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En la Fiscalía General del Estado, la corrupción y la negligencia han ocasionado un incremento en el número de crímenes sin resolver y en las denuncias contra los mismos agentes ministeriales, obstáculos de la Justicia

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No es sólo la negligencia y la incompetencia (en la entidad de mayor potencial turístico y con la mayor afluencia de inmigrantes, de indigentes y de criminales, y donde se registran, por eso mismo y por la falta de interés político y control institucional, algunas de las anomalías sociales y de degradación humana más significativas y consistentes del país: adicciones y vicios en general y entre menores, crímenes y aberraciones sexuales, suicidios, marginalidad y delincuencia de todo tipo, etcétera); es todo eso y la corrupción generalizada que pervierte toda posibilidad de éxito y de servicio de interés público en el ejercicio profesional de la procuración de Justicia –condición primaria de seguridad y confianza ciudadanas, y garantía legal y jurisdiccional en un Estado de Derecho-: a la hora de las averiguaciones previas, de la integración de los expedientes procesales y de las consignaciones penales. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo es una de las más corruptas del país. Con dinero es posible desaparecer una evidencia crucial para resolver una ejecución, u obtener cualquier favor necesario en un proceso judicial. No se sabe cuánto dinero se mueve por esas oficinas, pues los sobornos o los‘moches’ oscilan entre los 5 mil y los 25 millones de pesos, dependiendo del caso y de los implicados. Y el rumorado cambio de su actual, inoperante y desprestigiado titular no servirá de nada, pues estos males son de naturaleza estructural: usos y costumbres de un modo de ser consolidado en el curso generacional de todos los tiempos, que se ha convertido –con la peste asociada de la complicidad que anida en todas las Policías municipales, y donde en los Municipios más importantes y de mayor crecimiento y descomposición política no hay agente policiaco que escape a las órdenes de sus comandantes subsidiarios de los mandos locales del hampa, a los que tampoco escapan los munícipes, jefes formales de la mafia policial y socios de la misma y de las bandas dominantes- en uno de los principales obstáculos de la seguridad pública, condición particularmente importantes en un territorio que vive más que nada de los turistas extranjeros, pero sobre todo de la Justicia y de la paz social, que definen la calidad de la convivencia democrática de un pueblo. En la Fiscalía del Estado, los males institucionales arraigan y suben desde los niveles más bajos, principalmente en la Vicefiscalía de la Zona Norte, en cuyo entorno los delitos comunes y los crímenes atroces del ‘narco’ se despliegan y se masifican entre la masividad inmigrante, la ingobernabilidad, y la impunidad, y donde –sin que puedan distinguirse las excepciones, porque donde manda la mafia no hay rebeldías sobrevivientes- los agentes buscan sacar provecho del gran flujo de dinero que corre en las ciudades turísticas como Cancún y Playa del Carmen. Mientras tanto, los expedientes, los muertos y las víctimas inocentes se van acumulando sin que se advierta la mínima luz en el laberinto.

Javier Ramírez

El rumor que más se ha difundido en los últimos días es el que indica la posibilidad de que sea relevado del cargo el titular de la Fiscalía General del Estado, Miguel Angel Pech Cen, ante la falta de resultados para resolver los delitos de alto impacto, como las ejecuciones, que en lo que van del año suman ya más de 300 en Quintana Roo y contando, y ante su falta de escrúpulos para irse por voluntad propia.

Sin embargo, tampoco se puede dejar de lado la corrupción monolítica y de todos los tiempos que impera en dicha dependencia, principalmente entre los policías judiciales y los agentes del Ministerio Público.

De acuerdo con información de fuentes internas, la Fiscalía General del Estado lleva iniciadas unas 340 averiguaciones previas contra su personal, tan sólo en lo que va de este año, por irregularidades que van desde abuso de autoridad, sobornos para liberar vehículos involucrados en accidentes de tránsito, manipulación de pruebas para favorecer a alguna de las partes involucradas en presuntos delitos, y hasta la omisión de órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios imputados y miembros de la delincuencia organizada.

No existe un dato siquiera estimado de cuánto dinero se maneja entre sobornos y pago de favores dentro de la Fiscalía. Se sabe que, por alterar información de una prueba pericial, por ejemplo, la cuota es de entre 50 mil y 300 mil pesos, dependiendo del caso, en tanto que a una agente del Ministerio Público se le acusa de haber recibido casi 25 millones de pesos a fin de boicotear una orden de aprehensión en contra del exsecretario general del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Jorge Aguilar Cheluja.

De acuerdo con información interna de la FGE, la corrupción y la negligencia imperan en al menos el 60 por ciento de los casos que ingresan a sus oficinas, por lo que no sorprende que tenga un rezago del 87 por ciento en la resolución de los mismos.

Es decir: de cada 10 averiguaciones previas que realiza la Fiscalía, sólo una se resuelve, mientras que las otras nueve se arrumban y se empolvan en los archivos muertos de las bodegas que posee en los once Municipios de la entidad.

