Eugenio Hernández, otro exgobernador mexicano víctima de la ambición y alcanzado por...

Eugenio Hernández, otro exgobernador mexicano víctima de la ambición y alcanzado por la policía

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Con la detención a principios de octubre del exgobernador Eugenio Hernández Flores son ya dos los exmandatarios de Tamaulipas aprehendidos en menos de un año, acusados de los delitos de peculado. Ambos casos se caracterizaron por el carpetazo que durante años las autoridades mexicanas le dieron a sus respectivas investigaciones, pese a que la relación de ambos con el narcotráfico que impera en ese Estado era del dominio público, desde que el padrino político de ambos, Manuel Cavazos Lerma, hoy senador de la República, permitió el libre tránsito de las drogas y con ello el aumento de la violencia que ha dejado miles de muertos y desaparecidos pese a los constantes y sonantes anuncios de operativos y estrategias por parte del Gobierno federal. De hecho, ante la incapacidad de su colega del sur, el Gobierno de Estados Unidos ha sido el más interesado en investigar a este grupo de narco-gobernadores, por lo que tanto Yarrington, hoy detenido en Italia, como a Hernández, estarían a nada de ser extraditados y encarcelados en Texas para que afronten diversas acusaciones. Porque en México, la detención de criminales del poder, que suelen ser la gran mayoría de los personajes de la política en mayor o menor grado, no suele fincarse, en primera instancia, en la magnitud y las evidencias de sus delitos, sino en la naturaleza de su circunstancia particular y de sus influencias en la vida pública, donde las instituciones de la Justicia sólo operan por consigna y según las necesidades de imagen de los grupos que gobiernan. Ha sido el caso, por ejemplo, de los exgobernadores Duarte, de Chihuahua y Veracruz, y Borge, de Quintana Roo: cuando se necesita que los votantes se coman el cuento de la renovación moral, como en las pasadas elecciones del Estado de México, donde el descompuesto PRI del presidente Peña Nieto, nacido en esa entidad y urgido de alicientes ante su mala imagen y la peste de la corrupción que envuelve la vida política de ese Estado –el más importante en términos de sufragios y esencial para las presidenciales del 2018-, debió sacrificar algunas de las figuras más representativas de la perversión institucional a las que antes había lanzado al estrellato como ejemplos virtuosos de la ‘sangre joven del PRI’, cuyo líder máximo era el hoy también defenestrado Peña Nieto.

Eugenio Hernández, otro exgobernador mexicano víctima de la ambición y alcanzado por la policía

 Javier Ramírez

El pasado 6 de octubre, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas cumplimentó una orden de aprehensión en contra del exgobernador de esa entidad, Eugenio Hernández Flores, acusado de los delitos de peculado y lavado de dinero, luego de que en contubernio con prestanombres y exfuncionarios de su administración adquiriera, en sólo 16 millones de pesos, un terreno del Gobierno estatal, valuado en mil 584 millones.

Tras un cateo a una de sus propiedades donde presuntamente se ocultaban dos de sus cómplices y luego de finalizar la ampliación del término constitucional, el 12 de este mismo mes el juez Segundo Penal de Ciudad Victoria le dictó auto de formal prisión, por lo que permanecerá preso en el Centro de Ejecuciones de Sanciones (Cedes) de esa ciudad.

Sin embargo, debido a que en 2015 la Interpol emitió una ‘ficha roja’ en contra del exmandatario luego de que un juez de Texas lo acusó de ‘blanquear’ al menos 30 millones de dólares durante su mandato, no se descarta la posibilidad de que próximamente el Gobierno del vecino país solicite su extradición.

 Cavazos y Yarrington, los primeros narco-gobernadores

Manuel Cavazos Lerma gobernó de 1993 a 1997 sin mayores problemas, hasta que el exsubdirector de Vigilancia Agropecuaria, Forestal y Pesca, Omar Durán Perales, lo acusó de permitir el traslado de drogas y armas en camiones de ganado o, incluso, dentro de reses. La denuncia se mantuvo en el olvido, hasta que en 2012 la Subprocuraduría de Investigación Especializada de Delincuencia Organizada (SIEDO) inició una averiguación previa en su contra por delitos contra la salud y lavado de dinero.

