El improducto agro estatal se ha convertido, sin embargo, en un negocio...

El improducto agro estatal se ha convertido, sin embargo, en un negocio muy lucrativo para algunos activistas ejidales, cuyas causas vindicativas por el cobro de seguros indebidos suponen, además de la comisión de tolerados delitos federales y del fuero común, todo género de daños a la economía y al derecho de terceros.

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“Desgraciadamente, en México los campesinos son flojos, sin iniciativa y acostumbrados a seguir viviendo del cobro de los seguros por parcelas siniestradas”, decía la presidente de la Comercializadora Nacional de Productos del Campo, Gumercinda Villegas Virgen, luego de revelarse que en 2016 el campo mexicano fue un 35 por ciento menos productivo. “Se acostumbraron a no producir nada, a realizar plantones y bloqueos de carreteras para cobrar un seguro que les permite ganar sin trabajar”, señalaba Villegas en agosto pasado. Cuatro meses después, los campesinos del sur y centro de Quintana Roo comenzaron a cerrar las principales vías de acceso terrestre al Estado, para exigir el cobro de sus parcelas ‘siniestradas’, a pesar de que desde hace cuatro años la entidad no ha sufrido inundaciones, sequías ni demás desastres naturales que lo justifiquen. Mientras pelean el cobro de ese dinero, que los líderes campesinos consideran su ‘aguinaldito’, los datos señalan que el 80 por ciento de las unidades de producción agrícola del campo quintanarroense tienen problemas precisamente para producir, por lo que la entidad debe importar el 75 por ciento de los productos agropecuarios desde otras entidades. Por eso, irónicamente, cada vez que los campesinos de Quintana Roo bloquean las carreteras para “exigir sus derechos por trabajar el campo”, lo único que hacen es encarecer los precios de los productos del campo.

Por Emmanuel Martínez

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Por tercera ocasión en lo que va del primer mes del año, grupos de ejidatarios bloquearon tramos carreteros estratégicos del Estado como medida de presión para exigir el pago del seguro por siniestros de sus parcelas.

“Cada año nos deben pagar 2 mil 500 pesos por hectárea siniestrada. Era obligatorio. Es como el aguinaldito del campesino porque no reciben sueldo. Pero este año no quieren pagarnos. Son más de 15 mil compañeros campesinos de las más de 60 comunidades rurales de los Municipios de Othón P. Blanco, los que exigimos este dinero. Y si no nos cumplen, vamos a intensificar los bloqueos”, dijo en entrevista el secretario general de la Confederación Nacional Campesina, la CNC, de Bacalar, Manrique Rodríguez Ventura, durante el bloqueo de más de 12 horas que realizaron el pasado 19 de enero en el tramo Bacalar-Felipe Carrillo Puerto, a la altura de la comunidad de Reforma.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural, Pedro Pérez, afirma que los campesinos sí solicitaron el pago de un agroseguro, pero el trámite lo realizaron casi dos meses fuera de tiempo, puesto que la fecha de cobertura terminaba el 30 de octubre.

Días antes, el 4 de enero, mil 838 productores del Municipio de José María Morelos ‘lograron’ que la aseguradora Agroasemex les pagara 5 millones 800 mil 500 pesos por la indemnización del Seguro Agropecuario Catastrófico.

Esto, claro, después de bloquear durante casi 48 horas el tramo de la carretera federal que comunica la cabecera municipal de José María Morelos con Felipe Carrillo Puerto, principal vía de comunicación terrestre entre Quintana Roo y Yucatán, y que tuvo como saldo cientos de vehículos atorados, afectando a miles de personas que tenían que ir a sus centros laborales, a consultas médicas o a cumplir con sus actividades particulares.

Y el 11 de agosto pasado, fueron más de 2 mil 780 campesinos del Municipio de Felipe Carrillo Puerto los que impidieron el paso por la carretera Felipe Carrillo Puerto-Chetumal, en las inmediaciones de Xtomoc, también exigiendo el  cobro del seguro por perder la cosecha de sus milpas.

Lo cierto es que tal como mencionó Manrique Rodríguez, uno de sus líderes, cada año los casi 97 ejidos rurales de la zona sur-centro de Quintana Roo reciben alrededor de 33 millones de pesos por concepto del agroseguro por los presuntos siniestros que cada temporada sufren sus cultivos.

En otras palabras, quiere decir que el campo quintanarroense es cada vez más improductivo: se pierden las cosechas por supuestos siniestros naturales –como sequías e inundaciones-, y aparte el Gobierno debe invertir en una aseguradora para que ésta a su vez le pague a los campesinos que no producen nada. Porque si no lo hacen, como sucedió este año, los campesinos adscritos a la CNC recurrirán a la ‘vieja confiable’ –estrategia- de bloquear carreteras para así presionar a las autoridades.