Rezago criminal

El rezago de la Fiscalía General del Estado es impresionante: tan sólo en el Municipio de Benito Juárez existen 110 mil expedientes no resueltos desde 2012. Algunos incluso pasaron al área de archivo muerto apenas fueron ingresados. La impunidad es el alma de esta institución, más destinada a procurar la injusticia que la justicia. Aquí hay crímenes de omisión más graves que los que contienen los expedientes. Aquí el olvido y el silencio procesales explican la causa anónima de tanta sangre que corre allá afuera. Aquí el abandono es fuente de reincidencia delictiva, de acumulación de cadáveres y deudos, de multiplicación incontinente de agravios y atrocidades, de violencia e inseguridad.

En Solidaridad, el rezago es de 80 mil expedientes, y en Tulum casi 13 mil. En las bodegas de Othón P. Blanco hay 60 mil expedientes abandonados desde 2014.

El fiscal general del Estado, Miguel Ángel Pech Cen, informó que esta situación se debe al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y a la falta de capacitación de los operadores del mismo y al desconocimiento acerca de él de la ciudadanía en general, pero la realidad es que esta nueva forma de trabajar en los tribunales inició hace apenas dos años, y el rezago en la atención a las averiguaciones previas data de muchos otros años atrás.

Sin embargo, peor que la falta de capacidad para resolver casos, es la corrupción que impera en su procesamiento y desahogo.

De las más corruptas

El 4 de marzo pasado, la Procuraduría General de la República dio a conocer la lista de los Ministerios Públicos con mayor número de denuncias en el país.

En dicho ranking, Quintana Roo ocupó el cuarto lugar, con un promedio de 850 denuncias en contra de su personal del Ministerio Público y agentes judiciales.

Incluso se hizo un mayor énfasis en las sedes de Solidaridad y Benito Juárez, pues investigaciones internas revelaron el nexo de complicidad existente entre el personal de la Fiscalía General del Estado e integrantes de la delincuencia organizada.

Tan sólo en lo que va de este año, la Fiscalía estatal ha iniciado 108 averiguaciones previas contra funcionarios del Ministerio Público, 43 contra policías judiciales, 14 contra peritos, nueve contra oficiales-secretarios, y 68 en contra de quien o quienes resulten responsables.

Entre las denuncias más comunes están las relativas al cohecho, es decir: la tendencia del personal de la dependencia a pedir dinero para agilizar algún trámite o favorecer al interesado. También sobresalen las referidas al abuso de autoridad en la detención de sospechosos,a la negligencia en el desempeño de funciones,a la infidelidad en la custodia de documentos,al robo de documentos, a la privación ilegal de la privacidad y a la asociación delictiva de policías judiciales y agentes ministeriales.

Los trámites más ‘redituables’ para los agentes de nivel ‘bajo’ son aquellos que tienen que ver con el proceso de liberación de vehículos involucrados con accidentes de tránsito, pues para que el funcionario pueda dar el ‘visto bueno’ y su firma se exigen ‘moches’ de entre 14 mil y 30 mil pesos, según sea el caso.

Uno de los agentes del Ministerio Público que tiene en su haber denuncias por este tipo, es Jesús H.A., adscrito a la Fiscalía General del Estado en Solidaridad, pero se trata de una situación que se replica sin término en cada uno de los once Municipios.

En teoría, cuando se presenta un accidente, los vehículos involucrados deben ser asegurados y puestos a disposición del M.P. Luego, si se cubren los requisitos, las unidades deben ser devueltas a sus legítimos propietarios, pues la documentación sólo exige la firma del agente del Ministerio Público y la revisión de un director.

Pero la entrega del vehículo no se realiza en ese momento, como debe ocurrir. El agente del Ministerio Público no se presenta en las citas con los interesados, incrementando los costos del corralón. Entonces, cuando por fin los recibe, el funcionario les dice que puede acelerar la entrega e incluso eliminar algunos costos por multas, si le entregan alguna cantidad de dinero.

Por otro lado, en enero pasado,el fiscal general reconoció que al menos 100 vehículos que fueron asegurados en investigaciones (y algunos de los cuales, incluso, eran evidencia crucial en casos sobre ejecuciones relacionadas con la delincuencia organizada) simplemente ‘desaparecieron’, sin que hasta el momento se conozca su paradero o algún culpable.

Más grave aún, son los expedientes FGE/QR/OPB/10/5380/2017 y FGE/OIC/04/2017 asentados en contra de la fiscal del Ministerio Público, Reyna “N”, y otra funcionaria de Averiguaciones Previas y Acusaciones, por haber recibido, cada una, 25 millones de pesos para omitir la orden de aprehensión en contra del exfuncionario municipal Jorge Aguilar Cheluja.

El cambio del fiscal general del Estado parece inminente. Sin embargo, poco o ningún cambio habrá hasta que no se acabe con la corrupción en toda la Fiscalía.

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