El Ejido Alfredo V. Bonfil, botín de ejidatarios, sicarios, invasores y autoridades

El Ejido Alfredo V. Bonfil, botín de ejidatarios, sicarios, invasores y autoridades

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En los últimos años, en los ejidatarios de Alfredo V. Bonfil ha madurado la idea de independizarse de Benito Juárez y formar su propio Municipio. Argumentan que el Ayuntamiento benitojuarense los tiene en el olvido y no los toma en cuenta en el suministro de servicios básicos, pero en cambio sí los explota adueñándose de sus tierras de alta plusvalía para la construcción de fraccionamientos de lujo. Tienen, aseguran los ejidatarios, las mejores cartas en sus manos: un Comisariado con gran poder económico y grandes extensiones de tierra listas para venderse en cientos de millones de dólares. El Ejido de Alfredo V. Bonfil fue fundado hace más de 40 años. Fue un producto ejidal más del populismo echeverrista de los setenta, cuando el entonces presidente de la República ordenó desmontar y colonizar las selvas quintanarroenses con gente de todas partes para contar con la población suficiente que le permitiera constituir el nuevo Estado. De esas iniciativas fundacionales nacieron Baja California Sur y Quintana Roo, con los centros turísticos de Los Cabos y Cancún, en los extremos peninsulares del país, en el Pacífico y en el Caribe mexicanos. El proyecto echeverrista de desarrollo rural en un territorio peninsular de suelo calcáreo, poroso, selvático e imposibilitado de retener el agua, sería medioambientalmente insostenible y un previsible fracaso agropecuario –muy propio de las desaforadas y maniáticas ocurrencias presidenciales de entonces-, que a la larga se convertiría en un problema estructural irresoluble en términos poblacionales y fiscales. El clientelismo priista de un agro inventado por la politiquería aportó los beneficios esperados por el partido presidencialista durante un cuarto de siglo, pero fue una calamidad productiva, un vasto derroche de recursos en subsidios y activismos electoreros, y un crimen contra los recursos bióticos y el vasto patrimonio forestal. Cancún se convirtió en el mayor centro turístico del país, pero también en el imán de una indigencia nacional que, a la postre y con instituciones y Gobiernos cada vez más débiles, corruptos e incompetentes, haría de lo que fue planeado como un centro urbano de residencia de trabajadores turísticos de la zona de playas –que a 25 años no debía crecer por arriba de los 250 mil habitantes-, una ciudad caótica, lumpenizada e ingobernable que en un cuarto de siglo había triplicado su población, con los atroces saldos consecuentes de marginalidad y descomposición ambiental, urbana y humana; de desigualdad social, violencia e inseguridad, y que hoy día es invivible, presa como es del crimen, y con una actividad empresarial y turística en picada. Por si fuera poco, la corrupción y los abusos de una siembra inmoderada de desmesurados complejos hoteleros a pie de playa terminaron por erosionar sus dunas costeras, acabaron con las playas públicas para el recreo popular, y arrasaron para siempre con la materia prima esencial de todo destino de sol y playa: la arena originaria de un paraíso natural como los del Caribe. De modo que Bonfil, como todos los ejidos del programa rural de los setenta, fue un rotundo fracaso productivo y una negación del presunto proyecto de convertirlo en una fuente de abasto de productos agropecuarios para el gran mercado de consumo que era la ciudad turística más importante de América Latina. El centro de población también, Bonfil, a imagen y semejanza de las ciudades de mayor dinámica turística e inmigrante creció sin orden ni concierto, sobre planes municipales de desarrollo urbano concebidos y derogados al ritmo de los negocios particulares de las autoridades en turno, y al cabo se convirtió también en nido de criminales dedicados a la extorsión y al abasto de drogas del creciente mercado de adictos locales, pero sobre todo de la masiva demanda de turistas que llegan al Caribe mexicano en buena medida con ese propósito, sabedores del libertinaje, la permisividad, la tolerancia y la complicidad de las autoridades con las bandas del ‘narco’. El territorio de Bonfil fue alcanzado por la expansión y la urbanización de Cancún, por los negocios de empresas y socios gubernamentales; y las cúpulas dominantes de las decisiones del ejido se dispusieron a hacer grandes negocios con las reservas de tierra, algunas de las cuales han alcanzado plusvalías superlativas y han convertido a los dirigentes del núcleo ejidal en potentados. Porque el irracional e irresponsable crecimiento de los centros urbanos turísticos del Caribe mexicano, que a las autoridades en turno sólo importa como negocio, si bien es una plaga de conurbación precarista y de violencia, es una mina de oro para quienes convierten la fundación de municipalidades, hacinadas unas con otras, en una industria del poder político. Así, muchos miembros de la aristocracia ejidal se han hecho millonarios y tienen planeado segur haciéndolo, aun cuando a principios del 2000 fueron defraudados por el entonces gobernador Joaquín Hendricks Díaz, quien por medio de uno de sus operadores se quedó con 17 mil millones de pesos. Sólo dos cosas detienen las ambiciones ejidales: los intereses particulares de grupos políticos, que también quieren formar parte del jugoso negocio, y los invasores de tierras, quienes ya se han adueñado de los terrenos más valiosos y se escudan en un decreto expedido por el presidente Peña Nieto que ordena la regularización de los asentamientos irregulares –aun cuando hay una ley local promulgada en los tiempos del gobernador y ahora senador, Félix González, que los prohíbe, aunque nunca se haya ejercido contra nadie en la zona del país donde más se prodigan-; barriadas que se expanden sin fronteras ni controles de Gobierno alguno, que contaminan y acaban con el acuífero, que viven sin ley y son forjadoras de reservas de mano de obra para una delincuencia organizada que tiene a su merced y bajo fuego a Cancún y sus alrededores.

