El refrendo anual de las concesiones estatales sobre el servicio del transporte,...

El refrendo anual de las concesiones estatales sobre el servicio del transporte, ha desatado la guerra de las mafias taxistas contra el Gobierno de la entidad que pretende llamarlas al orden fiscal y despojarlas de los privilegios de una tradición clientelar sobre la que se fecundaron descomunales actos de corrupción y fortunas de gobernantes, funcionarios del ramo y líderes gremiales, en contra de la comunidad del volante, de sus usuarios, y del interés general del Estado

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Está en curso un nuevo enfrentamiento entre los dirigentes sindicales transportistasy el Gobierno del Estado, luego de que este último estableciera un refrendo anual, de entre 800 y 2 mil pesos -dependiendo del Municipio-, por la explotación de las concesiones de transporte en sus diferentes modalidades. La lógica de las autoridades es simple: las concesiones son eso, concesiones; no les pertenecen a los sindicatos, sino todo lo contrario: los sindicatos son apenas subsidiarios de las concesiones del Estado –que puede disponer de ellas en nombre y para beneficio de la sociedad que representa y que es la propietaria de los bienes públicos administrados por el Estado-, y por tanto deben tributar a las arcas públicas la parte correspondiente de los beneficios de las concesiones usufructuadas. Los líderes transportistas, por su parte, alegan que la medida fiscal será un ‘duro golpe’ contra la economía de sus agremiados. Su lógica es más simple: si alguien debe de sangrarlos son ellos. Porque ellos cobran más de 5 mil pesos al año a cada concesionario y operador, entre otras aportaciones voluntarias, discrecionales y arbitrarias, sin rendirle cuentas a nadie de cómo ejercen ese dinero. Para hacerse una idea: tan sólo el sindicato de taxistas del Municipio de Benito Juárez cobra más de 87 millones de pesos al año en cuotas, un poco más de lo que pretende recaudar el Gobierno del Estado por todas las concesiones en todas sus modalidades. Los monopolios de la herencia clientelar del priismo de los tiempos clásicos, constituyen uno de los nudos de la corrupción más resistentes a toda posibilidad de renovación democrática, y de superación ética y en beneficio del interés público, más difíciles de desatar. Los Gobiernos estatales de la entidad han usados las concesiones del trasporte y de otros bienes públicos entregados a particulares -para beneficiarse de su rentabilidad, la que debería responder al principio esencial de retribuirle al Estado los remanentes impositivos propios de esa renta para el financiamiento fiscal de sus compromisos sociales- como el pago natural por los servicios políticos y de todo tipo de contribuciones y negocios ilegales brindados por los destinatarios de las concesiones –empresarios y gremios, como el de los transportistas-, a los funcionarios y representantes del poder político estatal en turno; una amalgama de intereses y privilegios de la más nociva y depredadora especie, que se niega a renunciar a su estatus mafioso y a disolverse como tal, para permitir el renacimiento de nuevas relaciones cifradas en la legalidad y con el propósito de servir al interés general.

Javier Ramírez

Un nuevo enfrentamiento entre los sindicatos transportistas que operan en Quintana Roo y el Gobierno del Estado, está en marcha, por el cobro anual de mil 800 pesos sobre cada concesión de transporte (sea de taxi, carga, etcétera), que en total sumaría 81 millones de pesos.

Los sindicalistas rechazan este impuesto (estipulado en los artículos 05 de la Ley de Derechos Estatal y 117 de la Ley de Movilidad) argumentando que afecta la economía de los socios, principalmente aquellos que tienen tres, cinco o más concesiones.

La respuesta del Gobierno del Estado, por su parte, fue más fría: durante años, los dirigentes sindicales han amasado millonarias fortunas, con el cobro de las aportaciones mensuales de sus agremiados, sin aportar un solo peso a las arcas públicas.

En otras palabras: se han hecho millonarios con las concesiones que, de entrada, le pertenecen al Gobierno del Estado como representante de la sociedad y administrador de los bienes públicos.

Sí, se van a cobrar mil 800 pesos al año por cada concesión, recursos fiscales para financiar obra pública, programas sociales y otras iniciativas de Gobierno. Pero cada sindicato cobra entre 4 mil y 6 mil pesos anuales a cada agremiado por utilizar placas de taxi y de carga, entre otros tipos de transporte, un dinero que al final termina, en su mayor parte, en los bolsillos de los dirigentes gremiales.

Entonces, la lógica de las autoridades estatales es que si los sindicatos cobran menos por concepto de ‘cuotas sindicales’, los socios concesionarios podrán cumplir con este impuesto sin problemas.

Pero los líderes gremiales no están dispuestos a permitir que se acabe su millonario negocio. Y éstos son tiempos electorales, y de negocios y compras clientelares, que esas mafias operan tan bien y de manera tan lucrativa. Y como siempre, habrían de utilizar la manifestación callejera para presionar a las autoridades estatales, con el afán de mantener sus privilegios.

Una real mafia

Tal como ha mencionado Estosdías con anterioridad, el transporte público concesionado es, en Quintana Roo, uno de los subsectores de la economía estatal más dinámico y redituable para quienes están involucrados en el mismo, pero es el que menores ingresos tributarios deja a las arcas públicas. Es decir: es de los que más gana con los beneficios del Estado y el que menos paga por ellos.

Y en el subsector del transporte público concesionado, el rubro de los vehículos de alquiler, el de los taxis, es el que más utilidades deja a los concesionarios de las placas, sin que éstos retribuyan los impuestos que corresponden a sus astronómicas y particulares ganancias.

No es de ahora, así ha sido siempre, desde que el servicio de los taxis ha venido creciendo a la par del vertiginoso crecimiento turístico y poblacional de la entidad, uno de los más dinámicos del país y del mundo.

