En Q. Roo, la desigualdad del crecimiento, la progresiva lumpenización asociada, y...

En Q. Roo, la desigualdad del crecimiento, la progresiva lumpenización asociada, y la incompetencia política para asumir medidas estructurales, impiden el cumplimiento de los derechos humanos más básicos, como la seguridad y la educación; y, en el caso de la salud, mientras las instituciones son abatidas por la demanda, la medicina privada en lugar de ser alternativa se aprovecha, se encarece, se deshumaniza y se torna más inaccesible y lucrativa que en ninguna parte

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En Quintana Roo, el acceso a la salud es un lujo que no se puede dar más del 60 por ciento de la población. Los servicios médicos de la entidad, cuando no son accesibles debido a la saturación y las carencias de los públicos lo son por las tarifas industriales de los particulares; éstos son de los más caros del país: un tratamiento puede llegar a costar hasta 20 mil pesos cuando en otros lugares no supera los 10 mil. Las clínicas privadas lucran con la salud, aprovechando el agotamiento de las instituciones públicas, donde, por lo general,la cita con un especialista, como un oncólogo, un traumatólogo, etcétera,y que algunas veces involucra el respectivo traslado a las ciudades de Cancún o Mérida, puede tardar varios meses, tiempo que una persona enferma de cáncer, por ejemplo, no tiene para perder.Es una situación que hospitales, clínicas y consultorios privados con capacidad publicitaria han aprovechado muy bien gracias al llamado ‘turismo médico’, que en los últimos años ha tenido mucho auge en la entidad, porque para un extranjero resulta mucho más barato recibir atención en alguno de los polos turísticos locales que en su país. Se trata de una de las grandes injusticias del sistema político mexicano y de sus Gobiernos, del signo político que sean; el incumplimiento perenne de uno de los principales ordenamientos constitucionales con los que todo Estado democrático tiene la obligación de cumplir: el derecho a la salud de la población, a partir de servicios médicos de calidad garantizados para los individuos de todos los sectores sociales. Igual que otros, ése es un derecho humano que el Estado nacional no ha respetado nunca, y cuya violación ha permitido y favorecido, en cambio, que los servicios de salud privados –con sus muy respetables excepciones en tanto empresas y personal- conviertan la enfermedad y su atención profesional en una industria cada vez más rentable, lucrativa e inhumana, y, tan onerosa y nociva, que se convierte en una trampa para los demandantes pobres de servicios médicos que quedan atrapados entre la espada –de las instituciones públicas insuficientes, ineficientes, saturadas y sin cobertura de calidad- y la pared –de las empresas de servicios médicos cada vez más costosos e inaccesibles para esa población de menores ingresos, y cada vez más utilitarias y, por tanto, también menos humanizadas y serviciales debido a esa misma circunstancia y a la falta de competencia y alternativa de las instituciones de salud pública, agobiadas por la demanda, la incapacidad profesional, la falta de medicamentos y de insumos, el burocratismo, la indolencia, las progresivas limitaciones de cobertura, y la indiferencia y la corrupción de las autoridades políticas que deciden sobre ellas. El Estado mexicano no cumple con ninguna de las obligaciones constitucionales primarias relativas a los derechos humanos: la seguridad, la salud y la educación; derechos que, de manera paradójica, un Estado nacional con menores recursos y más señalamientos de autoritarismo y antidemocracia, como el cubano, cumple con muchos más altos estándares de calidad de vida y desarrollo humano. En México, la peor situación en el cumplimiento de esos derechos ocurre en Quintana Roo, una entidad violenta y de superiores índices de analfabetismo funcional y peores servicios de salud, pese a presumir y ser de las de mayor crecimiento económico merced a su dinamismo inversor en el sector turístico, pero donde también ocurre el mayor expansionismo de la inmigración indigente, la marginalidad, el consumo de drogas y de alcohol, y la criminalidad. De modo que donde más ocurre el crecimiento económico es donde, los servicios públicos de salud, más insuficiencias y carencias tienen, y donde la inseguridad y la pobreza educativa son más elevadas, lo que quiere decir que el crecimiento y el desarrollo humano son factores excluyentes, y que por tanto la democracia produce más injusticia que bienestar, y es por tanto una democracia perversa, dolosa, corrupta y al servicio de los grupos de poder.

Armando Galera

El costo de la atención médica en Quintana Roo es de los más caros del país: hasta 120 por ciento en promedio arriba, comparado con otras entidades;una noticia de infarto para el 60 por ciento de la población que no está asegurada o no es derechohabiente de alguna institución de seguridad social, pero que, aunque tenga ese beneficio, no tendrá el de la calidad y la oportunidad de la atención que a su derecho humano y constitucional corresponde.

