En México las reformas judiciales patrocinadas por la demagogia incrementan la reincidencia...

En México las reformas judiciales patrocinadas por la demagogia incrementan la reincidencia criminal y la vulnerabilidad social frente al delito

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MÉXICO, D.F., 06ABRIL2015.- Sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sede de Pino Suárez. FOTO: SCJN /CUARTOSCURO.COM

A mediados del año pasado entró en vigor en México el denominado nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con el que, en teoría, la imposición de la Justicia sería ágil y respetuosa en todas las etapas del proceso, privilegiando la presunción de la inocencia y la reparación del daño por medio de mecanismos alternos. Los Estados tuvieron ocho años para prepararse y adoptar el nuevo sistema, pero hasta finales del 2016 apenas cuatro habían conseguido implementarlo, pues no contaban con la infraestructura ni los recursos humanos necesarios para llevar a cabo los juicios orales y las mediaciones. Además, varios delitos dejaron de ser considerados graves, entre éstos el homicidio culposo, el abuso sexual, el robo, el allanamiento de morada y la portación de armas de fuego. El pasado 5 de julio, un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que quienes están bajo proceso penal dentro del anterior sistema de Justicia, pueden ahora solicitar la libertad bajo caución, lo que significa que miles de reos dejarán las cárceles en los próximos meses. Ante este escenario, figuras como el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y los comisionados nacionales de la Policía Federal y de Seguridad Pública, Manelich Castilla y Renato Sales Heredia, respectivamente, criticaron la decisión de los ministros y exhortaron al Congreso de la Unión a hacer ‘adecuaciones’ al Nuevo Sistema de Justicia Penal, con el fin de evitar una salida masiva de reos y que más delincuentes logren burlar la ley. Mientras tanto, el magistrado José Ramón Cossío Díaz asegura que son los policías, los peritos y los fiscales, los responsables de que muchos criminales no pisen la cárcel, lo cual es relativamente cierto y un buen argumento de salvación de los ministros de la Corte. Pero si a esa corrupción policial y ministerial se añaden las facilidades del nuevo Sistema de Justicia, el territorio de la impunidad será más llano para la delincuencia; y el perjuicio social, ya de por sí agravado a diario por la criminalidad política y la violencia, será similar al de los Estados africanos desbaratados por la anarquía, sólo que acá gracias a la modernización reformadora de la demagogia, la simulación y la impostura de los máximos representantes institucionales.

En México las reformas judiciales patrocinadas por la demagogia incrementan la reincidencia criminal y la vulnerabilidad social frente al delito

Javier Ramírez

El pasado 5 de julio de este año, con los votos a favor de los magistrados José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el Artículo Quinto Transitorio del Código Penal de Procedimientos Penales, aprobado por el Congreso de la Unión, sí procede para que los inculpados que estén siendo procesados en el sistema penal mixto, tras haber sido encarcelados en el anterior Sistema de Justicia Penal, puedan solicitar que se les levante o modifique la medida de aseguramiento en centros carcelarios, siempre y cuando los delitos por los que fueron puestos tras las rejas no merezcan -de acuerdo con el actual Sistema de Justicia Penal Acusatorio que entró en vigor en junio de 2016- prisión preventiva oficiosa y no representen un peligro para la sociedad.

Según lo determinado por la SCJN, los que no pueden gozar de este beneficio son los que están acusados por delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestros, trata de personas y cometidos por medios violentos.

Sin embargo, quienes saldrían beneficiados son los que están en prisión por portación de armas de uso exclusivo del ejército, lavado de dinero, defraudación fiscal, evasión de reos, robo de hidrocarburos, asalto en carreteras, robo calificado, extorsión, contrabando y ataques las vías de comunicación.

Los ministros defendieron su fallo con el argumento de que una parte de las leyes transitorias entre el anterior y nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio da prioridad a la presunción de la inocencia, es decir que ‘cualquier persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario’ y que ‘la prisión preventiva debe ser una excepción y no la regla’.

Sin embargo, aunque el cambio de situación de los reos no será automático, pues tendrán que solicitar una audiencia en la que el Ministerio Público puede alegar ante el juez de Control que el indiciado sí representa un riesgo para los ciudadanos, varios gobernadores, funcionarios  y jefes policiacos han expresado su rechazo ante este fallo, pues, aseguran, miles de reclusos podrían regresar en los próximos meses a las calles. Por ello ya preparan una serie de propuestas para fortalecer el sistema procesal penal y así evitar la salida masiva de internos.

Las bases del SJPA

El 18 de junio de 2016, luego de ocho años de trabajos, entró en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con la intención de establecer una innovadora y transparente forma de impartir justicia en el país, con el establecimiento de tres etapas, cada una de ellas supervisada por un juez distinto: la investigación, la etapa intermedia y el juicio oral.

