El Estado de Veracruz pide perdón por la actuación de su Policía...

El Estado de Veracruz pide perdón por la actuación de su Policía en el asesinato de cinco jóvenes: “Nosotros desaparecimos a sus hijos”

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Tres años y dos meses más tarde, las autoridades pidieron perdón. En un acto austero celebrado en el Museo de la Memoria y la Tolerancia de Ciudad de México, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se disculpó ante las familias de los cinco jóvenes desaparecidos y asesinados en el Estado en 2016; por la participación de la policía en lo ocurrido; por la criminalización de los jóvenes a cargo del propio Estado; por el abandono que sufrieron las familias, obligadas a acampar durante tres meses en la puerta de la fiscalía exigiendo una investigación eficiente. “El Estado -ha dicho García- desapareció a sus hijos. Y pedimos perdón”. Si el caso Ayotzinapa descubrió la cercanía de policías y criminales, el caso Tierra Blanca constataba la podredumbre del sistema. Son dos casos que han enmarcado un Gobierno, el del priista Enrique Peña Nieto, incapaz de aliviar a las familias de los miles de desaparecidos que contaba el país; de actuar contundentemente contra el vínculo entre el crimen y el Estado, tan evidente durante su mandato.En un discurso de apenas 10 minutos, Cuitláhuac García, que asumió la gubernatura en diciembre, como candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ha dicho: “El Estado alentó la mentira en este caso. Reconocemos que el Estado falló a las familias. Todos deben saber que elementos de seguridad del Estado detuvieron arbitrariamente y desaparecieron a sus hijos, dejándoles un inmenso dolor. Fallamos en la respuesta que les dimos. Una respuesta que les pudiera acercar a la Justicia. Por eso, reconocemos públicamente la responsabilidad del Estado y su Gobierno”.

Los jóvenes se llamaban José Benítez, Bernardo Benítez, Susana Tapia, José Alfredo González y Mario Arturo Orozco. La más joven, Susana, contaba 16 años. En un video proyectado durante el evento, la mamá de Susana decía que la niña era un poco rebelde, normal a su edad. Otras mamás, otros papás, recordaban a sus hijos: siempre me contaba lo que le pasaba, traía a sus amigos a casa, le gustaba reír…A estas alturas, con sus hijos muertos, parece que una disculpa sirve de poco. No los devuelve a la vida, ni siquiera acelera el proceso contra los culpables, pero dignifica. El padre de Bernardo decía: “Todavía recuerdo aquellos días que acampamos en la fiscalía en Tierra Blanca. Aun sin saber el destino de nuestro hijo, mi esposa Columba me decía que prefería que le hubieran dicho que Bernardo había tenido un accidente fatal y no que había sido secuestrado… Aún teníamos esperanzas entonces. Después de 87 días acampados, cuando nos dieron el certificado de defunción de Bernardo, sentimos un enorme vacío, otro duelo. Una culpa inevitable al no haber protegido a nuestro hijo. Como si fuera nuestra responsabilidad”. Originarios de Playa Vicente, los cinco volvían a casa de pasar el fin de semana en el Puerto de Veracruz. Era el 11 de enero de 2016. A su paso por Tierra Blanca, policías de Veracruz los interceptaron. Se los llevaron a plena luz del día, los sacaron de la carretera y los metieron en un camino secundario. Luego los entregaron a un grupo de delincuentes del pueblo. Estos se los llevaron a un rancho cercano. Allí los mataron, quemaron y tiraron sus restos a un río.

Parece que los confundieron. Esa es al menos la tesis de las autoridades. Los policías pensaron que los jóvenes tenían algo que ver con un grupo delictivo contrario al local. La evidente cercanía de agentes y criminales accionó la palanca. Actuando de vigías de los segundos, los policías agarraron a los muchachos y se los llevaron. Sus familias nunca los volvieron a ver. Meses más tarde, las autoridades hallaron en un rancho un trocito de hueso y una mancha de sangre. Fue todo lo que encontraron. Insólita, la disculpa del Gobierno de Veracruz no sólo refrenda la participación policial, sino que limpia el nombre de los muchachos. Casi desde el principio, medios locales esparcieron rumores sobre la verdadera ocupación de los jóvenes: que si estaban con un grupo contrario, que qué andaban haciendo allí en Tierra Blanca, etcétera. Cuitláhuac García decía: “Es una disculpa por las veces en que se intentó criminalizar a sus hijos. Que quede muy claro. Los cinco eran inocentes y nunca debieron vivir los hechos que sufrieron”. La nueva administración sabe que tiene que dar resultados pronto y, a la mayor brevedad, reducir los altos índices de violencia. El drama que vive el país requiere a pasos agigantados decisiones de Estado que recuperen el camino de la seguridad y la gobernabilidad democrática…

Santiago J. Santamaría Gurtubay

Los papás exigían que se castigue a los culpables. Hay 21 detenidos por el caso, 8 policías y 13 civiles. El abogado de las familias, Celestino Espinoza, explicaba a los medios de prensa que los 21 encaran dos procesos penales, uno por delincuencia organizada y otro por desaparición forzada. El primero, dependiente de la Fiscalía General de la República, se tambalea en un juzgado federal. Espinoza decía que los investigadores armaron su caso con las pruebas que aportó la fiscalía local en Veracruz, encargada de probar el delito de desaparición forzada. Eso, explica, es un problema, porque al juez federal no le resulta válido. En el peor de los casos, los 21 podrían quedar absueltos del delito de delincuencia organizada, pendientes del otro proceso, trabado en la lenta Justicia local. José Benítez, padre de José, decía: “Tengo 1158 días del mismo pesar. Sólo quiero sensibilizar a jueces, fiscales, autoridades, para que se llegue a la Justicia, lo único que pedimos. Exijo, más que pido. Porque la palabra pedir… A veces parece que damos lástima. Exijo la finalización de nuestro caso. Lo merecemos. Cosas como la de hoy nos vuelve a abrir la herida, a veces se medio cierra y hoy la abrimos completita”.

Otra de las reivindicaciones de las familias es que se investigue la responsabilidad de los mandos, tanto de la fiscalía como de la Policía estatal. En enero de 2016, el gobernador de Veracruz era Javier Duarte, hoy en la cárcel acusado de robarse 400 millones de pesos, 20 millones de dólares, de las arcas del Estado. Su jefe de Policía, Arturo Bermúdez, también estuvo preso por varios delitos, entre ellos desaparición forzada. Un juez le dejó libre en diciembre, aunque sus casos siguen en proceso. Los padres esperan que futuras investigaciones descubran vinculaciones más profundas de los jefes del Gobierno del Estado en el caso de sus hijos.Los familiares de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, en Veracruz, el 11 de enero de 2016, confirmaron la muerte de uno de ellos, Bernardo Benítez Arróniz, de 25 años. Un segundo peritaje independiente avaló los primeros resultados. El subsecretario de Derechos Humanos mexicano, Roberto Campa, se reunió además con los familiares y les informó de avances en la investigación, en concreto de la detención de cinco presuntos integrantes de la banda criminal causante de su desaparición, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Hasta hoy, hay 16 detenidos por el caso, entre ellos ocho policías estatales, responsables materiales del levantón de los muchachos.

