Entre el saqueo público extremo y la complicidad de sus gobernantes...

Entre el saqueo público extremo y la complicidad de sus gobernantes con el ‘narco’, entidades tan ricas como Chihuahua y Coahuila han derivado a la insolvencia y la anarquía

6
0
Compartir

Doblegado desde hace más de tres décadas por el crimen organizado, Coahuila se mantiene como uno de los Estados y regiones más peligrosos de México y del mundo, debido a que es punto estratégico de los cárteles para el traslado de drogas al vecino país. Los grupos criminales formados a finales de los años 80 para colaborar en el trasiego del enervante proveniente de Colombia y otras latitudes, se convirtieron con el paso de los años, y el apoyo de gobernantes e incluso generales del Ejército, en poderosas organizaciones. En Chihuahua, el Cártel de Juárez, comandado por Amado Carrillo, el ‘Señor de los Cielos’, llegó a generar ingresos de hasta 200 millones de dólares a la semana, de acuerdo con informes de la DEA, hasta la muerte de éste. Fue entonces cuando el Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, entró en escena para hacerse del control del llamado ‘Triángulo Dorado’, un territorio serrano entre los Estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa. Con la emergencia en el noreste de Tamaulipas del grupo de los Zetas, a finales de los 90, primero como grupo de seguridad del Cártel del Golfo y luego de manera independiente, la violencia se hizo más encarnizada entre los grupos criminales, tanto por la fragmentación y multiplicación de los mismos que incidió en una disputa mayor por los territorios y el control de sus autoridades, como porque los Zetas, una banda de exmilitares en su origen muy bien entrenada para el combate y dispuesta como ninguna otra hasta entonces a la extrema crueldad como recurso de guerra y negocio en sí mismo, derivó en un incremento en las ejecuciones y en sus niveles de terror, así como en la diversificación de los delitos, pues siguiendo el modelo de negocios y de ajuste de cuentas de los Zetas, otras bandas igualmente poco aptas para el narcotráfico en gran escala optaron por incursionar en el mercado poquitero de las drogas complementando sus ingresos con los del secuestro, la extorsión, el asalto, el robo de vehículos y gasolina, y en otro tipo de delitos mucho más cerriles y perniciosos donde bastaba la intimidación y la impiedad; más centaveros que el ‘narco’, pero más fáciles y con mayor capacidad de reclutamiento de matones dispuestos a todo merced a su insensibilidad humana y a su nula inteligencia para nada más. El Gobierno federal panista de Felipe Calderón ordenó a las Fuerzas Armadas combatir a fondo a los sicarios y autorizó vínculos francos de cooperación entre la Armada mexicana y la DEA cifrados en estrategias coordinadas de Inteligencia y el despliegue táctico de Fuerzas Especiales cada vez mejor preparadas. Tuvo un relativo éxito pero no se avanzó más porque el relevo presidencial ordenó todo lo contrario: la coordinación política de los acuerdos binacionales a través de Gobernación y las operaciones reducidas a su mínima expresión y sólo defensivas de los militares contra los sicarios. En el Estado de Chihuahua, el ‘narco’ y su industria del terror dominan decenas de Municipios, y el panorama del nuevo Gobierno, el del panista Javier Corral Jurado, es tan complejo y cuesta arriba como la deuda infinita con que el priista César Duarte, hoy prófugo de la Justicia por diversos delitos, hipotecó los ingresos de la entidad. ‘Narcopoder’ y debilidad económica y fiscal, con una deuda del orden de los 55 mil millones de pesos, son dos ingredientes letales del Estado de Derecho legados por el delincuente Duarte a su sucesor, y la alternativa única para enfrentarlos es la del control inmediato de la corrupción institucional absoluta heredada para recuperar la capacidad de financiamiento de los programas de desarrollo y de combate a la inseguridad, y el establecimiento de un liderazgo poderoso y un mandato respetable y eficaz que posibiliten el saneamiento de los cuerpos policiacos estatales y municipales, y una coordinación altamente productiva con las fuerzas federales, policiacas y militares, cuya acción pueda menguar las complicidades, enfrentar sin contemplaciones el fuego de los gatilleros, y desarticular los mecanismos de influencia y de sometimiento de las mafias sobre las instituciones y sus autoridades. Coahuila ha sido víctima asimismo del saqueo inverosímil de sus arcas estatales y de la ocupación de su territorio por grupos delictivos que han operado en él impunemente también durante décadas, y cuyos enfrentamientos brutales y vendettas, como la acontecida hace justo tres años en Allende de parte de los Zetas para cobrarse deudas y traiciones de excolaboradores suyos cuyas familias eran de ese lugar, han dejado cientos de sicarios muertos y muchas más víctimas inocentes. El saqueo de los gobernantes y sus vínculos con el hampa o su servidumbre a ella han dejado en ruinas las entidades más productivas y ricas, como las del norte de México –de Tamaulipas a Baja California, incluyendo sobre todo Nuevo León, Coahuila, Durango, Chihuahua, Sonora y Sinaloa-, donde han surgido y se han apoderado de ellas las organizaciones de la industria del ‘narco’ más fuertes e invencibles del mundo, y algunas también de las más desalmadas, como la de Los Zetas, promotora originaria del terror como empresa complementaria, que ha inspirado el nacimiento y la evolución de bandas de ‘narcopoquiteros’ (“mugrosos”, los calificaba el Chapo) más bien subsidiarias de organizaciones mayores, como el mismo Cártel de Los Zetas o el del Golfo, y cuyo negocio esencial no es tanto el tráfico y la venta de drogas cuanto el secuestro y la extorsión en la modalidad de cobro de ‘derecho de piso’, un giro muy socorrido en zonas turísticas como Cancún y Playa del Carmen, tan abandonadas a su suerte, con Gobiernos inservibles o a merced de los jefes del crimen.

