El debate democrático de hoy

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El debate democrático de hoy

Las reformas políticas y electorales han ido y venido a gusto y conveniencia de los partidos políticos que las han promovido y legislado según les haya ido en unos y otros comicios, en la lógica de que si ganan unos, que se queden como sea que estén, y si pierden, que se conviertan en mamarrachos constitucionales peores y en Frankensteins institucionales devoradores de dinero público, en una democracia sin cabeza donde las representaciones populares son tan perfectamente legales como ilegítimas, mereced a esa compulsiva dinámica de perfeccionismo legislativo que es la madre de todas las aberraciones nacionales.

Y entonces las elecciones generales de este año volverán a ser las más caras de la historia del país, pese a que desde 2011 la retórica partidista del reformismo electoral era la de la urgente e impostergable simplificación presupuestaria, porque como cada día de la evolución democrática lo hacía más evidente y absurdo, México era una de las naciones con el voto más caro del mundo, con la propaganda mediática más costosa y monopolizada del mundo, con las burocracias electorales más numerosas e injustificadamente mejor pagadas del mundo, y con los comicios, en contraste, menos confiables y más protestados e impugnados del mundo (justo los regidos por las últimas reformas y, se entendería, por eso, que por la más óptima de las rectorías de los procesos, como en las elecciones presidenciales de 2006, cuando en el último momento y con el anuncio adelantado e ‘imparcial’ del jefe de Estado de su partido, Vicente Fox, el panista Felipe Calderón remontó de pronto su déficit en el conteo de los sufragios y de manera sorpresiva ‘le ganó’ la Presidencia de la República al entonces perredista Andrés Manuel López Obrador por apenas poco más de doscientos mil votos, en un país de más de ciento veinte millones de habitantes y casi noventa millones de electores, lo que desató la inconformidad, las protestas populares y la desconfianza general en las leyes y en las instituciones, y puso en evidencia que el océano de dinero destinado a asegurar la legalidad del voto, la certeza del electorado sobre su derecho al sufragio y la legitimidad de los ganadores de las urnas, era un caudal incontinente y de dimensiones globales tirado impunemente a la basura), donde, además, con la mayor cantidad de recursos malversados del erario y otros tantos de procedencias ilícitas iguales o peores para financiar partidos y candidatos de los gobernantes y sus grupos de poder (se ha establecido que ese financiamiento ‘negro’ es tres veces superior al autorizado, pese a los astronómicos presupuestos destinados a la enorme institucionalidad inventada especialmente para garantizar la transparencia y combatir la corrupción, y que son del mismo tamaño que el de la institucionalidad que debe garantizar la transparencia y la rectitud incontrovertible en los procesos electorales) no podían producirse sino todo tipo de esperpentos representativos no más que de los intereses de sus promotores en las cúpulas partidistas y promotores también, con ellos al frente de Legislaturas y Gobiernos, de la progresiva, acelerada, violenta e irreversible degradación nacional.

Y las reformas constitucionales para reducir los gastos de la democracia electoral no han hecho más que dispararlos, abaratar los valores y la civilidad de esa democracia, incrementar los partidos como una industria del poder político -donde los financiamientos públicos son cada vez más elevados y las decisiones internas más autoritarias e impopulares, dentro del sistema de franquicias y venta de oportunidades de poder y negocios políticos particulares en que se ha convertido el sistema de partidos-, permitir el tráfico mercenario de candidaturas mediante coaliciones ayunas de todo compromiso ético, doctrinario y programático, y, así, en definitiva, convertir las elecciones en un aparador de fatuidades y novedosas mediocridades emergentes que alcanzan dimensiones ridículas, y en un carrusel de lo mismo de siempre pero cada vez más perecedero, eventual y desesperanzador, donde no hay más que enroques, alternancias y nombres sin el menor prestigio y conocidos acaso no más que por su estancia efímera, inútil o ignominiosa en esta o en aquella posición que algunos dan en llamar, en la suma cero de todas ellas, su trayectoria política.

Pero esa suma cero de la representación popular supone para los comicios generales de este año alrededor de cincuenta mil millones de pesos sólo en términos de financiamiento preliminar de la institucionalidad electoral; preliminar, porque todavía no se ajustan las demandas presupuestales en todos los Estados, donde esas irregularidades en los gastos de operación también significan irregularidades y descontroles operativos, y donde tales deficiencias, contra la masividad incontrastable de los recursos federales y estatales autorizados, no refieren sino que después de tantos experimentos reformistas en la constitucionalidad electoral, la elevación presupuestaria es cada vez más dispendiosa e inoperante, y que los mecanismos de vigilancia y de sanción de los comicios son del mismo más gravosos, ineficientes y generadores de inconsistencias, dudas y sospechas ciudadanas. El sistema se ha tornado desmedidamente oneroso y poco fiable. Demasiados mecanismos de control pesan sobre él, cuanto más específicos, caros e insustentables, frente a las multiplicadas fórmulas y prácticas de la corrupción a las que son incapaces de contener y que los inutilizan y anulan, en una inercia de enormes costos innecesarios inéditos en las modernas democracias del mundo.