Funcionarios de la fiscalía estatal y la Gendarmería ubicaron restos de dos de los jóvenes en un predio a hora y cuarto de Tierra Blanca. Eran fragmentos pequeños de hueso y restos de sangre. Las autoridades dijeron entonces que los huesos pertenecían a Bernardo y la mancha de sangre a Alfredo González Díaz. Los familiares pidieron una segunda opinión al Equipo Argentino de Antropología Forense, cuya intervención ya había sido requerida por los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, en el Estado de Guerrero. Los argentinos confirmaron que los huesos pertenecían a Bernardo. Los peritos no analizaron las manchas de sangre porque los familiares de Alfredo consideran que son restos insuficientes para confirmar la muerte de nadie. En varias entrevistas, Roberto Campa explicó que uno de los últimos cinco detenidos habría estado en el rancho El Limón, el lugar “donde fueron desaparecidos los muchachos”. Los otros cuatro están “por distintos motivos, vinculados”.

La fiscalía de Veracruz conocía la estructura de la banda criminal que operaba en Tierra Blanca. Uno de los primeros detenidos por la desaparición de los muchachos, Francisco Navarrete, señalado por comandar la célula local del CJNG, aparecía recurrentemente en la denuncia de un vecino de Tierra Blanca, residente en el extranjero desde hace unos años. El vecino denunciaba en Xalapa, la capital del Estado, amenazas e intentos de extorsión por parte de Navarrete y los suyos. Otro vecino señalaba que en una ocasión, hace cuatro años, había atestiguado cómo Navarrete levantó a varias personas de un bar en Tierra Blanca, escoltado por marinos y varios de sus hombres. Además de Navarrete, su hijo y uno de sus secuaces, detenidos, además de los cinco integrantes de su banda aprehendidos recientemente, las autoridades mantienen en custodia a ocho policías estatales por este caso…

Un testigo denuncia que la oficina de un alto cargo de la fiscalía estatal filtró información a la delincuencia en Tierra Blanco

María del Rosario González Zamora, directora general de investigaciones ministeriales de la fiscalía de Veracruz, recibió en Xalapa al abogado Daniel Miranda, del Consejo Ciudadano por la Seguridad, la Justicia y la Paz, con sede en la Ciudad de México. Miranda acompañaba a un vecino de Tierra Blanca a poner una denuncia. El vecino, residente en Estados Unidos, recibía amenazas desde hacía meses. Le llamaban por teléfono y le pedían dinero, le decían que le iban a matar, a él y a su familia. El vecino, que prefiere ocultar su nombre por seguridad, trató de denunciar las amenazas en la oficina de la fiscalía en Tierra Blanca, pero nada. El fiscal, Marco Fabio Zabala, trataba de disuadirle, según explica el testigo. “Evitaba poner datos, para proteger, supongo”, cuenta por teléfono. Consultado al respecto, el fiscal Zabala niega que sucediera así y defiende que el testigo “firmó la declaración que quiso”.Cuando dice proteger, el testigo se refiere a los presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación que controlaban Tierra Blanca en aquel momento. Pocos fuera de allí conocían entonces a su presunto líder, Francisco Navarrete, o al delegado de la Policía estatal en la región, Marcos Conde. Luego sus nombres saltarían a la prensa nacional por sus presuntos vínculos con la desaparición de un grupo de cinco jóvenes en la localidad. El testigo habló de ambos al fiscal Zabala. Contó que Navarrete, entre otros, les había amenazado por teléfono. Contó, incluso, que Navarrete y los suyos andaban “en la patrulla vestidos de civil, sin importarles”.Ante la desidia de la fiscalía, el testigo contactó con los abogados de Seguridad, Justicia y Paz. Les contó lo sucedido, les dio los nombres de los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tierra Blanca, empezando por Navarrete. Aún faltaban meses para que la sociedad mexicana supiera de este lugar. Nadie imaginaba que un grupo de policías estatales secuestraria a cinco jóvenes a su paso por allí; que se los entregarían al grupo de criminales que encabeza Navarrete y que estos acabarían con su vida.

Hasta el momento, las autoridades han detenido a ocho agentes, entre ellos Marcos Conde, el delegado. El último detenido, Edgar Reyes Heredia, declaraba que los jóvenes habían sido asesinados, quemados y triturados en un molino de caña de azúcar. La gendarmería había aprehendido a Navarrete, a su hijo y a otro presunto integrante de la organización.El presidente de Seguridad, Justicia y Paz, José Antonio Ortega, se comunicó con Renato Sales, comisionado nacional de seguridad. Sales puso en el caso a varios agentes de la Comisión Nacional Antisecuestro, la Conase. El secretario particular del fiscal de Veracruz, Benito Carpinteiro, atendió el asunto desde Xalapa. Carpinteiro llamó a Tierra Blanca para pedir el expediente del caso. Aún no se lo habían mandado. Miranda recibió una llamada en su celular. “Me dijeron ‘Ya matamos a uno, ¿qué van a hacer ahora?’. Luego colgué. Me espanté”, cuenta el abogado. Con el muerto se referían a uno de los informantes del testigo, una de las personas que les pasaba información sobre el CJNG en Tierra Blanca. Miranda asegura que sólo dejó su número a la fiscal Zamora. José Antonio Ortega no tiene duda alguna: “La fiscal Zamora o alguien de su oficina filtró la información que estamos investigando”. Consultada al respecto, Zamora dijo que no sabía que eso hubiera ocurrido: “No tengo referencia de ello, tendríamos que checar, porque no es correcto que eso suceda”.

¿Por qué las autoridades de Veracruz no actuaron antes, si conocían la estructura criminal de Tierra Blanca?