Entre el saqueo público extremo y la complicidad de sus gobernantes con el ‘narco’, entidades tan ricas como Chihuahua y Coahuila han derivado a la insolvencia y la anarquía

Javier Ramírez

Desde mediados de la década de los 90, el Estado de Coahuila ha sobrevivido bajo el dominio de dos de los más poderosos cárteles de la droga en el mundo, el de Juárez y el de Sinaloa, cada uno con subdivisiones que son controladas por los llamados ‘jefes de plaza’ que tienen a su cargo diversas actividades, que van desde la siembra a la cosecha, traslado y venta de droga, hasta la extorsión, secuestro y robo de vehículos y gasolina. De acuerdo con un informe de la Interpol fechado en 1999, por ejemplo, cuatro de las 12 rutas del tráfico de cocaína detectadas en aquel entonces en Sudamérica tenían a Coahuila como su último punto antes del paso a la Unión Americana. Hoy en día la entidad es una de las más violentas del país y de América Latina. Ningún Gobierno federal, ni mucho menos los estatales, han podido dar fin o tan siquiera disminuir la ola de muertes que se registra al año.

Las primeras organizaciones criminales surgieron a mediados de los años 70, como la dirigida por Rodrigo Ángel “Chito” Cano Rodríguez, quien con el apoyo de poderosos grupos políticos ligados al PRI ejerció su dominio en la llamada Comarca Lagunera. Este gatillero solitario y nómada que como otros en el norte se ganaba la vida matando a cambio de paga, al estilo de los pistoleros americanos inmortalizados en los westerns clásicos de Hollywood –al fin y al cabo en un pasado no muy remoto la frontera era muy porosa y las influencias tipológicas y culturales eran más notorias en una extensa región separada sólo por los linderos nacionales-, fue evolucionando hacia una delincuencia más organizada y más tarde identificada sobre todo como ‘narco’, y hacia los ochentas y noventas reclutó a diversas bandas delictivas locales, entre ellas la de Los Cotorrones, para que hicieran el trabajo sucio y se encargaran de eliminar a los competidores, a los ‘soplones’, policías, e incluso reporteros incómodos, como Cuauhtémoc Ornelas, desaparecido el 4 de octubre de 1995 por haber investigado durante meses las actividades de Chito Cano y sus redes de protección oficial.

Chihuahua y el imperio de Amado Carrillo

Sin embargo, la banda que alcanzó mayor notoriedad y que sería conocida en su tiempo como ‘la más poderosa de todos los tiempos’, fue la organización fundada por Gilberto Ontiveros y Rafael Aguilar Guajardo, líderes del narcotráfico en Ciudad Juárez. Cuando éstos fueron eliminados –el primero encarcelado y el segundo asesinado en Cancún-, Ernesto Fonseca Carrillo toma las riendas del cártel y consigue hacerse del control de las operaciones de trasiego de droga a Estados Unidos. Sin embargo, en 1985, el asesinato en Guadalajara del agente de la DEA, Enrique Camarena, provocó una fuerte reacción de las autoridades americanas que impusieron a las mexicanas la obligación de detener a sus autores, Ernesto Fonseca –hoy día un anciano enfermo beneficiado por eso con un amparo para morir bajo arresto domiciliario- y su socio Rafael Caro Quintero, hoy día prófugo de la Justicia tras haber sido puesto en libertad por un juez federal y tras haber sido obligado el Gobierno mexicano, por el americano, a reaprehenderlo.

