El “hipergarantismo” y la protección extrema que derivan de las últimas reformas...

El “hipergarantismo” y la protección extrema que derivan de las últimas reformas legislativas han provocado en la entidad un aumento tanto del número de delitos cometidos por menores, como del grado de violencia que utilizan

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A los contribuyentes de Quintana Roo les cuesta más de 714 mil pesos intentar reformar a un delincuente adolescente, esto porque la Dirección General de Ejecución de Medidas para Adolescentes, en cuyo edificio y respectivo equipamiento se invirtieron más de 20 millones de pesos, no trabaja a su completa capacidad: debería vigilar la rehabilitación de 120 menores infractores, pero en promedio sólo atiende a siete. No es culpa del personal que labora en esa institución, sino del actual Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, que considera que, a pesar de que un muchacho de entre 12 y 17 años puede matar, torturar y violar, no es un agresor, sino una víctima de todo lo que le rodea. Por eso no pueden pisar la cárcel. Por eso es necesario demostrar que son un verdadero peligro para la sociedad para poder internarlos. De lo contrario, la única sanción a su falta es comunicarse con sus padres (sí, esos que la misma ley considera los causantes de que sus hijos sean unos delincuentes) para que reparen el daño y los pongan en cintura. Se trata, entonces, de un círculo vicioso que tiene sus bases en la rampante inmigración y en la falta de políticas e infraestructura públicas que permitan a los jóvenes desarrollarse en entornos alejados de la violencia que viven todos los días fuera o dentro de sus familias. Porque la gente sigue llegando a Quintana Roo pensando que encontrará el empleo que en su tierra natal se cansó de buscar, pero termina desempleada y segregada en alguna de las múltiples zonas de invasión, donde hombres, mujeres y niños viven en condiciones infrahumanas que terminan por destruir la moral de cualquiera. Donde los menores terminan ‘educándose’ en las calles, agrupándose en bandas que empiezan como una válvula de escape de la realidad pero que acaban siendo reclutados por criminales que los utilizan como carne de cañón para el tráfico de drogas, los asaltos y hasta las ejecuciones, aprovechando que la Ley los protege y que quedarán libres en cuestión de horas. De esta manera, una vez que le ‘toman la medida’ a la Justicia mexicana, esa que prácticamente protege más al victimario que a la víctima, seguirán intocables, engrosando las estadísticas delictivas hasta que cumplan la mayoría de edad o terminen tres metros bajo tierra.

El “hipergarantismo” y la protección extrema que derivan de las últimas reformas legislativas han provocado en la entidad un aumento tanto del número de delitos cometidos por menores, como del grado de violencia que utilizan

Armando Galera

La Dirección General de Ejecución de Medidas para Adolescentes, en cuyo edificio se invirtieron más de 20 millones de pesos y laboran más de 30 personas, hoy sólo alberga a siete menores infractores, esto a pesar de que las estadísticas oficiales revelan que el 60 por ciento de los delitos registrados en Quintana Roo son cometidos por adolescentes de entre 12 y 17 años.

La razón es simple: el nuevo Sistema de Justicia Penal para Adolescentes considera que a pesar de que la población joven comete el mismo tipo de delitos que los adultos, incluyendo la intensidad de la violencia, deben ser tratados de manera diferente buscando “que no se violenten sus derechos, a fin de que su desarrollo no se vea truncado por una estancia en prisión innecesaria”.

Las corporaciones policiacas, tanto estatales como municipales, señalan que esta nueva legislación dificulta la aplicación de la Justicia, pues para que un menor sea internado en un Centro de Tratamiento para Adolescentes es necesario acreditar que es un peligro para la sociedad, al haber usado violencia física contra sus víctimas.

También magistrados de Tribunales de Justicia de diversos Estados del país claman que es necesario revisar el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, ya que a un año de sus reformas no ha beneficiado en la readaptación ni en la reinserción de estos jóvenes a la sociedad.

