El exgobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías, está a nada de...

El exgobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías, está a nada de salir de prisión, y con ello afirmaría su propaganda falaz de ‘preso político’ peñista y se subiría de nuevo al carro del poder político sin dejar de ser el delincuente inequívoco que es

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En el sexenio presidencial pasado, varios fueron los exgobernadores acusados y/o detenidos por el desvío millonario de recursos, lavado de dinero y otros delitos propios de una clase de personajes políticos y funcionarios truhanes que creyeron que nunca tendrían que enfrentar a la Justicia. Y si bien la mayoría de éstos fueron mandatarios emanados del Partido Revolucionario Institucional, como Roberto Borge, César Duarte, Javier Duarte, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández y Andrés Granier Melo, el Partido Acción Nacional también tuvo su deshonrosa ‘representación’ en figuras como como Guillermo Padrés Elías, de Sonora, y Luis Fernando Reynoso Femat, de Aguascalientes; este último, por cierto, es el único exgobernador que ha recibido sentencia. Por su parte, el sonorense sería el último de ellos en estar a punto de salir de prisión, luego de que un juez le redujera de 100 a 30 millones de pesos la garantía para seguir su proceso en libertad. Previamente, su vástago Guillermo Padrés Dagnino fue absuelto al ‘no poder’ o no querer la PGR validar con pruebas las acusaciones en su contra. De hecho, la dependencia federal del entonces presidente Peña Nieto no consiguió sostener varios de los delitos de los que acusaba a Padrés Elías, quien en reiteradas ocasiones ha aprovechado esas pifias legales para asegurar que se trata de un “preso político”, sobre todo ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto liberar a quienes de verdad pueden estar en esa condición. Su defensa, encabezada por el procurador general de la República en los tiempos del priista Ernesto Zedillo, el panista Antonio Lozano Gracia, que ha contado con todo el respaldo de su padrino político Diego Fernández de Cevallos -quien el mes pasado entregó en vano las escrituras de un terreno de 402 millones de pesos como garantía para que Padrés saliera de la cárcel-, también ha intentado ‘vender’ el caso como resultado de una persecución de la pasada administración federal, un argumento bastante pobre si se considera que el mismo excandidato presidencial y exdirigente nacional panista, Ricardo Anaya –del grupo salinista liderado por el también excandidato presidencial Diego Fernández-, fue exonerado del cargo de lavado de dinero por la PGR de Peña no obstante su campaña de insultos contra el entonces mandatario federal luego de haber roto relaciones con él por no alinearse a su proyecto sucesorio. Sin embargo, el Gobierno de la priista Claudia Pavlovich no ha dejado de perseguir, con más intenciones políticas que de justicia, a quienes ocasionaron el desfalco al erario de Sonora, por lo que ya son varios excolaboradores de Padrés los que han sido acusados y puestos tras las rejas por incurrir en falsedad de declaraciones y desvíos. Por lo tanto,  y como en los casos de los demás exmandatarios convictos, las investigaciones y detenciones de cómplices podrán continuar, pero al final serán los jueces quienes tengan en sus manos el destino de estos delincuentes de cuello blanco, una vez que las relaciones de complicidad entre los ministros de la Suprema Corte y los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales han terminado con el mandato de Peña y ahora con la nueva Presidencia no peñista del  máximo tribunal.

Javier Ramírez

El caso del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, preso desde 2016 acusado del desvío de 200 millones de pesos durante su gestión,recobró relevancia en los últimos días luego de que un juez redujera en 70 millones de pesos la garantía para que pueda seguir su proceso en libertad. Apenas dos días antes, el Consejo de la Judicatura Federal había rechazado la admisión de la hipoteca de una propiedad que Diego Fernández de Cevallos estaba entregando para cubrir los 100 millones que originalmente la Justicia pedía como garantía.

Sin embargo, aunque la liberación de Padrés sería cuestión de días, las autoridades de Sonora, actualmente encabezadas por la gobernador priista Claudia Pavlovich, continúan tras el rastro de corrupción del exmandatario panista, por lo que apenas iniciando este año dieron a conocer la detención en Durango de uno de sus excolaboradores, el exsecretario de Salud, Bernardo Campillo García, quien está acusado de falsear sus declaraciones patrimoniales.

Empresario panista

Guillermo Padrés comenzó su carrera política en 1997 siendo diputado local de Sonora por el Partido Acción Nacional (PAN), aprovechando la plataforma que le daba ser presidente de varios órganos empresariales de dicha entidad. Su trabajo como legislador y sus contactos le permitieron participar en la campaña presidencial de Vicente Fox, fungiendo como vicecoordinador estatal. Al mismo tiempo se postuló como candidato a diputado federal, cargo que ganó en el año 2000.

Desde entonces, en un lapso de seis años, fue designado subdelegado de la Sagarpa en Sonora y se desempeñó como senador. Sin embargo, sólo duró en el cargo un par de años, pues en 2008 se lanzaría como candidato del PAN a la gubernatura de su natal Estado.

