El nuevo fiscal del Estado y el reto invencible de limpiar el...

El nuevo fiscal del Estado y el reto invencible de limpiar el mugrero en uno de los más grandes nidos de la impunidad en el país

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La Fiscalía General del Estado es, con la Policía y el sistema penitenciario,una de las peores instituciones del Estado y del país, donde la corrupción, la incompetencia, la complicidad y la irresponsabilidad –para decir lo menos-ocasionan que siete de cada 10 consignaciones que presentan ante los jueces se desmoronen durante las primeras audiencias; es decir: ¡el 70 por ciento!; es decir: una impunidad casi absoluta que sólo puede redundar en la reincidencia y la multiplicación del crimen, en una entidad saturada de criminales y con un flujo incontenible de otros tantos que llegan con las oleadas de inmigrantes atraídos por ese paraíso del libertinaje donde los primeros delincuentes forman entre las autoridades. Tiene nada menos que un rezago de más de 30 mil expedientes, que sólo se lograría acabar si cada integrante de la Fiscalía resuelve dos por día durante los siguientes tres años, más los que se acumulen a diario a la velocidad de las nuevas colonizaciones, las más vertiginosas del país. Es decir: la inercia criminal y la impunidad seguirán su curso. De ese tamaño es el reto que enfrenta el nuevo fiscal general, Óscar Montes de Oca, y no hay modo de advertir la mínima rendija de esperanza sobra sus posibilidades de éxito. Porque la peste de la indolencia, de la incompetencia y de la perversión policial y ministerial huele más ahí por la naturaleza nauseabunda del delito y las complicidades que lo complementan y lo masifican, pero no nace ahí, sino en la genética de los liderazgos y las decisiones políticas, cuyo mal es de orden cultural, histórico y degenerativo; una incivilidad omnímoda que no se remedia con homeopáticas píldoras y placebos democráticos. Y es así que,hasta ahora, las instituciones emanadas de los contubernios parlamentarios con los Ejecutivos han producido en todo el país organismos de representación popular indirecta -como los del Poder Judicial y los autónomos y ‘ciudadanizados’ de transparencia y anticorrupción- que son como el ‘caldo que sale peor que las albóndigas’: onerosos, es decir: caros, como los más caros del mundo, y a menudo más ineficaces e innecesarios para defender la sanidad del Estado de Derecho -la solvencia electoral e institucional, la Justica expedita e igualitaria, el uso y la administración responsable del erario y los bienes públicos-, la seguridad y la paz públicas, y el bienestar social. Y así ha ocurrido que de las negociaciones de interés particular y partidista en los Congresos de la Unión y de los Estados, con los gobernantes federales y locales, lo que más ha resultado en materia de instituciones y autoridades judiciales, electorales, anticorrupción y de derechos humanos, es una pacotilla dirigente tan nefasta y perniciosa, o más, que las fuentes de representación popular directa de donde han emanado, y que a imagen y semejanza de esa piltrafa representativa plural de la era de la democracia -que sólo ha servido para distribuir de manera plural los productos de la corrupción y los negocios sucios al alcance de las investiduras republicanas- sólo han servido para simular los procesos democráticos y para legitimar la perversión de la vida pública, donde, con todos los méritos electorales y los financiamientos contra la corrupción, presidentes como Peña y gobernadores como los Duarte o Borge Angulo han hecho de la institucionalidad democrática su cochinero particular. El Poder Judicial de la Federación ha sido un instrumento a merced del pastoreo presidencial, de la era autoritaria o democrática, y sólo se ha revelado como defensor de su autonomía republicaba cuando, en ejercicio de las disposiciones constitucionales, se le ha llamado a cuentas por sus desmesuras salariales y presupuestarias (se cobra como en Gran Bretaña y se produce tanta justicia como en Angola), luego de que de modo inequívoco y abrumador una fuerza política se impuso en los supremos Poderes de representación popular directa del Estado, tras todos los intentos de los grupos de interés que, tras el fin del autoritarismo presidencialista, secuestraron la democracia en su beneficio, y ha decidido cumplir la promesa de adecentar la institucionalidad nacional y acabar con los negocios y la discrecionalidad de los privilegios salariales como una de las monedas de cambio que han sido de la simulación democrática para legalizar los negocios prohibidos del poder político. Y de esas alcantarillas han surgido lo mismo ministros delincuentes de la Corte como Eduardo Medina Mora y como todos los fiscales y procuradores nombrados por los Legislativos federal y estatales para combatir la justicia y favorecer el cumplimiento de las decisiones del mismo tipo de mandatarios de siempre. Ésa es la lógica por la que seguirá la Fiscalía local: la del circo político y representativo de donde emana el nuevo fiscal, y la de la ineficacia y la corrupción de siempre que complementará el caos criminal en que chapalea la entidad, y cuyos excesos lo exhibirán y al cabo lo despedirán en el aeropuerto.

