El despojo de tierras en el Caribe mexicano, un cáncer que involucra...

El despojo de tierras en el Caribe mexicano, un cáncer que involucra a autoridades de todos los poderes del Estado, líderes políticos, policías, ejidatarios y notarios; una ‘mafia inmobiliaria’ dedicada al robo vil desde el ‘servicio público’

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En días pasados, un grupo de personas denunció al diputado local y aspirante a la Presidencia Municipal de Felipe Carrillo Puerto por la coalición PAN-PRD-MC, José Esquivel Vargas, por apropiarse de manera ilegal de unos terrenos de alta plusvalía en la zona de playa de Punta Herrero, ubicada en los límites de los Municipios de Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto. Con esta acción quedaba demostrado una vez más que continúan las viejas prácticas de funcionarios  –la mayoría con los apellidos Achach, Estrada, Ricalde, Carrillo, Coldwell, Romanillos, Borge, González, entre otros- de despojar de sus propiedades a particulares en las principales zonas costeras de la entidad, con el apoyo de grupos de choque, prestanombres y hasta funcionarios judiciales, policías y notarios corruptos. Hasta el momento existen casi medio millar de denuncias de este tipo en todo el Estado, pero sólo el 2 por ciento de ellas han sido resueltas a favor de sus legítimos dueños.

Armando Galera

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, en los últimos cuatro años harecibido casi 480 denuncias contra ‘servidores públicos’ y particulares por el despojo de codiciados terrenos a lo largo del Estado, principalmente en las zonas costeras de los Municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos y Tulum, así como en la Laguna de Bacalar.

El valor de los predios arrebatados a sus legítimos dueños varía. Algunos, como los ubicados en la franja costera de la Laguna de Bacalar, están valuados en medio millón de pesos cada uno. Otros, como los que una red de exfuncionarios de Quintana Roo ligada al exgobernador Roberto Borge ayudó a despojar a empresarios de 44 hoteles y 19 terrenos de playa en Tulum, rondan un valor de 615 millones de pesos en conjunto, según información que proporcionó la propia Fiscalía General una vez que concluyó el periodo del exmandatario, en 2016.

Las investigaciones prueban cómo durante su Gobierno se robaron terrenos y hoteles en Tulum, embargaron condominios en Cancún, se apropiaron de departamentos de lujo con recursos del erarioy arrebataron tierras de gran plusvalía a ejidatarios.

Los juicios para la recuperación de dichos bienes avanzan de manera lenta. Hasta el momento, sólo el 2 por ciento ha sido resuelto a favor de los afectados, pues la apropiación de las tierras fue ‘legalizada’ por funcionarios cercanos a Borge, entre ellos Carlos Lima, exdirector del Registro Público de la Propiedad y del Comercio; Alexis Zavala Ávila, presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje; Claudia Romanillos Ávila, exdirectora del IPAE; así como el Notario Público Benjamín de la Peña, quien era el encargado de poner el sello que validaba la compra-venta de estos terrenos a prestanombres y a terceros, por un valor mucho menor al real.

Y, sin embargo, este tipo de prácticas criminales continúa, en un ámbito donde la inseguridad jurídica y la ilegalidad son ya de sobra conocidos en buena parte de México y del mundo, y donde sólo inversores de pocos escrúpulos y habituados a las operaciones inmobiliarias ilícitas son capaces de arriesgar sus capitales bien habidos.

Un candidato acusado de despojo

El candidato de la alianza PAN-PRD-MC a la Presidencia Municipal de Felipe Carrillo Puerto, José Esquivel Vargas, fue denunciado en días pasados por el atraco de varios terrenos en la zona de playa de Punta Herrero, en el Municipio de Othón P. Blanco.

De acuerdo con el número de caso FGE/QR/OPB//05/3071/2018, el pasado 23 de mayo un grupo de personas armadas que se identificaron como agentes judicialesingresaron a las propiedades de José María Saldaña Jacomé y Lauro Moisés Domingo Parra, para detener sin una orden previa a los veladores que estaban en sus predios, argumentando supuesta posesión de drogas.