En julio de 2009, con una ventaja de menos de 40 mil votos, Guillermo Padrés derrotó a su primo, el priista Alfonso Elías Serrano, quien impugnó la elección al asegurar que hubo inequidad en el proceso. Sin embargo, el recurso fue rechazado tanto por el Tribunal Electoral estatal como el federal, y finalmente Padrés asumió el cargo el 13 de septiembre de ese año.

Gobierno polémico

Su gestión al frente del Gobierno del Estado habría pasado sin pena ni gloria de no ser porque se vio involucrado en varios conflictos, como el de retomar en 2013 el cobro del impuesto de tenencia vehicular, desatando una serie de protestas que amagaron con boicotear la Serie del Caribe de Béisbol que se realizaría ese año en Hermosillo; la noticia de que una propiedad de su familia contaba con una presa personal, que derivó en una investigación por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); pero sobre todo el secuestro y tortura que sufrió en 2011 una mujer que trabajó como sirvienta de su familia durante nueve años, luego de ser acusada por la esposa de éste, Iveth Dagnino, de robar un maletín con 450 mil pesos y joyas valuadas en 130 mil. Las comisiones estatal y nacional de Derechos Humano intervinieron y extendieron ‘recomendaciones’, pero ninguno de los involucrados sufrió consecuencias penales.

Debido a sus mediocres resultados en materia económica y de seguridad, su partido perdió la gubernatura en junio de 2015 frente a la candidata del PRI –y del exgobernador y expresidente del PRI, Manilo Fabio Beltrones, su padrino político-, Claudia Pavlovich Arellano, quien ordenó una investigación exhaustiva a la administración de su predecesor, con todo y que ella fue exhibida pidiendo favores a empresarios por sus gestiones realizadas como regidora y diputada local que fue.

Entra la PGR

Sin embargo, sería la Procuraduría General de la República (PGR), en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la que detectara cuentas de Padrés en el extranjero por 8.8 millones de dólares, equivalentes a 134 millones de pesos, los cuales nunca declaró ante las autoridades fiscales.

De acuerdo con el entonces titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR, Crisóforo Díaz Cervantes, el exgobernador dispersó los recursos a diversas empresas mexicanas manejadas por sus familiares, con el fin de ocultar su origen.

Poco después, la dependencia determinó que su administración realizó licitaciones ‘a modo’ para adquisiciones de uniformes escolares de escuelas públicas, otorgando contratos a un grupo de empresarios vinculados a Padrés, por la cantidad de 260 millones de pesos.

Dichos recursos fueron utilizados para fondear cuentas bancarias y después fueron transferidos a una cuenta concentradora en la que se encontraban familiares del exmandatario, entre éstos su hijo Guillermo Padrés Dagnino. Los montos detectados en esas transferencias ascienden a 178 millones de pesos.

Así, en octubre de 2016, la PGR libra una orden de aprehensión en su contra por los delitos de defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber legal, imputándole operaciones con uso de recursos de procedencia ilícita por 8.8 millones de dólares, así como por más de 10 millones de pesos en contratos para la elaboración de uniformes escolares y un desfalco al erario de más de 30 mil millones de pesos.

La detención

Luego de varias semanas prófugo, y tras ofrecer una entrevista de televisión al periodista Ciro Gómez Leyva -en la que aseguró ser un “perseguido político” del Gobierno federal priista que buscaba “emparejar cartones” tras las acusaciones de corrupción hechas a varios exgobernadores del tricolor, como Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte-, el 11 de noviembre de 2016,Padrés Elías fue detenido por elementos de la PGR cuando acudió a un Juzgado en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. Su hijo, Guillermo Padrés Dagnino, fue aprehendido horas después cuando acudió para conocer la situación legal del exmandatario. El Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en el Estado de México, lo había acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Padrés Dagnino fue llevado al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, mientras que Guillermo Padrés consiguió horas antes de su detención una suspensión provisional para evitar ser trasladado a un penal federal, por lo que quedó a disposición en los separos del Juzgado Décimo Segundo en el Reclusorio Oriente.

La defensa

Tras las detenciones, el entonces presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya –acusado más tarde de lavado de dinero-, aseguró que Guillermo Padréshabía hecho lo correcto al dar la cara para defenderse y buscar un juicio justo, y que el blanquiazul lo respaldaba para que así fuera. Por su parte, Iveth Dagnino se plantó afuera de la cárcel para afirmar que su esposo era víctima de acusaciones gestadas desde anteriores campañas políticas.

Para entonces, el exgobernador ya estaba siendo investigado por al menos nueve delitos tanto por parte de la PGR como por el Gobierno de Sonora (por tortura, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, tráfico de influencias y asociación delictuosa).

Padrés salió en libertad casi nueve meses después, en agosto de 2017, luego de que la PGR se desistió de la acusación en su contra, tras determinar que no había elementos para seguir el caso, y el juez Cuarto de Distrito del Estado de México ordenó su liberación del penal federal de Cuautla, Morelos.

