El SQCS, millonario ‘lavadero’ de Rosario Robles y Roberto Borge

El SQCS, millonario ‘lavadero’ de Rosario Robles y Roberto Borge

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Durante sus primeros años de gobierno, el entonces gobernador, Roberto Borge, utilizó el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social para desviar y malversar casi 150 millones de pesos del erario. Sin embargo, en 2015 y 2016 el desfalco tomó un nuevo giro y magnitudes desmesuradas, cuando se involucró la Secretaría federal de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a cargo de Rosario Robles Berlanga. Resulta que la Sedatu optó por ‘contratar’ al obsoleto Sistema Quintanarroense de Comunicación Social –a sabiendas de que no podría hacerlo, según refiere su entonces director general-, para realizar unos spots publicitarios de los programas federales de la dependencia. Pero como el organismo –descentralizado del Gobierno estatal- no contaba con la capacidad de producción, subcontrató nada menos que a 24 supuestas empresas productoras “que estaban catalogadas como las mejores opciones en el mercado, de acuerdo a la página de transparencia del Gobierno federal”, pero seleccionadas todas ellas por la propia Sedatu, inflando en 500 veces el costo del material. Ahora la Auditoría Superior de la Federación reveló el fraude, demostrando que las empresas a las que presuntamente derivó el Sistema Quintanarroense la encomienda que no pudo realizar, eran “fantasmas”, y que por tanto nunca se realizaron tampoco dichos spots. (Los entonces directivos del SQCS afirman que sí existe dicho material, pero que en la institución no hay ninguna copia porque todo se lo enviaban a la Sedatu, aunque la entidad federal tampoco los ha divulgado). El saqueo de los recursos federales, a través de la triangulación, es cercano a los 800 millones de pesos.

El SQCS, millonario ‘lavadero’ de Rosario Robles y Roberto Borge

Armando Galera

Casi 12 millones de pesos habría costado cada uno de los spots publicitarios que el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social habría producido –o intermediado-para la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), entre 2015 y 2016, durante la gestión de Rosario Robles en dicha dependencia y el Gobierno estatal del ahora preso, Roberto Borge.

Fueron casi 800 millones de pesos lo que el SQCSrecibió de la Sedatu por materiales publicitarios. Sin embargo,ese dinero nunca ingresó a las arcas del Gobierno del Estado, ni mucho menos sus dividendos fueron invertidos en la modernización o el mejoramiento del organismo de comunicación estatal.

¿La razón?: el SQCS gastó el dinero que le entregó la Sedatu ensubcontratar a 22 empresas, la mayoría del Estado de México, que se ocuparían de realizar la producción promocional solicitada por la dependencia federal.

¿Por qué Rosario Robles, con tantas empresas publicitarias disponibles, optó por contratar a un sistema de comunicación local, caracterizado por lo obsoleto de su equipo y su total carencia de recursos profesionales y creativos en la materia, y eso sin contar que el costo sería de casi 500 veces superior al promedio, y si el Sistema sólo subrogaría los servicios?

La respuesta, seguro ya la adivinó: se trata de un millonario desvío de recursos federales, utilizando a instituciones estatales a través de la subcontratación. El desfalco presupuestal, de acuerdo con los últimos reportes de la Auditoría Superior de la Federación, asciende a casi 2 mil 120 millones de pesos de la Sedatu y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), acreditables a la administración, en ambas, de Rosario Robles, con la complicidad de gobernadores y autoridades como las de Quintana Roo en la época de Borge Angulo, y del SQCS-que en su estructura y toma de decisiones de organismo público descentralizado de la administración estatal, cuenta, por orden constitucional, con una Junta Directiva y un Consejo Consultivo de diversa representación, cuyos miembros debieran reunirse y conocer y orientar las decisiones fundamentales de la Dirección General-.

El millonario desvío

Una de las primeras acciones de Enrique Peña Nieto como presidente de la República en diciembre de 2012, fue nombrar a Rosario Robles titular de la Secretaría de Desarrollo Social, con el objetivo fundamental de operar el programa estelar y más electorero del sexenio, y uno de sus primeros y más estrepitosos y vergonzosos fracasos: la “Cruzada nacional contra el hambre”. Al frente de esa dependencia, la neopriista desvió casi 600 millones de pesos al contratar empresas “fantasmas” para diversas actividades, como promoción, renta de edificios, pago a proveedores, etcétera, segúndocumenta la ASF.

El desvío de grandes volúmenes de recursos públicos también fue marca del régimen del segundo exgobernador quintanarroense preso, desde sus primeros días en el poder, utilizando para ello a diferentes instituciones,donde el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social tuvo un papel destacado como una de sus preferidas para triangular dinero del erario con arbitrarios fines particulares.

En 2011 se aprobó un presupuesto de 91.8 millones de pesos al SQCS, pero al final terminó gastando 143.5 millones de pesos.

Para el siguiente año, su presupuesto fue de 93.1 millones, pero al final del ejercicio había dispuesto de 167.9 millones de pesos.

En los siguientes dos años el desvío disminuyó sustancialmente: en 2013 el recurso presupuestado fue de 96.4 millones, aunque al final erogó 100.8 millones, en tanto que en 2014 el presupuesto fue de 60 millones de pesos y el gasto de 79.1 millones.

Es decir, que en los primeros tres años de la administración de Roberto Borge el desfalco al SQCS ascendía a 149.2 millones de pesos.

