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Harley Sosa, el exombudsman estatal, tras el pago de indemnizaciones pendientes a 10 víctimas de violación de sus derechos humanos, para cobrar la ‘comisión’ correspondiente a sus ‘gestiones’

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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo puede recibir más de mil denuncias por violaciones de derechos humanos cada año, pero menos del uno por ciento son atendidas, y, de ésas, sólo una mínima parte terminan en recomendaciones de las cuales, para rematar, sólo unas cuantas se respetan y se cumplen. ¿Conclusión?, fácil: la Cdheqroo es un ‘elefante blanco’. Y eso ‘sólo’ supondría, como todos los organismos públicos de Estado de todo orden que no sirven para nada –anticorrupción, de fiscalización, de transparencia, electorales, etcétera-, un tiradero más de recursos del erario en costosas burocracias inútiles; pero tratándose de la defensa de las garantías fundamentales de las personas, el ‘elefante blanco’ supone, además de ese dispendio irracional imperdonable, un atentado contra los derechos humanos que debiera defender. Y si además del derroche y la omisión de sus objetivos, sus responsables lucran con sus funciones humanitarias y las desnaturalizan, el ‘elefante blanco’ hace más daño del que parece. ¿Cómo se elige cuáles casos atender y cuáles ignorar? La respuesta también es muy simple: se da prioridad a aquéllos que pueden significar el pago de indemnizaciones, porque de lo que se obtenga, los defensores de estos derechos humanos cobran ‘su parte’, aprovechando que son la única opción para acceder a dicho beneficio. Por lo menos eso es lo que revela el paso por la Cdheqroo de Harley Sosa Guillén, más preocupado por los dividendos particulares de las indemnizaciones a las víctimas cuyos resarcimientos en dinero gestionó, que por la justicia indiscriminada en favor de todas las que padecieron vejaciones, debieran compensarse con dinero o no.

Harley Sosa, el exombudsman estatal, tras el pago de indemnizaciones pendientes a 10 víctimas de violación de sus derechos humanos, para cobrar la ‘comisión’ correspondiente a sus ‘gestiones’

Javier Ramírez

En su último informe como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y a unos días de dejar el cargo, Harley Sosa Guillén reveló que,durante su gestión, siete autoridades (municipales y estatales) se negaron a aceptar o a cumplir las recomendaciones emitidas por dicho organismo humanitario.

Y así fue como su último acto como ombudsman consistió en entregarle al Congreso del Estado una lista de dependencias y servidores públicos (en la que se incluía a la Secretaría de Educación, la Fiscalía General del Estado y la presidenta municipal de Cozumel, Perla Tun Pech), a fin de que los legisladores los llamaran a cuentas para explicar “las razones de su conducta o bien justificaran los hechos u omisiones en que hubieran incurrido, pues han pasado más de seis meses desde que les fueron notificadas las recomendaciones, lo que excede el tiempo máximo establecido para su cumplimiento de acuerdo con el Artículo 51 del Reglamento de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo”.

Desde entonces,tanto Harley Sosa como su sucesor Marco Antonio Toh no han dejado de presionar para que sean llamados a comparecer los funcionarios listados en el oficio 053/2018 de la Cdheqroo.

Sin embargo, una rápida ojeada a dicho documento reveló un dato curioso: de las 10 recomendaciones, sólo la mitad correspondían a la actual administración. Una fue emitida en 2014, otra en 2015 y cuatro más en 2016. Si el tiempo máximo para cumplirlas es de seis meses, ¿por qué se esperó casi cuatro años para solicitar la comparecencia de las autoridades implicadas?

Tanto Marco Toh como Harley Sosa han evadido el cuestionamiento. Sin embargo, una investigación de Estosdías encontró la explicación: en el fondo del asunto subyace el interés económico.

