El rapto del poder público

El rapto del poder público

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¿De quién es el poder público? ¿Quién lo detenta, o cuando menos, quién debe tenerlo? Tanto el poder como el dinero pertenecen a un grupo cerrado de personas que los han secuestrado, que no los comparten.

                El poder público debe radicar en el pueblo, en los ciudadanos ya que a ellos competen las decisiones trascendentales que van a afectar sus vidas, que los van a beneficiar y lograr con ello una derrama económica más justa y equilibrada.

                El secuestro del poder político por parte de los partidos y de todo el aparato que los ampara sólo ha jugado a su favor. La designación de funcionarios públicos se hace a través de un sistema que sólo representa los intereses de la clase política, no de la ciudadanía.

                Nombramientos van y vienen y todos son a modo, personajes que cubren con descaro los intereses de esos cuantos pero nunca los intereses de los ciudadanos. En prácticamente todos los casos no se cumple con la responsabilidad constitucional de nombrar a los mejores mexicanos para el interés de la Nación.

                ¿A eso le podríamos llamar traición a la Patria? Y si ese es el caso, ¿a quién le importa?

                El país está tan desmembrado por el accionar de la clase política que difícilmente se pueden identificar los síntomas de esta grave enfermedad que padece México.

                Vamos a la deriva de manera intencional, desde que no se nombran a las personas idóneas en los puestos clave como el procurador general de la república o el fiscal anticorrupción. Y a esta inercia deliberada y dañina se va a sumar la falta de designación del sustituto de Carstens en el Banco de México.

                Aprueban reformas a las leyes que permiten el endeudamiento desmedido de los Estados, es decir, los legisladores nos endeudan a nosotros los ciudadanos y nos condenan durante muchos años a pagar sus excesos, estupidez e ignorancia.

                El Poder Ejecutivo de muchos Estados decide endeudarnos y nadie sabe para qué son esos fondos, en qué serán usados, en qué condiciones financieras, bajo qué plazos y todo se hace a espaldas de la ciudadanía, sin su escrutinio ni supervisión.

                Con mucho, es el caso de nuestro Estado durante la administración pasada. Los legisladores, débiles y lambiscones, al servicio de “su jefe” y no de los ciudadanos, fueron cómplices y actuaron por un interés absolutamente personal.

                Otra aberración es la rotunda negativa de muchos legisladores y gobernadores para poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción. Deben, obviamente temen. La Suprema Corte de Justicia, por fortuna, ha intervenido en algunos casos.

                La ciudadanía no está blindada ante la impunidad de estos corruptos, muchos gobernadores tienen un férreo control sobre los Congresos y se hace, obedientemente, lo que ellos quieren, de manera que todos quedamos inermes.

                El interés de los legisladores también prevaleció, por encima del de los ciudadanos, en el caso del nombramiento del ex fiscal electoral Santiago Nieto. Desde el momento en que pidieron que fuera un voto cerrado, se cortó la posibilidad de ejercer el verdadero poder público y quedó en unas cuantas manos la decisión.

                El ciudadano común debe presionar para obtener ese poder público que ha perdido y que cree que no le corresponde. Tenemos el derecho a saber cómo están votando y ellos la obligación de hacer pública la información.

Sólo así nos daremos cuenta de lo que piensan y de lo que son nuestros representantes, sabremos si fuimos bien o mal representados, sabremos qué representante es digno de confianza ciudadana y a cuál hay que correr.

                Para este país falto de justicia, es sumamente preocupante que no se haya podido consumar el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y que todo se deba a negligencia, falta de acuerdos y de interés para que la procuración de justicia alivie en algo.

                El acuerdo entre legisladores no es para procurar la justicia, es para seguir imponiendo un modelo de impunidad sumamente peligroso ahora que se acerca la temporada de huracanes electorales.

                Como obvia consecuencia, el apoyo popular a la democracia en México ha caído a su nivel más bajo. Aunque el 56% de adultos entrevistados está de acuerdo en que la democracia es el mejor sistema de gobierno, el 82% está poco o nada satisfecho con la democracia mexicana.

Según la encuestadora Latinobarómetro, lo que subió fue la indiferencia. La proporción de mexicanos que dijo que le da lo mismo tener un régimen democrático a uno no democrático aumentó de 31 a 43%, el cual es el nivel histórico más alto.

A ver si los dueños del poder público atienden estos focos rojos. Lo dudo.

 

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