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El alcoholímetro y el ‘Torito’, redondo y millonario negocio del director de tránsito cancunense y de su jefe, el presidente municipal

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A los policías de seguridad pública y de tránsito no se les respeta, se les teme, por la arbitrariedad con la que operan y la impunidad que los ampara. Donde el crimen reina e impone sus fueros, como en las principales ciudades del Caribe mexicano, la autoridad policial suele estar al servicio del hampa con la complicidad del poder político que se sirve de ella y a la que sirve. Y, en esa lógica, no hay agente policiaco que pueda escapar de los criminales que controlan las corporaciones, porque su ley es implacable: o se someten o mueren, o sus familias pagan las consecuencias de su rebeldía. Así operan, por lo regular, el poder político y el policial, en una entidad donde los Municipios de mayor consumo de estupefacientes y de alcohol, como los principales destinos turísticos, son territorios violentos de disputas entre bandas criminales y son ensangrentados, asimismo, por la masividad del crimen común, derivada de una incontenible inmigración que incluye numerosas colectividades analfabetas y brutales. Y no podría ser de otra manera si en la Fiscalía General misma del Estado, su titular se manda solo, no resuelve ni los crímenes comunes más atroces ni los de mayor impacto, y no hay poder público, ni Ejecutivo ni Legislativo, que lo releve del cargo. Y, en tales condiciones, no podría ser de otra manera, tampoco, que en las prácticas de extorsión policial realizadas con el alcoholímetro, como en Cancún, las víctimas con bajos y tolerables consumos etílicos terminen pagando sobornos de miles de pesos, y cárcel y multas que constituyen verdaderos atracos y despojos patrimoniales, y donde, por supuesto, tal extorsión no podría de ningún modo incidir en reducción ninguna del consumo de alcohol y de accidentes por esa causa, y sí, en cambio, en incrementar los niveles de recaudación delictiva de la autoridad municipal y de repudio ciudadano a dichas prácticas de una institucionalidad constituida para defender a la comunidad y no para usar la ley de manera dolosa y en su contra. Por lo demás, si bien el alcoholímetro puede medir la intoxicación etílica, no lo hace con la intoxicación narcótica, por lo que los drogadictos no alcoholizados están a salvo, lo que supone, también, un selectivo abuso de poder que exonera, en primer término, a no pocos agentes policiacos viciosos, que actúan drogados, que forman parte del crimen organizado no oficial, que actúan con toda prepotencia y exceso de fuerza, y que asaltan a mano armada confiados en que el cuerpo de seguridad pública al que pertenecen forma parte de un sector del hampa asociado al poder político municipal. Y así, los retenes del alcoholímetro tienen el principal objetivo de fungir como la ‘caja chica’ de las autoridades municipales en turno, lo que en Cancún representa casi 100 millones de pesos en multas, sobornos, pago de abogados de la peor calaña, y cobros por arrastre de grúas;un recurso que en gran medida termina en los bolsillos de los funcionarios involucrados y de las empresas que pagan su ‘cuota’ para poder tomar su tajada del pastel.Claro que este programa sólo sirve para eso, pues después de seis años de haber sido impuesto no ha logrado disminuir los accidentes debidos a la ebriedad de los conductores. A ese tipo de negocios es a los que se dedican los alcaldes, y por eso la mayor parte de los dineros que se pagan a las autoridades de los Ayuntamientos no entran a las arcas de las Tesorerías y se quedan en los bolsillos de los delincuentes que tienen esa investidura de autoridades, y por eso las grandes ciudades turísticas no cuentan siquiera con nomenclaturas que identifiquen sus calles más allá de los primeros cuadros, las invivibles barriadas crecen sin orden y sin ley hasta el infinito, y por más crecimiento económico al que aludan los discursos de los gobernantes nunca hay financiamiento fiscal suficiente ni siquiera para la obra y los servicios públicos básicos, nunca hay solvencia financiera, y siempre sobrarán las deudas insostenibles que consumen la mayor parte de los erarios.

Armando Galera

Rodrigo M. cometió el pecado de compartir unos ‘tragos’ con sus amigos en viernes por la noche. ¡Tremendo error! Su penitencia fue caer en el retén del alcoholímetro de la Avenida Kabah de Cancún. Con .42 de alcohol en la sangre, se hizo acreedor al pavoroso encierro en ese infeccioso muladar que esel ‘Torito’.