El exmandatario consiguió también una victoria en febrero pasado, cuando fue absuelto por el juez federal Guillermo Urbina de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal que habrían sido cometidos en 2015, por un monto de 8.8 millones de dólares no reportados a la autoridad fiscal y que presuntamente trianguló en cuentas bancarias de Sonora, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Holanda. De modo que sólo queda en su contra el proceso por el lavado de 10 millones de pesos. En junio pasado el mismo juez le negó la libertad sobre este último caso.

El 19 de diciembre pasado, el Juzgado Séptimo de Distrito en Procesos Penales Federales ya había acordado como satisfecha la garantía de 40 millones de pesos que le impusieron en el juicio por lavado de lavado de 11 millones 186 mil 895 pesos. Y para que Padrés pudiera suplir la reclusión preventiva, el Juzgado Décimo Segundo de la Ciudad de México le impuso tres medidas cautelares: presentación periódica ante el órgano judicial, exhibición de garantía económica por 100 millones de pesos y prohibición de salir del país.

Interviene ‘el jefe Diego’

El pasado 21 de diciembre se dio a conocer que el Juzgado Décimo Segundo de Distrito rechazó la admisión de la hipoteca de una propiedad de Diego Fernández de Cevallos para garantizar los 100 millones de pesos que requiere Guillermo Padrés para salir de prisión, al determinar que dicha escritura pública no permitía conocer si el valor fiscal del inmueble en efecto era suficiente para cubrir la garantía señalada y los gastos de ejecución de la hipoteca.

El terreno ofrecido por ‘el jefe Diego’, un lote en la exclusiva zona de Playa Diamante, Acapulco, tiene una extensión de 53 mil 418 metros cuadrados y está valuado en 402 millones 825 mil pesos, cifra cuatro veces superior a lo que debe ser cubierto por el sonorense.

Sin embargo, el Consejo de la Judicatura Federal explicó que si bien el fedatario público que la constituyó otorgó al predio el valor de 402 millones 825 mil pesos, lo hizo con base en un avalúo en el que, lo que se determinó, fue el valor comercial y no el exigido por la ley procesal penal.

Tras el revés recibido, al día siguiente la familia del sonorense compartió un audio en el que éste pide la ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que su encarcelamiento de más de dos años se debe a que jueces “perversos y obedientes al viejo sistema del PRI” se han valido de artimañas jurídicas para mantenerlo preso.

“Durante este infierno en que me tienen, aquí el viejo sistema -qué bueno que ya se fue el PRI- ha acusado a mi familia, y con todo el dolor de mi alma, encarceló cobardemente a mi hijo en el reclusorio de alta seguridad por más de nueve meses para presionarme, para que yo aceptara delitos que no cometí y lo hicieron sin ninguna prueba al respecto, y luego de pasados los nueve meses con ‘un usted disculpe, no hay ninguna prueba contra ti’, hicieron todo con la intención de lograr que yo me implicara en delitos que no cometí”, aseveró en la llamada hecha desde un teléfono público de la prisión.

Al mismo tiempo, su defensa presentó un escrito ante un Juzgado Federal para acusar “las graves violaciones, errores y afirmaciones improcedentes que se contienen en la resolución” que impiden al exgobernador seguir su juicio por fraude al fisco en libertad.

Reducen la fianza

Tres días antes de finalizar 2018, el magistrado del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal, Ricardo Paredes Calderón, ordenó la reducción de 100 a 30 millones de pesos la garantía impuesta por el Juzgado Décimo Segundo de Proceso Penales para el exmandatario lleve el proceso que se le sigue en libertad.

El abogado de Padrés, el exprocurador de la República, Antonio Lozano Gracia, consideró que el Quinto Tribunal Unitario corrigió un grave error del Juzgado Décimo Segundo y del Segundo Tribunal Unitario, los cuales “de manera absolutamente excesiva e ilegal, habían considerado la reparación del daño cuando no se puede considerar ésta en un cambio de medida cautelar para otorgar la libertad.

Sin embargo, comentó que “la familia del exgobernador no cuenta con los 30 millones” y que no tendría sentido presentar de nueva cuenta la hipoteca del predio de Fernández de Cevallos debido al criterio aplicado por el Juzgado Décimo Segundo. Indicó que están buscando la manera de cubrir la garantía y que sólo esperan que la PGR no apele la decisión del Quinto Tribunal Unitario, para lo cual, Padrés, intenta congraciarse con el presidente morenista de la República denunciando la politizada persecución policial de Peña en su contra.

Parece cuestión de tiempo para que Padrés Elías salga de prisión, mientras las autoridades de Sonora continúan investigando las irregularidades de su mandato. Así, en los últimos meses han sido detenidos el extitular de la Sagarpa, Héctor Ortiz Ciscomani, como probable responsable del delito de ejercicio abusivo de funciones; el exsecretario de Gobierno, Roberto Romero López, por ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias contra la Sagarpa; y, apenas este 1 de enero, el exsecretario estatal de Salud, Bernardo Campillo García, por dar información falsa en su declaración patrimonial.

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