El sucio, apestoso y millonario negocio del sargazo en Quintana Roo (primera...

El sucio, apestoso y millonario negocio del sargazo en Quintana Roo (primera parte)

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El recale de sargazo en Quintana Roo se ha convertido en una de las principales amenazas a la actividad turística de Quintana Roo (además de los naturales vientos ciclónicos y del vendaval de delincuencia que azotan a la entidad), debido a que provoca que los visitantes no lleguen las playas, lo que termina afectando a cientos de prestadores de servicios y negocios, quienes han reportado fuertes pérdidas económicas en los últimos años. Sin embargo, este problema ambiental también es una oportunidad de oro para funcionarios de diferentes niveles, de malversar millones de pesos de recursos federales y estatales destinados a su supuesto combate, pero que nadie sabe la forma exacta en que son invertidos. En 2018, por ejemplo, se pagaron más de 200 millones de pesos a tres empresas particulares para instalar unas barreras de contención que no sirvieron para nada, pues en su tarea no demostraron ser rival para el oleaje del mar Caribe. Una de estas empresas ganadoras del millonario contrato para limpiar las playas del sargazo, Goimar-Gomsa, S.A. de C.V., incluso está ligada a un escándalo de corrupción que involucra al exsubdirector de Mantenimiento y Logística en la Coordinación de Servicios Marinos de Pemex, Mario Alberto Ávila Lizárraga, por soborno e incumplimiento de obras. Otra, Grupo Ar-Co, cuyo origen se remonta a un negocio registrado como Comercializadora Chaktumen de Quintana Roo, S. de R.L. de C.V., como giro de tienda de abarrotes en Chetumal, no sólo se dedicó a experimentar con un método de arrastre con red de pesca, sino que además causó graves daños al suelo y fauna marina. De plano, millones de pesos simplemente “desaparecen”, sin que sepa en qué bolsillos terminaron. Y lo peor es que esto continuará, pues la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció que para este 2019 solicitarán un presupuesto de 280 millones pesos para contratar servicios de contención, limpieza y disposición del alga en los mares y playas de Quintana Roo, así como otros 420 millones de pesos para la adquisición de maquinaria para este trabajo.

Javier Ramírez

El recale masivo de sargazo en las playas de Quintana Roo no sólo afecta la actividad turística, sino también se ha convertido en el pretexto perfecto para desviar recursos de la Federación y del Estado, aprovechando la opacidad y corrupción que impera en la aplicación de los mismos.

Hasta el momento, se han gastado más de 570 millones de pesos en la limpieza y disposición de dicha alga en mar y playa durante los últimos ocho años, y se espera “invertir” otros 280 millones de pesos en este 2019, para combatir el sargazo que aún no llega, en estrategias que hasta ahora han demostrado ser ineficientes.

En 2018, por ejemplo, se pagaron 200 millones de pesos a tres empresas particulares para instalar unas barreras de contención que no sirvieron para nada, pues en su tarea no demostraron ser rival para el oleaje del Mar Caribe.

Una de estas empresas ganadoras del millonario contrato para limpiar las playas del sargazo, Goimar-Gomsa, S.A. de C.V., está ligada a un escándalo de corrupción que involucra al exsubdirector de Mantenimiento y Logística en la Coordinación de Servicios Marinos de Pemex, Mario Alberto Ávila Lizárraga, por soborno e incumplimiento de obras.

Claro que no es la primera vez que sucede esto: de acuerdo con un reporte de junio de 2017 de la Auditoría Superior de la Federación, en 2015 el exgobernador Roberto Borge dispuso de 150 millones de pesos de recursos federales para evitar que toneladas de esta alga se acumularan en las playas quintanarroenses.

Hasta el momento, se desconoce el destino de más de 79 millones de pesos de este fondo, pues no existen documentos que demuestren que fueron utilizados para contratar una empresa o adquirir maquinaria; simplemente el dinero desapareció.

El enemigo “oportuno”

Fue en 2011 cuando se registró la primera alerta por el arribo masivo de sargazo en las costas quintanarroenses. Y aunque en los años siguientes continuó recalando dicha alga, no tuvo un volumen considerable sino hasta 2015, cuando de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) llegaron hasta 10 toneladas por kilómetro de playa, ahuyentando al turismo por el fétido olor y la desagradable tonalidad que impregna a las aguas cristalinas del Mar Caribe.

Desde 2012, la administración borgista utilizó recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) para hacer frente a esta contingencia ambiental, a fin de no afectar la actividad turística de Cancún, Playa del Carmen y la Rivera Maya, joyas turísticas del país que cada año atraen a 14 millones de visitantes.

En ese año se gastaron 55 millones de pesos; en el siguiente 176 millones de pesos; mientras que en 2015 fueron 150 millones de pesos los que invirtió el Gobierno estatal en programas destinados a contener la invasión del sargazo, según información dada a conocer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Nada se sabe sobre el uso y destino de estos recursos de carácter federal, a excepción de unos cuantos documentos que revelan la adquisición de maquinaria que nunca se usó, o fue comprada a precios elevados, como el contrato adquirido con la empresa Tecno Productos GAB, S.A. de C.V., por una embarcación para la recolección de sargazo en 5 millones 960 mil 500 pesos, cuando su precio de valor en el mercado es de 2 millones 700 mil 300 pesos.