Entre tanto, el testigo seguía recibiendo amenazas por teléfono. “Decían que le bajáramos a la denuncia, nos pedían 500,000 dólares, que iban a matar a mi familia en Tierra Blanca”. Luego, un día, se llevó un susto mayor y decidió acudir a la fiscalía federal. “Mi hija trabaja en un restaurante de mesera”, explica, “un restaurante mexicano. Un día había una gente comiendo y cuando acabaron, le dijeron: ya dile a tus papás que quiten la denuncia”. El testigo acudió a la Ciudad de México a declarar. Se presentó ante la SEIDO, la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada. Contó su caso. Llegó enero, tres años atrás, y policías del Estado de Veracruz levantaron a los cinco jóvenes en Tierra Blanca. La declaración de este testigo había motivado la apertura de una investigación por parte de la SEIDO. La información que había aportado ayudaría a la Gendarmería a ubicar el rancho donde supuestamente llevaron a los jóvenes secuestrados. Fuentes de la institución, que investiga el caso de los jóvenes, explican que hasta la fecha la SEIDO maneja tres averiguaciones previas que vinculan a Navarrete y demás integrantes del CJNG con actividades delictivas. De acuerdo con la investigación de las autoridades, Navarrete estaría involucrado en la desaparición de los muchachos. Tras la detención de Navarrete, la fiscalía mexicana trata ahora de armar un caso por delincuencia organizada. Para ello cuenta con las declaraciones de este testigo. Las mismas fuentes explican que tendría que viajar a México para señalar directamente a Navarrete. Cuando declaró ante la SEIDO, Navarrete aún estaba en libertad.

La filtración del número de teléfono de Miranda y la desidia de la fiscalía de Veracruz en este caso abren cantidad de interrogantes. ¿Quién y por qué filtró información? ¿Por qué las autoridades de Veracruz no actuaron antes, si conocían la estructura criminal de Tierra Blanca? ¿Por qué un criminal como Navarrete, actualmente en prisión preventiva, campó a sus anchas por las calles del municipio?

Duarte y el ocaso de los niños fieles. Los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca y un desvío de fondos acecharon al exgobernador Duarte

Cuenta el politólogo Carlos Ronzón, que el anterior gobernador de Veracruz, Fidel Herrera -después cónsul de México en Barcelona-, gustaba de rodearse de muchachos jóvenes sin cualidad política. “Fidel es avasallador”, cuenta Ronzón por teléfono desde Veracruz. “Repartía cargos entre personas obedientes para intervenir cuando quisiera. Eran ‘los niños de la fidelidad’ o los niños fieles, todos empezaron ahí”. El profesor de la Universidad Veracruzana Alberto Olvera recuerda que el niño fiel más destacado fue su sucesor en el cargo, Javier Duarte. “Una vez narró Fidel”, cuenta Olvera, “que Duarte volvía de España con sus maletas y se le ofreció para ponerse a su servicio (…) Literalmente, Duarte empezó cargando la maleta en efectivo de Fidel. Él daba dinero en efectivo a la gente, era su forma de gobernar”. Ninguno de los especialistas consultados recuerda que Duarte haya imitado a su antecesor y haya repartido dinero, efectivo, por los pueblos de Veracruz. Todos señalan, sin embargo, que Duarte fue el elegido de Fidel por puro pragmatismo. Dice Ronzón: “No era el más brillante, pero sí el más obediente”. La Auditoría Superior de la Federación informaba de que Veracruz había desviado 2,000 millones de dólares de sus cuentas de 2011 a 2014. El presidente del PRI, el partido de Javier Duarte, declaraba enseguida que el gobernador debería explicar dónde había ido a parar el dinero. Mientras tanto, la derecha pedía desde el Senado que se le enjuiciara políticamente. La prensa local era un hervidero de rumores sobre su dimisión.

Javier Duarte (Veracruz, 1973) es, probablemente, uno de los exgobernadores más odiados en la historia reciente de México. Llegó al poder en 2010 entre las críticas que señalaban irregularidades en el proceso electoral. En 2011 lanzó la Ley de Perturbación del Orden Público que, en la práctica, facultaba a las autoridades a actuar contra tuiteros y blogueros que criticaran al Gobierno. En 2013 la Suprema Corte la declaró anticonstitucional. En ese contexto, Duarte pidió cárcel para un fotoperiodista que había publicado unas fotos que mostraban a integrantes de un grupo de autodefensas en la entidad. “Es una vacilada”, dijo el gobernador. En Veracruz, dijo Duarte, no hay autodefensas; en Veracruz, dijo una vez, sólo roban “frutsis y pingüinos”, dulces, en las tiendas. En 2011, unos sicarios abandonaron 35 cuerpos en Boca del Rio, municipio turístico pegado al Puerto de Veracruz. México constataba que el Estado del golfo, la región del son jarocho, del carnaval más famoso del país, se convertía en otra víctima de la reyerta que mantenía el Estado contra el crimen organizado y que por entonces ya dejaba decenas de miles de muertos.

Un agente del FBI señaló que Los Zetas habían aportado 12 millones de dólares a la campaña que llevo a Fidel Herrera a la gubernatura

Aunque nadie ha probado nunca los vínculos de Duarte o su Gobierno con el crimen organizado, la ósmosis de su partido, el PRI, con la delincuencia es comidilla habitual de la prensa local y nacional. En un juicio celebrado en Estados Unidos en 2013, un agente del FBI señaló que el cártel de Los Zetas había aportado 12 millones de dólares a la campaña que llevó a Fidel Herrera a la gubernatura. La reaparición de Herrera en Veracruz tras dejar el cargo fue de la mano de Duarte. Ocurrió en los carnavales de 2013. Pese a las críticas, Duarte lo defendió. “Es un turista distinguido”, dijo. Duarte vivió más o menos tranquilo hasta julio de 2015. Entonces, la activista Nadia Vera, el fotoperiodista Rubén Espinosa y otras tres personas morían asesinadas en la Ciudad de México. Vera y Espinosa habían trabajado durante años en Veracruz. Meses antes de morir, Vera dijo incluso que responsabilizaba al gobernador de cualquier cosa que le pudiera pasar. Aunque no se ha probado que Duarte o nadie de su Gobierno esté detrás de lo ocurrido, la muerte de ambos generó un alud de críticas contra la figura del gobernador: en sus años de Gobierno, 14 periodistas veracruzanos fueron asesinados.

En enero de 2016, policías estatales secuestraron a cinco jóvenes en la entidad. Igual que en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los policías los habrían entregado a una célula criminal. De momento, la fiscalía sólo ha encontrado restos de dos de ellos. Esta situación ilumina el drama de los desaparecidos en Veracruz. Son un millar de casos, algunos vinculados a la policía estatal.Si hay un aspecto que molesta a la sociedad jarocha -asumiendo, claro, la crisis de inseguridad en el Estado-, es la actitud de Duarte al respecto. En octubre de 2017, en una visita a Orizaba, una mujer increpó al entonces gobernador por la falta de resultados en la búsqueda de su familiar desaparecido. Duarte, un hombre orondo, de voz histriónica, sostuvo durante minutos una pequeña sonrisa. La mujer, a grito pelado, regañó al gobernador: “No se burle, quite su sonrisa porque yo no vivo desde ese tiempo, señor”. La periodista Daniela Pastrana, que viaja constantemente a Veracruz, califica a Duarte de “irascible y berrinchudo. Nunca ha tenido el control”, dice.

