El combate a la impunidad en el ejercicio irregular de la administración...

El combate a la impunidad en el ejercicio irregular de la administración pública…

12
0
Compartir

Impunidad es una palabra con la que nos topamos constantemente en el glosario de términos políticos que se maneja en los corrillos públicos, en los cafés, en reuniones de trabajo de grupos sociales, de partidos políticos, de ciudadanos pendientes del quehacer gubernamental, en artículos periodísticos y manifestaciones masivas de militantes y activistas de todo tipo.

Impunidad es una palabra fuerte, un concepto que lleva a la idea de la invulnerabilidad ante las leyes que suele investir a los poderosos, estén éstos en el sector público-gubernamental, en la empresa privada o en la delincuencia organizada.

Impunidad significa la falta de castigo por la comisión de algún delito, cualesquiera que este sea: el robo que comete un ladrón de manera tan sigilosa que es imposible de indagar por autoridades incompetentes, el homicidio que no deja rastros que lleven a quien o quienes lo cometieron, el hurto hormiga cotidiano que cometen contra sus usuarios empresas de servicios telefónicos, de agua potable, de energía eléctrica, bancarios y de seguros.

La mayor impunidad, sin embargo, se registra en el ámbito político gubernamental, por los enormes montos y los graves daños que ocasionan a la ciudadanía. Porque las irregularidades y delitos que se cometen con los presupuestos públicos y con el ejercicio indebido del poder, no se hacen en sigilo:  se arman y planean abiertamente, con la participación de quienes deben sancionarlos.

Por eso, es la impunidad que impera en nuestro país el mal mayor que alienta la corrupción y propicia la comisión de muchos otros delitos en todos los ámbitos de la sociedad porque se le pierde el miedo y el respeto a quienes están para sancionarlos.

De ahí pues la importancia que tienen las acciones emprendidas por el gobierno que encabeza el gobernador Carlos Joaquín González para sancionar las irregularidades, desvíos y hurtos multimillonarios de recursos públicos que presumible y ostensiblemente cometieron muchos de los integrantes de la administración estatal que encabezó, hasta septiembre del año pasado, Roberto Borge Angulo en Quintana Roo, así como de los ayuntamientos quintanarroenses que terminaron su gestión hace doce meses.

No hay un precedente histórico en la entidad ni en el país, como el que están sentando las acciones llevadas a cabo hasta ahora por la Auditoría Superior del Estado, de las que ya se han desprendido 27 demandas que involucran a 84 funcionarios estatales y municipales de las recién pasadas administraciones públicas de los dos niveles de gobierno, tendiente a terminar con la impunidad inercial que imperaba hasta antes del cambio de partido en el gobierno estatal que se suscitó hace un año como consecuencia del hartazgo social que provocaron los excesos del grupo priísta que ostentó el poder con Borge Angulo a la cabeza.

Hay antecedentes históricos de ajustes de cuentas personales o políticos entre los integrantes de un gobierno que entraba y los del que salía. Así como los de un gobierno estatal priista que por cuestiones políticas le aplicó la ley a su modo a un presidente municipal opositor.

En ningún caso fue la aplicación estricta de procedimientos legales la que determinó el castigo o la exoneración de los políticos y funcionarios indiciados, como sí lo fue la decisión política de quienes en su momento tuvieron el mando para aplicar el castigo o el perdón a su personal criterio o interés:

Durante el primer trienio de su gestión el gobiernodel doctor Miguel Borge Angulo, enjuició y procesó por desvío de recursos del erario municipal al que fuera presidente del municipio Othón P. Blanco, José Ascencio Navarrete; sin embargo éste nunca fue detenido durante el primer sexenio borgista y se entregó al inicio del gobierno que encabezó Mario Villanueva Madrid, quien le arregló un muy a modo “juicio unistancial” en el Tribunal Superior de Justicia del Estado que presidía Miguel Mario Angulo Flota, para exonerarlo de manera económica.

El propio Villanueva Madrid, que a la postre fue perseguido y procesado por delitos relacionados con el narcotráfico, apenas tomó posesión como relevo de Borge Martín se dio a la tarea de perseguir y procesar a quienes fueron sus principales rivales políticos en la carrera por la candidatura priista a Gobernador: Fernando Vargas Rivero y Arturo Contreras Castillo, uno que fue secretario de Planeación y Programación del gobierno del doctor Borge Martín, mientras que el otro secretario de Gobierno, dirigente estatal del PRI y presidente municipal interino de Benito Juárez, fueron perseguidos, encarcelados, procesados y perdonados, junto con otros colaboradores suyos, bajo el absoluto criterio personal del Gobernador.

Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, quien sucedió a Villanueva Madrid en la gubernatura en 1999, no llevó a cabo ningún procedimiento para fiscalizar las cuentas dejadas por su antecesor ni para sancionar las irregularidades cometidas por aquél y sus colaboradores, que debieron haber sido muchas como él mismo confesó cuando dijo que “en Quintana Roo un Gobernador sólo siendo un pendejo no se enriquece”.

Sin embargo, el gobierno hendricksista si se aplicó para encarcelar y tratar de sacar de la carrera por la gubernatura a Juan Ignacio García Zalvidea, “El Chacho”, quien con todo y que libró la cárcel y fue candidato por el Partido de la Revolución Democrática(PRD) en 2005, no pudo justificar un desvío de más de 150 millones de pesos del erario del municipio de Benito Juárez, por el que fue tratado con más que benevolencia luego de que perdió la elección de Gobernador y que se transformó en un activista más del priismo en las regiones de Cancún.

A Hendricks Díaz y a sus colaboradores tampoco se les exigieron cuentas por el gobierno de Félix González Canto. Mucho menos a éste por la administración de Borge Angulo.

Y sin embargo, los multimillonarios a costa de las reservas territoriales del Estado, del crecimiento estratosférico de la deuda pública estatal y de los municipios, del rezago en materia de infraestructura y servicios básicos a la población por el desvío y el hurto de los presupuestos, creció cada tres y seis años.

Todo porque ningún presidente municipal, tesorero, gobernador, secretario o director general de organismos públicos había visto riesgos en la ley para su irregular actuación. Y sabía del imperio de la impunidad en el ejercicio gubernamental. Porque para todos lo que importaba era la voluntad política del Gobernador y la pertenencia al grupo de poder que éste representaba.

Ahora, con todas las demandas anunciadas y en gran número de ex funcionarios estatales y municipales indiciados o por indiciarse, las cosas parecen cambiar. Al menos la percepción de los actuales servidores públicos ya debe ser distinta y debe haber en ellos más temor a la ley por actuar de manera irregular, que el que tuvieron quienes se han enriquecido y la libraron, así como los que hoy por hoy están en capilla.

Y eso, ya es un avance digno de resaltar en el informe del gobernador Carlos Joaquín González, porque se comienza a cimbrar a ese muro infranqueable de nuestro desarrollo como sociedad y nación que es la impunidad…

You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

No hay comentarios

Dejar una respuesta