De inmediato le marcó a su padre para pedirle que se llevara su automóvil mientras era trasladado a dicho Centro de Retención Municipal, eufemismo de la pocilga enrejada. Sin embargo, los agentes de Tránsito se negaron a su petición: su vehículo, junto con los otros 27 cuyos dueños también dieron positivo a la prueba del alcoholímetro, sería trasladado por una grúa de la muy conocida empresa Carmona a un corralón privado, a pesar de que el Reglamento de Tránsito Municipal establece claramente que si el conductor es detenido, un familiar o acompañante que se encuentre apto para conducir puede manejar el vehículo en tanto el infractor cumple con la multa correspondiente.

El juez cívico le impuso a Rodrigo una sanción de 36 horas de reclusión en el célebre ‘Torito’, no sin antes recomendarle que contratase los servicios de uno de los abogados que se encuentran en las instalaciones, a fin de obtener un amparo y no pisar las celdas –eufemismo de los chiqueros-.

Fueron cuatro mil pesos los que le cobró el abogado, aunque no fue sino hasta el final que le leyeron las letras pequeñas: el amparo le otorgaba libertad de manera “temporal”, pues luego debía de regresar al ‘Torito’ a cumplir con las horas de reclusión, si es que quería su automóvil de vuelta.

Recuperar su vehículo también se convirtió en un calvario. Primero le cobraron 270 pesos por una “Constancia de arresto por alcoholímetro”, garantía de haber cumplido las horas estipuladas como sanción.Luego, la ‘empresa’ Carmona le exigió un pago de 11 mil 900 pesos para entregárselo. En total, una noche de copas le salió en casi 16 mil pesos.

Por supuesto que la ley debe cumplirse, pero lo cierto es que el programa Cero Alcohol –eufemismo de extorsión legal a los automovilistas que huelen a alcohol y que no alcanza para los que andan drogados y no huelen, porque no hay un ‘Cero drogas’-, impuesto desde 2012 por el Ayuntamiento de Benito Juárez, se ha convertido en una abundante mina de oro para el alcalde en turno –eufemismo de Alí Babá- y otras autoridades municipales de su entorno.

Sólo para extorsionar

De acuerdo con las estadísticas de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio cancunense, cada año se registran un promedio de 45 accidentes protagonizados por personas en estado de ebriedad.

Sin embargo, esta cifra representa apenas el 8 por ciento de los accidentes de tránsito en la ciudad de Cancún. El exceso de velocidad es culpable del 40 por ciento de ellos, y de un 27 por ciento lo es la falta de precaución del conductor. El resto de los percances lo ocasionan los vehículos del transporte público de pasajeros.

A fin de combatir ese terrible 8 por ciento, desde 2012 se implementa el programa Conduce sin Alcohol por parte de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito. Pero lejos de ser una herramienta efectiva (pues no ha logrado disminuir el número de accidentes provocados por la embriaguez), se convirtió en un lucrativo y fraudulento negocio para las partes involucradas en su operación y sus beneficios.

En primer lugar, los agentes de tránsito piden entre mil y 2 mil pesos a quienes rebasen los .40 gramos en la prueba del alcoholímetro, a fin de no hacerse acreedores a una multa y evitar ser metidos tras las rejas del ‘Torito’.

“La cuota diaria” de la cacería de presuntos beodos en cada retén, de acuerdo con lo dicho por los mismos agentes, es de al menos 30 víctimas.

Antes, la multa por cliente atrapado en la red de los retenes del alcoholímetro era de entre 5 mil 700 y 7 mil pesos, además de otros 800 pesos en cuotas adicionales.

Desde 2012 y hasta 2014, la Dirección de Tránsito Municipal detuvo a un promedio de 450 incautos al mes, lo que se traduce en ingresos por 2 millones 700 mil pesos mensuales ounos 33 millones al año.

Sin embargo, en las cuentas públicas municipales sólo se anotaban entre 4 y 5 millones de pesos de ingresos por concepto de estas ‘pescas’, por lo que el destino de los restantes 30 millones nunca fue transparentado, aunque para nadie es un secreto que terminaba en los bolsillos de los directores de Tránsito y del edil o jefe de la mafia municipal en turno, lo cual era posible debido a que, en lo que al concepto de multas se refiere, las leyes de ingresos municipales no obligaban a aclarar cuánto dinero ingresaba durante todo el año, sino sólo la cantidad que se “esperaba recaudar” desde el principio del ejercicio, pues, en teoría, es imposible conocer cuántas multas se impondrán durante los doce meses.