Sin embargo, al iniciar la administración del presidente Enrique Peña Nieto, las investigaciones terminaron porque las acusaciones de los testigos protegidos que lo ligaban con el narcotráfico no pudieron ser constatadas por el Ministerio Público Federal. Además, también en 2012, había asumido nuevamente el cargo de senador, ahora por la vía plurinominal.

El siguiente en la narco-lista fue el también priista Tomás Yarrington, quien desde que fue presidente municipal de Matamoros contó con el apoyo del Cártel del Golfo, en ese entonces comandado por Osiel Cárdenas y con los Zetas todavía como un grupo de seguridad suyo y no como el sangriento cártel que llegaría a ser. De hecho, según investigaciones, ambos grupos financiaron su campaña a la gubernatura en 1999, debido a que con su apoyo las carreteras del Estado se abrieron al libre tránsito de las drogas provenientes del Puerto de Veracruz y con destino a los Estados Unidos.

Las autoridades federales no iniciaron una investigación formal en su contra sino hasta el último año de su Gobierno, en el 2004, cuando uno de sus principales operadores, Antonio Peña Argüelles -un empresario de Nuevo Laredo a quien Estados Unidos acusó de ser el intermediario entre el Gobierno de Tamaulipas y el Cártel del Golfo-, rompió relaciones con él y declaró ante la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y la Procuraduría General de la República (PGR) todo lo que sabía sobre sus relaciones con el crimen organizado y los negocios que el exgobernador realizó al amparo de su investidura.

A partir de las declaraciones de varios testigos protegidos, en 2012 la DEA lo acusó de haber lavado millones de dólares de Los Zetas y el Cártel del Golfo en Texas durante su mandato estatal. Además, se le acusó de haber sido cómplice del asesinato de Rodolfo Torre Cantú, candidato del Revolucionario Institucional a la gubernatura en el 2010, porque afectó sus negocios de construcción y se negó a proteger las inversiones que protegían el lavado de dinero. En su lugar fue postulado el hermano del fallecido, Egidio Torre Cantú, quien resultó ganador de la elección, asumiendo el Gobierno el 1 de enero de 2011.

La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó orden de aprehensión en contra del exgobernador, quien para entonces ya se había dado a la fuga, luego de que un juez de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México le negó un amparo.

Luego de varios meses de investigación, el domingo 8 de abril de 2017, Tomás Yarrington fue detenido en Florencia, Italia. Tras darse a conocer la captura, el procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, informó que ésta fue producto de la colaboración con la Interpol, luego de que se emitiera la llamada Ficha Roja en su contra, con el objetivo de que fuera buscado en 190 países.

De paso, salió a relucir que a pesar de que estuvo prófugo casi cinco años, contaba con ocho escoltas del Gobierno de Tamaulipas, los cuales fueron renovados apenas el año pasado.

Yarrington enfrenta en México acusaciones por delitos que suman 20 años de prisión, mientras que en Estados Unidos los ilícitos por los que es acusado conllevan dos cadenas perpetuas y 90 años de cárcel. El caso está, entonces, en manos de la Corte de Apelaciones de Florencia, Italia.

El ascenso de Hernández

La carrera de Eugenio Hernández inició en 1999, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo designó como coordinador estatal de campaña del entonces candidato presidencial Francisco Labastida Ochoa. Al año siguiente obtuvo la diputación federal, pero la dejó en cuestión de meses para buscar la Presidencia Municipal de Ciudad Victoria, cargo que asumiría en 2001. Su meteórico ascenso lo llevaría competir y finalmente ganar la gubernatura en 2004, con el 58.26% de la votación.

Durante su administración, Eugenio Hernández siguió los pasos de Tomás Yarrington y permitió que el narcotráfico continuara con su expansión por toda la entidad, a cambio de recibir millones de dólares de los Zetas y del Cártel del Golfo. Esto llamó la atención de la DEA, Seguridad Nacional, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, quienes instalaron un centro de operaciones en Houston, Texas, con el que interceptaron llamadas, mensajes y correos electrónicos del gobernador. De esta manera se supo de los sobornos que recibía del crimen organizado y de los jugosos contratos de obra pública con una constructora que tenía en sociedad con quien sería el siguiente mandatario, Egidio Torre Cantú, de quien aseguraban tenía el ‘síndrome del avestruz’, porque durante los años que gobernó (de 2011 a 2016) la violencia no hizo más que arraigarse en la entidad.