Por el contrario, comentan que se ha dado un “hipergarantismo y protección extrema que de una u otra forma no hace bien ni a los adolescentes ni a la propia sociedad, pues la incidencia de delitos cometidos por jóvenes se ha incrementado, así como el grado de violencia que utilizan al cometerlos. Y esto es consecuencia de que los menores infractores no le tienen miedo a la Justicia, pues saben de antemano de la impunidad que gozan”, según refiere el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, Jorge Armando Vázquez.

En Quintana Roo, por ejemplo, alrededor del 98 por ciento de los adolescentes infractores que son turnados ante la Justicia salen libres.

Menores infractores

Las “notas rojas” del pasado 22 de noviembre revelan que en Quintana Roo fueron detenidos 12 menores de edad: uno, de 15 años, por robar alcohol en una tienda de Playa del Carmen. Otros dos, de 14 y 17 años, por violentar con arma blanca propiedad privada y amenazar de muerte a su inquilino, en Tulum.

Un adolescente de apenas 13 años fue detenido en la Región 238 de Cancún por portar 30 dosis de droga. Del otro lado de la ciudad, tres adolescentes de 12, 16 y 17 años fueron arrestados por golpear y robarle su ganancia del día a un dueño de un puesto de tacos.

Esta docena de jóvenes comparten dos cosas en común: son delincuentes, y ninguno de ellos pisó la cárcel gracias al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2016 se registraron 19 mil 628 denuncias por diferentes delitos, desde violencia intrafamiliar hasta robo, secuestro y homicidio. El 40 por ciento de estos actos los cometieron adolescentes de entre 12 y 18 años, y otro 20 por ciento jóvenes de entre 19 y 24 años de edad.

Significa que menores de edad cometen al día 21 delitos en Quintana Roo. Si la tasa de arresto en la entidad es del 30 por ciento, lo que significa 2 mil 190 en el último año.

Por supuesto que muchos de estas denuncias incluyen infracciones administrativas que van desde orinar, escandalizar o ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, hasta el pandillerismo o la toxicomanía (utilización de drogas). Pero también es verdad que los adolescentes son responsables de cinco de cada 10 casos de asaltos con violencia, seis de cada 10 casos de robo a casa-habitación, tres de cada cinco violaciones y cuatro de cada 10 delitos relacionados con el narcotráfico.

De manera sorprendente, actualmente sólo siete menores de edad están internados en la Dirección General de Ejecución de Medidas para Adolescentes. Y ese es el promedio de adolescentes infractores que atiende el organismo, pese a que está diseñado para atender a 120 adolescentes.

Significa que a los contribuyentes les cuesta alrededor de 714 mil pesos al año intentar reformar a cada uno de estos delincuentes menores de edad.

Y tal parece que no están teniendo éxito en su tarea de rehabilitarlos. Pues las cifras oficiales demuestran que el 70 por ciento de los menores delincuentes son reincidentes.

Un sistema benevolente

Personal del Ministerio Público afirma que esta situación se debe a que el actual Sistema de Justicia Penal es demasiado “benevolente” con los menores infractores.

En primer lugar, porque la Ley de Justicia para Adolescentes redujo el tiempo de las sanciones a un máximo de tres años de prisión para cuyas edades oscilen entre los 12 y los 16 años de edad, y cinco años para los menores infractores de entre 16 y 18 de edad.

Sin embargo, para poder recluirlos debe comprobarse que representan un peligro para la sociedad, demostrando para ello que hicieron uso de violencia excesiva en su acto cometido.

“Es decir, tiene que lesionar o privar de la vida a la persona para que pueda ameritar una medida de internamiento, lo que deja en grave riesgo a las víctimas”, dice Fernando Zetina, del Ministerio Público, y explicó que esto viene en el artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en el capítulo de internamientos.

Como segundo obstáculo, se encuentra el hecho de que la actual Justicia para adolescentes establece que aquellos jóvenes que se encuentren en conflicto con la ley, son víctimas y no victimarios, por lo que se busca que sus sentencias no terminen en internamiento, pues de lo contrario “se estaría violando su derecho a un desarrollo pleno”.