“Llevaron a nuestra gente hasta el Ministerio Público en el poblado de Majahual, y ahí los tuvieron detenidos por casi ocho horas, hasta que los soltaron por falta de pruebas. Sin embargo, todo fue una distracción, porque cuando regresaron ya habían cambiado el candado de las rejas, destruido las palapas y las casitas donde dormían los veladores, y puesto nuevos guardias que aseguraron haber sido contratados por el diputado José Esquivel Vargas para cuidar el predio”, declaró Lauro Moisés Domingo Parra.

“A nosotros nos avisaron dos días después del incidente, y cuando llegamos al lugar nos encontramos con toda la barda llena de pendones del diputado José Esquivel, y el resto de nuestras pertenencias fuera de los terrenos. Las personas que ahora se encuentran cuidando el lugar no nos dejan entrar y mucho menos nos dan información al respecto”, dijo por su parte José Saldaña.

“Lo único que queremos es justicia, que nos devuelvan lo que es nuestro, y que reparen los daños que le hicieron a nuestras construcciones, lo que sería como 70 mil pesos. Por eso presentamos la denuncia tanto en el Ministerio Público como en la Fiscalía, y esperamos que la ley no muestre favoritismos”, puntualizó.

Puerto Morelos, la nueva joya de los saqueadores de tierras

El Municipio de Puerto Morelos fue creado hace poco más de dos años y medio, con la intención de impulsar el desarrollo de la zona. Sus promotores aseguraron que se trataba de un acto de justicia, ya que hasta ese momento les tocaban “las migajas” de Benito Juárez, demarcación a la que pertenecían.

Sin embargo, muy pronto se convirtió en el blanco de políticos y acaparadores de tierras que aprovecharon el nuevo estatus jurídico de la región para despojar de codiciados terrenos a una gran cantidad de personas, mediante la vieja estrategia de elaborar documentos falsos para reclamar la posesión de las propiedades o invadirlas por medio de grupos de choques para después venderlas a terceros.

Hasta ahora, son alrededor de 60 personas las que han denunciado ser víctimas de este saqueo de su patrimonio desde el surgimiento de Puerto Morelos, el 6 de enero de 2016.Muchos políticos con los apellidos Achach, Estrada, Ricalde, Carrillo, Coldwell, Romanillos, Borge, González, entre otros, forman parte, con sus respectivos prestanombres, de una ‘mafia inmobiliaria’ que se ha apoderado de terrenos costeros a lo largo de todo el Estado, principalmente en lasáreas de mayor potencial de la Zona Norte.

Jorge Argáez, una de las personas que intenta recuperar sus tierras perdidas por la voracidad de personajes influyentes que a través de prestanombres las venden a terceros, explica que ellos son los legítimos propietarios de los terrenos, que cuentan con toda la documentación y que incluso por años han pagado el Impuesto Predial correspondiente. Y aún así lo perdieron todo.

“Casi todos los terrenos que están en disputa se ubican en la zona de playas de Punta Brava”, dice, “por lo que no vivimos ahí. Algunos tenemos personas que nos cuidan el lugar, mientras que otros sólo tienen cercas que delimitan su propiedad. Esto lo aprovechan ellos, llegando con escrituras falsas de los lugares que quieren adueñarse, supuestamente elaboradas por la exsecretaría de la Reforma Agraria, y con fechas de entre 1970 y 1988.

Si no hay velador, simplemente llegan y le ponen otro candado al lugar. Si están nuestros trabajadores, llegan con grupos de choque y guardias privados para someterlos y sacarlos. Una vez que tienen el control del terreno, la gente que contratan lo defiende con pistolas y machetes. Mientras tanto, ellos se apresuran a tramitar una boleta catastral, van al notario a certificar su supuesta posesión legal del predio y después lo venden a terceros mediante un prestanombres, asegurando tener todos los documentos en regla. Así el problema ya no es de ellos, sino del nuevo comprador, lo que dificulta los juicios de recuperación”.

