El ominoso ruido de la prosperidad y el tiempo mexicano

El ominoso ruido de la prosperidad y el tiempo mexicano

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El ominoso ruido de la prosperidad y el tiempo mexicano

Balas y más balas. Ámbito de sangre y muerte. Gritos de dolor y espanto. Cruenta noche de terror. Anuncio de que los tiempos por venir serán de días más inciertos y oscuridades más negras y violentas. Y a eso no falta quien le siga llamando el paraíso y siga mintiendo ante la meridiana luz de lo innegable que el torrente del crimen es apenas una historia pasajera, algo que no habrá de enturbiar el futuro de prosperidad que está creciendo y que los delincuentes no habrán de impedir porque el Estado de Derecho habrá de imponerse a toda costa y blablablá… todas esas frases hechas de ocasión que cada vez huelen más mal que el entorno de inmundicia en que florecen.

Las noches de Tulum son, por ejemplo, las del mandato del hampa.

Las postales de Tulum son las del turismo drogadicto, las de las calles y los establecimientos donde se venden drogas, las de las fiestas playeras de los viciosos del mundo entero y los vendedores de uno y otro bando del ‘narco’ que venden esas drogas a todas horas cual si fueran golosinas, las de los empresarios de tugurios de palos y cartón que no dejan remanentes laborales ni fiscales ni sociales, las de los insalubres asentamientos irregulares de la indigencia trashumante que estrangulan la ciudad y son promovidos con fines clientelares por liderazgos del peor lumpen político.

Las postales de Tulum son las del caos inmobiliario y vehicular donde antes era el reino de la paz y la armonía, las del deterioro ambiental en las áreas naturales más frágiles que debieran ser protegidas en cumplimiento de la ley que lo establece y están siendo arrasadas para alzar inmuebles de empresarios socios y amigos de los dueños del poder que los encubren y protegen, las de las ocupaciones arbitrarias de costosos predios playeros mediante tribus de golpeadores y pistoleros a sueldo, las de una ciudad y un Municipio sin gobierno y con autoridades cuyo único negocio es la rapiña, las de la corrupción y la violencia cuya causa propiciatoria esencial es la barbarie progresiva que mina a toda prisa lo que apenas queda ya de las instituciones, las de la incivilidad procedente de la miseria educativa que masifica la ignorancia y produce más y más liderazgos incompetentes y canallas.

Esas postales son las que reflejan, como en pocas partes del reino de este mundo, la ruina de la política y de la ética pública como recursos que debieran ser del desarrollo y la justicia; postales todas ellas –y otras tantas, que nombrar y pormenorizar haría un compendio interminable- que explican al Estado mexicano como uno de los más fallidos e ingobernables del orbe; como los que se desintegran bajo el fuego irremediable del salvajismo homicida de todos los tipos en África o el Medio Oriente; como los que ya no producen leyes o las hacen mal o para que no sirvan, y donde México se exhibe como el pueblo con algunas de la ciudades y regiones más sometidas al poder del crimen y donde no se advierte signo alguno de rectificación, de rectoría legal e institucional, de autoridad que ataque y contenga la anarquía y el empobrecimiento ciudadano y representativo, que hacen que ciudades como Tulum revienten en la víspera bajo la explosión de las guerras de las bandas delictivas, porque simplemente no hay gobierno, ni reglas ni dirigencias que sirvan y en las que pueda confiarse para implantar un orden constitucional que ponga freno de una vez por todas a las causas propiciatorias fundamentales de la corrupción y la violencia que colman de terror las calles de Tulum y ya casi de todo el país y a todas horas del día y de la noche.

El ruido en el ambiente es el aullidotétrico y sin tregua de ambulancias y patrullas.

Las noticias que van y vienen en una opinión pública cada vez más confundida y atomizada e impotente son las del sensacionalismo que rodea, por ejemplo, en el espacio local, el caso de la empresa cozumeleña propietaria de Barcos Caribe y ligada al exgobernador quintanarroense preso, Roberto Borge, con todas las implicaciones especulativas que eso ha entrañado a falta de precisiones informativas oficiales y de explicaciones puntuales sobre el estallido en una de las embarcaciones y los objetos encontrados en otras dos y colocados con la idea probable de que parecieran lo que no eran, lo que derivó en un mundo de interpretaciones y conjeturas inútiles sobre sabotajes o autosabotajes y conspiraciones presumibles de todo género, y en una politización interesada de los hechos donde la verdad se ha extraviado por la incompetencia y la falta de interés en poner las cosas en su sitio, por precipitar declaraciones u omitirlas, por enredarlo todo en argumentos baldíos y en contrasentidos de origen,y por decir y hacer del peor modo las cosas o de proceder de una manera en que parece que de lo que se trata es de enrarecer el ambiente, o de que se hace lo que se hace porque no se tiene la mínima aptitud de hacerlo bien y de salvar con ello el interés público.

No hay claridad ni principios rectores en el ejercicio de las responsabilidades institucionales. La información es confusa, difusa e inoportuna, y la opinión pública que genera está envuelta en la sospecha, la conjetura y la desconfianza en todas las fuentes que dicen y debieran documentarla.