La profesora Esther Hernández, ex directora del Instituto Veracruzano de la Cultura, señala que el gran problema del Estado es la impunidad, asunto que comparte el profesor Olvera. “Veracruz es uno de los Estados más impunes del segundo país más impune de América”, dice. La profesora Hernández sufrió el asesinato de su hija en 2010. Las autoridades no han encontrado a los asesinos. “No hay avance porque no se busca, no se hace nada. Ha sido peor el Gobierno de Duarte. El Estado está en bancarrota, la universidad está en un momento muy difícil, el Gobierno le ha retenido recursos por más de 100 millones de dólares, cosa que no había ocurrido antes. Lo mismo con el Instituto de pensiones del Estado”. El último escándalo en Veracruz alude al manejo de los fondos estatales. La auditoría implicaba a Duarte y los niños fieles, políticos que empezaron su carrera bajo el ala de Fidel Herrera, diputados federales, ex altos cargos. Le quedaban apenas unos meses de Gobierno y el gobernador no se daba por aludido. Columnistas y analistas anunciaban que Duarte dimitiría en pocas horas. Pero el mandatario se mantenía. Da igual lo que digan las “campañas” que tratan de derribarle. Da igual, también, lo que él diga. Una vez, en una entrevista, Duarte dijo que se identificaba con “el generalísimo español Francisco Franco”, quien tenía su mismo timbre de voz. “No estoy acorde a su ideología política, pero creo que su fortaleza es una parte importante a resaltar”. Y siguió, como si nada.

El Gobierno de AMLO revoluciona la estrategia contra la delincuencia organizada dando una “atención inmediata” a la inseguridad de México

“México: la reforma del sector seguridad y la estrategia contra la delincuencia organizada de Andrés Manuel López Obrador”, es el título de un interesante estudio realizado por Alejandro Chanona, profesor titular y director del proyecto de investigación “Los regionalismos frente a los retos y la complejidad de las amenazas a la seguridad y defensa contemporáneas” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dado a conocer su estrategia para afrontar la crisis de inseguridad del país y la delincuencia organizada, lo que comprende la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, que estará bajo mando militar…”. En este análisis, publicado por El Real Instituto Elcano, ‘think-tank’ de estudios internacionales y estratégicos, con sede en Madrid, España, se presenta las principales estrategias que ha dado a conocer el nuevo Gobierno de México para afrontar la crisis de inseguridad y a las organizaciones de la delincuencia organizada en el país. Se abordan los cambios en el discurso y en la toma de decisiones respecto al papel de los militares en la estrategia, la centralidad que el tema de la seguridad pública tiene para la nueva administración y los asuntos que se han identificado como prioritarios. Asimismo, se aporta un balance de lo que hasta ahora se ha delineado como la reforma al sector seguridad a partir de la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y lo planteado en el Plan Nacional de Paz y Seguridad, que incluyó la puesta en operación de la Guardia Nacional. El objetivo del análisis es identificar si el nuevo gobierno está proponiendo cambios de fondo respecto a las estrategias anteriores, o bien si se mantienen o profundizan algunas de las dinámicas históricas frente a los retos de inseguridad del país.

Entre los temas más apremiantes para el nuevo Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se encuentra la atención inmediata a la crisis de inseguridad del país, lo que incluye la redefinición de la estrategia contra la delincuencia organizada y una reestructuración del sector de seguridad. La reforma que da origen a la nueva “súper” Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el anuncio de un “Plan Nacional de Paz y Seguridad” y la presentación de la iniciativa de reforma constitucional para formar, reclutar y entrenar una Guardia Nacional, dibujan, o tratan de dibujar, el nuevo diseño institucional y la estrategia integral de seguridad de la entrante administración.

“Vaticinar su éxito o fracaso sería estéril -recalca Alejandro Chanona- pues apenas inicia su instrumentación y el ‘Plan Nacional de Paz y Seguridad’ delinea ocho puntos sin profundizar en las acciones que se emprenderán. Lo cierto es que se edifica sobre las ruinas del fracaso de las estrategias emprendidas a lo largo de los últimos sexenios. El objetivo de este texto es analizar si estamos o no frente a la ruptura de paradigmas o si será ‘más de lo mismo’, lo cual podrá darnos claves sobre su futura eficacia”.

La expectativa de cambio y el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, con más de 30 millones de votos, una fuente de legitimidad

Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia de la República de manera contundente con más de 30 millones de votos. Esta fuente de legitimidad tuvo como contexto las peores calificaciones para Gobierno alguno en el México contemporáneo: de acuerdo con las encuestas de opinión el 74% de los mexicanos desaprueban el Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto (Consulta Mitofsky, de noviembre de 2018), al tiempo que la inseguridad, corrupción, pobreza, exclusión y la crisis en general se colocan como principales preocupaciones de las personas. Peña Nieto entregó un país con cuentas muy malas: el peor posicionamiento internacional en materia de corrupción e impunidad, una profunda crisis de inseguridad y una crisis social que se refleja en los altos niveles de pobreza y marginación de la mayoría de la población. México se coloca como uno de los países más desiguales de América Latina y de la OCDE. El año 2018 se cerró como el más violento de la historia contemporánea del país: durante el gobierno de Peña Nieto se registraron más de 200,000 homicidios dolosos y las cifras conservadoras de la Secretaría de Gobernación ubican en alrededor de 37,000 los desaparecidos (un dato muy cuestionable por su metodología basada únicamente en las denuncias).

Durante la campaña electoral, AMLO generó grandes expectativas sobre una ruptura de fondo con el modelo de seguridad hasta ahora imperante y con las estrategias contra la delincuencia organizada, centradas esencialmente en el descabezamiento de las grandes organizaciones dedicadas al trasiego de drogas. Frente a este modelo, insistió en priorizar la atención a los problemas estructurales del país, como la pobreza, la exclusión, la corrupción y la impunidad, como solución a los problemas de seguridad. Su discurso se distanciaba de la “guerra contra el narcotráfico” y abrazó a idea de la pacificación del país. De esta manera, en el marco de las promesas de campaña López Obrador hizo un conjunto de propuestas para darle un giro radical a la política de seguridad del Estado. La idea de retirar a las Fuerzas Armadas de las calles se acompañó con el compromiso de crear un paradigma de pacificación y reconciliación nacional distinto al imperante. En efecto, el fracaso de los Gobiernos previos en materia de seguridad pública y la violencia galopante llamaban a buscar un nuevo modelo sin el protagonismo militar. Máxime, cuando uno de los debates más relevantes en México durante esos meses fue el futuro de la Ley de Seguridad Interior y el papel de los militares en estas tareas. En el debate social se fortaleció la idea de que se podía establecer un período corto para transitar de un modelo de uso de las Fuerzas Armadas a otro con fuerzas policiales fortalecidas que se hicieran cargo de la seguridad de los ciudadanos.Sin embargo, hay que señalar que, desde el inicio, no quedaba claro cuál era la estrategia, debido a que los discursos y las propuestas del candidato se fueron adaptando durante los meses de la campaña electoral. Temas como la creación de la Guardia Nacional, incluido en la plataforma electoral y programa de gobierno, denominados en conjunto “Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024”, se mantuvieron con bajo perfil, al tiempo que la denominada “amnistía” generó las mayores controversias.

