Entre ladinos y picapedreros, la Ley de Seguridad Interior

Entre ladinos y picapedreros, la Ley de Seguridad Interior

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Signos

Demagogia, frivolidad, impostura…

En este país, el discurso defensor de las mejores causas se reduce cada vez más a un protagonismo mediático insincero y simulador, que perfila, más bien, motivaciones del todo contrarias a las que dice defender. La política acaba en politiquería vil, y la crítica mejor formada e informada es activismo intelectual militante y sectario que medra en un entorno de analfabetismo funcional, incivilidad y corrupción -cual la tierra de los ciegos donde el tuerto es rey-, cuyo quehacer y ejercicio del poder político tienen menos autoridad moral, son más impopulares y están más desacreditados que nunca, y cuya opinión pública es también cada día más iletrada, débil, confusa y vulnerable al juego de intereses que se disputan lo que queda del Estado nacional como un fiambre de hambrientas parvadas carroñeras. Es el caso de la mayoría de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y es el caso, hoy día, de las réplicas ilustradas contra la reciente Ley de Seguridad Interior, que entre la incompetencia y la insolvencia ética de una comunidad parlamentaria cada vez menos apta para legislar, y el influyentismo no más escrupuloso y virtuoso del sector académico de los que ‘sí saben’ y ponen siempre contra las cuerdas a los interlocutores del poder público, acabará siendo un mamarracho constitucional más, como todos los que salen de las fraguas legislativas y rigen al país como los Frankensteins institucionales que lo han convertido en un territorio ingobernable y caótico cada vez más en retroceso y al hilo de las cavernas.

No, señor: el debate entre militarismo y civilismo es un debate en torno de una falsa disyuntiva. El civilismo idealista es un clamor espurio e insensato de los ideólogos falaces de todos los tiempos, y el militarismo, como el petate del muerto y nueva razón de ser de los apóstoles de las libertades ciudadanas, de la defensa de los derechos humanos y de las conquistas democráticas ‘que nos hemos dado todos los mexicanos’, no es más que una bandera de esa militancia crítica que gana en la confusión y la degradación de la opinión pública del país.

Porque no es ninguna novedad que quienes menos interés y gusto tienen por hacer funciones de policías -en una nación donde las Policías no crecen en la virtud y la ética policiales, donde su cercanía y su compromiso con el crimen organizado son más naturales que con el Estado de Derecho, y donde las instituciones ministeriales, judiciales y penitenciarias siguen siendo las principales aliadas de la impunidad y la violencia de las bandas homicidas- son precisamente los militares; ¿por qué?, veamos:Los militares, por ejemplo, están formados para la guerra y para matar enemigos en un campo de batalla, y no para combatir y atrapar delincuentes específicos a quienes no pueden tratar como sus enemigos.Los militares no han salido de sus cuarteles por vocación propia sino como alternativa última y extrema del supremo mandato civil –de cuya comandancia dependen-, obligado por la incompetencia y la corrupción de todas las instituciones civiles coercitivas y de los Gobiernos locales de todas las filiaciones partidistas –que en la debacle de la ingobernabilidad de sus demarcaciones han pedido y siguen pidiendo a gritos que los soldados acudan a salvarlos- frente a la violencia y la inseguridad que han puesto al borde del colapso la integridad general del Estado democrático.Y la condición de obligada alternativa de facto de los militares, pero sin la protección constitucional de los policías a los que han debido suplir, los ha metido en la paradoja de tener que usar la violencia militar con todas las consecuencias que esa circunstancia entraña bajo la sanción de las leyes y las instituciones de un orden civil frente al que son altamente vulnerables como policías de facto en suplencia de los policías corruptos e ineficaces. De modo que las denuncias sobre la propensión de los militares a la militarización de la vida nacional es un cuento chino, y quienes peor librados han salido de ese brete en el que no se metieron por voluntad propia, han sido los militares.

Hoy día, las más poderosas bandas del ‘narco’ usan arsenales de guerra que son inconstitucionales para las Policías. En mayo del 2015, por ejemplo, en Jalisco, sicarios del Cártel de Jalisco nueva generación derribaron un helicóptero en el que viajaban militares y policías federales, usando explosivos y armamento de alto poder al que no podrían contestar los pobres policías municipales, estatales y federales. En enero de 2016, sicarios del Chapo Guzmán lo resguardaban en un escondite de Los Mochis, Sinaloa, desde donde armados hasta los dientes con artillería y material bélico de la misma envergadura, dispararon y fueron muertos en el lugar. Y en febrero de este año, sicarios del cártel de los Beltrán Leyva resistieron con fuego del mismo calibre la operación para detenerlos en un domicilio de Tepic, Nayarit, donde no hubo manera de someterlos sino mediante una operación profiláctica de exterminio con obuses lanzados desde el helicóptero de un equipo táctico de la Armada. Los pistoleros de ese ‘narco’ no están hechos para rendirse y entregarse, cuentan con habilidades y recursos de combate para enfrentar a los efectivos militares mejor entrenados, y a menudo ni las tropas regulares, sino sólo las de Fuerzas Especiales -sobre todo de la Marina-, son las únicas con capacidad para enfrentarlos con los menores daños colaterales posibles.

