En curso, el último de los múltiples intentos de explotar el Área...

En curso, el último de los múltiples intentos de explotar el Área Natural Protegida de Xcacel-Xcacelito, en Tulum: una raya más al voraz tigre de la complicidad que los Gobiernos federal, estatal y municipales mantienen con empresarios depredadores, en la lógica de la devastación que ya se opera sobre el Parque Nacional del mismo Municipio y de todos los demás sitios con potencial económico y para la rapiña pública y privada

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Hace poco más de 20 años, el entonces gobernador Mario Villanueva Madrid dividió y vendió en cinco lotes –a precios de cualquier colonia popular precarista el metro cuadrado- el área de Xcacel-Xcacelito, una de las playas más hermosas de Tulum,que en 1998 fue decretada como Área Natural Protegida y lugar de anidación de las tortugas marinas. Desde entonces, grupos ambientalistas han peleado por evitar que se construya un complejo hotelero en la zona, y hasta ahora han tenido éxito. Pero un nuevo proyecto, denominado “La Calma Eco Resort Luxury”, de la empresa Palmares del Country S.A. de C.V., de Guadalajara, podría ponerle fin a su racha de victorias, pues planea construir el hotel en el terreno aledaño a la zona de ‘conservación’ de Xcacel-Xcacelito, aunque claro está que también se está adueñando del área de playa de la misma. Y mientras tanto, la secretaria estatal de Turismo, Marisol Vanegas, pide calma, pues dice que no hay problema. Total: una raya más al tigre no sería nada en un Estado donde se permite la depredación ambiental con tal de atraer mayor inversión hotelera.

Armando Galera

El proyecto “La Calma Eco Resort Luxury” es el cuarto intento en casi 20 años por construir un complejo hotelero en las cercanías de la zona de Xcacel-Xcacelito, declarada en 1998 como Área Natural Protegida, con la categoría de Santuario de la Tortuga Marina.

Grupos de ambientalistas temen que esta vez sí se concrete el ecocidio en el lugar, puesto que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) –una de las oficinas estratégicas para los crímenes ecológicos de naturaleza inmobiliaria- ha cerrado, incluso, el acceso público a la playa, lo que imposibilita que se audite la construcción.

La secretaria estatal de Turismo del Gobierno de Quintana Roo, Marisol Vanegas, pide “calma a los ecologistas”, argumentando que dicho hotel se va a construir en “el terreno de al lado”, y que no afectará a la zona de anidación de las tortugas marinas.

Pero los ambientalistas denuncian que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de “La Calma” presenta tantas imprecisiones e irregularidades que hacen dudar de la misma, como el hecho de que en el papel señalen que no tendrá acceso a la playa, pero en los planos del complejo se revela que ya“se apropió” de la mitad de la “Bahía Ensenada Xcacel”.

Mientras tanto, el tema está siendo utilizado hasta como bandera dentro de la politiquería demagoga del proceso electoral, y candidatos tan impresentables como Ramón Martín Azueta, de la oficialista alianza PAN-PRD-MC por el Distrito Electoral 01, han salido a blasfemar que “defenderán el área protegida de Xcacel-Xcacelito”, cuando han sido sujetos como ése, que ocupó la Presidencia Municipal de Solidaridad, con sede Playa del Carmen, quienes más han lucrado con los negocios sucios, los contubernios y la venta ilegal de autorizaciones y cambios de uso de suelo y densidades inmobiliarias de la más rentable plusvalía urbana, habitacional y turística.

Un proyecto frustrado

Los intentos por construir un complejo turístico en la zona de Xcacel-Xcacelito se remontan a hace 21 años, cuando el entonces gobernador Mario Villanueva -preso y recientemente traído a su ciudad natal, Chetumal dividió 164 hectáreas (que van del límite de Xel-Ha al sur, hasta Chemuyil al norte, incluyendo seis kilómetros de playas vírgenes) en cinco lotes, vendiéndolos al ridículo precio de cinco dólares el metro cuadrado, según se dijo (casi 9 millones de dólares en total), aunque en realidad se vendieron hasta en menos.

No tardó en revelarse que los cinco beneficiarios de esta ‘ganga’ fueron las empresas Galapazul, Morgan Promociones, Corporación Hotelera Hispano Mexicana, Grupos G.A. Sol, y Aldeas de Costa Maya, y que su intención era levantar un desarrollo turístico que implicaría la construcción de cinco hoteles con un total de mil 440 habitaciones.

