Combatir la corrupción pasa por erradicar la Justicia criminal

Combatir la corrupción pasa por erradicar la Justicia criminal

41
0
Compartir

Signos

Hemos sostenido, a menudo, que en el México de la democracia se ha legislado de mal en peor; que cuando no se ha legislado mal por incompetencia, se ha hecho por dolo, por interés político, con intención delictiva y sin sentido del perfeccionamiento institucional, del bienestar general, la paz social y la justicia; es decir: más allá de la retórica, de la demagogia, de la conveniencia partidista y de los beneficios de los grupos de poder que han burlado al Estado de Derecho y destruido al país con el discurso de la democracia, y que más lo han hecho –y eso es lo peor- desde que fue celebrado el advenimiento de esa democracia, de la alternancia en el poder, de la civilidad, la pluralidad y esas yerbas de la modernización de la vida pública, la legitimación del mandato popular y… todas esas formas de validar e institucionalizar la corrupción de todos los tiempos, la que, por esa misma politiquería constitucionalista, no hizo sino fortalecerse, consolidarse y ser más perniciosa y lesiva que nunca; tanto, que un electorado masivo, ajeno a los valores de la civilidad forjada en las escuelas y curtido en la genética y en la cultura de la inmoralidad y la impunidad, optó en las urnas por el radicalismo de una promesa de liderazgo nacional tan simple como utópica: el fin de esa corrupción que ha sido principio del éxito en la vida pública, y el mejor y más rápido camino de ascenso y de prosperidad de los ciudadanos.

Hemos sostenido siempre que esa peste legislativa de la era democrática y de sus vísperas neoliberales privatizadoras y salinistas, está en el centro de la multiplicación de tantos gobernantes y representantes populares y líderes políticos de toda ralea, que han entendido la oportunidad del ejercicio público –al amparo del formalismo reformista y la institucionalidad emergente- como no más que la posibilidad de hacer negocios sucios y fortunas descomunales, y para quienes la violencia y la descomposición generalizada de la paz social, de la convivencia humana y del medio natural, no son sino daños colaterales del muy mexicano modo de entender y de asumir la suerte del poder político.

Dice el presidente López Obrador, y hemos coincidido con él aquí, que la mayor proliferación de leyes, instituciones, autoridades y mecanismos para combatir la corrupción, defender los derechos democráticos y evitar las malas prácticas en el desempeño del servicio público y el uso del erario, tiene el mismo origen y el mismo tiempo que aquellos en que los gestores fundacionales de todas esas iniciativas parlamentarias derogaron -dentro de la categorización establecida en el sistema penal- los actos de corrupción como delitos graves; y que la insultante y costosa masividad de esa estructura burocrática dirigida por una numerosa élite de funcionarios con ingresos y privilegios entre los más altos del mundo –fijados por las cúpulas partidistas y sus representaciones legislativas del momento, es decir: a su imagen y semejanza; es decir: tan corruptos como ellas y tan bien pagados para operar a su servicio y al de sus grupos de poder, pero como un instrumento de simulación de autonomía, y dentro de la absurda contradicción real y formal de sancionar y evitar la malversación de la investidura de los representantes de los tres Poderes republicanos en sus niveles federal y estatales-, no sólo no ha tenido, entonces, dicha estructura autónoma contra la malversación del interés público, el propósito de castigar y contener los delitos de corrupción, sino de encubrirlos y de promoverlos, lo que constituye, acaso, el plan más perverso, demoledor y eficaz en contra de pueblo alguno sobre la Tierra, y que obligaría a ser desmontado en todas y cada una de sus partes, y a perseguir a todos y cada uno de los falsos exservidores públicos, funcionarios, exlíderes y líderes en funciones, que se han beneficiado de él y que deben pagar por eso.

En el mismo sentido, y para legitimar y garantizar la corrupción, ha sido fraguado, de manera convergente, el llamado nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, donde los formalismos y los contrasentidos legales e institucionales funcionan más en favor de los criminales que de sus víctimas indefensas, y que de la mayoría de los ciudadanos de bien.

El perfeccionismo leguleyo e instrumental de ese sistema de Justicia –ideado sobre el molde de los que rigen en las potencias democráticas, para ‘aplicarse’ en una institucionalidad primitiva y disfuncional-, y la inutilidad de una estructura anticorrupción donde los delitos de corrupción no son considerados como ‘delitos graves’, no puede sino obrar en favor de autoridades políticas, policiales, ministeriales y judiciales cómplices –de acción o de omisión-, y de los peores y más poderosos profesionales del delito.

Y tal circunstancia-donde algunas de las leyes y las instituciones fundamentales contra la impunidad y en favor de la Justicia han sido creadas, en realidad, en favor de lo que dicen combatir- no puede sino ser la más propiciatoria de las condiciones del crimen y de la reincidencia de sus autores.

Si consignar y comprobar la culpabilidad de un solo sicario o de un jefe criminal puede ser tan arduo como imposible en relación con el más leve de sus delitos, la multiplicación de sus decenas de homicidios e ilícitos mayores o menores está garantizada, lo mismo que la libertad y la levedad de las sentencias contra los más grandes culpables del saqueo y el uso indebido de los bienes públicos, cuyos perjuicios esenciales, de acuerdo con la ley, no son delitos graves.

Y así, la gran mayoría de los mayores delincuentes siguen libres como el viento, o están detenidos y a la espera de condenas mínimas,o a las puertas mismas de la calle tras una breve estancia vacacionalen el presidio.

Así, algunos homicidas liberados salen a ultimar a quienes los denunciaron, o a los policías que los capturaron e hicieron posible que los procesaran (y que, si hubieran previsto la venturosa suerte de sus detenidos y la tragedia de la suya propia, mejor habrían optado por no correr el riesgo de cumplir con su deber, como prefieren hacer tantos que mejor se cruzan de brazos para evitar complicaciones, cuando no se cambian de bando, donde pueden ganar más, con más impunidad y exponiéndose menos).

Si las leyes, las instituciones y las autoridades funcionaran en contra de la corrupción y en favor de la justicia, no tendría que hablar la secretaria de Gobernación y exministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, con los titulares de los tribunales de Justicia ni conminar a los jueces a cumplir con su responsabilidad profesional y ética, ni manifestar su respeto a la autonomía de los Poderes republicanos, ni nada de todo eso. Los funcionarios corruptos de cualquiera de esos Poderes –constitucionalmente soberanos-, en todos sus niveles, habrían de ser consignados y puestos tras las rejas como grandes criminales; y, del mismo modo, los sicarios y sus jefes y los delincuentes todos, tendrían que no ser beneficiarios de procesos penales pensados más a partir de los derechos de ellos y de todos los verdugos, que en los de quienes más merecen y requieren la protección del Estado.

Combatir la violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad, no puede sino pasar por una profunda revolución legal e institucional de un sistema democrático donde el peor de los delitos y de los daños al país ha sido la estrategia de la legitimación reformista de la delincuencia mayor, desde las representaciones parlamentarias que han estado al servicio de la oligarquía, de las mafias criminales, y de los más ilegítimos y aviesos gobernantes.

SM

estosdias@gmail.com

You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

No hay comentarios

Dejar una respuesta