Y es que en realidad son 51 recomendaciones las que no fueron acatadas durante la administración de Harley Sosa al frente de la Cdhqroo. Curiosamente, las otras 41 que fueron omitidas no incluían indemnizaciones por violación a los derechos humanos, al contrario de las 10 que sí fueron presentadas ante la XV Legislatura por cantidades que oscilan entre los 300 mil y el millón y medio de pesos.

De acuerdo con fuentes del organismo –autónomo de Estado-, los titulares en turno de la Comisión de Derechos Humanos le prestan especial atención a aquellas denuncias donde existe la posibilidad de exigirle a la autoridad denunciada una remuneración económica por concepto de indemnización o reparación del daño, y ‘cobran’ –por supuesto que sin factura ni recibo alguno, sino ‘por debajo de la mesa’- un porcentaje sobre lo recibido por la víctima. Y así el humanitarismo tiene precio y se transforma en lucro, por obra y gracia de una corrupción, tanto más dolosa, cuanto que se refiere a la defensa –no altruista, sino obligatoria y remunerada como servicio público- de los derechos primarios del ser.

Y así, lo que en realidad le ha interesado al ombudsman saliente no ha sido garantizar que la ciudadanía encuentre justicia contra la violación de sus derechos esenciales, sino cobrar sus últimas ‘comisiones’ por ‘gestionar’ las denuncias valoradas en pesos y centavos.

Un organismo opaco

Desde su creación hace casi 25 años, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo ha solicitado, en sus recomendaciones a diferentes dependencias del Gobierno quintanarroense, la retribución económica por concepto de indemnización o reparación del daño, pero no fue sino hasta 2003 que empezaron a documentarse los pagos.

Desde entonces, las indemnizaciones por violación a derechos humanos en la entidad han costado al erario unos 40 millones de pesos, de acuerdo con datos obtenidos por este semanario, aunque dicha información está incompleta, pues no existe un informe que detalle en cuáles recomendaciones se ha determinado el pago por compensación, así como los montos específicos de cada uno.

En los cuatro años que estuvo Harley Sosa Guillén al frente de la Comisión, se recibieron 6 mil 334 quejas, de las cuales menos del dos por ciento (alrededor de 120) terminaron en recomendaciones emitidas a las dependencias, tanto para exigir disculpas públicas como sanciones a los funcionarios que violaron garantías constitucionales básicas.

Argumentando el derecho a la confidencialidad y a la intimidad de las víctimas, no se desglosa cuáles recomendaciones incluyeron compensaciones económicas.

Sin embargo, datos obtenidos por Estosdías revelan que la Fiscalía General del Estado encabeza la lista de dependencias que se han visto obligadas a pagar compensaciones por actos violatorios de la integridad de la persona y la dignidad humana, con casi 18 millones de pesos en la última década, principalmente por casos de tortura y detenciones ilegales. El segundo lugar lo ocupa la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con siete millones de pesos, y, el tercero, la Secretaría de Educación Pública, con cuatro millones.

Los montos han sido irregulares. En 2003 se pagaron 16 mil pesos, mientras que en 2016 fueron siete millones.

Indemnización, instrumento de la corrupción

“La reparación del daño es la última fase de un ciclo que completan la justicia y la verdad en los casos de violaciones a derechos humanos”, dice Agustín Pro Juárez, abogado e integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.

“En México, sin embargo, este ciclo no se cierra debido a que no existen mecanismos efectivos para garantizar una reparación integral del daño. Además de la vía judicial, recientemente se han abierto otros canales para exigir la reparación integral de los daños. Uno, en el ámbito federal, es al amparo de la Ley General de Víctimas, que contempla el resarcimiento para víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos. El otro, de carácter local, son los lineamientos para el pago de la indemnización económica, decretados por cada Gobierno estatal”, puntualiza el experto.

