El pasado 20 de junio, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) solicitó la detención de César Duarte luego de que se integrara un expediente con pruebas suficientes que demuestran que desvió recursos públicos a favor de su partido, el Revolucionario Institucional.

De acuerdo con las investigaciones, durante su administración César Duarte ordenó descontar a los empleados gubernamentales 10 por ciento de su salario para destinarlos al fortalecimiento económico del PRI estatal. Un total de 700 trabajadores resultaron afectados con la retención de ese porcentaje, el cual se concentraba en una cuenta de la Secretaría de Hacienda. Cada mes se expedía un cheque que era entregado al tesorero de dicho partido, Pedro Mauili Romero, sin reportarlo al Instituto Nacional Electoral u otra instancia local. El monto total de los recursos desviados durante seis años ascendería a más de 79 millones de pesos.

El titular de la FEPADE, Santiago Nieto, advirtió que en el delito no sólo estaría involucrado César Duarte, sino también los líderes del partido que recibieron el dinero.

Finalmente, un juez federal citó al exgobernador a comparecer este viernes 23 de junio en relación con las denuncias que el Gobierno de Chihuahua interpuso ante la FEPADE por el presunto desvío de recurso públicos a favor del PRI. También fueron citados cinco excolaboradores de Duarte y dos exfuncionarios del Comité Directivo Estatal del PRI. Según la demanda, también se pidió citar a la diputada local Karina Velázquez Ramírez, quien fue presidenta del CDE del PRI, y quien el fin de semana fue hospitalizada por un malestar que no fue considerado de gravedad.

 

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