Pero en 2015 Rosario Robles fue cambiada a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Sedatu-cuyo actual delegado en la entidad, Fredy Marrufo Martín, exalcalde de Cozumel, es hechura del exgobernador Félix González Canto, quien llegó al poder estatal por imposición de su antecesor, Joaquín Hendricks, y rodeado de un grupo de jóvenes cozumeleños, como él y como Roberto Borge Angulo, que dieron en autonombrarse la ‘nueva generación’ y de los que, los más importantes de ellos, eran parientes en algún grado-. Ese mismo 2015, al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social le fue aprobado el menor presupuesto de los últimos 10 años: sólo 58 millones de pesos.

Sin embargo, el SQCS terminó gastando 348.1 millones de pesos, una cifra seis veces mayor a la que se le había presupuestado, de los cuales 64 millones 504 mil pesos se etiquetaron como“Servicios personales”, y 281 millones 818 mil como “Servicios generales”.

De acuerdo con la documentación oficial, esto fue posible en tanto que en 2015 el Sistema obtuvo un ingreso por 278 millones 401 mil 328 pesos bajo el concepto de “Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados”.

En 2016, el último año del gobernador Roberto Borge, ingresaron al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social otros 450 millones 60 mil 696 pesos por el mismo concepto. Y de nueva cuenta ‘se gastó’ una cantidad similar en “servicios personales y generales”, lo que hacía prácticamente imposible conocer su destino y sobradamente seguro especular sobre un paradero ilegal de ese dinero.

Nadie,más allá del primer círculo del gobernante quintanarroense, sabía los pormenores de tales operaciones, en parte debido a que las Cuentas Públicas se votaban a puerta cerrada en un Congreso local sobre el que el entonces gobernador Borge Angulo decidía como si fuera su coto particular, porque contaba con una mayoría absoluta servil y a su entera disposición.

Las empresas “fantasmas”

Pero las auditorías realizadas por la ASF revelaron que Rosario Robles utilizó al SQCS para desviar 729 millones de pesos provenientes de recursos federales, entre 2015 y 2016.

El método que utilizaron ella y sus cómplices, fue tan sencillo como exhibicionista: la Sedatu contrataba al SQCS para generar contenido gráfico y de video para promocionales de los programas de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Sin embargo, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social nunca produjo –como tampoco lo haría nadie- dicho material. En su lugar, contrató a 24 empresas falsas‘elegidas’ por la propia Sedatu, casi todas ellas con domicilio fiscal en el Estado de México.

La autoridad fiscalizadora investigó dichas empresas, encontrando que la gran mayoría de ellas no existían. Publicidad Natnit S.A. de C.V., por ejemplo, facturó 18 millones de pesos al SQCS en 2015, pero la dirección fiscal que reportó el SQCS correspondía a un domicilio particular.

Desarrollo Publicitario ADP S.A. de C.V. cobró por sus ‘servicios’ 23 millones de pesos al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social por dos spots publicitarios, aunque dicha empresa está clasificada como un contribuyente con operaciones inexistentes.

Agatha Líderes Especializados S.A. de C.V., otra de las empresas que recibió financiamiento para la generación de contenido promocional para la Sedatu, tiene como domicilio fiscal una casa abandonada desde hace más de 25 años.

“Emitieron facturas que amparan operaciones inexistentes que derivan en la triangulación de operaciones para dispersar los fondos recibidos a otras empresas relacionadas, sin contar con personal, infraestructura o capacidad para producir, comercializar o entregar bienes; en otros casos son proveedores ficticios, no localizados, inexistentes, algunos con nexos entre empresas donde comparten mismos domicilios, apoderados y representantes legales o se encuentran sancionados por el SAT”, señaló la ASF sobre este tema en las auditorías aplicadas a las Cuentas Públicas de 2015 y 2016.

Un delito aún sin denunciar

La Secretaría estatal de la Gestión Pública tiene conocimiento de este millonario desvío de recursos en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social desde diciembre del 2016, pero hasta el momento no ha presentado ninguna denuncia al respecto.

En enero de 2017, el secretario estatal de la Gestión Pública, Rafael del Pozo Dergal, anunció que “en breve serían presentadas las denuncias por la distracción de varios millones de pesos en la citada dependencia, en la realización de dos contratos de producción, lo cual también está siendo investigado por la Auditoría Superior de la Federación”.

Sin embargo, más de un año después, aún no se ha iniciado ningún procedimiento por estos ilícitos.

En entrevista, alegó que la información que recién dio a conocer la ASF permitirá que las denuncias tengan un mayor sustento, lo que podría derivar en la detención de varios exfuncionarios “borgistas”que estuvieron a cargo del SQCS en esa época, como los que fueran su director jurídico y su director general.

Sin embargo, se negó a dar más detalles sobre los implicados o el proceso en curso, “por la confidencialidad que exige el proceso”.

Lo que sí declaró es que, de acuerdo con las investigaciones, el exdirector de la SQCS, Jorge Acevedo Marín, reconoció que en esos dos años “recibieron una invitación de la Sedatu para realizar los servicios, pero al no contar con la logística necesaria para ello optaron por contratar a los que estaban catalogados como las mejores opciones en el mercado, de acuerdo a la página de transparencia del Gobierno federal”.

Asimismo, Jorge Acevedo Marín sostuvo que el SQCS no cuenta con ningún material de los contenidos realizados puesto que todo era enviado a la Sedatu y en el Sistemanose quedaban con alguna copia.

Rafael del Pozo afirmó que también estarán pendientes de los “presupuestos inflados” de 2012, 2013 y 2014, toda vez que ahora los servidores públicos son responsables en materia resarcitoria siete años a partir de su salida.

“No va a quedar impune este desfalco”, sentenció.

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