Tras su captura, el Cártel de Juárez pasó a manos de sus sobrinos, Amado, Vicente, Rodolfo y Alberto Carrillo Fuentes, quienes lograron extender sus operaciones al ‘Triángulo Dorado’, entre los Estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango. Los cuatro pronto controlarían una poderosa red de tráfico de drogas por el continente americano, transportando el estupefaciente vía área. Por este motivo, Amado Carrillo, principal líder del cártel, fue conocido como el ‘Señor de los Cielos’.

Durante la década que Amado Carrillo controló la organización, el cártel tuvo sus mayores ganancias. La Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) aseguraba que, por el tráfico de drogas, el cártel ganaba 200 millones de dólares a la semana, y que las cuotas para conseguir el silencio de altos mandos policiacos y castrenses eran de 100 mil a 500 mil dólares. De la misma forma, las autoridades estadounidenses dieron a conocer que el ‘zar antidrogas’ del entonces presidente Ernesto Zedillo, el general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, se encargaba de brindarle protección. Gutiérrez Rebollo fue sentenciado y murió en prisión acusado de crimen organizado.

En 1997, las autoridades informaron que Amado Carrillo había muerto en un hospital de la Ciudad de México, cuando se sometía a una larga cirugía plástica que cambiaría su aspecto. Su lugar dentro del cártel fue tomado entonces por Vicente Carrillo, alias “El Viceroy”, con el apoyo de Juan José Esparragoza, “El Azul”, presuntamente muerto hace un par de años en un accidente carretero. Sin embargo, la organización se debilitó con la muerte de su líder y los excesos violentos y adictivos del Viceroy; y su brazo armado, conocido como Gente Nueva, terminó uniéndose al Cártel de Sinaloa.

La guerra por Coahuila

La falta de liderazgo, la inexperiencia y las locuras homicidas del Viceroy fueron aprovechadas por el Cártel de Sinaloa, comandado por Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, para expandir sus operaciones, y rápidamente logró superar al Cártel de Juárez en el negocio de la droga por su capacidad de innovación tecnológica y logística en la importación, la producción, el transporte y la distribución de drogas –mismas que además abarató mediante mezclas químicas- más allá de la frontera norte y luego hasta del otro lado del Atlántico. Sin embargo, la muerte en septiembre de 2004 de Rodolfo Carrillo, conocido como ‘El Niño de Oro’, a manos a presuntos sicarios del Chapo, provocó el inicio de una guerra entre ambos cárteles. Hasta 250 homicidios por mes provocó la venganza y la lucha por el control del territorio.

Sin el apoyo de los principales socios del ‘Señor de los Cielos’, el Viceroy, que luego establecería vínculos con los Zetas cuando éstos se desprendieron del Cártel del Golfo, se hizo de los servicios de un grupo de sicarios tan violentos como él, encabezados por Arturo González Hernández, “El Chaky”, quien solía quemar a sus víctimas o incluso sepultarlas vivas. Y así, al estilo de los Zetas, el cártel utilizó la violencia extrema como su sello característico a la hora de enfrentar a sus rivales. El grupo llegó a ser pionero en el uso de autos-bomba en los ataques a la Policía en la entonces ingobernable carnicería que era Ciudad Juárez.

Contando con el apoyo del gobernador chihuahuense, Patricio Martínez, el Cártel de Juárez consiguió controlar a todas las Policías municipales y estatales, y hasta al procurador del Estado, Jesús José “El Chito” Solís, quien fue investigado por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada –SIEDO, hoy SEIDO, que no es lo mismo pero es igual- por vínculos con el ‘narco’.

Durante los siguientes 10 años, el Cártel de Juárez estableció alianzas con Los Zetas y con el Cártel de Tijuana, con lo que pudo recuperar fuerza y consolidarse, una vez más, como el grupo criminal más poderoso de Chihuahua. Asimismo, fortaleció sus bases de sicariato con el surgimiento de al menos tres grupos de choque con residencia en El Paso, la ciudad americana colindante con Juárez: La Línea, Los Aztecas y Los Mexicas, quienes sembraron el terror con matanzas y “levantones”.

En ese lapso, en febrero de 2009, el gobernador José Reyes Baeza logró sobrevivir a un atentado, justo días después de que el jefe de la Policía de Ciudad Juárez presentara su renuncia ante la amenaza de sicarios de asesinar a un agente cada 24 horas.

Finalmente, el 9 de octubre de 2014, elementos de la Policía Federal capturaron “sin un solo disparo” a Vicente Carrillo en la ciudad de Torreón, acusado de narcotráfico y delitos contra la salud. Por la detención de Vicente Carrillo Fuentes el Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares, mientras que la PGR daba 30 millones de pesos.

La reacción del Gobierno federal

Debido a la ola de violencia, una de las primeras acciones del entonces nuevo presidente de la República, Felipe Calderón, en lo que fue conocido como “la guerra contra el crimen”, fue sustituir a la Policía local por elementos del Ejército, reforzando la seguridad con policías federales.

