Fiscalización y equidad, más que eliminación de pluris y recursos a los...

Fiscalización y equidad, más que eliminación de pluris y recursos a los partidos…

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La prolongada transición democrática en México se enfrenta ahora al riesgo de sufrir un serio retroceso como resultado del desprestigio en que ha caído la política por la actuación exhibida hasta ahora de sus principales actores, los políticos, ya sea como gobernantes o como dirigentes e integrantes de los únicos órganos públicos que hasta ahora monopolizan el acceso al gobierno en nuestro país: los partidos.

El riesgo estriba en que se eliminen algunos de los avances más significativos que se han registrado en nuestro país en materia de participación política y pluralidad en los órganos de representación popular sólo para darle satisfacción, no sin un dejo de perversidad y oportunismo, a la demanda ciudadana de reducir el gasto de recursos públicos para usos políticos.

No se trata de defender a los partidos y a los políticos que con sus excesos en el desvío y despilfarro de los dineros públicos, se han ganado a pulso el repudio y el resentimiento de la sociedad mexicana. Sin embargo, no es cortando la mano que está mala como ésta se alivia y se salva, si antes no se tiene un diagnóstico a fondo sobre la causa de su mal y se analizan las alternativas que se tienen para curarla.

Y en lo que llevamos de transición democrática en nuestro país, en lo que menos se ha trabajado y avanzado es en lo que ahora se alienta para que de manera indirecta se elimine: la fiscalización de lo que los partidos obtienen y gastan, así como la equidad en los procesos electorales.

Independientemente de las decepciones que ha sufrido la sociedad mexicana por la actuación de gobernantes emanados de partidos distintos y opuestos al PRI–ya sea en presidencias municipales, gubernaturas y hasta en la propia Presidencia de la República–, el juego democrático en nuestro país se ha venido abriendo y mejorando paulatinamente, no con la celeridad que debiera, desde la primer gran reforma política que promovió Jesús Reyes Heroles a principios del sexenio de José López Portillo y que llevó a la promulgación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales(LOPPE) en diciembre de 1977, con la que se facilitó el registro de partidos políticos y se permitió el acceso de representantes de las minorías a la Cámara de Diputados, a los congresos estatales y cabildos municipales, para hacerlos más plurales, abriéndose así la posibilidad de poner fin a la hegemonía priista que desde 1929 se impuso en los tres niveles de gobierno de nuestro país.

Desde entonces comenzó a escucharse en los espacios de representación popular voces discordantes con las impuestas desde la Presidencia de la República priista.

Voces y presencias en el Congreso de la Unión como las del ingeniero Heberto Castillo Martínez,  Valentín Campa, Arnoldo Martínez Verdugo, Pablo Gómez, Bernardo Batiz, Manuel González Hinojosa, Efraín González Morfín, José AngelConchello, Pablo Emilio MaderoBelden, Jesús y Manuel González Schmall, Abel Vicencio Tovar, Luis H. Álvarez y otros tantos políticos de oposición fueron las que abrieron cause a una mayor apertura del régimen priista al juego democrático, que en 1986 realizó otra reforma para incrementar de 100 a 200 los diputados plurinominales lo que llevó a que el Congreso de la Unión se convirtiera en una gran caja de resonancia nacional a partir de que en 1988 la presencia opositora creciera en cantidad, calidad e influencia ante la sociedad mexicana y el propio poder presidencial.

Tras los fraudes electorales en Chihuahua y San Luis Potosí, previos al de 1988 en la elección presidencial, la presencia opositora en el Poder Legislativo Federal, fortalecida por los legisladores plurinominales logró arrancarle al priismo sendas reformas electorales que propiciaron una merma considerable en el control que tenía la Presidencia de la República priista sobre los órganos electorales y que le dieron mayor certidumbre y credibilidad a los procesos electorales en cuanto a la emisión y contabilidad de los votos.

Hasta ahí, los partidos opositores y el PRI avanzaron de manera acelerada en la transición democrática mexicana, logrando que las elecciones y sus resultados fueran más creíbles para la sociedad, aunque las encarecieron significativamente de común acuerdo.

Han fallado o no han querido llevar la transición democrática a su fin, al formular leyes y establecer mecanismos efectivos mediante los que se cuide el imperio de la equidad en los procesos electorales, porque para ello tendrían que fortalecer la fiscalización de la obtención y gasto de los recursos con que operan partidos y candidatos en campaña.

Han fallado en la apertura de los procesos electorales a la participación de los ciudadanos de manera independiente, porque no quieren perder el control del monopolio sobre el juego por el poder que hasta ahora tienen.

Se han mareado con el gran caudal de recursos públicos y de dudosa procedencia con que operan sus campañas proselitistas sin temor de ser fiscalizados y sancionados debidamente por los abusos cometidos en este renglón con la complicidad y participación de los gobiernos que tienen en los municipios, estados o hasta en la federación.

Y con todo esto han ofendido a la sociedad y tienen en contra a la opinión pública nacional.

Pero la solución no está en la eliminar los avances obtenidos en materia de apertura a la pluralidad de los órganos de representación popular o a la cancelación de la entrega de recursos públicos a los partidos políticos. Lo primero nos llevaría a regresar al control absoluto de un partido sobre los órganos de representación popular en el país, los estados y municipios, como lo tenía el PRI hasta antes de las reformas políticas de 1977 y 1986; lo segundo haría imposible el cumplimiento de la equidad en la participación en los procesos electorales, algo que no se ha podido cumplir hasta ahora, quedando en ventaja los partidos con mayor capacidad para obtener recursos por cuenta propia, aunque no de manera legal, que son los que más control tienen sobre gobiernos municipales, estatales o el federal, sobre los partidos nuevos o los candidatos ciudadanos de llegarse a liberar plenamente la participación de éstos en las elecciones.

De ahí pues que no se trata de seguirle el juego a quienes les conviene eliminando avances tan significativos como el de la pluralidad en los órganos de representación, sino de regular el cómo se dé ésta, participar como ciudadanos más en las elecciones para exigir una mayor y más rigurosa fiscalización de los recursos que obtienen y gastan los partidos políticos, así como la aplicación de sanciones que inhiban las prácticas viciosas que se han seguido hasta ahora desde los gobiernos y desde los partidos, para que la equidad en el juego por el poder sea más efectiva como justos y legítimos los triunfos que obtengan los candidatos y partidos que accedan a los gobiernos y a los órganos de representación…

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