El Ejido Alfredo V. Bonfil, botín de ejidatarios, sicarios, invasores y autoridades

Armando Galera

El Ejido Alfredo V. Bonfil fue creado como parte de la colonización rural que daría lugar a la integración del Estado y para proveer, según esto, los productos agropecuarios que necesitaría la naciente zona turística de Cancún. Al menos con esa idea surgió hace poco más de 40 años. Pero el crecimiento acelerado y desmedido de la ciudad turística, obró una cosa muy distinta. En su lugar, los dirigentes ejidales se han dedicado al negocio inmobiliario vendiendo tierras cotizadas en millones de dólares.

Tan sólo 4 mil 400 hectáreas, de las 25 mil con que cuenta el Ejido, se vendieron en 11 mil millones de pesos para la construcción de lujosos fraccionamientos residenciales.

Con tanto dinero de por medio es evidente que las disputas por el botín de las tierras son el pan de cada día. En la actualidad el Ejido atraviesa por 28 juicios y acciones penales que involucran a los propios ejidatarios, a diversos invasores y hasta a una inmobiliaria ligada al exgobernador Joaquín Hendricks Díaz, por fraude y malversación de fondos.

Y sus problemas se agudizarán en el futuro cercano, ya que los dos últimos Programas de Desarrollo Urbano (PDU) del Municipio de Benito Juárez –ambos concebidos para treinta años y ambos derogados, lo que evidencia la congruencia, la seguridad jurídica y la calidad moral de los Gobiernos municipales- consideran la expansión de Cancún hacia predios propiedad del referido Ejido.

Para lo anterior, se considera adquirir 7 mil 800 hectáreas del mismo, con un valor aproximado de 19 mil millones de pesos, según estimaciones del Comisariado Ejidal. Sin embargo, enfrentan dos problemas para concretar estas transacciones. El primero de ellos es la decisión del Ayuntamiento de Benito Juárez de adquirir los terrenos a un precio que corresponde al 20 por ciento de su valor real, con la firme intención, dicen los ejidatarios, de revenderlos a un 150 por ciento del valor.