Funciona de la siguiente forma: una vez que inicia un caso, el Ministerio Público y la Policía comienzan el proceso de investigación, en el que podrán determinar la probable existencia de un delito y buscarán a la persona que lo cometió. Una vez obtenidas las pruebas, el agente ministerial debe acudir ante un juez para acusarlo formalmente en una audiencia pública. A partir de ese momento, a la persona señalada como ‘probable responsable’ de haber cometido un delito se le llama ‘imputado’. Un juez de Control se encargará de revisar que la investigación arroje los datos que indiquen la probable participación del imputado en el delito. De ser así, autorizará al Ministerio Público a llevar a juicio a la persona para acusarla formalmente. En tanto se realiza el juicio, el juez puede imponer medidas cautelares para evitar que se fugue, obstaculice la investigación o dañe a la víctima.

En la etapa intermedia, si el agente ministerial tiene suficientes pruebas como para suponer que el imputado es culpable, presentará su acusación ante el juez, agregando una lista de testigos y peritos o expertos que desea que declaren en el juicio para comprobar la culpabilidad del imputado. En ese momento, el juez de Control inicia un debate entre el imputado y la víctima, por medio de sus abogados o ellos mismos, para proponer las pruebas que presentarán en el juicio.

Es aquí cuando entran las cuatro ‘aportaciones’ del nuevo Sistema de Justicia Penal. Para ayudar a terminar el proceso en el menor tiempo, en el caso de delitos menores se pueden aplicar salidas alternas que permitan encontrar una solución al conflicto sin llegar a juicio: 1.- Criterio de oportunidad. Si existe manera de que el imputado repare el daño ocasionado o la víctima manifieste su falta de interés en dicha reparación, el Ministerio Público tendrá en sus manos la oportunidad de no acusar al imputado ante la instancia penal. 2.- Justicia alternativa. Auxiliados por un especialista, ambas partes buscarán llegar a un arreglo para reparar el daño. No procede en delitos como violación, homicidio o extorsión. 3.- Suspensión condicional del proceso. La persona que por primera vez cometa un delito no grave, podrá solicitar la suspensión del juicio a cambio de aceptar su culpa, comprometerse a indemnizar por el daño causado, y asumir las condiciones que le imponga el juez. 4.- Proceso abreviado. Consiste en dar la oportunidad al imputado de aceptar su responsabilidad, con el fin de evitar un juicio largo que genere desgaste emocional y económico a la víctima. En ese caso, el imputado podrá recibir una pena menor a la que corresponde por ley.

De no ser efectiva una salida alterna o si la víctima no quiere mediar, se continuará con la última fase. El juicio oral es una audiencia pública en la que el acusador y el acusado debaten sus posturas. El juez debe escuchar a ambas partes y valorar las pruebas presentadas en los interrogatorios. Posteriormente dictará sentencia que determine la culpabilidad o inocencia del imputado.

Finalmente, con el nuevo sistema algunos delitos que eran clasificados como graves dejarán de serlo; ellos son: homicidio culposo, lesiones, lesiones culposas, lesiones por contagio, aborto, daño a la propiedad, evasión de presos, ejercicio ilegal del servicio público, suministro de medicinas nocivas o inapropiadas, robo sin agravante, allanamiento de morada, delitos contra el ambiente y actos de maltrato o crueldad animal, procreación asistida, privación de la libertad con fines sexuales, violación cuando entra la víctima y el victimario exista vínculo de pareja, concubinato o matrimonio; acoso sexual, abuso sexual, estupro y delitos contra el incumplimiento de la obligación alimentaria, violencia familiar y violencia familiar equiparada, discriminación y amenazas. Por lo tanto, los procesados por estos delitos podrán solicitar la libertad provisional.

Fallido en su origen

Cuando el nuevo Sistema de Justicia Penal comenzó a funcionar en todo el país, sólo cuatro Estados tenían condiciones relativamente aceptables para implementarlo; relativamente aceptables, porque en todos los casos en México la corrupción y las deficiencias policiales, ministeriales, judiciales y penitenciarias son abrumadoras.

El Sistema fue puesto en marcha sin que alguien vigilara su correcta aplicación y resultados. La Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio (Setec), un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que se encargó de supervisar la puesta en marcha del mismo, desapareció en octubre del 2016.