Se matizó el tema de la amnistía, orientándolo hacia un modelo de Justicia transicional y en la atención a las familias de los desaparecidos

A partir del 1 de julio de 2018, con el avasallante triunfo electoral, AMLO comenzó a tomar el poder, el control del país. De manera atípica en la historia reciente de los relevos de poder en México, entre el presidente saliente y el presidente entrante no habíamos atestiguado una toma de facto de la Presidencia de la República del mandatario electo. Durante los cinco meses que transcurrieron entre el triunfo electoral y la ceremonia de la toma de posesión, López Obrador tomó un número importante de decisiones para impulsar políticas públicas y reformas constitucionales, con el apoyo de su mayoría parlamentaria y con el silencio absoluto del Presidente Peña, reformas que intentan dibujar líneas claves de lo que él bautiza como “la cuarta transformación”. En materia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada se impulsaron tres temas sustantivos…

Se matizó el tema de la amnistía, orientándolo hacia un modelo de Justicia transicional y en la atención a las familias de los desaparecidos. Se llevaron a cabo la Consulta Nacional y los Foros de Escucha para la Construcción de la Paz y la Reconciliación Nacional, con alcances parciales debido a que la mayoría de las familias de los desaparecidos exigen conocer la verdad y acceder a la justicia, frente a la posición de López Obrador de promover el perdón, a partir de la frase “olvido no, perdón sí”, que pronunció durante el primer foro realizado en Ciudad Juárez, Chihuahua. La metodología de los Foros y la posición sobre el perdón fueron criticados por miembros de los colectivos de víctimas, líderes y organizaciones sociales.

Se delinearon posicionamientos sobre la posibilidad de replantear la política de drogas del país, lo que incluyó declaraciones sobre impulsar reformas a favor del uso recreativo del cannabis y explorar las posibilidades de legalizar los cultivos de amapola en la sierra de Guerrero para orientarlos a la producción de medicamentos. Al respecto, en nombre del grupo parlamentario de Morena, Olga Sánchez Cordero presentó en el Senado de la República la iniciativa de Ley General para la Regulación y el Control del Cannabis. Se anunció la creación de una nueva Secretaría de Estado encargada de los temas de la seguridad pública y se envió la iniciativa de ley para tal efecto al Legislativo. En un principio, parecía que la nueva Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana constituiría el referente de los cambios en la estrategia de seguridad y del combate a los grupos de criminalidad organizada. La nueva administración sabe que tiene que dar resultados pronto y, a la mayor brevedad, reducir los altos índices de violencia. El drama que vive el país requiere a pasos agigantados decisiones de Estado que recuperen el camino de la seguridad y la gobernabilidad democrática.

Restablecer el modelo en el que había una Secretaría de Estado encargada de la seguridad pública, separada de Gobernación

Entre las iniciativas de Ley presentadas, en el período de transición gubernamental, destaca la que se presentó con objeto de crear la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La premisa básica de la propuesta es que se debe restablecer el modelo en el que había una Secretaría de Estado encargada de la seguridad pública, separada de la Secretaría de Gobernación. La nueva instancia ha sido denominada Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, institución que se encargará también de atender los asuntos relacionados con la seguridad nacional. En el diagnóstico presentado en la iniciativa de Ley que da origen a su creación (Iniciativa de Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal) se asume que la seguridad pública es un componente esencial de la seguridad nacional y que la mayor amenaza a esta última es precisamente “la inseguridad pública, las acciones del crimen organizado y la debilidad o franca inoperancia, por incapacidad o corrupción, de los cuerpos de policía”. En efecto, en principio se ha pretendido que la nueva Secretaría de Estado se erija como una institución robusta, encargada de un abanico de temas que incluyen desde la protección civil (desastres naturales), pasando por el mando de la Policía Federal, hasta la inteligencia del Estado, al absorber también al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que se convertirá en el Centro Nacional de Inteligencia.

La denominada “super secretaría” abarca el amplio espectro de la seguridad pública y la seguridad nacional, incluyendo, entre otros temas: la lucha contra la delincuencia organizada, el desarrollo del sistema policial, el apoyo y coordinación con los estados y municipios; la información relacionada con el registro de personas desaparecidas; la administración del sistema penitenciario federal; y la coordinación nacional para hacer frente a la delincuencia. De esta manera, la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pretendió erigirse como la piedra angular de la reforma del sector seguridad en México. Sin embargo, en la medida en que la Guardia Nacional estará bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se tendrá que esperar para ver cómo se distribuirán las facultades entre ambas Secretarías, así como la coordinación entre las mismas. Cabe también señalar que, dentro de esta nueva lógica, el presidente de la República asumirá la coordinación de las tareas de seguridad y procuración de justicia, sosteniendo reuniones diarias con su gabinete. Hay en el fondo del planteamiento una lógica centralista que posteriormente se reforzó con la idea de que los representantes presidenciales en los estados -los denominados “súper delegados”- tendrían facultades para coordinar las mesas estatales de seguridad. Esta situación generó fricciones con los gobernadores de oposición, por violar el pacto federal. Finalmente, se llegó a un acuerdo con los Gobiernos estatales, de que los delegados presidenciales sólo participarán como secretarios técnicos de las mesas de coordinación, en tanto que los gobernadores retienen sus facultades y responsabilidades en materia de seguridad.

Crisis de inseguridad que se refleja en los homicidios, las violaciones a los derechos humanos y la pérdida de confianza en las instituciones

El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 parte de un diagnóstico claro: el país afronta una emergencia nacional derivada de la crisis de inseguridad que se refleja en los niveles de violencia, los homicidios, las violaciones a los derechos humanos y la pérdida de confianza en las instituciones. Hay también una crítica al modelo imperante con el que se ha hecho frente a la criminalidad organizada y a los retos de la delincuencia y la violencia, al tiempo que hace énfasis en la importancia de clarificar los conceptos de seguridad nacional, interior y pública, para “formular nuevos paradigmas… que permitan sustentar estrategias de recuperación de la paz, restablecimiento de la seguridad pública, prevención del delito, procuración e impartición de justicia, restablecimiento del Estado de Derecho y reinserción de infractores”. En este sentido, el nuevo gobierno asume que tiene que impulsar una serie de estrategias “multidimensionales, transversales, incluyentes y, necesariamente, radicales”.