El descrédito absoluto de las autoridades y del sistema de Justicia, y la noción invencible de que las leyes, además de legislarse a conveniencia de las fracciones parlamentarias se instrumentan de manera parcial y selectiva, determinan que los procesos y las sanciones contra los delincuentes se piensen por lo general en favor de ellos y como meros formalismos para cubrir las apariencias de la impunidad con que en realidad los premian, o como venganzas del poder político contra sus enemigos o como mecanismos electoreros para “vincular a proceso” a los candidatos que el poder no quiere en la contienda y cuya condición de imputados por causas penales los descarrilaría de la misma, cual es el caso del candidato presidencial panista, Ricardo Anaya, y de la coalición de su partido con el PRD y el Movimiento Ciudadano que representa, cuyos delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y cuya trayectoria de uso criminal de los cargos públicos, son más claros que la luz del día, pero que el oportunismo del Gobierno federal priista para fincarle cargos justo ahora que la candidatura presidencial de la coalición del PRI zozobra y la del PAN levanta, victimiza al candidato delincuente que convierte las acusaciones en propaganda al servicio de su causa, pervierte la naturaleza del proceso legal a que debe ser sometido, en efecto, y distorsiona ante la nación y el mundo una verdad necesaria que establecería que un candidato así, más que un candidato al mandato más alto del Estado nacional debiera ser sentado en el banquillo de los acusados como un poderoso depredador de los bienes de ese Estado nacional.

Pero si el criminal en cuestión es perseguido por un enemigo político de su misma catadura y con un desacreditado sistema de Justicia a su merced, por más objetivos y sustentables que sean los cargos en su contra, la opinión pública seguirá sin creer, ni en los cargos ni en los altamente desconfiables y corrompidos sistemas político y de Justicia, y mucho menos en el envilecido poder presidencial.

Si Anaya se sale con la suya seguirá amparado por la impunidad y puede convertirse en el peor enemigo de la nación y del Estado de Derecho, promovido como es por el sector neoliberal más influyente, rico y privatizador de los patrimonios del país, cual es el que se mueve en torno del expresidente Carlos Salinas de Gortari y de su socio colaborador más eficiente, el excandidato presidencial panista y asesor y abogado y paisano queretano de Anaya, Diego Fernández de Cevallos. Y si es vinculado a proceso penal por los cargos ciertos que pesan en su contra como el delincuente que es, será el Gobierno que lo acusa y su candidato los que pierdan más, porque hasta los pocos que creen que Anaya se merece que lo acusen penalmente entienden que la causa no derivó del interés de hacer Justicia, sino del de instrumentar la Justicia en favor de un evidente y avieso interés político donde pueden caber todo género de interpretaciones y certezas, y donde la mayor de las evidencias establece que para el grupo en el poder presidencial es una prioridad sacar al panista de la contienda por la sucesión, porque un posible acceso suyo al supremo poder del Estado haría que la victoria de López Obrador fuera el Cielo en la Tierra comparada con el infierno que para el peñismo sería la venganza de Anaya disponiendo de todos los fierros del sistema político y del judicial.

¿Dónde está, pues, el poder de la Justicia en qué creer, su neutralidad, su condición de defensa del derecho de todos y del interés general? ¿Y dónde están los compromisos y la legitimidad del poder político y sus protagonistas y los partidos y sus representaciones parlamentarias que legislan las leyes y las instituciones y deben favorecer la confianza popular en el Estado de Derecho?

Todo se pierde entre las nebulosas de la ilegitimidad y de la corrupción. No se cree en las leyes ni en las instituciones que se forjan en los tratos de interés de los partidos y sus grupos de poder. No se cree en la institucionalidad electoral con directivos que cobran como ejecutivos financieros de alto nivel y sólo garantiza la victoria de los ganadores en los comicios a partir de leyes electorales que permiten todo género de negocios arbitrarios e intercambios de conveniencia particular entre las mafias partidistas cupulares y sólo legaliza la ilegitimidad.

No se cree en la vasta y costosa institucionalidad anticorrupción y de transparencia que no sirve para procesar a la alta delincuencia del poder político como tantos liderazgos partidistas y candidatos que debieran estar en la cárcel y no en campaña por la representación popular.

No se cree en las reformas penales donde los autores de cientos de crímenes no pueden ser procesados por uno solo de todos ellos porque las Fiscalías no saben o no quieren acusarlos y los jueces tan escrupulosos en la defensa del ‘debido proceso’ y los derechos humanos nunca encuentran evidencias suficientes cuando de cuando en cuando algún sicario llega a sus Juzgados (y por eso más del noventaicinco por ciento de los delitos consumados no se castigan, apenas siete de cada cien delitos se denuncian y más del cuarenta por ciento de los presuntos culpables son ‘legalmente inocentes’). Nada se sabe. Nada se informa. Porque la Justicia no funciona y los matones sí saben lo que se debe hacer con la omisión y el silencio: seguir matando que nada cuesta.

La mala escuela produce cada vez peores leyes, peores instituciones, peores liderazgos y representaciones populares y autoridades éticas en qué creer; y en el círculo viciosos de la degradación, la impunidad llena las calles de drogas, de balas, de cadáveres, de gritos, de terror y de aullidos sin tregua de ambulancias y patrullas, como en el callejón sin salida de Cancún, de Playa del Carmen y Tulum, y pronto de Bacalar, a donde el turismo drogadicto está llegando y a donde detrás del vicio y en el absoluto vacío de autoridad, llegan también el hampa y las trágicas disputas por el mercado, un ruido al que muchos siguen llamando prosperidad.

SM

estosdias@gmail.com

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