Una consulta médica general en una clínica privada en el Estado de México, por ejemplo, suele costar 350 pesos,en Puebla 200 y en Veracruz 450. En Quintana Roo, el precio es de 800 pesos en promedio.

Por esa razón, siete de cada 10 personas que necesitan atención médica prefieren tomar remedios caseros o visitar algún consultorio de las cadenas farmacéuticas, como Farmacias del Ahorro, Farmacias Similares y otras. Sin embargo, la situación se complica cuando requieren de alguna intervención específica o en caso de sufrir un accidente, pues es entonces cuando se hace necesario que acudan a alguna clínica privada, y ahí la práctica común es inflar los valores reales de los servicios cual la oferta y la demanda del mercado que se impone a los criterios del humanitarismo, la sensibilidad profesional y la vocación hipocrática.

Atenderse por una fractura, por ejemplo, puede llegar a costar entre 9 mil y 12 mil pesos, y una enfermedad que requiera hospitalización, hasta 20 mil pesos. En Mérida, en cambio, los precios rondan entre los 2 mil 500 y 4 mil pesos por los primeros casos, y hasta 9 mil pesos por los segundos.

Por eso, en Quintana Roo, enfermarse o sufrir algún accidente, puede significar la pérdida de todos los ahorros de la familia, en caso de tenerlos, o resignarse a sufrir; tener que elegir entre la espada de la medicina pública que no tiene espacios ni tiempo ni paciencia para los pacientes, y la pared de la industria de los servicios médicos si es que alcanzan los ahorros para intentar curarse en ellos al precio de mercado libre que consideren.

La salud, un lujo

De acuerdo con el estudio “El gasto en salud en México: en el marco de la cobertura universal 2017”, de la Secretaría de Salud, en Quintana Roo existen 879 mil derechohabientes de las instituciones de seguridad social, como el IMSS, el ISSSTE, la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional)o la Semar (Secretaría de Marina Armada).

De este universo, 733 mil están afiliados al IMSSy 140 mil al ISSSTE. Sin embargo, sólo el 35 por ciento llega a utilizar en toda la vida sus servicios de salud pública.

Si se toma en cuenta el dato anterior, así como la cantidad de médicos del sector salud disponibles, entonces cada doctor debe atender a unos 5 mil 600 derechohabientes, más o menos.

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud, al día, un médico en la entidad debe atender a un paciente cada 10 minutos, debido al déficit de personal (es decir, casi 50 diarios), cuando lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es de uno cada 40 minutos (12 al día), a fin de darle la atención adecuada. (Cada médico debe ser un sicólogo, dicen en Cuba, y debe relacionarse con su paciente y conocerlo a plenitud para poder vencer sus resistencias y convertirlo en un aliado de su propia cura, y la prevención adecuada –e irrenunciable- debe economizar tiempo e insumos en el tratamiento de enfermedades.)

La demanda por atención médica especializada (de oftalmólogos, traumatólogos, cardiólogos, internistas, etcétera) ocasiona que cada paciente obtenga cita hasta tres meses después de presentar su solicitud, y de ese modo es mucho más difícil que el médico les dé seguimiento a los males de sus pacientes y, más, por supuesto, que éstos se curen.

Ante tal situación, se ofrece a los pacientes la opción de acudir a alguna clínica privada para atender sus dolencias y casos urgentes. Sin embargo, para el 54 por ciento de los derechohabientes esto no es una posibilidad, debido a los exorbitantes precios de las consultas privadas yla pobreza salarial de las mayorías trabajadoras del Estado (que, a su vez, son minorías privilegiadas comparadas con el grueso de la población, que debe acudir sólo a los hospitales generales porque, para los privados, no les alcanza ni la imaginación).

Según los datos más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el poder adquisitivo de los quintanarroenses es de 2 mil 274 pesos, con una tendencia a la baja desde los últimos trece años. (La demografía multiplica la pobreza en términos cuantitativos y cualitativos, y el crecimiento de la indigencia atrofia el valor de los salarios y eleva la demanda de los servicios públicos y el déficit fiscal para atenderla. Por eso el crecimiento económico no es un indicador para medir el bienestar social sino su contradicción: estimula la inmigración y el despliegue de la marginalidad, es decir: dispara la desigualdad y sus devastadoras consecuencias.)

Para tener un panorama más claro de esta situación, significa que en promedio un trabajador apenas logra un ingreso laboral para adquirir el 75 por ciento de los productos de la canasta básica.

Y si no tiene para comer, asistir con un médico particular significa darse lujos que no se pueden pagar y pueden ocasionar, en cambio, problemas emocionales y alguna crisis nerviosa.