El Plan se sostiene en ocho ejes que pretenden atender de manera transversal la crisis de inseguridad del país: (1) la erradicación de la corrupción y la reactivación de la procuración de justicia; (2) la garantía del empleo, la educación, la salud y el bienestar; (3) el pleno respeto y la promoción de los Derechos Humanos; (4) la regeneración ética de la sociedad; (5) la reformulación del combate contra las drogas; (6) comenzar a construir la paz; (7) la recuperación y dignificación de las cárceles; y (8) asegurar la seguridad pública, la seguridad nacional y la paz. “Como puede observarse -analiza Alejandro Chanona-, se trata de un documento en el que se incorporan elementos que se diferencian de las estrategias anteriores, como:El discurso y el planteamiento del documento y de las estrategias que se desprenderán de éste, centradas como su nombre lo indica en la idea de Paz y Seguridad. En principio, éste es por sí mismo un planteamiento distinto de la denominada ‘guerra contra el narcotráfico’, emprendida desde el Gobierno de Felipe Calderón y mantenida en los hechos durante el de Enrique Peña Nieto. El cambio de discurso responde a los planteamientos realizados durante la campaña presidencial, en cuyo marco se insistió recurrentemente en la necesidad de pacificar al país”.

“El reconocimiento de que las diversas modalidades de la delincuencia organizada -añade el profesor de la UNAM-  no se podrían perpetrar sin el contubernio estructurado de funcionarios públicos denuncia la cooptación del Estado por parte de estos grupos y las cadenas de corrupción e impunidad que se recrean en un marco de debilidad institucional y de fragilidad del Estado de Derecho. Este no es un aspecto menor, en la medida en que los niveles de violencia y daño que generan las organizaciones de la delincuencia organizada están también relacionadas al tipo de espacios en los que operan, facilitando su proliferación en casos donde el Estado de Derecho es frágil y las instituciones fácilmente penetrables de la mano de altos niveles de corrupción e impunidad”.

La inseguridad, incluida la relacionada con los grupos de delincuencia organizada, está vinculada con la desigualdad y la falta de oportunidades

El Plan Nacional de Paz y Seguridad asume como premisa básica que buena parte de la crisis de inseguridad que afronta México, incluida la relacionada con los grupos de delincuencia organizada, está vinculada con la desigualdad y la falta de oportunidades. Este argumento constituye un cambio en el discurso respecto a las administraciones anteriores. En este sentido, se pone énfasis en la relación bienestar-seguridad, así como en la importancia de la defensa y protección de los derechos humanos por parte del Estado mexicano. Esto, sin duda, es relevante en dos sentidos. Por un lado, se pone atención en atender las causas estructurales de la violencia y la delincuencia -por ejemplo, es urgente dar mayores oportunidades a las personas jóvenes-. Lo que debe evitarse a toda costa es criminalizar la pobreza y la exclusión a partir de una lógica simple, e ir más allá para identificar estas situaciones como factores de riesgo que se combinan con otros fenómenos, como las debilidades institucionales, la ausencia de Estado de Derecho y la fortaleza de los grupos de delincuencia organizada, tanto en términos organizacionales como sociales (narco-cultura, referentes de progreso social, arraigo en algunas poblaciones por la percepción sobre sus contribuciones al desarrollo). Por otra parte, se reconoce que el país afronta una grave crisis relacionada con la violación de derechos humanos y que para recuperar la seguridad será necesaria su respeto irrestricto. En consecuencia, se propone fortalecer el carácter de las recomendaciones de las Comisiones de Derechos Humanos (tanto a nivel nacional como estatal).

Hay una crítica al modelo prohibicionista de combate contra las drogas, señalando que el modelo “es ineficaz desde el punto de vista de salud pública” y que “criminaliza de manera inevitable a los consumidores”. Desde la administración de Peña Nieto, México ha impulsado el debate sobre las políticas de drogas a nivel internacional, y se llevó adelante el Debate Nacional sobre la Marihuana, sin que se tradujera en acciones concretas sobre este tema. El nuevo gobierno se ha pronunciado por un cambio en la política prohibicionista y a favor de un modelo de regularización como elemento para “poner fin a uno de los motores centrales de la violencia”. No obstante, no hay claridad sobre la forma en que se concibe esta política y sus alcances.

A pesar de estos cambios propuestos, el Plan Nacional de Paz y Seguridad también presenta líneas de continuidad respecto a las estrategias implementadas contra la violencia y la delincuencia organizada, particularmente en cuanto al uso de las Fuerzas Armadas se refiere. Por otro lado, si bien se incorporan elementos como la relevancia de rescatar el sistema carcelario, están ausentes referentes sobre la procuración de justicia (fortalecimiento del sistema de justicia) y el modelo policial civil a impulsar. Es importante señalar que el Plan presentado es un documento guía que dibuja algunas medidas que tomará el nuevo gobierno, sin entrar en detalles de fondo en temas sustantivos como, por ejemplo, la forma en que se va a replantear el paradigma de combate a la delincuencia organizada, la política de drogas y, en su caso, la regulación de estas. Así, por ejemplo, se reconoce el carácter transnacional del fenómeno pero no hay referencias sobre la importancia de la cooperación internacional para afrontar las redes criminales transnacionales.

El diagnóstico sobre las capacidades y confiabilidad de la Policía Federal y de las policías estatales y municipales fue desastroso