El otro punto son las invasiones irregulares, toleradas y hasta fomentadas por personajes políticos con tintes electoreros, y que hoy se han apropiado de al menos el 15 por ciento de las tierras ejidales, que en cifras representan casi 150 millones de pesos.

Y habría que puntualizar que en sus tiempos de gobernador Félix González Canto promulgó una ley para sancionar e impedir la multiplicación de esos asentamientos, pero como toda legislación con fundamentos politiqueros es una ley que nació muerta y ni se aplica ni sirve para nada, pese que ese tipo de delitos se reproducen en Quintana Roo como en ninguna otra entidad del país, justamente por la complicidad y la tolerancia de los gobernantes, puesto que la irregularidad es también uno de sus negocios durante el ejercicio del poder.

La historia de un Ejido

“Llegamos desde Nuevo León en 1974, como parte un programa agropecuario durante el sexenio de Luis Echeverría”, cuenta a Estosdías don Jesús Aguilar, ejidatario fundador de Alfredo V. Bonfil.

“Éramos casi mil 500, todos del norte del país. En nuestros Estados ya no teníamos tierras para trabajar, así que nos invitaron a formar parte de un proyecto para cultivar todos los productos del campo que iba a necesitar la ciudad de Cancún, desde frutas hasta carne de ganado…”.

Sin embargo, cuenta don Jesús, las condiciones del lugar dificultaron dedicarse a las actividades de la agricultura y la ganadería. Muchos se regresaron, quedando sólo 250 familias. El Gobierno federal tenía proyectado además que la ciudad de Cancún creciera a un ritmo de 10 mil personas por año, lo que permitiría al Ejido incrementar la producción agropecuaria a la par del crecimiento de la población.

Pero lo que en realidad sucedió todos lo saben: Cancún creció a un ritmo demencial, el mayor de todo el país, gracias a que ofrecía a la población de otros Estados empleos de escasa capacitación pero buena remuneración, lo que provocó que el propósito del Ejido nunca se cumpliera, pues en sólo unos años se vio rebasado por la creciente y exponencial demanda de la joya turística.

Pero la causa del fracaso del Ejido también se convirtió en su mejor oportunidad: una urbe como Cancún, en constante crecimiento y al margen del interés de regularlo y contenerlo de sus gobernantes, necesita terreno para expandirse. Fue entonces cuando los propietarios se dedicaron a la actividad más rentable de los Ejidos: la venta de predios para fraccionamientos.

“Fue entonces cuando se decidió dividir el Ejido en siete polígonos; dos de ellos, con una extensión aproximada conjunta de 4 mil 300 hectáreas y ubicados justo al norte del Ejido, fueron vendidos a constructoras e inmobiliarias que, a su vez, construyeron los fraccionamientos y residenciales de lujo, por transacciones superiores a los 8 mil millones de pesos”, dice el entrevistado.

Otros dos polígonos fueron reservados para las residencias de los fundadores y sus familias. Hoy día, el Ayuntamiento tiene la mira puesta en dos polígonos, de mil 800 hectáreas cada uno, para la ampliación urbana de Cancún. El problema es que en ambas zonas se concentran asentamientos irregulares (más de 120, según los últimos conteos del Municipio benitojuarense), lo que dificulta su comercialización.

“Claro que con millones de pesos de por medio, los conflictos no tardaron en aparecer. Muchos de ellos ni siquiera los hemos resuelto, a pesar de que ya pasaron más de 20 años desde que se originaron”, comenta don Jesús.