Ante las acusaciones, en 2012 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congeló las cuentas de Hernández, pero un juez le otorgó un amparo que le permitió mover su dinero y sacarlo del país. Su cuñado, Óscar Gómez Guerra, lo ayudó a lavar y esconder su dinero. La PGR le había dado ‘carpetazo’ entonces a la averiguación, y las 10 propiedades que le fueron incautadas por haber sido adquiridas de manera irregular fueron liberadas con el no ejercicio de la acción penal decretado por la Procuraduría al año siguiente.

La caída

Finalmente, el 6 de octubre de este año, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas ordenó su detención. En un comunicado, la dependencia detalló que el exgobernador, por medio de su prestanombres Alberto Berlanga Rosado y la empresa GMC S.A. de C.V., compró en 2017 un terreno de mil 600 hectáreas, ubicado en el Puerto Industrial de Altamira, que pertenece al patrimonio del Estado, en un precio de 16 millones de pesos, cuando su valor real es de mil 584 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, en esa operación intervinieron dos empresas propiedad de Fernando Cano Martínez, presunto prestanombres de Tomás Yarrington, y del exsecretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano,  Alberto Berlanga Bolado.

Asimismo, se supo que, ante el temor de que fuera detenido en cualquier momento, en septiembre pasado Eugenio Hernández solicitó dos amparos ante los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo de la Ciudad de México, aunque ninguno prosperó.

En su declaración preparatoria en el Centro de Ejecuciones y Sanciones (Cedes) de Ciudad Victoria, Hernández negó ser responsable de la imputación de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y su defensa, encabezada por el abogado Juan Jorge Olvera Reyes, solicitó la ampliación del término constitucional para aportar las pruebas que desacreditaran los señalamientos de la Procuraduría General del Estado.  Así, se mostró confiado en que su cliente alcanzaría su libertad el 12 de este mismo mes.

Mientras tanto, y como parte del proceso legal, elementos de la Policía Estatal realizaron una diligencia en uno de sus ranchos, Las Palomas, una lujosa propiedad de 60 hectáreas, que cuenta con dos residencias, dos bodegas, dos casas para trabajadores, alberca, cancha de tenis, un lago, un lienzo charro, dos caballerizas con 12 caballos cuarto de milla, y cientos cabezas de ganado, ubicado en el kilómetro 13 de la carretera Victoria-Monterrey.

De acuerdo con las autoridades estatales, el cateo se efectuó ante la sospecha de que en el lugar estaban ocultos dos de los coacusados.

El jueves 12 de octubre, el juez Segundo Penal con sede en Ciudad Victoria, dictó finalmente el auto de formal prisión el exgobernador. Mientras tanto, agentes ministeriales continúan con la búsqueda de los otros implicados en la compra del terreno propiedad del Estado, para cumplimentar las respectivas órdenes de aprehensión

No descartan su extradición a EU

Tras la detención de Eugenio Hernández, el Gobierno de Estados Unidos confirmó que la Interpol había lanzado una Ficha Roja contra el exgobernador por el delito de blanqueo de capitales.

Y es que de acuerdo con una investigación del portal Ejecentral, un fiscal de Texas había señalado a Tomás Yarrington y Eugenio Hernández en una lista de exgobernadores mexicanos que recibieron apoyo del narcotráfico, gracias a las declaraciones del empresario Luis Carlos Castillo Cervantes, conocido como ‘El Rey de los Dragones’, quien se había convertido en testigo protegido tras ser acusado de sobornar a funcionarios mexicanos y al lavado de dinero en bancos de Estados Unidos.

Las investigaciones de la Corte del Distrito Sur de Texas derivaron en una orden de arresto en contra de Hernández, acusado de encabezar una red criminal que ‘blanqueó’ al menos 30 millones de dólares durante su administración, apoyado por su cuñado, Óscar Gómez Guerra. Por esta acusación, ambos enfrentarían condenas de hasta 25 años de cárcel y 750 mil dólares de multa.

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