La industria de la salud privada

De acuerdo con el “Anuario estadístico de Quintana Roo”, al año se realizan 2 millones 890 mil consultas en el Estado, de las cuales 2 millones 23 mil son de tipo general, 323 mil de tipo especializada, 398 mil de urgencias, y 143 mil odontológicas.

La tercera parte se realizan en Benito Juárez, 230 mil en Cozumel, 650 mil en Othón P. Blanco, y 295 mil en Solidaridad, por mencionar las cifras más importantes.De éstas, el 24 por ciento se realizaron en alguna institución como el IMSS y el ISSSTE, y el resto en clínicas privadas.

Esta relación es similar a las de otras entidades del país. De hecho, las clínicas privadas cumplen, por supuesto, un papel importante para combatir la saturación de los servicios médicos públicos. El problema, sin embargo, como en todo, son los abusos, la conversión de los enfermos en meras clientelas, y la calidad de la atención sólo en valores de pesos y centavos. Y, en Quintana Roo, el costo del servicio médico privado es mucho más caro que en el resto de México, y las deficiencias y carencias de la salud pública suelen capitalizarse en utilidades sin que quede casi espacio para la sensibilidad y el valor de humanidad, porque se niega la posibilidad de una alternativa fundamental frente al dolor y el sufrimiento humano, alzando las tarifas a partir sólo de criterios comerciales y no en función del prestigio moral y profesional.

De acuerdo con la empresa Koblet México (encargada de hacer un comparativo de los seguros médicos del país), Quintana Roo tiene los más altos costos de servicios médicos privados.

Y no sólo es por el costo de las consultas generales y los gastos de hospitalización, que suelen superar el doble de la media nacional, sino también por ciertos costos ‘extras’ que son cargados a la cuenta del paciente, inflando su factura.

Por ejemplo: el precio de un medicamento o un dispositivo médico en un hospital privado de la entidad puede llegar a costar hasta el triple de lo que se vende en farmacias, revela Koblet, que en su informe señala que los hospitales argumentan que “en ese costo van incluidos gastos intangibles como el propio servicio médico (que ya fue cobrado en la consulta) o de enfermeras”.

En otros lugares, como Jalisco, hay procedimientos clínicos muy estandarizados y establecidos con un código clasificatorio que la propia regulación obliga a utilizar y que lleva a que la factura esté homologada y sea clara para todos.

En Quintana Roo, algo innegable es que,por lo general, lo que los hospitales cobran más alto es el hospedaje, aunque éste va inmerso o disimulado dentro del precio de medicamentos u otros insumos.

Un día en un hospital privado de la entidad puede llegar a costar entre mil 500 y 4 mil pesos, mientras en Yucatán, por ejemplo, el precio ronda entre los 750 y los mil 200 pesos.

Con los medicamentos sucede, por ejemplo, que el hospital cobra siempre la caja o el frasco completo, aunque el paciente sólo requiera una o dos pastillas, o una o dos inyecciones.

“Por esta razón, algunas aseguradoras -buscando economizar y hacer más eficiente su servicio- han optado por negociar y adquirir dispositivos o medicamentos directamente con los distribuidores y a veces con los fabricantes, y así ya no dejarle al hospital o al médico la libertad de elegir los más costosos, como históricamente lo han hecho. Los hospitales, por supuesto, no están de acuerdo con esto y su argumento es que los médicos son quienes saben y quienes deben elegir el mejor producto para el paciente”, señala Koblet.

Y como el 40 por ciento de los médicos del IMSS y el ISSSTE tienen su propio consultorio en alguna clínica privada, es práctica común recomendar a sus pacientes consultar con ellos en su clínica a fin de ofrecerles un mejor servicio, “pues en las instituciones de seguridad social no cuentan con los instrumentos adecuados”.

Lucro vil

El pasado 23 de agosto, una usuaria de la Clínica Londres, en Chetumal, reportó que su hijo fue internado por instrucciones del doctor Alfonso Rodríguez Jaramillo debido, dijo, a una infección diarreica.

Para ello les pidió un depósito de 8 mil pesos, donde el único tratamiento que se le hizo al menor fue suministrarle ampicilina y suero, pero que debía ser internado para realizar un mejor diagnóstico, aunque nunca se le hizo una valoración.

Al solicitar el desglose de los gastos médicos, se encontró con que por honorarios se cobraron 6 mil 500 pesos, por hospitalización y medicamentos 2 mil 500, por la consulta 750, y por servicios de laboratorios 450.

Todo para que el diagnóstico fuera una simple diarrea.

Sin embargo, se trata de un procedimiento común en las clínicas particulares de Quintana Roo: lucrar con la salud con entera libertad, mientras no haya quién se queje y quién lo impida.

 

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