Y en esa lógica, las organizaciones de taxistas se ha convertido en poderosos sindicatos patronales que en cada Municipio predominan sobre el resto de las agrupaciones gremiales, y se han tornado núcleos poderosos de negociación y decisión políticas por sus cuantiosos recursos para la movilización, la corrupción y las posibilidades de dirigentes sindicales, funcionarios, gobernantes y jefes del hampa organizada, de hacer negocios ilícitos.

Hasta la actual administración estatal, la perniciosa tradición del otorgamiento de concesiones para taxi ha determinado que sean los sindicatos, sobre todo sus dirigentes en turno, los primeros en beneficiarse con cada entrega de placas.Y para poder entregar algún paquete de esta costosa canonjía, las autoridades primero han acordado con las dirigencias sindicales, las que se han beneficiado por partida doble; porque además de cobrar por el ingreso de los nuevos socios concesionarios cantidades que han oscilado entre 20 mil y 50 mil pesos, según el sindicato de que se trate, han exigido que se les otorgue una cuota de placas para los llamados ‘martillos’ y otra para la camarilla mafiosa del entorno: todo un negocio de rufianes consentido por los gobernantes y sus secuaces del sector –tan rufianes como ellos-, que han hecho, de los bienes públicos a su cargo, prebendas para intercambiar con la ralea.

El padrón de concesionarios de taxis en todo el Estado oscila ya en los 32 mil, y 2 mil más de otros sectores, como el transporte de carga, los carritos de golf, etcétera, según las cifras que manejan los propios dirigentes.

Dependiendo del sindicato, éstos cobran entre 200 y 450 pesos por estas “cuotas gremiales”a cada uno de los asociados, entre otras aportaciones que no se caracterizan precisamente por la transparencia de su ejercicio, como los “apoyos funerarios”, de aproximadamente 200 pesos más, pero que nunca llegan a su destino, y en ocasiones ni siquiera se conoce quién fue el socio que habría fallecido.

Claro que, escudándose en que no son un ente público, los sindicatos no revelan cuánto recaudan por este concepto, ni mucho menos la manera en que se ejerce, ni pagan impuestos como todas las empresas que deben cumplir con esa obligación. Su discrecionalidad es como la de las Iglesias y las mafias: un tráfico incesante de ganancias, cuyos saldos finales sólo los jefes saben a las cuentas de quiénes van, más allá de las suyas propias.

Se sabe que 2 mil 100 socios y alrededor de 4 mil 500 operadores están adscritos al Sindicato de Taxistas Lázaro Cárdenas del Río, en el Municipio de Solidaridad. Considerando que cada uno paga una cuota mensual de 300 pesos, representaría ingresos mensuales por un millón 980 mil, o poco más de 23 millones de pesos al año que pueden ser utilizados según el real saber y entender de los dirigentes en turno.

El Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, del Municipio de Benito Juárez, una de las agrupaciones más importantes del sureste mexicano, presume de 8 mil 260 socios y más de 16 mil operadores, lo que en pesos y centavos supondría 7 millones 278 mil pesos al mes por concepto de aportaciones gremiales, un negocio de 87 millones 336 mil pesos al año, lo que significa que tan sólo el sindicato cancunense recauda más con las cuotas de sus socios taxistas, que lo que el Gobierno del Estado pretende con las concesiones de transporte en toda la entidad.

El Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa), de Othón P. Blanco, posee mil 487 socios, y casi 5 mil 300 afiliados conductores, lo que quiere decir: 2 millones 36 mil pesos de cuotas mensuales, y 24 millones 433 mil al año.

Y eso sólo por mencionar algunos. Porque los 17 sindicatos taxistas afirman que en el Estado tienen más de 17 mil socios y poco más de 45 mil operadores, lo que se traduce en un negocio de 18 millones de pesos al mes en cuotas, y nada de eso reporta beneficios para el dueño de las concesiones que los produce: el Estado.

 Les quitan el negocio

Ahora, y de acuerdo con el Artículo 117 de la Ley de Movilidad, los concesionarios del transporte público están obligados a realizar el pago de los derechos correspondientes de cada concesión, el cual difiere dependiendo del Municipio en el que se encuentran, según consta en el Artículo 105 de la Ley de Derechos del Estado de Quintana Roo.

Por ejemplo: en Benito Juárez y Puerto Morelos, por los autobuses de hasta 25 asientos se pagarán 2 mil 667 pesos por concepto de permiso anual, en tanto que, por automóviles de alquiler, tipo taxi, será de mil 733. Y por los vehículos de carga de hasta mil 500 kilos, la cuota será de mil 778; y por los de carga mayor, de 7 mil kilos, 2 mil 489.

En Cozumel, los minibuses pagarán 2 mil 889, y por cada concesión de taxi, 2 mil 977.

En Othón P. Blanco, los taxistas pagarán mil 139 pesos por cada concesión, y en Felipe Carrillo Puerto, 809.

De acuerdo con las autoridades del Instituto de Movilidad, la intención no es explotar a los socios concesionarios, sino lograr un aprovechamiento para el Estado por medio de un refrendo anual de la concesión para explotar el servicio público de transporte de pasajeros, carga y el especializado.

Afirman que si bien los sindicatos transportistas se encargan de cobrar cuotas a sus agremiados, estos recursos nunca van a parar a las arcas públicas para su aprovechamiento, sino que son utilizados a su entera discreción por los dirigentes sindicales.

Mientras tanto, esos mismos líderes gremiales ya comenzaron a presionar al Gobierno estatal, utilizando la fuerza de sus socios, para evitar lo que ellos consideran, dicen, un saqueo a los bolsillos de los transportistas.

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