Más dinero público invertido y menos productos representativos rentables. El saldo es de progresiva ingobernabilidad y de sostenida quiebra institucional y civilizatoria. Lo que se legitima en las urnas es cada vez más pacotilla de liderazgos; caricaturas políticas con popularidades de banqueta, de café, de audiencias radiofónicas piltrafa; títeres del influyentismo de sus padrinos –presidiarios o no- que los echaron al corral de la vida pública para moverlos a su antojo y de pronto son ya disputados candidatos opositores a los partidos que traicionaron y de cuya corrupción se amamantaron; vileza proselitista que estandariza sin excepciones la calidad moral de todos, absolutamente todos los partidos y todos los postulantes y contendientes, y pone de relieve la magnitud de los contrastes entre las cifras escalofriantes de lo que se gasta en las elecciones y el humillante saldo representativo que sale de ellas y contando…: Más y más dinero, para llevar cada vez más y más miseria intelectual y moral al poder político del Estado mexicano.

No se tiene hoy día una cifra relativa y más o menos actualizada de la relación entre los financiamientos legales y los ilegales de las elecciones. Se estima, por ejemplo, que las pasadas elecciones locales en el Estado de México costaron unas cuatro veces más en dinero ‘negro’ que ‘blanco’, que sólo en términos presupuestarios fue de casi tres mil millones de pesos o de casi quinientos pesos por voto según los poco más de seis millones de sufragios contados:casi veinticinco dólares por voto, cuando en Brasil no llega ni a treinta centavos de dólar, es decir menos de seis pesos. Y eso hablando sólo de costos oficiales, puesto que si se considera el financiamiento prohibido aun en su mínima expresión (el doble de las asignaciones a la autoridad electoral), lo cual hace el cálculo más aproximado y objetivo, el costo del voto ascendería a los setentaicinco dólares o mil quinientos pesos, algo inverosímil en sociedad democrática alguna sobre la faz dela Tierra. Con ese mismo parámetro, los comicios federales de julio habrían de costar cuando menos unos cien mil millones de pesos entre dinero blanco y dinero negro, donde el dinero negro –salvo en algunos casos en los que ha sido usado de manera recurrente, elección tras elección, de forma tan procazy tan obscena que ha terminado por hartar a los electores hasta terminar con semejante burla y optar por otro tipo de mandatos- tiene el expediente abominable de ser el patrocinador de la abrumadora mayoría de las victorias electorales, gracias a que las grandes reformas y las enormes sumas de recursos del erario invertidos en las vastas burocracias destinadas a combatir la corrupción,a defender la transparencia en el ejercicio público y a preservar la corrección en los comicios, jamás han obrado con eficacia y profundidad contra los usos de ese dinero negro ni han castigado nunca de manera ejemplar a uno solo de los delincuentes del poder político involucrados en esos modos de proceder,que convierten el reformismo constitucionalista para la modernización y el desarrollo democráticos, en las mejores coartadas para hacer, justamente, de la democracia, el estadio más rupestre de la misma y de la convivencia civilizada.

Millones de emisiones de spots promocionales de partidos y candidatos que cuestan caudales de dinero (más allá de que gracias a las reformas de 2011 ya no se coticen en las tarifas desorbitadas impuestas por los monopolios mediáticos) no inducen, por ejemplo, un mayor conocimiento de las virtudes de partidos y candidatos, y son más bien una carga inútil sobre audiencias y contribuyentes, porque ni siquiera, con tan masiva burocracia electoral y militancia partidista dirigente, se ha logrado concebir un proyecto promocional efectivo donde la concurrencia de ideas sea la determinante de los valores políticos en competencia.

Las reformas electorales mexicanas producen instituciones tan costosas como poco servicialesa la democracia, del mismo modo que gobernantes y representantes populares cada vez más impresentables y espurios, un sector político en general más repudiado y condenable, y una nación cada vez más arrastrada al desorden y la inviabilidad política, constitucional y moral. A la inversa de la modernización de los procesos políticos civilizados, donde la calidad de la educación interactúa y se supera con ellos en una totalidad dialéctica y dinámica, en México sólo se recicla la mala calidad de todo, y lo que hace la opinión pública de estos tiempos electorales son sólo nombres y oquedades en busca de un futuro particular que nada tiene que ver con el entorno y con eso que se llama interés público.La sustancia de la evolución no hace noticia en México, y ya ni siquiera la hace el alud de decenas de miles de millones de pesos que se consumen de manera ordinaria en esos procesos de degradación nacional. México está siendo del tamaño de su democracia, y el tamaño de su democracia es el de un montón de nombres y seres sin capacidad ni fuerza de futuro. El debate democrático es el de los chismes que van y vienen en las redes sociales, y al cabo y sin renta social ninguna –frente a la inversión pública de recursos proporcionalmente más grande del mundo entero-, como otras tantas anécdotas de la frustración de las urnas, más temprano que tarde se extinguirán. Porque se ha perdido para siempre de vista que el valor supremo de las urnas es el desarrollo social y civilizatorio, la justicia de un pueblo y su prosperidad. Y eso es impensable del todo en las elecciones de acá. La estética política es una frase escindida entre la estética y la política, contenidos que se niegan y se combaten entre sí. Lo ético y lo constructivo no tienen cabida donde lo otro es un circo enano dentro del cual ni siquiera se sabe hablar.

SM

estosdias@hotmail.com

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