El círculo es de lo más ruinoso por cuanto se ha hecho vicio y, más, un modus operandi y una tradición comunitaria. Es cierto que al agro mexicano fue hundido por el neoliberalismo salinista que quitó el subsidio de los precios de garantía en los noventa y lo puso a competir con las potencias agropecuarias, cuyos Gobiernos siempre han socorrido a su producción rural con fuertes estímulos fiscales y sólidas políticas proteccionistas (tanto por las afectaciones de la irregularidad climatológica como por las condiciones cambiantes del mercado). Y también es cierto que el agro comercial quintanarroense fue un invento fallido del populismo echeverrista de los setenta para colonizar el Territorio Federal y convertirlo en Estado –una moda tan costosa como perniciosa de ese tiempo: la fundación e inauguración de demarcaciones territoriales como conquistas sociales revolucionarias-, y que salvo el ingenio azucarero de la Ribera del Río Hondo y la producción chiclera, en el sur de la entidad, todos los proyectos públicos de desarrollo agroindustrial han sido colosales inversiones equívocas, y el agro –al que arribaron en los setenta colonos que en su mayoría no eran campesinos- ha servido más como fuente de clientelas partidistas y de dinero mal habido –procedente del poder político en turno- para líderes agrarios veniales que han hecho grandes fortunas mediante la movilización militante y electoral, de sus grupos comunitarios rurales. Y tan cierto es eso como que nunca, existiendo en el norte turístico del Caribe mexicano uno de los mayores mercados de consumo del país, el campo quintanarroense lo ha convertido en destino de sus productos, y la comunidad rural del Estado ha vivido más del subsidio gubernamental en su calidad de clientela política del poder –y de la conversión de las tierras ejidales en patrimonios inmobiliarios para la expansión patológica de las principales ciudades-, que del éxito de las políticas públicas y de la productividad del sector.

Un dato: el 75 por ciento de los productos del campo que se consumen en el Estado son importados desde Yucatán y Campeche, por lo que los bloqueos carreteros realizados por los campesinos tienen como efecto inmediato el desabasto de vegetales, frutas y verduras, encareciendo esos alimentos básicos para la población. Ese agrarismo es un negocio político que no hace más que agravar la situación de pobreza complicada con la inmigración indigente y sin control a la entidad, y ahora con el ‘gasolinazo’.

El origen del problema

Al cierre de la temporada agrícola 2016, la aseguradora Agroasemex determinó que sólo 3 mil 484 hectáreas del campo quintanarroense tuvieron daños irreparables en sus cultivos, para los cuales se destinarían 2 millones 456 mil pesos, luego de considerar que por cuarto año consecutivo el sector agrícola en el Estado no sufrió sequías, inundaciones, ni ningún desastre natural que justificara el pago del seguro por siniestro.

pedro-perezSin embargo, los otros 97 ejidos rurales de Othón P. Blanco, Bacalar y José María Morelos, se inconformaron alegando que sus tierras de cultivo sí sufrieron embates de la naturaleza y por tanto debían acceder al beneficio de la cobertura del seguro.

Por su parte, la Agroasemex explicó en un comunicado, en noviembre pasado, que trataron de verificar los daños en las parcelas en varios ejidos del Estado, pero sus respectivos Comisariados ejidales impidieron esa labor, por lo que al no poder cumplir con el levantamiento de las pérdidas por los desastres señalados no se podría aplicar la póliza de amparo a las milpas siniestradas.

También señalaron irregularidades en los padrones ejidales, al incluirse hasta 2 mil nombres adicionales, lo que hacía que no cuadraran los documentos agrarios.

Y los campesinos respondieron con manifestaciones y ‘banderas de lucha’. El momento más álgido ocurrió el jueves 29 de diciembre, a unas horas de que concluyera el 2016, cuando campesinos de Sabán y de Huay Max (comunidades pertenecientes al Municipio de José María Morelos) retuvieron al tesorero municipal, Carlos Cetina Alamilla; al secretario técnico, Jorge Martín Angulo; y al Directo de Desarrollo Agropecuario, Donato Tu Canul, funcionarios del Ayuntamiento morelense, en la cárcel municipal. Aunque el hecho no pasó a mayores. Luego de que el 2 de enero les fueran pagados los 3.5 millones de pesos que los productores exigían, los rehenes fueron liberados. Privación ilegal de la libertad y otros delitos se configuraron con ese ataque a los funcionarios municipales, en el mismo sentido en el que se han cometido todo género de crímenes federales y del fuero común cuando se atenta contra vías generales de comunicación, medios públicos y privados de transporte, y contra los derechos de terceros y las garantías fundamentales, bajo la bandera de ese tipo de ‘movimientos de reivindicación social’ tolerados por las autoridades de todos los niveles de Gobierno. Nunca la cosa pasa a ‘mayores’ si no ocurren hechos de sangre, por más que se viole de manera sistemática y recurrente el Estado de Derecho.