A partir de ese momento, grupos ecologistas como Greenpeace, Moce Yax Cuxtal y Grupo Ecológico del Mayab (Gema) emprendieron una campaña de alcances internacionales para impedir que se concretara el complejo, pues se planeaba ubicarlo a escasos metros de un área de anidación para las tortugas marinas.

Bajo la presión del activismo ecologista, un año después, en 1998, el Gobierno de Quintana Roo decretó las playas de Xcacel-Xcacelito como área protegida para las tortugas; pero en el año 2000, la turbia administración panista de la Semarnat autorizó –justo en los días en que se anunciaba la nueva era democrática y del fin de la corrupción del autoritarismo priista- los permisos ambientales para desarrollar el complejo hotelero,aunque una nueva batalla legal emprendida por los ambientalistas permitió que en 2002 la dependencia federal –que en los días del también panista Calderón autorizó sobredensificar la Zona Hotelera de Cancún en más de ocho mil cuartos, porque en la contabilidad incluyó los condominios como si fueran simples habitaciones aunque cada uno de ellos tuviera tres o cuatro- revocara las autorizaciones que había entregado dos años atrás, y se declarara toda el área que anteriormente había vendido el exgobernador Mario Villanueva como área destinada a la conservación.

En tanto, el Gobierno del Estado se vio obligado a ofrecer a los empresarios que habían comprado los lotes una permuta de terrenos para que pudieran desarrollar sus proyectos hoteleros en otra parte.

Cuatro de las empresas aceptaron la oferta: Galapazul, Morgan Promociones, Corporación Hotelera Hispano Mexicana y Grupos G.A. Sol. Los dos lotes ‘centrales’ pasaron a formar parte del patrimonio de la Universidad de Quintana Roo, y una franja de escasos 100 metros de ancho de playa quedó bajo el esquema de Santuario de la Tortuga Marina.

La única que no aceptó y que conservó su predio fue Aldeas de la Costa Maya, cuyo principal accionista es Carlos Constandse Madrazo, primo del exgobernador de Tabasco y excandidato presidencial priista, Roberto Madrazo Pintado –que perdió la elección presidencial de 2006 con el panista Felipe Calderón, y logró la marca nunca antes vista de mandar a su partido al tercer lugar de las preferencias electorales del país, porque muchos priistas no quisieron votar por él y lo hicieron mejor por los candidatos del PAN y el PRD, donde el del PAN le ganó a Andrés Manuel López Obrador en un triunfo electoral inverosímil y tramposo-, así como socio de Miguel Quintana Pali en el Parque Xcaret.Constandse y sus hermanos del Grupo Xcaret, junto con su cuñado Francisco Córdova Lira, también fueron beneficiados por Mario Villanueva con la concesión del ahora llamado Parque Xel-Há, cuyo territorio le fue cedido al Municipio de Cozumel y por lo cual los concesionarios ni siquiera el Impuesto Predial pagan, puesto que los propietarios no son ellos, sino el Municipio isleño. Ellos sólo pagan una contraprestación a dicho Municipio de 50 mil dólares anuales, una burlesca bagatela, cuando pueden ganar eso en un solo día, en la virtud de que al parque ingresan hasta cinco mil visitantes diarios que pagan más de mil pesos por cabeza.

De modo que, en 2006, Aldeas de la Costa Maya regresó para presentar de manera individual ante la Semarnat una nueva Manifestación de Impacto Ambiental para construir con el nombre de “Bahía Secreta” 28 lotes para villas turísticas, dos lotes comerciales, un club de playa, un área de mantenimiento y servicios (todo equivalente a casi 800 cuartos hoteleros) en el predio que estaba dentro del polígono de protección de Xcacel-Xcacelito, hecho que habían omitido en la MIA pero que fue ventilado por el Movimiento Ciudadano y Ecologista YaxCuxtal. He aquí una familia de la verdadera mafia del poder político.

Y en octubre de ese año, la Semarnat se apresuró a emitir un resolutivo donde negaba los permisos a dicho proyecto.

En 2008, Aldeas de la Costa Maya volvió a presentar sus intenciones de construir el mismo complejo, pero con otro nombre: “Hotel Proyecto Carey”, pero de nueva cuenta le sería negada la autorización.

