Estancos de poder y omisiones de la autoridad en el transporte concesionado…

Estancos de poder y omisiones de la autoridad en el transporte concesionado…

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La muerte imprudencial de un integrante del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo” de Cancún, cuando junto con uno de sus compañeros intentaba detener a un presunto chofer de Uber, puso de relieve nuevamente la anarquía que prevalece en uno de los subsectores económicos más dinámicos y lucrativos de la entidad como lo es el del transporte público.

El problema no es de ahora, viene desde el origen mismo de la prestación de un servicio que comenzó a darse mediante la concesión que el Gobierno del Estado otorgaba, como lo sigue haciendo, de manera discrecional a quienes consideraba que debían prestarlo.

Esa discrecionalidad con que se ha venido manejando la entrega de concesiones para la prestación del servicio de transporte público, tanto de pasajeros como de carga, tuvo como objetivo inicial la de controlar políticamente a los prestadores de estos servicios aglutinándolos en agrupaciones corporativas ligadas al Estado mediante su filiación al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que era el partido oficial y hegemónico, casi único, en la entidad.

Lo lucrativo del negocio para los concesionarios de placas de taxis, pero más para quienes controlan las organizaciones “sindicales” a las que se les obliga a pertenecer, llevó a la formación de grupos de poder mafiosos en cada uno de los municipios, que estuvieron hasta el año pasado a las órdenes del gobernador en turno tanto para utilizar la estructura organizacional y la gran capacidad de movilidad de sus agrupaciones en las campañas electorales a favor del priismo, como para realizar grandes transacciones económicas, con la venta indiscriminada de placas, para recaudar fondos para el partido oficial y para enriquecerse tanto los dirigentes sindicales como los funcionarios públicos ligados con el subsector del transporte concesionado.

Las complicidades de quienes encabezan estas mafias sindicales con los gobernadores priistas en conjugación con el poderío económico que han alcanzado, las llevó por encima de la ley y de los propios funcionarios estatales designados para supervisar, regir y controlar su actividad, ya que éstos por conveniencia propia se sometieron a las órdenes y caprichos de los dirigentes taxistas, quienes no sólo les cubrían los gastos de las oficinas de la Dirección de Comunicaciones y Transportes en Chetumal, Cancún y Playa del Carmen, les financiaban fiestas y comilonas orgiásticas, sino que llegaron a tener mayor cercanía e influencia ante su propio jefe, el gobernador del Estado; esta relación de los dirigentes sindicales taxistas parece haber cambiado con el actual gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, pero no con los funcionarios estatales del ramo, incluido el mismo titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Jorge Portilla Mánica.

Pero la mafia taxista es tan poderosa que no sólo tiene como a sus “gatos” a los funcionarios estatales de Sintra, sino que se impone también sobre los jefes policiacos municipales y hasta a los propios alcaldes. Por eso actúan los integrantes de los sindicatos de taxistas como autoridades reguladoras de su propia actividad, alterando el orden público sin que nadie los someta al imperio de la ley.

De ahí pues que de la muerte imprudencial del taxista en la zona hotelera de Cancún que ocurrió la semana pasada, sean responsables moralmente, primero los dirigentes del sindicato de taxistas que alientan a sus afiliados a hostigar, perseguir, detener y hasta golpear a quienes ellos consideran que está prestando un servicio de transportación de pasajeros de manera irregular, como es el caso de los choferes de Uber, luego la autoridad municipal, sobre todo la policía preventiva, que ha tolerado la actuación irregular y arbitraria de los taxistas dedicados a la detección y hostigamiento de todo conductor sospechoso de estar irrumpiendo en su actividad de manera ilegal.

Por lo ya expuesto en un principio, los funcionarios de la Sintra tienen la misma culpa por no sancionar como es debido la suplantación de su autoridad que vienen realizando de manera impune los taxistas.

La sangre ya llegó al río. Ahora es necesario que el Estado actúe y recupere un estanco de poder que le pertenece, pero que la corrupcion y las complicidades entre los gobernantes del pasado y las mafias sindicales de los taxistas le arrebataron y se lo disputan hasta hoy, aún con el cambio que se dio en Quintana Roo hace un año.

El Gobierno estatal tiene la legitimidad y el respaldo ciudadano para hacerlo. Sólo es cuestión de que actúe con firmeza para lograrlo…

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