Cita que uno de ellos, con demanda penal 232/2002, se debió a que los dirigentes del Comisariado ejidal de ese entonces vendieron de manera irregular más de dos mil lotes con un valor aproximado de mil millones de pesos. Otro, asentado con el número de Averiguación Previa 443/2010, tuvo lugar cuando el presidente del Comisariado, por medio de una asamblea en la que sólo participaron 65 de los 225 ejidatarios (lo cual, según sus estatutos, la ilegaliza), avaló la venta de 3 mil 900 predios, con una extensión total de 900 hectáreas y a un precio de casi 3 mil millones de pesos.

Un fraude de cientos de millones de dólares

Pero el mayor conflicto lo tienen con el exgobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendricks Díaz, por el fraude en la venta de 2 mil 168 hectáreas con un valor de 17 mil millones de pesos.

“Todo comenzó en el 2002, durante el sexenio de Hendricks Díaz”, relata el ejidatario Jesús Aguilar, “cuando el entonces gobernador nos ofreció comprar más de 2 mil hectáreas para un proyecto de desarrollo de Cancún”.

Para ello, el exgobernador creó, a través de su operador de negocios inmobiliarios privados, director del instituto estatal de la vivienda (Inviqroo, que luego sería el Ipae) y uno de sus más cercanos colaboradores y socios, Francisco Garibay Osorio, la inmobiliaria Bonfil Nueva Alternativa de Quintana Roo, S.A. de C.V. (Gestora Bonaqroo), así como una sociedad entre el Gobierno del Estado, el Ejido Alfredo V. Bonfil, Bonaqroo, el Instituto del Patrimonio Estatal (Ipae) y la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra (Corett).

“En menos de un mes, antes de iniciar el 2003, se desincorporaron 2 mil 168 hectáreas del Ejido para ser entregadas a la gestora Bonaqroo con participación del Ipae y de la Corett, por medio de convenios gubernamentales estatales. Nos dijeron que cada hectárea la venderían para desarrollo inmobiliario, con un precio variante según la zona, pero que oscilaría entre uno y cinco millones de pesos. Por cada venta, el 70 por ciento de las ganancias se entregarían al Ejido y el 30 por ciento al Gobierno estatal”.

El Gobierno del Estado sí recibió su correspondiente 30 por ciento. El problema es que al Ejido nunca se le entregó su parte del 70 por ciento: en su lugar el dinero terminó en manos de Bonaqroo, casi 17 mil millones de pesos.

Para entender la magnitud de este millonario negocio, se debe considerar que con ese recurso el Gobierno de Quintana Roo pudo haber pagado casi la totalidad de la deuda estatal dejada por el exgobernador Roberto Borge: 19 mil millones de pesos, en cálculos a la baja (la suma total asciende a 22 mil millones).

Desde entonces se han interpuesto más de 29 denuncias ante el Juzgado del Distrito 44 del Tribunal Unitario Agrario, así como juicios mercantiles contra Bonaqroo. Las últimas se presentaron ante el Juzgado IV de Distrito, con el folio 84/2016 y 75/2016.

Hasta ahora ninguna de las querellas ha prosperado.

La plaga de los ‘invasores’

Desde los primeros años de la fundación de Cancún, dirigentes y personajes políticos han organizado invasiones masivas con fines electorales (práctica de la corrupción política que ha tenido lugar también en Playa del Carmen y Puerto Morelos, y que de ser castigada pondría a sus autores tras las rejas) gracias al boom del desarrollo del turismo y la llegada anual de 40 mil nuevos habitantes que demandan un espacio para vivir y se convierten en clientelas electorales de los partidos y los candidatos compradores de votos.

El entonces Instituto de Vivienda de Quintana Roo (Inviqroo), luego Instituto del Patrimonio del Estado (Ipae) y ahora sólo Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), fueron rebasados por el crecimiento poblacional, pues en los primeros diez años de vida de la ciudad se acabaron las reservas de tierras propiedad del Gobierno estatal, y se fomentó la construcción de casas de interés social por medio de inmobiliarias, con el fin de ofrecer el mayor número de lotes en el menor espacio, impulsando con ello el hacinamiento familiar y sus consecuencias, y destruyendo el frágil medio natural con el despliegue masivo de chapopote y cemento, sin espacio alguno para áreas verdes.