Ante la laxitud, la permisividad, la ilegitimidad y la cobardía de las autoridades (donde las Policías y la tropa son testigos silentes de los atropellos y a menudo son objeto de las vejaciones de los agitadores), los ejidatarios de los demás Municipios replicaron tales ejemplares acciones de impunidad. Bloquearon la principal conexión entre Quintana Roo y Yucatán el pasado 4 de enero, durante un lapso de 48 horas, para exigir el pago del seguro por la pérdida de cosechas en 21 mil 350 hectáreas, ya que Agroasemex sólo había considerado siniestradas 7 mil 453 hectáreas, para lo cual se destinarían 10 millones 361 mil 250 pesos.

Al final, la manifestación fue levantada hasta que el Gobierno estatal se comprometió a gestionar ante la aseguradora el pago a todos los ejidatarios.

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El 19 de agosto, una multitud de 4 mil 500 campesinos se apostaron en la carretera Bacalar-Felipe Carrillo Puerto, a la altura de la comunidad de Reforma, impidiendo el cruce de vehículos. Su exigencia: que también a ellos se les beneficiara con el ‘seguro catastrófico’, y que fueran 2 mil 500 por hectárea lo que se les entregara y no mil pesos, como se le ofreció a los demás ejidos.

Al lugar llegó Miguel Ramón Martín Azueta, jefe de la Oficina del Gobernador, para informar a los manifestantes que la agroaseguradora no les podía pagar por dos razones: la primera, porque sus parcelas no sufrieron ningún siniestro para ser consideradas, y la segunda, porque no ingresaron sus trámites a tiempo (aunque de acuerdo a Agroasemex, el 20 por ciento de las unidades productivas de esos ejidos ni siquiera entregaron sus documentos), aunque se comprometió a que el Gobierno estatal gestionaría para que también a ellos les fuese otorgado un pago extraordinario de mil pesos por hectárea.

Luego de escuchar estas declaraciones, varios de los líderes campesinos se apresuraron a pedir a sus compañeros aceptar el obsequio, reconociendo a viva voz que muchos no habían cumplido con los requisitos para ser acreedores al seguro.

“Compañeros, les pido que acepten los mil pesos que nos están ofreciendo por hectárea. No es lo que merecemos, pero debemos ver la realidad: muchos no metimos nuestros papeles al Seguro, por lo que ni siquiera estamos considerados. Mil pesos son mejor que no tener nada. Mejor vamos a dejar que nuestros representantes vean (gestionen) el pago”, dijo Gabriel Caamal, uno de los líderes campesinos, una vez que escucharon la propuesta del jefe de la Oficina del Gobernador.

Sin embargo, muchos no aceptaron la magnanimidad del trato. Entre abucheos y gritos, señalaron que no quieren repetir lo sucedido en el Ejido Kilómetro 50, donde sus dirigentes ejidales cobraron 340 mil pesos por ‘seguro catastrófico’, y a pesar de que el dinero ya venía con el nombre de cada uno de los afectados que recibirían el pago, la comitiva ejidal alteró las medidas de las hectáreas dañadas, ingresó nombres de familiares y amigos que no eran campesinos o ni siquiera vivían en el Municipio de José María Morelos, o ‘rasuró’ los sobres entregando a los afectados una cantidad tres veces menor a la pagada por la aseguradora. Fue evidente y certificable el cinismo de la causa que acabó en rapiña, y con esa experiencia a cuestas de la delincuencia ejidal al frente del Comisariado, el acuerdo quedó a medias.

“Cada año nos pagaban”

“Nosotros exigimos el pago de ‘nuestro siniestro’ del 2016. Porque año con año se nos está pagando, pero éste no nos pagaron”, decía Manríquez Rodríguez Ventura, líder de la CNC de Bacalar, en entrevista con Gregorio Yupit el pasado 19 de enero, justo en el momento en que sus representados tenían bloqueada la carretera Chetumal-Bacalar.

“Tenemos un promedio de 11 mil hectáreas que son beneficiadas por el seguro. Nosotros exigimos el pago de 2 mil 500 pesos a los casi 10 mil productores de los 57 ejidos. Y si no tenemos una respuesta satisfactoria en los próximos días, tomaremos otras medidas, como más plantones o hasta la toma del Palacio de Gobierno, pues sólo de esta manera nos escuchan y nos hacen caso”, señalaba el ‘líder campesino’.