Armando Galera

 El pasado 12 de diciembre, y con la mayoría de votos, el Congreso de Quintana Roo nombró como nuevo fiscal general del Estado a Óscar Montes de Oca Rosales, quien concluirá –o por lo menos de eso se trata la cosa- el periodo de su antecesor, el impresentable Miguel Ángel Pech Cen, hasta el año 2025.

La remoción de Pech Cen era un reclamo generalizado, una exigencia de la opinión pública ante el diluvio del crimen y la carencia absoluta de paraguas en el sector de la procuración de justicia. El otrora titular de la dependencia simplemente era insostenible. Se sabía de antemano que no servía, pero sus promotores querían que les sirviera a ellos y lo pusieron a contrapelo de la razón y del interés público.

Muchas fueron las crisis que evidenciaron la falta de capacidad,la ausencia de operación y las presumibles complicidades con el crimen del exfiscal Pech Cen, pero sin duda uno de los dardos más letales fue el espectáculo ridículo y de circo bufo de las presuntas investigaciones en torno de la ejecución de un joven camarógrafo de Cancún, en agosto pasado, que derivó en la consignación del primer chivo expiatorio que se les puso enfrente y cuya identidad fue revelada por una cámara de vigilancia. Y ambos crímenes siguen impunes: el cometido contra el camarógrafo y el del exfiscal contra el acusado inocente.

Primero, el fiscal se apresuró a señalar, sin ningún tipo de prueba o investigación que lo sustentara, que el asesinato no podía considerarse una amenaza contra la libertad de expresión, ya que la víctima estaba sin uniforme y en horas no laborales. Luego, demostró los vicios e irregularidades que arrastra el personal a su cargo, al arrestar a un hombre que fue liberado días después, al surgir pruebas que demostraban su inocencia.

Desde entonces su gestión se sostenía con el alfiler de la mala ley que determina la permanencia en tan crucial encargo gracias a la autonomía conferida al mismo sobre la designación bipartita de los poderes representativos directos de la soberanía popular. Perola presión por demostrar resultados le hicieron cometer errores tan ridículos que evidenciaron la naturaleza espuria e inmoral de su arbitraria y falsamente democrática designación. Luego, organismos nacionales de derechos humanos acusaron la falta de capacidad de la dependencia para atender el asunto vergonzoso de los homicidios y los casos de violencia contra las mujeres, que en Quintana Roo se han convertido en una plaga, como una plaga del tamaño de la indigencia criminal creciente son los de la prostitución infantil, los ataques sexuales contra menores –consanguíneos o no-, y los incontables muertos y torturados de las bandas criminales que están metidas entre los taxistas y los cuerpos policiacos ministeriales y de seguridad pública, cuyos paisajes de ejecutados y descuartizados -de las barriadas y los basureros periféricos, al corazón de las zonas turísticas-, son el sello más distintivo del Caribe mexicano.

Después de los casos de la mal llamada violencia de género o machista (o los crímenes cometidos por hombres –o ‘machos’- contra mujeres –o ‘hembras’- por superioridad física y por cobardía, lo que se tipifica en la ley como ‘feminicidio’) y que son la gran losa que carga la Fiscalía -pues diariamente al menos tres mujeres sufren algún tipo de agresión grave o mortal en Quintana Roo-,la avalancha de las ejecuciones a granel y sin respuesta ministerial y judicial en el norte del Estado fue la que terminó de sepultar al insufriblefiscal.

Un estercolero

Más que una solución, la Fiscalía ha sido una de las principales causas de la impunidad en favor de la reincidencia y la multiplicación delictiva.