Jorge Argáez afirma que entre los implicados se encuentra Javier Bonilla, uno de los dirigentes de la CROC en Quintana Roo, y cuyo principal papel ha sido el de fomentar invasiones en la Zona Norte del Estado; además de Benjamín de la Peña Mora, quien además de ser padre del diputado local José de la Peña, posee la Notaría Número 20 encargada de crear boletas catastrales y de certificar la compra-venta de los predios una vez que fueron invadidos.

Bacalar y la corrupción de la Asamblea Ejidal

En julio del año pasado, Estosdías expuso una vez más –como lo ha hecho durante años- el rentable negocio que representa el Ejido Aarón Merino Fernández para unos cuantos personajes, principalmente sus dirigentesejidales: Juan Manuel Herrera, Edmundo Gómez Trejo y Román Guzmán González, quienes aprovechando su poder en el núcleo agrario han organizado asambleas apócrifas para despojar de tierras a otros ejidatarios, así como avalar la venta de predios de gran valor a la orilla de la laguna, mismos que suelen terminar en poder de extranjeros, gobernadores, funcionarios públicos, periodistas y líderes políticos de toda ralea.

Hoy día, ese núcleo ejidal tiene un reporte de 278 litigios por tierras ejidales, con más de 8 mil 700 millones de pesos en juego y casi 2 mil 500 hectáreas que fueron despojadas de sus legítimos dueños por su envidiable ubicación a la orilla de la ‘Laguna de los siete colores’.

“Aquí si no te cuadras te quitan tus tierras”, dice en entrevista con Estosdías, José Cámara, hijo del ejidatario Luis Armando Cámara Baak, quien ha promovido recursos de amparo en contra del ahora exdirigente ejidalJuan Manuel Herrera, por vender en forma ilegal terrenos de alta plusvalía a políticos, empresarios y familiares.

Su historia comienza en 2012, cuando don Armando Cámara, junto con otros ejidatarios, exhibió la manera fraudulenta en que Herrera llevaba las riendas del núcleo ejidal: aprovechando su cargo como presidente de la Junta de Gobierno del Ejido (el Comisariado Ejidal), autorizaba enajenaciones y venta de tierras en asambleas a las que sólo acudían sus principales allegados (que no superaban ni el 20 por ciento de los ejidatarios), cuando este tipo de operaciones debe estar legitimado por la mitad más uno del total de miembros.

“La mayoría de nosotros ni nos enterábamos de estas asambleas. No nos dábamos cuenta hasta que alguien tocaba a nuestra puerta diciendo que ya había comprado nuestras tierras, o de plano descubríamos que ya habían construido un edificio. Se amparaban en documentos avalados por esas asambleas ilegales, y entonces iniciaba un calvario de juicios y amparos para recuperar lo que era y es nuestro”, dice.

De acuerdo con don Armando Cámara, durante el tiempo en que Manuel Herrera estuvo al frente del Comisariado Ejidal se realizaron al menos 28 asambleas de ese tipo para validar más de 79 transacciones de enajenación y venta de tierras, así como de cesión de derechos ejidales (en una asamblea se podían aprobar hasta 10 operaciones), involucrando más de 2 mil 700 hectáreas, lo que significó un negocio de poco más de 5 mil 700 millones de pesos.

Entre los funcionarios que se han visto favorecidos con esta venta ilegal de tierras sobresalen Efraín Villanueva Arcos, exsecretario de Gobierno; Pedro Peña Xicum, exoficialmayor de Gobierno; el exdirigente de los taxistas, Rubén Pelayo Kuc; la exalcaldesa de Tulum, Edith Mendoza Pino; el magistrado Mario Alberto Aguilar Laguardia y la exdirectora del IPAE, Claudia Romanillos Villanueva, entre otros.

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