Sí: el civilismo democrático es el paraíso ideal. Contar con un sistema integral de Justicia capaz de prevenir y combatir con eficacia el delito y garantizar la seguridad pública, los derechos humanos de víctimas y victimarios, la paz social y la equidad de las representaciones institucionales, es el sueño de los amantes del constitucionalismo perfecto. Pero tener la certeza de la justa funcionalidad de las instituciones y la Justicia finlandesas, es cosa de Finlandia y los finlandeses. Y esperar que México sea como Finlandia para que la Justicia mexicana garantice los derechos de las víctimas inocentes de la violencia del ‘narco’ tanto como el castigo a sus verdugos y la defensa de los derechos humanos de éstos asesinos, sin poner a la tropa en las calles para enfrentar con sus armas de guerra a las manadas homicidas pertrechadas con armas de guerra (porque las instituciones de Justicia por lo regular no funcionan, porque las Policías locales llevan años y años sin mejorar su calidad de ética y profesional, porque las Fiscalías siguen siendo nidos de ineptitud y complicidad con el crimen, porque los Juzgados siguen repletos de rezagos litigiosos de presidiarios inocentes, mientras miles y miles de gatilleros reincidentes, que entran y salen de ellos, siguen libres y matando menos adversarios que seres indefensos, y porque en los centros penitenciarios impone su ley la aristocracia interna del ‘narco’, y la consistencia del sistema integral de Justicia sigue siendo el discurso cada vez más agotado del perfeccionamiento democrático y sus instituciones anticorrupción, sobre cuya caótica realidad hacen su agosto los reyes de la violencia cargados de arsenales de guerra para masacrar el Estado de Derecho); esperar que la legalidad y la institucionalidad civiles se impongan contra el crimen mientras se acusa de exceso militarista la demanda de protección constitucional de la tropa en el papel de policía que nunca quiso, que le fue impuesto, que ha ejercido de facto y sin preparación para hacerlo, y cuyos evidentes errores y abusos de su condición impostada y contradictoria condenan a rabiar los defensores ultras del civilismo y los derechos humanos; esperar que ese civilismo militante acabe exitosamente con el militarismo ‘vergonzante’ y realice, por fin, la democracia finlandesa en México, es no saber por qué el patriótico civilismo de los liberales independentistas no logró que el imperio de la letra constitucional impidiera el infierno de las guerras civiles durante un siglo, ni que en uno de los territorios nacionales más extensos y ricos del mundo pudiera abatirse el analfabetismo real y funcional que preserva por los siglos de los siglos la incivilidad política, la disfuncionalidad institucional, y la irredimible barbarie en el supremo mandato republicano de presidentes tan legítimos como Vicente Fox o Enrique Peña Nieto.

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, es por demás conocida la inconformidad de muchos soldados por la indefensión en que quedan al salir francos de los carteles y quedar, vestidos de civiles, a merced de los sicarios, que vengan con escarmiento extremo en muchos de ellos o de familiares suyos, las bajas que sufren bajo el fuego de la tropa. Pero se quejan, además, de que esa condición de vulnerabilidad es complementada con la parcialidad de la causa de los defensores de los derechos humanos, que mucho menos advierten y condenan los ataques de los sicarios y su poder depredador de los derechos humanos de inocentes en regiones enteras, que lo que califican como “exceso de fuerza” de la tropa en la mayoría de sus enfrentamientos con pistoleros, donde casi todas las bajas son del lado de estos últimos.

Los civilistas radicales que inventan la encrucijada falaz del civilismo contra el militarismo, poco observan que, en las zonas más controladas por el ‘narco’, las víctimas inocentes de su crueldad sólo tienen por defensa cuerpos policiacos y autoridades ministeriales y judiciales a menudo incompetentes, corrompidos o dominados por la jerarquía criminal, mientras los delincuentes que llegan a ser procesados tienen consigo firmas prestigiadas de abogados que cobran grandes sumas por su defensa y cuentan con recursos de sobra para presionar a los representantes del Estado en favor de sus brutales e intimidantes clientes del hampa.

¿Cómo hacer que el ‘civilismo’ policial, por ejemplo, defienda mejor que el ‘militarismo’, la seguridad pública en ciudades como Reynoso o San Fernando, donde las patrullas y los patrulleros pueden pertenecer a Los Zetas o al Cártel del Golfo, y donde alcaldes o gobernadores, de Manuel Cavazos Lerma, a Tomás Yarrington, a Eugenio Hernández o a Egidio Torre, durante más de veinte años pusieron a un Estado como Tamaulipas a disposición de los asesinos más violentos y sanguinarios del mundo, y en contra de cuyos exmandatarios locales, el Gobierno de la República sólo ha promovido causas penales cuando el de Washington se lo ha exigido y no ha tenido para dónde hacerse?

