Desde la fundación misma del Estado, la improductividad del agro ha sido...

Desde la fundación misma del Estado, la improductividad del agro ha sido una mina de oro de funcionarios, líderes y clientelas partidistas rurales, caciques ejidales, y ‘campesinos’ a la caza de financiamientos asistencialistas y de todo tipo de siniestros ficticios que se puedan alegar, para cobrar

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La onda tropical que azotó a Quintana Roo durante los días 14 y 15 de junio ocasionó graves afectaciones a hogares y carreteras de la zona rural del Estado. Sin embargo, existe un sector que, como cada año, busca beneficiarse de este tipo de siniestros: el de los ejidatarios y campesinos que, azuzados por corruptos dirigentes, aprovechan la más mínima inclemencia del tiempo para dar por perdidos sus cultivos y así reclamar el pago del seguro. Mientras tanto, las autoridades estatales no se quedan atrás, pues durante años, y principalmente durante las administraciones encabezadas por Félix González y Roberto Borge, utilizaron a la entonces denominada Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru) como una más de sus ‘cajas chicas’ para financiar campañas partidistas espurias y candidatos serviles, o para triangular presupuestos y robárselos sin más ni más. Así extinguieron el invento de Hidroponía Maya, de Carrillo Puerto, creado por su antecesor Joaquín Hendricks con cientos de millones de pesos que se fueron a la basura con todo y su demagogia de desarrollo económico en un entorno indígena, y así lo vendieron como cascarón inservible y sin darle cuentas a nadie, para robarse el dinero.Por eso el campo quintanarroense no es competitivo, ni lo será. Está devastado por las plagas de la politiquería, los cacicazgos, el clientelismo y la rufianería ejidal que quiere vivir sólo de extorsionar a los Gobiernos o de la complicidad con sus autoridades. Por eso el discurso aquel de fomentar la producción del campo local ante el horizonte del gran consumo turístico del Caribe mexicano, era sólo palabrería de funcionarios de la peor especie. Y con esos discursos, esos funcionarios y esos liderazgos ejidales, la producción del campo quintanarroense está más que muerta y enterrada, mientras el dispendio presupuestario en los programas de fomento del sector y la industria campesina de la cobertura de los siniestros sigue viento en popa, lo mismo que los éxodos del campo en quiebra hacia las ciudades sin alternativas laborales.

Armando Galera

“Tomen fotografías de sus tierras inundadas; pero no de todo, sólo de las partes donde se vea más el agua”, fue el mensaje que recibieron cientos de campesinos luego de las intensas lluvias que azotaron Quintana Roo en días pasados.

Los emisarios fueron, como siempre, líderes ejidatarios que utilizan como pretexto hasta la más mínima lluvia o sequía para exigir millones de pesos como pago del seguro por siniestros de las parcelas de campesinos.

El cuento de nunca acabar:En vez de hacer productivo el campo quintanarroense cuando les es posible, más de 13 mil campesinos del sur y centro de Quintana Roo (los del norte turístico son más bien excampesinos-empresarios que hacen negocios con la expansión urbana y los cambios de uso de suelo y de densidades inmobiliarias, la industria particular de los alcaldes de esos territorios) se esmeran en ‘simular’ que trabajan la tierra, esperando la oportunidad para cobrar los 2 mil 500 pesos que las autoridades federales les pagan por hectárea siniestrada, como indemnización del Seguro Agropecuario Catastrófico.

De acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca (Sedarpe), cada año se desembolsan para este rubro un aproximado de 7 millones 600 mil de pesos destinados a la zona rural de José María Morelos, 3.4 millones para Felipe Carrillo Puerto,2.5 millones para Bacalar y 9.6 para Othón P. Blanco.

Son casi 23 millones de pesos lo que se paga en indemnizaciones para un campo que al año genera ingresos por apenas 67 millones, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Y si la autoridad se atrasa con el pago, o la aseguradora no considera que las milpas sufrieron algún tipo de afectación valorable debida a la inclemencia climática, los dirigentes campesinos utilizan sin consideraciones de ninguna especie la tradicional y exitosa opción de bloquear carreteras federales como medida de presión, aunque con ello afecten a otras actividades económicas que sí generan desarrollo para el Estado.

Por su parte, la autoridad responsable de impedir tales ilícitos federales de la mayor flagrancia constitucional, sólo atestigua las maniobras del delictivo proceder frente a sus narices. Es cómplice pasiva y de omisión de ese crimen organizado disfrazado de reivindicación social, con lo que contribuye a que en lugar de un tipo de delitos asociados (ataque a las vías generales de comunicación, daños a tercerosy otros), se cometan dos (relativos a la complicidad institucional, la inoperancia de la autoridad, incumplimiento del servicio público, en fin).

Cada vez menos competitivo

En 2002, los cultivos en Quintana Roo generaban un valor de producción por 370 millones de pesos, cultivándose 12 mil 280 hectáreas con una producción de 55 mil toneladas de 17 tipos diferentes de producto, de acuerdo con información de la Secretaría federal de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Ése fue el último año de crecimiento para el Estado en cuanto al cultivo del campo se refiere. Desde entonces, la producción ha venido decayendo. Los datos de 2016 revelan que los ingresos apenas llegaron a los 67 millones de pesos, con 14 mil hectáreas cultivadas y una producción de 14 mil 700 toneladas.