“Por tanto, cuando cometen un delito, el juez optará en la mayoría de los casos a comunicarse con sus padres o tutores y obligarlos a reponer el daño que ocasionaron sus hijos. Si el delito es considerado un poco más grave, deberán de pasar cada mes ante la autoridad para firmar un acta que certifica que están estudiando y ya no están en las calles delinquiendo”, señala el entrevistado.

“Esto provoca frustración en los agentes de la Policía Municipal cuando hacen la detención, porque después del incidente donde estaba en riesgo la víctima, como se trataba de un menor de edad, se le dan todas las protecciones de la Ley. Es difícil cumplir con nuestro trabajo con este tipo de legislaciones que no son adecuadas a la realidad”, agregó.

Citó como ejemplo el caso de “El Güero”, un adolescente de Cancún que cuenta con más de 20 detenciones por robo con violencia a comercio, robo de vehículo o portación de arma. De estas detenciones, 11 fueron en flagrancia y algunos de estos hechos quedaron videograbados por cámaras de seguridad.

Pero actualmente “El Güero” se encuentra en libertad, ya que la ley establece que a sus 15 años de edad aún no está plenamente consciente de sus actos, y por tanto con que devuelva lo robado puede continuar en libertad.

“El Pantera” vive en Playa del Carmen, y a sus cortos 17 años tiene un historial mayor a las 25 detenciones por cometer robos con violencia. Actualmente está en internamiento pero recobrará su libertad en enero de 2018.

Dos menores de edad, de 14 y 16 años respectivamente, fueron asegurados el pasado 12 de agosto por robo a comercio en la ciudad de Chetumal. Luego de llamar a sus padres, fueron dejados en libertad. Cuatro días después fueron detenidos por el mismo delito.

Carne de cañón

Carlos Arturo Álvarez Escalera, extitular de la Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General del Estado, reveló en entrevista pocos días antes de separarse de su cargo, en diciembre del 2016, que los cárteles de la droga siguen utilizando a jóvenes menores de edad para traficar drogas, aprovechando los vacíos legales que en algunos casos los salvan de la cárcel.

En este sentido, señaló que la delincuencia organizada, debido a lo “flexible” de la ley para menores infractores, está permitiendo que los jóvenes de entre los 14 y 17 años sean utilizados para la venta de droga, ya que por su edad no están sujetos a cárcel y apenas pueden ser retenidos en casas para menores infractores, lo que a su vez se vuelve un hecho muy peligroso.

Dijo que este problema fue detectado en su mayoría en la zona norte de la entidad, sobre todo en Cancún, donde el grado de delincuencia juvenil es mayor; pero también se ha visto esa situación en la parte sur.

De hecho, tres de cada 10 delincuentes relacionados con el crimen organizado en el Estado son adolescentes con edades que oscilan entre los 14 y los 17 años de edad.

Muchos de ellos han asesinado a sangre fría. Como L.P., alias “El Caño”, de escasos 15 años, que en julio del 2016 fue arrestado por haber ejecutado a dos hombres en la delegación de Alfredo V. Bonfil, en un supuesto ajuste de cuentas entre los cárteles.

Pero salió libre, porque su defensa alegó que la actual legislación establece que “por ningún motivo, las personas mayores de edad cumplirán medidas privativas de la libertad en los mismos espacios que las personas adolescentes” y que “no podrán ser juzgados en en el sistema de justicia para adultos”.

Su pena fue pasar un año en la Dirección General de Ejecución de Medidas para Adolescentes, donde les enseñan los oficios de serigrafía de camisas y gorras, así como carpintería, con el objetivo de que tengan una manera honesta de ganarse la vida al salir.

Pero a “El Caño” no le llamó la atención. Decía que su destino ya estaba decidido: le gustaba el dinero fácil ganado con sangre.

Fue liberado en mayo pasado, con la consigna de que se presente cada mes para firmar todo el papeleo que acredite que es un hombre de bien y de provecho para la sociedad.

De acuerdo con las autoridades, nunca regresó. Sus padres desconocen su paradero, aunque tienen la esperanza de que la próxima vez que lo vean no sea dentro de una bolsa negra.

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