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-Pues en José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto los campesinos hicieron su mitote y les pagaron. Ustedes replican sus acciones. Pero en esas comunidades también hubo escándalos porque metieron nombres de más y muchos salieron ganones. ¿En Bacalar sucederá lo mismo?, cuestiona el entrevistador, Gregorio Yupit.

“Pues les estamos pidiendo a los Comisariados ejidales que por favor metan su padrón real. Porque tenemos un padrón ya hecho, pero no sabemos si lo van a respetar. Por eso les pedimos que metan lo que es, pero será ya organización de cada quien”, responde el comisario.

Y explica que ellos sí metieron sus trámites a tiempo, aunque con el cambio de Gobierno, dice, les dieron largas y eso evitó que la aseguradora aceptara sus papeles.

“Porque cada año, en administraciones pasadas, nos pagaban este dinero, justo a finales de diciembre. Era como un aguinaldito para el campesino que no tiene sueldo. A nosotros no nos importa quién tiene la culpa, si el Gobierno o la aseguradora, lo que queremos es que nos paguen”, aclara Rodríguez Ventura.

Los productores, principal problema del campo

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En agosto del año pasado, la presidente de la Comercializadora Nacional de Productos del Campo, Gumercinda Villegas Virgen, ‘explotó’ en sus declaraciones contra el campesinado mexicano al acusarlos de “flojos, sin iniciativa, y acostumbrados a seguir viviendo del cobro de los seguros por parcelas siniestradas”, según lo señaló luego de que en la segunda temporada de cosecha del 2016, la producción del campo reportara una reducción de casi el 35 por ciento, lo que encareció el precio de los productos agrícolas.

“El sector del campo no tiene ningún problema extraordinario a los que enfrenta año con año -falta de lluvias, inundaciones, plagas, etcétera- y para los cuales ya existen las tecnologías y procedimientos para superarlos. Por tanto, son injustificables los lloriqueos de los hombres del campo. Son muy buenos para organizarse y hacer plantones y manifestaciones, y para exigir el cobro del seguro por parcelas siniestradas, pero no pueden hacer más productiva la tierra. Así jamás vamos a sacar adelante al sector”, dijo en entrevista Villegas Virgen durante una conferencia de prensa en Tepic, Nayarit, durante la entrega de los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria que elabora el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

De acuerdo con los datos de dicho reporte, el campo mexicano enfrenta el problema serio del envejecimiento: 60 por ciento de los productores son ancianos, lo que abona a la pérdida de productividad del sector e incluso al abandono de la tierra. En Quintana Roo, el 67 por ciento de los productores agropecuarios tienen más de 65 años, cuando la edad promedio de la Población Económicamente Activa (PEA) es de 36. Sólo el 1.6 por ciento de los campesinos quintanarroenses tiene menos de 26 años, un 12 por ciento ronda entre los 27 y 45, y el 19.4 por ciento anda entre 46 y 64 años de edad. Este envejecimiento de los agricultores ha provocado el abandono del 37 por ciento de las hectáreas susceptibles de ser cultivadas en Quintana Roo durante los últimos diez años.

El 27 por ciento de las unidades de producción en el Estado tienen problemas en el desarrollo de sus actividades agropecuarias a causa de la vejez, la enfermedad o la invalidez del productor. Otro 18 por ciento de las unidades declaró tener problemas por falta de capacitación y asistencia técnica, y un 14 por ciento por falta de apoyos. El 21 por ciento afirmaron, por su parte, que la falta de acceso a créditos es lo que les impide ser productivos en el campo quintanarroense.

Es decir, casi el 80 por ciento de las unidades de producción del sector agrícola de la entidad asegura que tiene problemas precisamente para producir.

La Encuesta Nacional Agropecuaria 2016 también reveló que el 89 por ciento de los campesinos quintanarroenses que tuvieron acceso a créditos en los últimos cinco años (60 por ciento del sector total, incluyendo los créditos facilitados por diversos programas de las dependencias estatales y federales), tienen cartera vencida.

Sobre este último punto opinó Gumercinda Villegas de manera general, alegando que no es cierto que todas las financieras estén ejecutando una ola de embargos injustos a los campesinos, como denunció la Confederación Nacional Campesina el pasado 28 de mayo en la Ciudad de México, sino que ellos, sus agremiados, “están tan acostumbrados a endeudarse, para luego presionar a los Gobiernos a que les condonen sus compromisos financieros a través de plantones o marchas. Ése es el problema de nuestro campo: que está plagado de personas que primero piden dinero y luego se hacen las víctimas diciendo que las financieras o los prestamistas les quieren cobrar.

Y el dinero que solicitan no lo utilizan para invertirlo en el campo, sino que lo gastan en cosas superfluas. Por eso no generan más recursos para pagar a quienes les deben, por eso nadie les quiere dar crédito, por eso no hay inversión en el campo, y por eso estamos jodidos” remató.

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