Es decir: se tiene más tierra para cultivar, pero cada vez se produce menos. Los datos señalan que el 80 por ciento de las unidades de producción agrícola del campo en Quintana Roo tienen problemas precisamente para producir, lo que obliga a importar el 75 por ciento de los productos agropecuarios desde otras entidades, con el consecuente incremento de los costos y los precios, lo que hace de Chetumal, por ejemplo, una de las ciudades más caras del país.

Una de las razones es el nido de corrupción en el que se convirtió la entonces denominada Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru, hoy Sedarpe), siendo utilizada como una de las‘cajas chicas’ de los gobernadores en turno en lugar de una estructura de impulso al campo quintanarroense.

La Fiscalía General del Estado señala que tan sólo durante el sexenio del ahora exgobernador preso Roberto Borge fueron desviados casi 5 mil millones de pesos a través de la Sedaru, por medio de transferencias disfrazadas de apoyo al campo.

De hecho, durante 2012 y 2016, la Sedaru era la dependencia que más recursos operaba al año, casi el 20 por ciento del presupuesto anual del Estado, sin que se haya visto reflejado en un aumento en la producción y la competitividad agrícolas en la entidad.

Incluso, en esos años, la producción del campo decayó en 80 por ciento, a pesar de que fueron cultivadas las mismas hectáreas que en años anteriores.

La Fiscalía estatal presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por dicho desfalco (sin que hasta el momento se hayan dado a conocer los nombres de los imputados a los medios de opinión pública), y se estima que la corrupción que implica a la dependencia estatal data de hasta dos sexenios atrás, aunque la ley impide investigar desde esos tiempos porque los delitos han prescrito y dicha caducidad salva de los mismos a los exgobernadores Joaquín Hendricks y Félix González, y a los excolaboradores suyos que en su tiempo saquearon la dependencia en cuestión.

Campesinos sin interés en producir

Pero no sólo las autoridades estatales se dedicaron a simular con el campo del centro y sur del Estado para vaciar las arcas destinadas al sector.Una gran cantidad de campesinos han sido acostumbrados por sus dirigentes no a vivir de trabajar, como querría el apóstol del agrarismo, y hacer producir la tierra, sino a ganar sin hacerlo mediante el truco institucionalizado de cobrar seguros por parcelas falsamente siniestradas.

El año pasado, grupos de campesinos bloquearon en tres ocasiones tramos carreteros estratégicos del Estado para exigir el pago del seguro por haber perdido, según ellos, los cultivos de sus parcelas durante la época de lluvias.

Por lo regular las aseguradoras pagan 2 mil 500 pesos por hectárea siniestrada. Si el promedio es de 30 hectáreas por campesino, significa que cada uno de ellos puede llegar a recibir hasta 75 mil pesos al año por este rubro.

Por supuesto que los trabajadores del campo no reciben su dinero de manera íntegra. Ellos mismos refieren que sus dirigentes, como el secretario general de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Bacalar, Manrique Rodríguez Ventura, ‘cobran’ una comisión –el consabido ‘moche’- del 20 por ciento sobre el pago por cada hectárea, por el trabajo de “representarlos y velar por sus intereses”, claro está.

En otras palabras, quiere decir que el campo quintanarroense es cada vez más improductivo: se pierden las cosechas por supuestos siniestros naturales –como sequías e inundaciones-, y aparte el Gobierno debe invertir en una aseguradora para que ésta, a su vez, les pague a los campesinos que no producen nada. Porque si no lo hacen, como sucedió este año, los campesinos adscritos a la CNC recurrirán a la vieja y segura estrategia de bloquear carreteras para presionar a las autoridades.

El pasado 18 de junio,97 ejidos de Othón P. Blanco, Bacalar y José María Morelos informaron que sus tierras de cultivo se habían perdido por los embates de la onda tropical de días anteriores, y por tanto exigían la cobertura del seguro.

Sin embargo, el portavoz de la aseguradora Agroasemex explicó que las primeras investigaciones revelaron que sólo 900 hectáreas sufrieron daños irreparables en sus cultivos, y no 5 mil 800 como aseguran los presuntos afectados.

Por tal motivo, los ejidatarios han amenazado con bloquear las principales interconexiones entre los Municipios de José María Morelos y Othón P. Blanco, como una medida de presión para el pago del seguro.

Sobre las declaraciones de Agroasemex, respondieron que, si bien algunas milpas aún no muestran daños, dentro de las próximas semanas comenzarán a secarse como consecuencia del fenómeno conocido como ‘lluvia ácida’ o ‘caliente’ (chokojá, en maya), que a decir de ellos ‘quema’ las cosechas, incluso las semillas que ya germinaron.

Por su parte, Agroasemex ha declarado en varias ocasiones que no pocos campesinos utilizan vinagre y otros herbicidas para ‘quemar’ una parte de sus cultivos y simular el siniestro para que se les pague.

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