Hay mecanismos de protección a periodistas, pero no hay disuasión a los...

Hay mecanismos de protección a periodistas, pero no hay disuasión a los criminales que los amenazan…

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La semana pasada fue presentado en Quintana Roo el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, a instancias del Gobierno del Estado bajo la coordinación del subsecretario de Gobierno, José Joaquín González Castro, quien es también el coordinador general de la unidad estatal sobre la misma materia.

Con la presentación del mencionado mecanismo a los periodistas y defensores de los derechos humanos que ejercen en Quintana Roo y que acudieron a los eventos que se realizaron tanto en la capital del Estado, Chetumal, como en la ciudad de Cancún, quedó por demás claro que aunque todavía no haya una ley estatal sobre la materia, a pesar de que se aprobó una durante la administración pasada, a la que se denominó “Ley Borge” y sólo por eso fue rechazada por un sector de los periodistas de la entidad, existen instancias con protocolos de actuación para aminorar los riesgos y prevenir ataques contra quienes sientan amenazada su integridad por el desempeño de su oficio y así lo reporten.

Sin embargo, la presentación ahora en Quintana Roo del Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, así como la misma creación y aprobación de la ley en que se sustenta desde 2012, nos revela el grado de vulnerabilidad en que se encuentra la sociedad mexicana frente a poderes fácticos maliciosos, que lo mismo tienen su origen y campo de acción dentro del propio Estado, en sus diferentes niveles de gobierno y múltiples instancias de actuación, que en la delincuencia organizada, ya sea la dedicada al tráfico de enervantes, la extorsión y el secuestro, que la que tiene que ver con muchas otras actividades ilícitas y clandestinas ampliamente remunerativas.

También revela la incapacidad que tiene el Estado mexicano para garantizar por igual a todos los ciudadanos que habitamos este país, sin importar oficio ni condición económica, social o de género sexual, ya no la seguridad de su integridad física o la de sus bienes, sino la aplicación de la justicia cuando sufrimos alguna agresión en nuestras personas o propiedades.

El crimen se disuade cuando el Estado lo combate eficazmente y aplica con rigor la ley a todo acto criminal, se cometa contra quien se cometa y lo realice o promueva quien sea. Cuando es así el Estado conserva de manera permanente el respeto de la sociedad que gobierna y genera el temor necesario en los criminales para que cuiden más su actuación.

Si el Estado se exhibe endeble, confuso, omiso, titubeante, inseguro de lo que hace, porque quienes lo integran lo han llevado a esa condición por incapacidad o colusión con las mafias de los poderes económico, político y criminal, pierde credibilidad y respeto ante la sociedad y el crimen le pierde el temor y se crece.

El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos y debe actuar con eficacia y rigor cuando la misma se ve amenazada o vulnerada por los criminales. Pero debe ser más riguroso y efectivo cuando sus integrantes son los que delinquen o cuando son los agredidos por el crimen, lo mismo cuando se agreda a representantes de la sociedad que ejercen profesiones mediante las que se hacen patentes las libertades y derechos que debemos gozar todos los ciudadanos.

La agresión a un policía, a un político o gobernante debe ser investigada y sancionada con rigor, como lo debe ser también la que se cometa contra un periodista, un escritor, un luchador social o un activista en pro de los derechos humanos o un miembro distinguido por la comunidad en que habita, no porque sean más que cualquier otro ciudadano, sino porque la actuación del Estado en esos casos lo exponen más. Es ahí donde debe mostrar su poderío, su eficacia para generar confianza y respeto en la sociedad y temor en los criminales.

Pero si en vez de actuar con rigor y eficacia en la indagación de los crímenes que se cometen contra policías, presidentes municipales, candidatos presidenciales, a gobernadores, diputados, periodistas o luchadores sociales, se hacen anuncios de creación de fiscalías especializadas, de creación de más leyes para la sanción de esos crímenes y la “protección” de esas víctimas. Y en las calles se siguen asesinando a ciudadanos sin que se resuelvan los homicidios ni se persiga y castigue a los culpables. ¿Qué credibilidad y respeto social puede alcanzar el Estado Mexicano? Y ¿Qué temor puede causar en los criminales para disuadir su actuación cotidiana y recurrente?

Sin embargo, tenemos muchas fiscalías especializadas en investigar desde crímenes personales, de género y de algunas profesiones como la que ejercemos. Y contamos con mecanismos para la Protección de Periodistas y Defensores de derechos Humanos, que como dije sólo revelan la vulnerabilidad de nuestra sociedad ante el crimen organizado y de cualquier tipo, así como la incapacidad del Estado mexicano para garantizar la seguridad ciudadana y la confianza de que aplicará la justicia a quien la vulnere.

Mientras tanto, yo como periodista quisiera sentirme más seguro y confiado como un ciudadano libre lo debería estar del Estado y sus instituciones. Pero la verdad, no puedo…

 

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