Como se ha señalado líneas arriba, la expectativa del nuevo gobierno de México era que iba a plantear cambios de fondo en la estrategia contra los grupos de delincuencia organizada y, particularmente, respecto al papel de los militares en la estrategia de seguridad. Sin embargo, muy pronto la realidad ubicó a los estrategas del presidente electo López Obrador para tomar decisiones distintas a las promesas de campaña. El diagnóstico sobre las capacidades y confiabilidad de la Policía Federal y de las policías estatales y municipales fue desastroso, por lo que en el Plan Nacional de Paz y Seguridad se confirmó la creación inmediata de la Guardia Nacional con efectivos militares y civiles (alrededor de 30,000 policías militares, 10,000 efectivos de la Policía Naval y 20,000 policías federales, de acuerdo con lo señalado por López Obrador durante la ceremonia de Salutación a las Fuerzas Armadas en Campo Marte el 2 de diciembre de 2018). Sin duda, esta decisión se basó en el reconocimiento de que para combatir la principal amenaza a la seguridad interior -el crimen organizado- se tendría que seguir recurriendo a las Fuerzas Armadas. Aún más, el mando de esta guardia recae en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Así, en el preámbulo de la iniciativa de reforma constitucional presentada por Morena, el partido del presidente López Obrador, se reconoce que: “Hoy en día las Fuerzas Armadas siguen siendo el principal y el más confiable pilar de la seguridad en nuestro país; pero a 12 años de que fueran involucradas en esa misión por el mando civil, siguen careciendo de un marco legal específico y de una formulación institucional adecuada para participar en esa tarea. Como consecuencia, los institutos castrenses han pagado un alto costo en vidas de soldados y marinos, han experimentado un desgaste injustificable, han sido distraídos de sus funciones constitucionales explícitas y se ha generado una indeseable erosión en sus vínculos con la población civil. Sin embargo, en la crisis de violencia e inseguridad actual es evidente que el Estado no puede asegurar el cumplimiento de la legalidad ni reconstruir la paz sin el concurso de los institutos armados. El retiro de los soldados y marinos de las tareas de seguridad pública colocaría a diversas regiones y a sus habitantes en una total indefensión ante la criminalidad organizada.”

Así, a pesar de que el Plan Nacional de Paz y Seguridad se ha planteado como una estrategia distinta a las emprendidas por los gobiernos anteriores, se apuesta por mantener, y, de hecho, profundizar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles realizando tareas de seguridad pública. La diferencia es que ahora se hará a través de la institucionalización de una nueva fuerza integrada fundamentalmente con elementos militares. El presidente y su equipo justifican esta decisión argumentando que el país está frente a una emergencia debido a los niveles de violencia de la delincuencia organizada y a la falta de capacidades de las instituciones policiales, tanto locales como federales.

La Guardia Nacional parte de la idea de que se van a “fusionar” tres instituciones: la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval

El debate no es menor, si bien la Guardia Nacional pretende plantearse como una especie de fuerza intermedia o híbrida, lo cierto es que la premura con la que se establece y el hecho de que se mantenga bajo el mando militar han despertado una serie de críticas respecto a su implementación y al futuro de la corporación. La propuesta de la creación de la Guardia Nacional parte de la idea de que se van a “fusionar” tres instituciones que son distintas en términos de organización, doctrina y funcionamiento: la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval. No hay claridad sobre el tema del entrenamiento, los protocolos de uso de fuerza y la forma en que operarán.

Cabe también señalar que, lejos de funcionar como una fuerza especializada contra cierto tipo de amenazas, como la delincuencia organizada, se pretende que la Guardia Nacional se encargue de un sinnúmero de funciones. Expresamente se afirma que “participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad, y el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas, protegiendo su seguridad, sus bienes, así como preservar el orden, la paz pública, los bienes y recursos de la Nación”. Es decir, se amplían las funciones de esta nueva corporación con el riesgo de que abarquen todas las tareas de la seguridad pública y la seguridad interior y que no se consolide un cuerpo de elite especializado en combate a la delincuencia organizada.

El nuevo Gobierno de México ha propuesto un cambio en la estrategia para afrontar la delincuencia organizada. Durante la campaña electoral, López Obrador y su equipo pusieron énfasis en temas como la desarticulación de las organizaciones criminales utilizando estrategias de inteligencia financiera y lucha contra el lavado de dinero. Se propuso un modelo que trascendiera la lógica de la “guerra contra las drogas”, lo que incluía la retirada de las Fuerzas Armadas de las calles. Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado una estrategia concreta sobre la forma en que se enfrentarán a las organizaciones de la delincuencia organizada. Dada la emergencia nacional relacionada con los altos niveles de violencia en el país, es comprensible que la estrategia pretenda centrarse en la reducción de ésta y en atender las demandas sociales de pacificación nacional. Se asume que la principal amenaza para la seguridad nacional son la inseguridad pública y las acciones de la delincuencia organizada. Sin embargo, aún no puede verse de manera clara y definida una estrategia contra las organizaciones criminales que sea diametralmente distinta a las acciones emprendidas por las administraciones anteriores.

“La respuesta inmediata del nuevo Gobierno es la creación de la Guardia Nacional -destaca en sus conclusiones Alejandro Chanona-, hecho que deja en evidencia una realidad: frente a sistemas policiales que están rebasados, ante la dinámica delictiva en el país, se continúa privilegiando el uso de las Fuerzas Armadas que son consideradas dentro de las instituciones más confiables y sólidas. Se asume que sin las Fuerzas Armadas el Estado mexicano, pero sobre todo la ciudadanía, estaría literalmente en estado de indefensión ante los embates de la delincuencia organizada. El problema es que, la apuesta por la Guardia Nacional profundiza la tendencia de utilizar a las Fuerzas Armadas en seguridad pública. La retirada de los militares de estas tareas debe ser un objetivo del nuevo Gobierno, pero para ello se tendría que hacer una apuesta, de largo plazo, por el desarrollo de un modelo policial a nivel nacional que permita dar sostenibilidad a las policías de todos los niveles, promover el fortalecimiento de la procuración e impartición de justicia e implementar cambios de fondo de la estrategia del combate contra las organizaciones de delincuencia organizada. El nivel de generalidad del Plan deja muchas partes imprecisas. No se enuncian claramente los tiempos y las acciones concretas a emprender para alcanzar las metas. Tampoco hay una visión sobre la importancia de la cooperación internacional para afrontar el desafío de los grupos de delincuencia organizada, particularmente con Estados Unidos y los países de Centroamérica”.

La Guardia Nacional está prevista en una fase inmediata con el despliegue de más de 50,000 efectivos provenientes de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval. Se han anunciado entre 100,000 y 150,000 reclutas adicionales para la segunda parte del sexenio. El futuro de la nueva corporación plantea grandes dudas sobre el modelo de capacitación policial y los alcances de sus funciones. Asimismo, podría desestimular el fortalecimiento y desarrollo de policías suficientemente capacitadas para afrontar la amenaza compleja de la delincuencia organizada.