Mártires Antorchistas y el Frente Único de Colonos (éste último encabezado por la profesora Magaly Achach Solís, expresidenta municipal de Benito Juárez y madre de la diputada Candelaria Ayuso Achach) aprovecharon la situación para fomentar las invasiones de tierras en asentamientos irregulares.

Actualmente se tienen registrados 120 asentamientos irregulares en los terrenos que corresponden al Ejido Alfredo V. Bonfil, entre los que se incluye la Colonia Chiapaneca, Palmas, Mártires Antorchistas I y II, y El Milagro, entre otros, con una población de casi 150 mil habitantes.

En los últimos dos años, se han reportado al menos trece enfrentamientos entre los ejidatarios y los ‘paracaidistas’. Los primeros reclaman que las tierras que han invadido les pertenecen, y que no las dejarán ir tan fácilmente, pues cada hectárea tiene un valor de 2 millones de pesos.

Por su parte, los invasores señalan que el presidente Enrique Peña Nieto emitió el Decreto 360, por el cual se ordena la regularización de los asentamientos irregulares.

El 1 de diciembre pasado, el presidente de la Asociación de Chiapanecos Radicados en Quintana Roo, Raúl Castillejos de la Torre, presentó una denuncia ante el Ministerio Público porque “los bonfileños no respetan el Decreto 360 y continúan vendiendo lotes de manera irregular, pues ya son ocupados por gente nuestra que demanda servicios”.

Hasta ahora el encuentro entre ambos grupos, el de los invasores y los ejidatarios, se encuentra en un punto muerto.

En busca de la ‘independencia’

“Lo que estamos buscando ahora es que Alfredo V. Bonfil deje de ser una Delegación y se convierta en una Alcaldía, primero, y después en Municipio. Sólo así tendremos el lugar que nos merecemos”, dice don Jesús Aguilar, añadiendo que esta idea ha tomado fuerza entre la mayoría de los ejidatarios.

Sustenta su postura en el hecho de que la población del Ejido ya rebasó los 25 mil habitantes y cuentan con la suficiente extensión territorial para constituirse en Municipio.

Sin embargo, no tienen salida al mar, por lo que no podrían explotar la actividad turística que tantos recursos aporta a los Municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Tulum y Solidaridad. Tampoco cuentan con una actividad económica alternativa fuerte, pues las actividades agropecuarias nunca fueron desarrolladas.

A pesar de todo, Jesús Aguilar afirma que el Comisariado ejidal, principal promotor de esta idea, tiene de su lado quizás el único factor que importa: el dinero. Los ejidatarios manejan millones de pesos por la venta de predios, y su posición geográfica envidiable (se encuentran a menos de cinco minutos del centro de Cancún, cuando en estos tiempos la expansión de la ciudad ha provocado que los últimos asentamientos en la periferia de la ciudad se ubiquen a más de media hora del primer cuadro) los coloca en la posición perfecta para continuar disfrutando de este rentable negocio por unos años más.

“Basta un paseo rápido por la comunidad para que te des cuenta de esto: la mayoría de las casas en Alfredo V. Bonfil son de gran tamaño y hasta tenemos colonias de lujo, pero no tenemos calles pavimentadas y tenemos que pagar con nuestro propio dinero el alumbrado público porque el Ayuntamiento no nos brinda este servicio.

El poder lo tenemos nosotros. En la misma Plaza Central puedes contrastar el pequeño edificio de la Delegación del Ayuntamiento, contra nuestra Casa Ejidal enorme y majestuosa. Si los Gobiernos de Benito Juárez no han hecho nada por nosotros pero sí han lucrado con nuestras tierras, entonces no los necesitamos y haremos nuestro propio Municipio”.

 

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