Señala que es en el caso de la Ley General de Víctimas donde existen las mayores complicaciones, pues dicho lineamiento establece, para acceder al fondo de indemnizaciones económicas, una sentencia judicial donde se determine que se violan derechos, una recomendación de un organismo público autónomo de derechos humanos, o una recomendación o sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Y es que otro problema es que son las autoridades, a través de mesas de trabajo, las que determinan el monto de la indemnización. Si el afectado no está de acuerdo sólo tiene una opción para recurrir, y la Comisión de Derechos Humanos local se convierte en su representante ante las autoridades.

“Y aquí es donde entra la corrupción.Porque en muchos casos, los organismos estatales de defensa de los derechos humanos condicionan las recomendaciones para exigir la indemnización a una cuota o comisión del dinero. Es decir: te dicen,‘si quieres que te apoye para que la autoridad te pague 2 millones de pesos de compensación por meterte a la cárcel durante tantos años, siendo que eras inocente, dame la mitad de lo que recibas;si no lo haces, no te apoyo’”, dice Pro.

En Quintana Roo tampoco existe un tabulador de pagos por indemnizaciones. Y como no hay un parámetro para cada una de las víctimas, es la Cdhqroo quien certifica los montos, por lo que todo se resuelve entre la autoridad que cometió el abuso y el organismo local de los Derechos Humanos, que también es el único facultado para pedir las remuneraciones a dependencias gubernamentales que hayan sido responsables de las violaciones.

“Lamentablemente, el tema de las compensaciones a víctimas se ha convertido en un negocio muy redituable para los ombudsmans locales. Por eso son tan celosos de esta información y no la suelen compartir”.

El interés no altruista

Lo anterior podría explicar el interés de Harley Sosa Guillén para que se resuelvan sólo 10 de las decenas de recomendaciones que no fueron cumplidas durante su administración, pues lo que tienen en común esas 10 es que no se ha acatado el pago a las víctimas por los daños que les ocasionaron las instancias gubernamentales.

De acuerdo con el documento entregado por Harley Sosa, los servidores públicos y dependencias que no acataron los llamados de la Cdhqroo fueron la Procuraduría General de Justicia en el Estado, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Educación, la directora General del Colegio de Bachilleres y la presidenta municipal de Cozumel, Perla Tun, así como el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas.

La entonces PGJE tiene tres recomendaciones sin cumplir: una en 2014 (CDHEQROO/22/2014), otra en 2015 (CDHEQROO/17/2015) y una más en 2016 (CDHEQROO/009/2016) por casos de detenciones arbitrarias y tortura para forzar confesiones.

Las recomendaciones que no han sido acatadas por la Secretaría de Salud datan de 2016, (CDHEQROO/12/2016) y (CDHEQROO/14/2016). De ese año también data la del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas (CDHEQROO/17/2016), en tanto que las que se vienen ‘arrastrando’ desde 2017 corresponden a la Secretaría del Trabajo (CDHEQROO/002/2017), la Secretaría de Educación (CDHEQROO/003/2017), el Ayuntamiento de Cozumel (CDHEQROO/004/2017) y el Colegio de Bachilleres (CDHEQROO/005/2017).

Aunque no se especifica el caso, ni el nombre de la víctima, ni mucho menos el monto solicitado, fuentes señalan a Estosdías que,en total, estas 10 recomendaciones representan una cantidad de casi 6 millones de pesos en compensaciones, y al menos la mitad es lo que persigue Harley Sosa Guillén.

Y así, con ese modus operandi, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo ha vendido sus servicios humanitaristas a las víctimas que han podido beneficiar más a sus representantes y ombudsmans, y ha violado los cometidos de su misión de interés público y los derechos humanos que debe defender.

Ese ‘elefante blanco’ blanco es un peligro para el erario, para la equidad y para la justicia, porque además de que sirve bastante poco frente al cúmulo de flagrancias que se cometen, discrimina a las víctimas y las forma según lo que de ellas puedan ganar sus jefes, lo que constituye un atentado doloso contra los derechos constitucionales primarios de los ciudadanos.

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