Pero un cambio al Reglamento de Tránsito Municipal ahora señala que si el alcoholímetro marca más de .40 de alcohol, el conductor ya no será acreedor a una sanción económica sinoa ser encerrado en el llamado Centro de Retención entre las 12 y las 36 horas.

El nuevo negocio

Pero si no se imponen multas, ¿cómo se mantiene el turbio negocio del ‘Torito’?

En primer lugar, un grupo de ‘abogados’ tiene la tarea ‘exclusiva’ de cobrar entre 4 mil y 6 mil pesos para tramitar un amparo a los infractores, a fin de evitar ser enviados de inmediato alos cuchitriles del Centro de Retención Municipal.

Lo que los ‘abogados’ –por llamarles de alguna manera- no dicen es que dicho trámite es totalmente gratuito si se realiza directamente ante el Poder Judicial de la Federación. Tampoco especifican que el infractor debe regresar al ‘Torito’ para terminar de cumplir sus horas, si es que quiere recuperar su vehículo.

Para nadie es un secreto que dichos ‘abogados’, o cómplices de la industria de la estafa, entregan al director de Tránsito una ‘cuota’ del 50 por ciento por cada amparo ‘tramitado’ –eufemismo del derecho de los automovilistas a librar el secuestro-,y cada semana se ‘tramitan’ entre 30 y 40 amparos, lo que se traduce en 200 mil pesos semanales.

Pero la corrupción no termina ahí. Para que el timado ‘infractor’ recupere su vehículo debe obtener de la Dirección de Tránsito una “hoja de liberación”, la cual certifica haber cumplido con las horas de arresto: un simple papel por el que se pagan 270 pesos, dinero que no entra a las arcas del Municipio, por supuesto.

En 2017 fueron multados ‘por conducir en estado de ebriedad’ un promedio de 500 personas al mes, y casi 900 durante la temporada alta-cuando se instalan hasta cuatro retenes simultáneos en diferentes puntos de la ciudad, desde los miércoles hasta los domingos-: casi 9 mil enese año, los que se traduce en 2 millones 470 mil pesos por el cobro de las ‘hojas de liberación’ y 7 millones y medio por la mitad de lo que los abogados cobran en amparos para ‘liberaciones exprés’ de tales secuestros de la mafia municipal.

El negocio de las grúas, parte de la trama de corrupción

El costoso abuso de las empresas propietarias de las grúas que se llevan los vehículos de los automovilistas ‘alcoholizados’ forma parte de la sociedad del crimen municipal del secuestro vía el alcoholímetro y el ‘Torito’.

El precio normal de arrastre por las grúas en Cancún ronda entre los 2 mil y los 5 mil pesos; pero cuando se trata de un retén del alcoholímetro, los costos pueden variar entre los seis mil y los 20 mil, dependiendo del vehículo; ¿por qué?, pues porque son tarifas del hampa, como el ‘derecho de piso’ que se tiene que pagar a las bandas del ‘narco’ dedicadas también a la extorsión y el secuestro, puesto que no existe un precio homologado ni un tabulador de precios. Cuando un infractor acude al corralón a recoger su vehículo, se encuentra con la amarga sorpresa de que debe pagar mil pesos de arrastre, 700 por el ‘banderazo’ (a pesar de que la grúa se encuentra en el lugar de los retenes), entre 4 mil y 8 mil pesos por “maniobras”, casi 5 mil pesos por resguardo, y entre 200 y 2 mil por liberarlo del corralón.

Grúas Cardona, Grúas Riviera y Grúas Figueroa, son las ‘empresas’ que gozan de la ‘exclusividad’ de formar parte de los retenes por alcoholímetro, a pesar de que el Reglamento de Tránsito Municipal obliga al Ayuntamiento a contar con sus propias grúas para mover los vehículos que son secuestrados, un instrumento legal inoperante como todos los que están sometidos a las mafias.

Si se toma en cuenta un costo promedio de 10 mil pesos por vehículo, significa que se trata de un negocio de casi 84 millones al año, de los cuales una cantidad sin especificar es pagada como ‘cuota’ a la autoridad en turno para poder tener la ‘concesión’ de trabajar en los retenes.

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