A dos años que se iniciaran las investigaciones sobre esta malversación de recursos, aún no existe un desglose exacto sobre la forma en que fue gastado ese dinero. Por su parte, tanto los funcionarios de la actual administración estatal de la Secretaría de Turismo (Sedetur) como de la Semarnat, evitan dar una postura al respecto argumentando que ese dinero no salió de esas dependencias, además de que no cuentan con la facultad de indagar sobre el mismo.

Contingencia, ¿o pretexto para desviar recursos?

Sin embargo, esta práctica al parecer no se ha eliminado con la salida de los funcionarios borgistas.

En 2017, por ejemplo, la Semarnat informó que fueron 57 millones de pesos (procedentes de recursos federales y aportaciones del Gobierno del Estado) los que fueron invertidos para quitar el sargazo de las playas de Quintana Roo, tanto en la contratación de maquinaria para retirarla de tierra firme, como de embarcaciones que la recogieran en mar abierto.

Hasta el momento, no se han hecho públicos dichos contratos, por lo que se desconoce la forma en que fueron erogados dichos recursos.

Para la contingencia de 2018 se destinaron 82 millones de pesos (62 millones provenientes del Fonden y 20 millones del Gobierno estatal). Fueron utilizados para el retiro “manual” de más de 130 mil metros cúbicos de sargazo (630 pesos por metro cúbico), aunque las autoridades estatales mantienen en total opacidad los nombres de las empresas contratadas, así como la cantidad que se le entregó a cada una.

Hasta el momento, tanto la Secretaría estatal de Turismo (Sedetur) como la Semarnat se han negado a responder las solicitudes de información al respecto, argumentando que al estar incluidos recursos federales, corresponde a la Secretaría de Turismo federal (Sectur) aclarar el destino de la inversión.

Dinero tirado

Otros 240 millones de pesos fueron erogados para la renta de 27 kilómetros de “barreras de contención” instaladas en el mar, que de acuerdo con los boletines oficiales “atraparían” el sargazo antes de que lleguen a las playas, para después ser recogidas con maquinaria y barcas especiales.

La primera empresa en beneficiarse de este millonario contrato fue Grupo Goimar-Goimsa Logística y Servicios, S.A. de C.V., para implementar las primeras barreras entre los kilómetros 9 y 11 de la Zona Hotelera de Cancún, en agosto pasado.

Cabe destacar que de acuerdo con el informe del 17 de octubre de 2014 de la Auditoría Superior de la Federación, dicha empresa está relacionada con sobornos e incumplimiento de contratos durante el sexenio de Felipe Calderón, específicamente con Mario Alberto Ávila Lizárraga, exsubdirector de Mantenimiento y Logística en la Coordinación de Servicios Marinos de Pemex.

Y a pesar de que el director de instalación de las barreras de Goimar, Gustavo Alberto González, aseguró que cuando instalaran todas las estructuras tendrían un 99 por ciento de efectividad en contención y redirección del sargazo, la realidad es que apenas lograron colocar 4.5 kilómetros de barrera una vez que venció el plazo establecido en el contrato.

Ante el incumplimiento de la empresa Goimar, se decidió contratar a una segunda empresa, Grupo Ar-Co, cuyo origen de acuerdo con su RFC, se remonta a un negocio registrado como Comercializadora Chaktumen de Quintana Roo, S. de R.L. de C.V., como giro de tienda de abarrotes en Chetumal.

Además, quedó evidente el rotundo fracaso de la primera etapa de la barrera de desvío de sargazo colocada por ambas.

En entrevista, Ricardo Muleiro López, ex presidente de la Asociación de Náuticos de Quintana Roo, señaló que dichas estructuras no impidieron que toneladas de sargazo continúen llegando a las playas del Estado, ya que fue evidente que no lograron retener ni el 10 por ciento del sargazo.

“Las mallas fueron desbordadas por las algas, ya que el oleaje y la corrientes marinas permitieron que el sargazo prácticamente ‘bordeara’ las mallas, o que incluso las reventara”, indicó.

Grupo Ar-Co, por su parte, fue duramente criticado por asociaciones de hoteleros que demostraron la inexperiencia de la empresa para afrontar la contingencia, toda vez que tal como reconoció la propia empresa, se dedicaron a “probar” un método de arrastre con red de pesca, lo que además de ser ineficiente, generó graves daños al suelo y fauna marina.

De acuerdo con la Semarnat y la Sedetur, se pagaron 60 millones de pesos a la primera, y 57 millones de pesos a la segunda, sin aclarar cuál fue el destino de los 112 millones de pesos restantes.

A pesar de lo anterior, la Secretaría de Medio Ambiente anunció que para este 2019 solicitarán un presupuesto de 280 millones pesos para contratar servicios de contención, limpieza y disposición del alga en los mares y playas de Quintana Roo, así como otros 420 millones de pesos para la adquisición de maquinaria para este trabajo.

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