La Setec, encabezada por la extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), María de los Ángeles Fromow, contaba apenas con un equipo de 100 personas y un presupuesto propio anual de hasta 80 millones de pesos para supervisar el funcionamiento del Sistema. Además administraba más de mil 200 millones de pesos en subsidios otorgados a las entidades para que invirtieran en infraestructura, capacitación y modificaciones legales, entre otros. Dos semanas antes de la entrada en vigor, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el nuevo SJPA no podía quedar abandonado una vez cumplida la meta de arranque, por lo que dio indicaciones para que con los otros Poderes de la Unión, con la participación de organizaciones civiles, se buscarán mecanismos para evaluarlo. Declaraciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al respecto, apuntaban a extender el funcionamiento de la Setec por lo menos hasta el final del sexenio o crear otro organismo con la misma capacidad y autonomía.

Pero apenas dos días después del arranque del nuevo Sistema, el 20 de junio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo entre los Tres Poderes de la Unión para la Consolidación del Sistema Penal Acusatorio, el cual delegó a los Poderes federales la supervisión del Sistema y crear enlaces para coordinarse. Las entidades federativas ‘que así lo decidieran’ podrían adherirse al acuerdo. De esta manera, al ser opcional, los Estados optarían por la autoevaluación.

Asimismo, el nuevo Sistema de Justicia Penal se topó con otros obstáculos, como la nula difusión, la falta de recursos humanos y de infraestructura, el hecho de que el 90 por ciento de los elementos policiacos no estaban capacitados –apenas habían recibido talleres de 40 horas con fundamentos básicos-, e incluso que de las 83 mil carpetas de investigación abiertas bajo la nueva modalidad, menos de mil habían sido resueltas por medio de la mediación y mecanismos alternos. De esta manera, uno de los pirales del ‘nuevo Sistema’ no se cumple debido a la falta de personal en las Unidades de Mediación.

Las reacciones en contra

Tras darse a conocer el fallo de los magistrados, varios gobernadores, funcionarios federales y asociaciones civiles expresaron su desacuerdo, exponiendo que el aumento de la violencia en el país se debe a que gran parte de los acusados del delito de portación de armas de fuego recuperan su libertad bajo caución.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue uno de los que criticó la medida, al asegurar que alrededor de cuatro mil personas podrían salir de prisión tan sólo en la capital del país. Por ello, señaló que los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la cual preside, solicitarán al Congreso de la Unión ampliar el catálogo de delitos graves establecidos en el Artículo 19 constitucional. Mencionó que la participación de los Ministerios Públicos será muy importante, pues tendrán que revisar caso por caso para evitar que por algún vacío legal los abogados intenten liberar a quien haya atentado contra la integridad de un tercero.

Mientras tanto, el comisionado nacional de la Policía Federal, Manelich Castilla, exhortó a los Poderes Legislativo y Judicial a efectuar las adecuaciones necesarias para que el nuevo SJPA funcione de la manera correcta y no deje en libertad a los criminales. Expuso, como ejemplo, que elementos federales han logrado asegurar arsenales de armas de alto poder, que no iban a ser utilizadas para caza deportiva. Sin embargo, los propietarios han obtenido su libertad casi de forma inmediata. Por ello, dijo, es necesario iniciar una reforma que sancione de manera más firme esta clase de delitos.

Quizá la voz más crítica de este problema fue la del titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, quien aseguró que el incremento en el número de homicidios dolosos con armas de fuego fue un efecto no calculado del nuevo Sistema de Justicia Penal. Explicó que antes del 18 de junio del 2016, por cada diez homicidios, cuatro se cometían con armas de fuego. Desde la entrada en vigor del nuevo SJPA, por cada diez homicidios dolosos, siete se cometen con arma de fuego. Por ello urgió al Congreso de la Unión a legislar para que la portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército amerite la prisión oficiosa.

Errores en el nuevo SJPA, por culpa de policías: SCJN

Por su parte, el ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío Díaz, rechazó que se requiera ampliar el catálogo de delitos graves para evitar las fallas que hasta ahora se han registrado, como la liberación de reos e imputados por delitos de cuello blanco o portación de armas, pues significaría regresar al viejo sistema fallido.  Para él, los eslabones más débiles son los policías, los peritos y los fiscales, quienes han demostrado que no construyen las acusaciones correctamente y se enfrentan al problema de no poder identificar los delitos conforme a los requisitos contenidos por la ley.

Explicó que se pasó de un sistema inquisitivo a uno acusatorio. Ahora, todo lo relacionado con culpabilidad tendría que ser acreditado en una sola audiencia. Entonces, todo lo que el juez escuche en esa audiencia, y sólo en esa audiencia, será determinante para la acusación de un delito. Aseveró que se tuvieron ocho años para prever ajustes, pero no se hicieron, y ahora ve posible que se meta ‘reversa’ al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, debido a las críticas realizadas por funcionarios y organizaciones civiles.

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