El hallazgo de 49 fosas y 69 cuerpos en Tecománun pequeño poblado del Estado de Colima refuerza una tragedia soterrada en México

“En la superficie, sol, palmas y una pequeña comunidad rural. Bajo tierra, 49 fosas clandestinas y 69 cadáveres sin nombre ni apellido. Esa es la tragedia que se escondía en el rincón más alejado de Santa Rosa, una ranchería en la ciudad de Tecomán, en el Estado mexicano de Colima. Todo parece una pesadilla, como si un hallazgo de esa magnitud fuera imposible en una comunidad diminuta en el Estado menos poblado del país…”. Estas son las primeras frases de la crónica del periodista Elías Camhaji, que viene a convertirse en uno de los últimos capítulos de una tragedia enterrada, sepultada, ocultada, escondida, arrinconada, apartada, soterrada…  “Nos duele mucho”, lamenta José, un campesino de 68 años. “Esto es un panteón, una carnicería, una chingadera”. El hallazgo de Tecomán ha sacado nuevamente a la superficie la vorágine de la violencia y el drama de los más de 40,000 desaparecidos la misma semana en que México da un nuevo impulso a su Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, una de las apuestas del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para dar salida a esta crisis.

El primer indicio de la mayor narcofosa que se ha encontrado en Colima llegó el 30 de enero por un caso de secuestro. La fiscalía local recibió a las nueve de la noche la noticia de que cuatro hombres raptaron a una mujer y su hija de cuatro meses en Tecomán. Siempre según las autoridades, la policía estatal identificó el vehículo de los secuestradores poco antes de la medianoche y arrestó a dos hombres que llevaban a la bebé en el maletero. Los detenidos señalaron durante los interrogatorios el sitio donde se habían llevado a la madre. Cuando se hizo el operativo de rescate ya no la encontraron hasta días más tarde. En el predio de Santa Rosa, propiedad de un hombre que vive en Estados Unidos, había rastros recientes de comida y artículos femeninos. Uno de los agentes encontró una pala enterrada y lo que parecía ser un cuerpo. El hedor revelaba que el lugar era algo más que una casa de seguridad.

Personal especializado empezó a excavar en el sitio el pasado 3 de febrero. En los primeros tres días se encontraron 11 fosas y 19 cuerpos, así como un terreno aledaño con las mismas características: tierra removida y olor a muerte. Con un nuevo permiso de búsqueda, el tercero, los agentes descubrieron otras 38 fosas y 50 cuerpos más entre el 6 y el 11 de febrero. La mayoría de las fosas eran poco profundas. Algunos cuerpos ocupaban un solo agujero y otros cadáveres se apilaban verticalmente, de acuerdo con imágenes captadas en las inspecciones oculares policiales y judiciales. Algunos restos eran de hace pocos meses, otros se sepultaron hace más de cinco años y han quedado reducidos a osamentas. Eran tantos cuerpos a lo largo del río Armería que tuvieron que llevarse a morgues de tres ciudades diferentes. La de Tecomán solo tiene capacidad para menos de 20 cadáveres. “Es algo inédito, nuestra infraestructura no está diseñada para recibir tantos cuerpos”, reconoce Gustavo Joya, director de procedimientos de la Fiscalía.

El calor de Tecomán, que roza los 30 grados en invierno, aceleró la descomposición de los cuerpos y ha dificultado la determinación de la causa de muerte y la toma de muestras genéticas, un proceso que puede llevar de uno a tres meses más. Aún no hay detenidos por las desapariciones. Los fiscales dicen que es muy pronto para determinar un patrón en los asesinatos. En el terreno, el modus operandi tiene atisbos aterradores. “Entraba una camioneta a la ranchería, se escuchaban las detonaciones en el monte, se iban las camionetas y no decíamos nada, no podíamos”, relata José, a un costado del camino de terracería que conduce a la finca donde se hallaron las fosas. Y después, el silencio. “Todo el mundo conoce a alguien que han matado o secuestrado”, afirma un tecomense de 28 años que pide el anonimato. “Nos ha cambiado la vida para siempre”. Con apenas 130.000 habitantes y enclavado en un paso estratégico de drogas y armas, Tecomán ha sido arrasado por la violencia. En 2015 hubo 38 asesinatos, según datos oficiales. En 2016, 159. En 2017, 223. El año pasado, 191. “Es peligroso porque es como un laberinto, lleno de brechas y montañas, en los que la delincuencia puede operar y emboscar fácilmente”, señala José Pucheta, jefe de la Policía estatal. Las autoridades argumentan que la violencia es generalizada para todo el país; que la poca población del Estado hace que la situación parezca más grave; que los que mueren suelen ser delincuentes, y que la repercusión del caso se debe a que se reconocen estos problemas, mientras que en otros Estados se ocultan.

Colima es un terreno disputado por los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y la Nueva Familia Michoacana. Manzanillo, la capital económica del Estado, es el puerto comercial más importante del Pacífico mexicano, un punto clave para el trasiego a Estados Unidos y la puerta de entrada para los químicos que llegan desde Asia para fabricar drogas sintéticas. Pero la lógica de guerra de carteles ya no alcanza para explicar la tragedia. La hipótesis de la Policía estatal es que se han producido purgas dentro de los mismos grupos: desde los peones hasta  quienes pelean por el control de grupos cada vez más fragmentados y horizontales. A algunos no les convence esta explicación porque la crueldad es cotidiana y contra la gente que conocen. Como en el resto del país, las desapariciones son el síntoma y la enfermedad es la metástasis de la violencia.

Este no es un caso aislado. En agosto se descubrieron otros cinco cuerpos y las autoridades encontraron entre 2006 y 2016 otras 12 fosas con 36 cuerpos tan solo en Tecomán, según datos oficiales de la investigación A dónde van los desaparecidos. La Fiscalía dice que todavía no se puede establecer si los hallazgos están conectados. Familiares de víctimas cuentan de excavaciones en Colima que no llegaron a los medios. El 4 de febrero se encontró otra fosa en la comunidad de El Chavarín, en Manzanillo, con nueve cuerpos confirmados por las autoridades. “Si esto no hubiera pasado, nadie nos hubiera hecho caso”, afirma Eva Verduzco, que busca a su hermano David y lidera el colectivo Desaparecidos Colima. En el grupo están 10 familias que acusan casos empantanados y acceso limitado a las fosas de Tecomán, pero que han encontrado en el filo de una tragedia subterránea una nueva esperanza. Desde que se reveló el hallazgo en Santa Rosa, unas 120 personas se han acercado para buscar a familiares desaparecidos. Algunas han venido de los Estados vecinos de Jalisco, Nayarit y Sinaloa. En Colima se hizo, por primera vez, una campaña para recopilar ADN que se incluya en una base de datos nacional. Tecomán, el municipio de México con la tasa más elevada de homicidios (155 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales), vive una doble vida de cocoteros que se mecen con calma y sepulturas clandestinas, entre la negación y el pánico y entre los que alzan la voz y los que callan. En el limbo de dos realidades paralelas unos esperan las respuestas con más urgencia que los demás. “Es horrible no saber dónde está”, dice Camila, de 29 años, tras dar una muestra genética para dar con su hermano. “Al menos tenemos la esperanza de un cierre, de terminar con este dolor”.

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