Por eso, el recién nombrado fiscal general, Óscar Montes de Oca, debe atender alrededor de 35 mil expedientes rezagados desde hace siete años y que se encuentran dentro del tiempo límite para ser resueltos. La inercia del volumen aplastará de manera irremediable las posibilidades de su atención, con un evidente saldo de impunidad y de injusticiade magnitudes irreparables y de funestas consecuencias criminales ulteriores.

En el colmo de la pudrición burocrática del Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado reconoce que no encuentra más de 3 mil 500 carpetas de ese mismo periodo, y al respecto sólo dice que desconoce qué pasó con esas averiguaciones previas, a pesar de que desde 2008 la institución debió de seguir los protocolos de los programas Sentre y Justicia, diseñados para hacer una base de datos de todos los casos que se iniciaban hasta que llegaban a su consignación ante un Juzgado penal.

De acuerdo con la información recopilada, en 2017 sólo se capturaron 187 expedientes, o menos del 17 por ciento de los que inició la Fiscalía durante ese año. Aún no se tienen datos del registro del presente año.

Y si el nuevofiscal tiene la intención de acabar con este rezago en los próximos tres años, significaría que debe resolver 37 casos al día, o casi dos diarios por cada miembro del personal disponible a su cargo, sin contar, claro, las averiguaciones previas que se inicien durante el mismo periodo. Los establos de Hércules eran una caricatura comparados con esta oceánica letrina imposible de lavar.

Al respecto, la Fiscalía General el Estado afirma que las denuncias por robo con violencia en sus diferentes modalidades acaparan el 60 por ciento de su trabajo, y las ciudades de Cancún y Playa del Carmen son donde más se registran estos hechos: tres de cada siete de los que ocurren en el Estado.

Tan sólo durante el periodo enero-junio de este año se levantaron 2 mil 700 averiguaciones previas en Quintana Roo, de las cuales 178 al mes correspondían a robos a viviendas, y un promedio de 60 expedientes mensuales a los delitos de violación, abuso sexual, acoso, hostigamiento, corrupción de menores y estupro.

El mismo ‘rollo’

El nuevo titular de la Fiscalía, Óscar Montes de Oca, ha señalado que su mayor compromiso es con la ciudadanía y que “espera que se aplique la ley de manera expedita y pronta a favor de los quintanarroenses”, haciendo un llamado a los ciudadanos a denunciar cualquier acto de corrupción por parte de los funcionarios a su cargo.

También se comprometió a profundizar en los casos más sensibles de la sociedad, como los homicidios, las extorsiones, los robos, etcétera.

Nada nuevo.

Respecto al rezago en los expedientes y carpetas de investigación, Montes de Oca anunció que iniciará un programa de capacitación permanente para todo el personal de la Fiscalía General del Estado, además de impulsar un sistema de denuncia ‘online’por medio de ‘aplicaciones móviles’, y que los delitos que no requieran una atención especializada podrán atenderse con mayor rapidez.

Sin embargo, no ofreció mayor información sobre cómo funcionaría este nuevo esquema o algún antecedente en algún otro Estado que permitiera tener una leve noción de su eficacia.

“También vamos a implementar un diagnóstico para tener una verdadera estrategia en materia de investigación, a fin de que haya evidencia y suficiencia para que no se nos caigan los asuntos con los jueces, para que lleguemos a sentencias condenatorias que soporten los amparos o cualquier recurso que interpongan las personas que defienden a los delincuentes”, explicó el nuevo fiscal.

Sobre esto último, el reto no es pequeño: de acuerdo con los datos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de cada 10 casos que llegan a la mesa de los jueces, siete se desmoronan durante las primeras audiencias, porque los funcionarios de la Fiscalía no presentan pruebas sólidas o simplemente cometieron diversas irregularidades durante la integración de los expedientes, lo que tuvo como consecuencia la caída de los casos.

Tan sólo un ejemplo: entre enero y mayo de este año, de 620 casos que fueron consignados a los jueces por la administración del anterior fiscal, 143 fueron desechados por una mala investigación, 225 por carecer de pruebas contundentes, 78 por sucumbir ante la ola de amparos promovidos por la defensa, 146 aún están en proceso, y sólo 28 terminaron con la condena de los acusados.

En suma, la Fiscalía ha sido un fraude o como si no existiera. Y no tiene pinta de que las cosas puedan mejorar.

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