Los civilistas y defensores extremos de los derechos humanos condenaron, apenas después de ocurrida, la matanza de secuestradores en un inmueble rural de Tlatlaya, en el Estado de México, a manos de veintidós soldados, y alzaron sus indignadas voces por el mundo entero exigiendo castigo para los homicidas del Ejército, sobre los que no hubo de su parte presunción ninguna de inocencia: eran culpables y ya, como lo determinaron algunas deducciones periodísticas. Los militares fueron procesados en un tribunal civil por diversos cargos federales, y todos fueron liberados luego de arduas consignaciones y de apelaciones integradas en un vasto expediente que dio cuenta de la imparcialidad y el rigor de cada uno de los veintidós casos, y que dieron a conocer de manera pormenorizada diversos medios de opinión pública. Los policías que violaron las garantías de dos secuestradoras sobrevivientes fueron, asimismo, imputados, y algunos de ellos siguen presos o bajo proceso. No quedó rastro ninguno de impunidad en favor del fuero militar, y sí, en cambio, sobrados abusos de la arbitrariedad civilista militante. Hoy día nadie habla de Tlatlaya ni de los aullidos del prejuicio que a la postre fueron silenciados por la verdad, por más que, ésos sí, quedaron impunes.

La disyuntiva de civilismo contra militarismo, es falaz; tanto, como es cada vez más ruinosa la capacidad de legislar. El reformismo constitucional se ha convertido en una plaga bíblica contra la virtud del Estado Derecho, y el ejercicio crítico en contra suya, en otra. La Ley de Seguridad Interior es un desastre legislativo, y la crítica intelectual que la condena, condenando su identidad militarista como una enredadera carnívora contra el sacro civilismo, otro, acaso peor que aquél.

Se legisla mal, lo legislado se critica peor, y cunden la confusión y la inoperancia constitucional. Lo que queda es lo de siempre: un activismo protagónico y mediático que al cabo se diluyey que tan bien le viene al crimen organizado.

Los cubículos académicos están a años luz de los arrabales de la extorsión, el secuestro, la tortura y la muerte masiva de personas, donde las víctimas sobrevivientes se sienten más protegidas por el poder militar del Estado que por las autoridades civiles del Estado sometidas al poder de la delincuencia organizada.

Lo peor que puede ocurrir en medio de esa catástrofe, es polarizar el debate y frivolizar las soluciones.

También polarizar y frivolizar es el facilismo declarativo eventual sobre la amnistía para los homicidas masivos de las mafias, como el idealismo con que se cree que el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio puede atender el igualitarismo en la defensa de las garantías fundamentales de víctimas y victimarios.

Sí: los victimarios deben ser respetados en sus derechos humanos, pero pueden cometer decenas de delitos, dejar centenares de víctimas en torno de los mismos, y, a menudo, cuando mucho, ser procesados y sentenciados unos dos o tres apenas entre la multitud, por los crímenes menos dolosos y más certificables, a lo que contribuyen sus influyentes abogados defensores, sin contar con que en la cárcel ellos impondrán sus propias inapelables leyes de sangre. ¿Hay en eso igualdad respecto del reconocimiento de los derechos humanos de las víctimas inocentes y los de sus verdugos?

Las víctimas inocentes, cientos de miles, son el gran pasivo de los discursos civilistas y de los promotores de la amnistía en favor de los más violentos y salvajes homicidas y en contra de la guerra de los militares contra el ‘narco’.

La amnistía y el civilismo no son más que descarados facilismos palabreros.

La guerra demagoga contra los militares es también contra quienes se sienten defendidos por ellos frente a la complicidad institucional con los criminales.

Puede cuestionarse y combatirse la ley, pero satanizarse uno u otro de los factores en los que descansa el ejercicio del Estado Derecho es una aberración, como tantas otras que se producen en el aparato del poder político y estallan en la opinión pública. La tropa en las calles debe ser regulada, pero no estigmatizada ni maniatada, y requiere facultades extraordinarias, en efecto, en la medida en que la autoridad y las instituciones civiles estén impedidas de ejercer las funciones de las que han sido reemplazadas por la tropa, a pesar de la tropa.

Los Gobiernos estatales y municipales suelen desentenderse del desarrollo integral de sus policías y apelan a la milicia para que se ocupe de sus insuficiencias.

Cómo contener los excesos militares y la irresponsabilidad y la corrupción de las autoridades civiles, es la cuestión. Y el activismo vociferante e influyente de la academia es parte esencial del problema de la inseguridad, no de su solución.

SM

estosdias@gmail.com

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