No obstante, la población ya había sufrido un daño irreparable. Datos dados a conocer por el Senado a finales de 2008 revelaron que tres mil familias habían abandonado Ciudad Juárez, 84 bancos fueron asaltados, cinco mil negocios habían cerrado sus puertas y al menos 112 policías solicitaron su baja.

La violencia no pudo contenerse y tuvo sus picos más altos entre el año 2007 y el 2011. Además, los sicarios pusieron en su mira a los periodistas. Desde el año 2000 a la fecha, 22 reporteros han sido asesinados en la entidad. La última víctima fue Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada. Fue asesinada el 23 de marzo de este año afuera de su vivienda ubicada en Torreón. Meses antes había recibido amenazas anónimas por haber informado acerca de la escalada de violencia y las violaciones de derechos humanos en la Sierra Tarahumara, así como del desplazamiento de cientos de familias de las comunidades, quienes habían perdido sus casas, ganado y tierras a manos de narcotraficantes.

La inacción de los Gobiernos priistas

Durante estas últimas tres décadas de violencia, Chihuahua estuvo gobernada por priistas, todos ellos cómplices, en menor o mayor grado, de los grupos criminales. El último de todos esos gobernadores, César Duarte Jáquez, está a nada de convertirse en el próximo exmandatario aprehendido por el Gobierno federal por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso indebido de atribuciones y facultades.

Como se recordará, entre sus múltiples delitos el exgobernador y su esposa constituyeron un contrato de fideicomiso en Banorte, supuestamente fondeado con recursos ilícitos, que sirvió como contrato de acciones de lo que sería el Banco Progreso Chihuahua. De acuerdo con la denuncia, el Gobierno del Estado hizo una serie de depósitos millonarios para hacer parecer a la Unión de Crédito Progreso Chihuahua como un banco. Además ordenó descontar a los empleados gubernamentales 10 por ciento de su salario para destinarlos al fortalecimiento económico del PRI estatal. El monto total de los recursos salariales desviados durante seis años ascendería a más de 79 millones de pesos. Asimismo, con la ayuda de las bancadas parlamentarias del PRI y el PVEM, elevó la deuda estatal a 55 mil millones de pesos.

El 20 de junio de este año, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) solicitó la detención de César Duarte luego de que se integrara un expediente con pruebas suficientes que demuestran que desvío recursos públicos a favor del Revolucionario Institucional. El pasado 5 de julio, el titular de la dependencia, Santiago Nieto Castillo, confirmó que se había solicitado a la Interpol la emisión de la ficha roja para que pueda ser detenido y extraditado.

Violencia sin fin

César Duarte, al igual que sus predecesores, toleró que los grupos criminales recurrieran a la violencia extrema mientras las fuerzas del orden, cuando no los ayudaban en los hechos, se quedaban con los brazos cruzados, lo que ocasionó que cuando el Gobierno federal panista trataba de imponer el orden, se topara con un Estado infiltrado por el narcotráfico en todos sus niveles. Aún ahora, el nuevo Gobierno estatal, encabezado desde octubre del año pasado por el panista Javier Corral Jurado, no ha podido hacerle frente de manera eficaz a la violencia. El secretario de Gobierno, César Jáuregui Robles, confirmó en marzo pasado que el crimen organizado había comprado a jefes policiacos, directores de obras públicas y presidentes municipales, lo que incrementó los delitos de lesa humanidad en la Sierra Tarahumara. Aseguró que todos los directores policiacos y presuntos cómplices del narcotráfico estaban siendo investigados.

Mientras tanto, la lucha entre los cárteles continúa. La Línea, brazo armado del de Juárez, es encabezado por César Raúl Gamboa Sosa, alias “El Cabo” y/o “El Tigre”, mientras que Eddie Zafiro, alias “El Zafiro”, es el líder de Gente Nueva, sicarios del de Sinaloa.

 A ellos se suman varias pandillas, como Los Mexicles y los Artistas Asesinos, que trabajan para el Cártel de Sinaloa en el combate a Los Aztecas, que sirven al Cártel de Juárez. Todos ellos se disputan el territorio para el narcomenudeo de anfetaminas.

El último enfrentamiento registrado el pasado 4 de julio entre La Línea y Gente Nueva dejó un saldo de 15 muertos y cinco detenidos, así como 12 vehículos y 15 armas aseguradas, en la comunidad de Las Varas, Municipio de Madera.

En entrevista, el fiscal estatal, César Augusto Peniche, confirmó que el número de denuncias de homicidios dolosos aumentó en más de 30 por ciento en el último año, mientras que en lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto se incrementó en 17 por ciento con respecto a la de Felipe Calderón.

 

You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

No hay comentarios

Dejar una respuesta