 Otro intento

A principios de este año se dio a conocer que la empresa Palmares del Country S.A. de C.V., de Guadalajara, presentó una MIA en la que se plantea la construcción de un centro de hospedaje ubicado en el corredor natural de Xcacel-Xcacelito.

El proyecto, que lleva por nombre “La Calma Eco Resort Luxury”, describe cuatro bloques de hospedaje para 540 habitaciones, un lobby, spa, restaurante, edificio administrativo, dos albercas, estacionamiento, acceso, andadores y dos lagunas artificiales, en un predio entre los kilómetros 247 y 248 de la Carretera Federal 307, con una inversión de más de 21 millones de dólares (397 millones de pesos) y un plazo de construcción de ocho años.

De acuerdo con la MIA -clave 23QR2018T0010 en la liga www.semarnat.gob.mx/impacto-ambiental/consultas-publicas/consultas-vigentes-, cuentan con la autorización para construir hasta 30 cuartos por hectárea y un despalme de 15 por ciento del predio, así como el corte de 200 metros cuadrados de manglar para la zona que sería inundada para dar lugar a las dos lagunas artificiales.

La única funcionaria que ha emitido una declaración oficial al respecto es la secretaria estatal de Turismo del Gobierno del Estado de Quintana Roo, Marisol Vanegas, quien afirma que el proyecto no se encuentra en la zona protegida sino en el lado norte del mismo.

“El proyecto está bien hecho. Ingresaron su Manifestación de Impacto Ambiental y tienen todos los papeles en regla. Entendemos que existe mucho ánimo de los grupos ambientalistas por proteger la zona de Xcacel-Xcacelito, pero tienen que entender que les dieron información errada, pues el predio donde se va a construir ‘La Calma’ no toca ninguna parte del área de protección de la tortuga”.

La complicidad de la Semarnat

Sin embargo, varios grupos ambientalistas ya han detectado irregularidades del proyecto “La Calma Ecoresort”.

Entrevistada por este semanario, Aracely Domínguez, ambientalista y presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (Gema), explica que la MIA contiene imprecisiones que pueden llegar a vulnerar el Santuario de la Tortuga Marina.

“Por ejemplo: el proyecto afirma en su MIA que no tiene playa, sino zonas rocosas, y eso es completamente falso,porque en el documento se señala que el terreno abarca desde Punta Calentura hasta 70 metros hacia el norte, un área que, en efecto, carece de playa,pero que en el mapa del proyecto se puede observar que toman casi 50 metros de la bahía de Ensenada Xcacel, la cual sí posee playa y está a escasos 15 metros del Santuario de la Tortuga Marina.

También se señala que sólo van a desmontar 200 metros cuadrados de manglar para construir sus lagunas artificiales, pero los hábitats con alojamiento y estancia, y las áreas recreativas, ocupan casi mil 500 metros cuadrados de manglar, lo cual tampoco especificaron en la MIA”, puntualiza la ambientalista.

“Por si fuera poco, el pasado 2 de junio la Semarnat cerró por primera vez el acceso público a la playa de Xcacel-Xcacelito, argumentando que se trata de una medida para proteger a las tortugas marinas que acuden a anidar. No está por demás señalar que resulta irónico el hecho de que cierren el acceso público a la playa, pero al mismo tiempo permitan que se construya un hotel justo en la zona”.

De acuerdo con Aracely Domínguez, el cierre del acceso público a la playa podría ser interpretado como una medida de complicidad entre la empresa hotelera y la Semarnat para evitar que los grupos ambientalistas verifiquen los trabajos de construcción de “La Calma”, además de que pueda ser utilizado como pretexto “para privatizar la playa a favor del complejo hotelero”, mismo que se convertiría en el único con acceso a la zona de Xcacel-Xcacelito, en un país donde la norma constitucional y los derechos ciudadano fundamentales que ampara, como que las playas son públicas y todos los mexicanos tienen la libertad absoluta y legítima de ingresar a ellas, estar en ellas, y disfrutar a plenitud de ellas, lo cual la autoridad gubernamental de garantizar el ejercicio de ese derecho es la primera que lo violenta en beneficio del hampa empresarial que le paga para ello y compra su complicidad con ello.

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